Juan Manuel Espinosa González

Expediente 1257/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1257/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
05/03/2021

Partes del expediente

  • Juan Manuel Espinosa González

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguense a los presentes autos los oficios del Subdirector Jurídico, Director y Presidente del Comité Técnico, todos de la Penitenciaría de la Ciudad de México, cuyo contenido se relaciona con el cumplimiento de la suspensión de plano concedida en el juicio de amparo en que se actúa por éste órgano jurisdiccional el diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Se toma conocimiento de lo informado sin mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que por auto de doce de enero del año en curso, se tuvo al Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, aceptando la competencia declinada, por lo que en esa misma fecha se ordenó el archivo del presente expediente. En mérito de lo anterior, remítasele vía interconexión al Juez del conocimiento, los ocursos de cuenta mediante atento oficio que al efecto se gire. Notifíquese.

  2. Principal

    Oficio de cuenta. Por recibido el oficio 191/2021 del Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, por el que hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que acusa recibo del diverso oficio 23333/2020; asimismo, se avoca al conocimiento de la competencia planteada a su favor decretada en el juicio de amparo a que este toca se contrae; el cual registró con el número de expediente 19/2021, de su índice. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: a) Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. Cabe destacar que este asunto no es de relevancia documental ni es susceptible de conservación. Notifíquese.

  3. Principal

    Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo que promueve Carlos González Valencia, en representación de Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinosa González, contra actos del Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México y otras autoridades, en términos del artículo 15, en relación con el diverso 3, ambos de la Ley de Amparo. Ahora bien, en sesión de cuatro de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en relación con contagios de la enfermedad COVID-19 en los órganos jurisdiccionales del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México", adoptando medidas del cinco de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en los órganos jurisdiccionales del Primer Circuito. Dichas medidas, consisten en regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1°, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. En ese sentido, la demanda de amparo encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I del citado artículo, y por ende, es dable proveer sobre su procedencia, en la fecha en que se actúa. Integración del expediente. Fórmese el expediente 1257/2020 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Antecedentes. De la lectura integral de la demanda de amparo, este órgano jurisdiccional advierte que los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinosa González aducen encontrarse recluidos en la Penitenciaria de la Ciudad de México. En ese sentido, manifiestan que el once de diciembre de dos mil veinte interpusieron denuncia ante la Fiscalía de Servidores Públicos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por actos de tortura, intimidatorios, prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su contra. En consecuencia, los custodios y autoridades penitenciarias han ordenado su traslado fuera de procedimiento, así como tomado represalias y ejecutado actos de intimidación y tortura. Sentido de la determinación inicial. Ahora bien, de una lectura integral de la demanda de amparo, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia por cuestión de materia para conocer del asunto. En primer término debe precisarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo. Conviene señalar que para que un Juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y Tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por materia. En ese contexto, con el propósito de decidir si corresponde a este órgano jurisdiccional conocer del asunto que nos ocupa, debe señalarse que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la pretensión de la parte quejosa es combatir el traslado a otro centro penitenciario, ordenado y ejecutado, en el ámbito de sus atribuciones por las autoridades del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. Al respecto, es importante destacar el contenido del artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual establece que: "51. Los jueces de distrito en materia penal conocerán: (.) I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra actos que importen peligro en la privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; (.)" Una vez establecido lo anterior, este Juzgado de Distrito especializado en materia administrativa concluye que carece de competencia por materia para conocer de la demanda de amparo a que se refiere este expediente, toda vez que los efectos y consecuencias del acto reclamado corresponde a la materia penal, por ende, se estima que la competencia corresponde a un Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno. Ello es así, pues la orden de traslado afecta indirectamente la libertad personal de los promoventes, es decir, éstos pueden verse afectados mediante actos que determinen su permanencia en reclusión con motivo de la pena de prisión impuesta, modifiquen las condiciones en que tal privación deba llevarse a cabo, o bien, aquellas en que deba ejecutarse, además de lesionar directamente otros derechos, como el de una defensa adecuada. En otras palabras, aun cuando el traslado a un diverso centro penitenciario, por sí solo, no afecta la libertad personal de los quejosos, indirectamente modifica las condiciones en que tal privación debe llevarse a cabo o bien ejecutarse, además de que pudiera lesionar directamente otros derechos. Por lo anterior y conforme a la nueva visión constitucional que tutela los derechos de la persona, cuando el juicio de amparo se promueve contra actos que afectan indirectamente la libertad de los promoventes, por el referido cambio de área, evidentemente se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sirve de apoyo, por analogía, la Jurisprudencia P./J. 18/2012 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. A COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL. El Tribunal Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis jurisprudenciales P./J. 37/2010 y 1a./J. 128/2008, de rubros: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA." y "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.", respectivamente, sostuvieron que los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa son competentes para conocer de los juicios de amparo promovidos contra la orden de traslado de un sentenciado de un centro penitenciario a otro. Ahora bien, con motivo de la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, ya no persiste el contexto constitucional bajo el cual fueron sostenidos dichos criterios, por lo que han quedado sin efectos. Lo anterior es así, pues con la entrada en vigor de dicha reforma constitucional se generó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades administrativas supervisar los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, sino a las autoridades judiciales y, en particular, a los Jueces de ejecución en materia penal, tanto en el ámbito federal como local, quienes deberán asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que puedan producirse, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria. Por ello, el conocimiento y la solución de cualquier controversia al respecto, en la que participen los sentenciados compete a los Jueces de Distrito en Materia Penal, lo que implica un cambio fundamental en la vía que, de ser administrativa, se transforma en penal, sin que sea óbice a este criterio el hecho de que la orden de traslado que constituya el acto reclamado en un juicio de amparo hubiese sido emitida por una autoridad administrativa, dada la trascendencia de la reforma constitucional citada". En consecuencia, conforme a los artículos ya citados, este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, se declara incompetente por razón de la materia. Se ordena que las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa se remitan digitalizadas vía interconexión al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, a quien se solicita se sirva remitir el acuse de recibo correspondiente, en el que informe sobre la determinación que tenga a bien adoptar. Sin que se forme cuaderno de antecedentes de este expediente, ya que las constancias serán remitidas de manera electrónica. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y estese en espera de la determinación que adopte el Juez al que se le declina competencia. Suspensión de plano. No ha lugar a proveer sobre la suspensión de plano solicitada respecto de los actos que el quejoso señaló como represalias, intimidación, maltrato e intimidación. Ello, toda vez que mediante acuerdos de catorce de noviembre del año en curso, dictados en los juicios de amparo 1244/2020, 1245/2020 y 1246/2020, del índice de este órgano jurisdiccional, se concedió la suspensión de plano para que cesaran de manera inmediata los actos consistentes en tortura física y psicológica, intimidación, tormentos, incomunicación, segregación y confinamiento, que adujeron, en sus escritos de demanda, se encontraban ejecutando en su contra las autoridades señaladas como responsables, así como cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin perjuicio de lo que decida el Juez competente respecto de la suspensión de plano respecto de ese acto. En cambio, respecto del acto consistente en la orden de traslado de los quejosos del centro de reclusión donde se encuentran a uno diverso y, toda vez que hasta este momento se desconoce la situación en la que se encuentran, es decir, existe la posibilidad de que, en su caso, sean trasladados del centro de reclusión donde se encuentran a uno diverso; por ello, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 126, en relación con el diverso 15, ambos de la Ley de Amparo, se concede a los directos quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón y Juan Manuel Espinosa González, la suspensión de plano para que para el efecto de que las autoridades responsables se abstengan de ejecutar la orden de traslado de los quejosos del Centro de Reclusión en donde se encuentran a otro diverso, siempre y cuando ésta no haya sido emitida por una autoridad judicial competente. Cabe destacar, que los quejosos deberán permanecer en el lugar en que se encuentran recluidos, en la inteligencia de que las autoridades deberán en todo momento respetar sus derechos. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 58/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 865, del Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2013066 y rubro: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE EMITE SIN LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD JUDICIAL RECTORA, AUN CUANDO SÓLO SE AFECTE LA LIBERTAD PERSONAL DE MANERA INDIRECTA." Sin embargo, en caso de que la orden de traslado haya sido emitida por autoridad judicial, las autoridades responsables efectúen una mención destacada de los derechos que asisten al quejoso de contar con una estancia acorde a su dignidad humana. Informe sobre suspensión de plano. Por consiguiente, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del término improrrogable de veinticuatro horas siguientes a la notificación de este proveído, informen sobre el cumplimiento dado a esta medida, con el apercibimiento que de no cumplir con lo que aquí se ordena, podrá incurrir en la hipótesis que establece el artículo 262, de la Ley de la Materia, que dice: "La autoridad responsable que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, será sancionada en los términos que señala el Código Penal aplicable en materia federal para el delito de abuso de autoridad, por cuanto a la desobediencia cometida; independientemente de cualquier otro delito en que incurra." Debiendo acreditar tales circunstancias a este Juzgado de Distrito con las constancias fehacientes vía correo institucional 4jdo1ctoa@correo.cjf.gob.mx, en el ámbito de sus atribuciones, a fin de dar cumplimiento a la suspensión de plano decretada en el presente asunto. Domicilio. Por otra parte, con base en el arábigo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de los quejosos para oír y recibir notificaciones, el lugar donde se encuentra recluidos, esto es, en el interior de la Penitenciaria de la Ciudad de México. Transparencia. En términos del artículo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Juzgado de Distrito se testarán las partes o secciones que contengan información reservada o confidencial. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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