Juan Jaime Mejia Diaz

Expediente 665/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
665/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
27/07/2021

Partes del expediente

  • Juan Jaime Mejia Diaz

Actuaciones

  1. Principal

    ..Del estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se evidencia que la parte quejosa no recurrió el auto de dieciséis de julio del año en curso, por el cual se desechó la demanda de amparo, dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo.Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado estado.ARCHVO. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Visto el Acuerdo General 5/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; se provee lo siguiente: Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Comisión Federal de Electricidad Distribución, División Comercial Valle de México Sur Zona DN50-Toluca y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 665/2021-III. Causa de improcedencia. Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza la procedencia del juicio, pues las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo y las referidas en la última fracción del propio precepto legal, de conformidad con el diverso 62, de la citada ley de la materia, son de examen preferente y deben analizarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas, deberá desecharse de plano la demanda. El razonamiento anterior encuentra sustento en la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el mismo sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Se estima aplicable, en lo conducente, la tesis I.4o.A.269 A, página 1008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, Tomo VII, Novena Época, cuyo rubro y texto son: ... En primer término se debe precisar que la impetrante reclama: "LA INSUFICIENCIA Y FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN A LA SUSPENSIÓN DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE PRETENDE HACER POR FALTA DE PAGO AL COBRO POR AJUSTE A LA FACTURACIÓN 4193-2021, DICTADA POR LA(S) AUTORIDAD(ES) SEÑALADA COMO ORDENADORA(S), ASÍ COMO LA EJECUCIÓN QUE PRETENDE HACER A LA MISMA LA(S) AUTORIDAD(ES) EJECUTORA(S)." Desechamiento. En esas condiciones, en relación con los actos reclamados precisados en párrafos que anteceden, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, estos últimos interpretados en sentido contrario, en virtud de que el acto reclamado no pueden considerarse de autoridad para efectos del juicio de amparo. Para justificar lo anterior, es importante precisar que el artículo 113 citado establece lo siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Dicho precepto faculta a los Jueces de Distrito para que, en los casos en los que adviertan la actualización de una causa de improcedencia, desechen de plano el escrito de demanda correspondiente, con la condición de que ello se desprenda de manera manifiesta e indudable. Ahora bien, en relación con el examen que se debe realizar de la demanda de amparo, es importante tener presente que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que aquélla debe ser interpretada en su integridad con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una resolución que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual manera, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el promovente y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Expuesto lo anterior, es importante reiterar que lo que reclama la parte promovente es: LA INSUFICIENCIA Y FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN A LA SUSPENSIÓN DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE PRETENDE HACER POR FALTA DE PAGO AL COBRO POR AJUSTE A LA FACTURACIÓN 4193-2021, DICTADA POR LA(S) AUTORIDAD(ES) SEÑALADA COMO ORDENADORA(S), ASÍ COMO LA EJECUCIÓN QUE PRETENDE HACER A LA MISMA LA(S) AUTORIDAD(ES) EJECUTORA(S). Con el objeto de demostrar la presente determinación, es necesario conocer el texto de los artículos mencionados, en los que se prevé: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas". En el artículo 61 de la Ley de Amparo se establecen causas de improcedencia expresas, es decir, en él se señalan supuestos específicos en los cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la misma ley. Con dicha fracción, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en alguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 1°, fracción I, de la referida ley prevé que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos; mientras que el artículo 5°, fracción II, establece la definición de autoridad responsable. Con base en lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, es dable concluir que en caso de que el acto u omisión reclamada no provenga de una autoridad; y, no será susceptible de violar algún derecho humano, razón por la cual, el juicio de amparo será improcedente, ya que el problema jurídico quedará al margen de su objeto. Al respecto, debe decirse que conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de origen público, ejerce un poder jurídico, emitiendo actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. De ahí que una autoridad para efectos del amparo es la que -teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas-, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella. Sobre el particular, se tiene que el acto reclamado es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable en términos de los artículos 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1° de la Ley de Amparo, preceptos que consagran su procedencia contra normas generales, actos u omisiones de autoridad. Así, conforme a la doctrina, el acto reclamado consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo -decisión, ejecución o ambas-, o negativo -abstención u omisión-, que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas -ley-, que constituye un acto concreto de efectos particulares imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. En este aspecto, no todos los actos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los actos de autoridad; y no todos aquéllos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo necesariamente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Consecuentemente, para establecer si el acto reclamado tiene la naturaleza de acto de autoridad, es necesario constatar si éste afectó directamente y de manera unilateral la esfera jurídica del gobernado y si se impuso contra y sobre la voluntad de éste; adicionalmente y de acuerdo con su naturaleza, debe considerarse si puede exigirse su cumplimiento, pues de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente. A partir de esas ideas, este órgano jurisdiccional estima que los actos reclamados por la promovente no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que acude en su carácter de usuario del servicio de suministro de energía eléctrica, a solicitar el amparo y protección constitucional sustancialmente para que no se le prive de este servicio. A su vez, debe decirse que la Comisión Federal de Electricidad, en su carácter de empresa productiva del Estado, actúa como particular en la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica y por ende, sus actos se rigen conforme a la legislación mercantil. De tal manera que el presente juicio de amparo resulta improcedente, puesto que deriva de una relación de coordinación entre el promovente y la autoridad señalada como responsable. Para justificar lo anterior, se debe destacar que el dieciocho de enero de dos mil dieciséis, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió declarar sin materia la contradicción de tesis 371/2014, para lo cual el Ministro ponente expuso: En tal sentido, si la interrupción material del criterio se dio con posterioridad a la presentación de la denuncia de la contradicción y la Segunda Sala llegó a la misma conclusión de la Primera Sala, en el sentido de que las actuaciones emitidas por la Comisión Federal de Electricidad son impugnables en la vía ordinaria mercantil al revestir el servicio de suministro de energía eléctrica un acto comercial, se propone que la presente contradicción debe quedar sin materia. De dicha transcripción se concluye que tanto la Primera como la Segunda Sala del Máximo Tribunal, actualmente sostienen que el servicio de suministro energía eléctrica que presta la Comisión Federal de Electricidad es un acto comercial que se ubica en el ámbito del derecho mercantil, ya que precisamente su contrato se ubica dentro de dicha naturaleza jurídica. El criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se refleja en la tesis 2a. XLII/2015 (10a.), cuyo rubro y texto se transcribe a continuación: ... Entonces, tenemos que en el asunto que nos ocupa, el acto reclamado consisten en "La insuficiencia y falta de fundamentación y motivación a la suspensión de suministro de energía eléctrica que se pretende hacer por falta de pago al cobro por ajuste a la facturación 4193-2021, dictada por la(s) autoridad(es) señalada como ordenadora(s), así como la ejecución que pretende hacer a la misma la(s) autoridad(es) ejecutora(s)." , la cual surge con motivo de la relación comercial entre la parte promovente con dicha empresa productiva del estado. Por tanto, dichos actos no pueden considerarse provenientes de una autoridad para efectos del juicio de amparo, pues con independencia de la naturaleza jurídica de dicha entidad, lo cierto es que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sostenido que los actos relacionados o que deriven de la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica -como los señalados como reclamados- deben considerarse de naturaleza mercantil. En ese sentido, resulta aplicable el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en la tesis I.1o.A.132 A (10a.), que lleva por rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE ENERGÍA Y LA LEY VIGENTE DE DICHO ORGANISMO DEJARON SIN CONTENIDO JURÍDICO LAS TESIS AISLADAS 2a. CVI/2014 (10a.) Y 2a. CVII/2014 (10a.), QUE ESTABLECÍAN QUE SUS ACTOS ERAN IMPUGNABLES A TRAVÉS DE LOS JUICIOS DE NULIDAD Y DE AMPARO, POR LO QUE NO PUEDEN SER TOMADAS EN CUENTA COMO ORIENTADORAS". En efecto, cuando la Comisión Federal de Electricidad emite actos con motivo de la prestación de suministro de energía eléctrica, no actúa en una relación jurídica de supra a subordinación, es decir, no actúa con imperio imponiendo su voluntad en forma directa y unilateral, creando, modificando o extinguiendo por sí y ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica de los particulares. Lo anterior es así, ya que la relación entre la promovente y la autoridad señalada como responsable, debe considerarse entre particulares y, como tal, los actos que deriven de esa relación no son susceptibles de vulnerar derechos humanos, sino que, la orden de verificación, así como sus consecuencias, entre ellas el posible corte del suministro de energía eléctrica es una cuestión que se debe ventilar ante la jurisdicción ordinaria. Así, toda vez que los actos señalados como reclamados no pueden ser considerados como proveniente de una autoridad para efectos del juicio de amparo, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1° y 5°, todos de la Ley de Amparo; razón por la cual, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. La causa de improcedencia es manifiesta e indudable porque puede advertirse de la demanda y de sus anexos, ya que los antecedentes del acto reclamado narrados en la demanda son claros; y, porque hay elementos de prueba que demuestran la situación del promovente frente al acto que pretende impugnar. Aunado a ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la causa de improcedencia que amerita el desechamiento de una demanda de amparo, se justifica cuando aún de admitirse y tramitarse el juicio, no se podría arribar a una conclusión diversa, siendo que en este caso, la causa de improcedencia es notoria y manifiesta porque deriva de la naturaleza del acto reclamado y de la situación particular de la promovente como usuaria del servicio de suministro de energía eléctrica, es decir, no se tiene duda sobre dicha naturaleza e, incluso, ésta no variará a pesar de tramitarse el juicio. No pasa inadvertido para este Juzgado que en la Jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el auto inicial de trámite no es el momento procesal oportuno para analizar si un acto es de autoridad o no; sin embargo, ese criterio no resulta aplicable en el caso que nos ocupa. En efecto, en dicha jurisprudencia, la Segunda Sala del Máximo Tribunal señaló que para resolver si un acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro, así como la venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, provenía de una autoridad para efectos del juicio de amparo, se requería un estudio exhaustivo propio de la sentencia. No obstante, para el dos de mayo de dos mil doce -cuando se estableció esa jurisprudencia-, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no había fijado un criterio sobre la procedencia del juicio de amparo contra actos de la Comisión Federal de Electricidad (específicamente del acuerdo por el que se autoriza la modificación y reestructuración de las tarifas), lo que justificó que estableciera el criterio de que esa situación no se podía dilucidar en el acuerdo inicial de trámite sino que se requería un estudio exhaustivo propio de la sentencia de fondo. Sin embargo, si la Segunda Sala del Alto Tribunal ya definió el problema jurídico, estableciendo la tesis 2a. XLII/2015 (10a.) y sosteniendo que las controversias con la Comisión Federal de Electricidad que deriven del contrato de suministro de energía eléctrica, se deben ventilar en la vía ordinaria mercantil; entonces, ya no subsiste la condición a la que estaba sujeta la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), toda vez que ya no se requiere el estudio exhaustivo ahí referido, pues en todo caso, ese estudio ya fue realizado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en la sentencia que se llegara a dictar en el fondo únicamente se aplicaría el criterio establecido. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 156/2017 (10a.), publicada el viernes doce de enero de dos mil dieciocho cuyo rubro y sinopsis son : .... Aunado a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.) se emitió bajo la vigencia de la Ley de Amparo abrogada y aun cuando fue objeto de modificación para ajustarla a un caso específico, distinto al que aquí se plantea, lo cierto es que como se señaló, actualmente subsiste el criterio de que las controversias suscitadas entre las partes derivadas de este tipo de actos deben decidirse en la vía ordinaria mercantil, cuestión para la cual ya no es necesario realizar un estudio exhaustivo. En esas condiciones, este órgano jurisdiccional llega a la conclusión de que el juicio de amparo resulta manifiesta e indudablemente improcedente, ya que se reclama actos atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad, que actúa en una relación de coordinación con el particular respecto de la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica. Sin que pase inadvertido, de igual forma, el contenido de la jurisprudencia PC. .... Sin embargo, dicho criterio no es obstáculo para la presente determinación, pues en él se alude expresamente que lo conducente es que el Juez de Distrito analice la naturaleza jurídica de cada acto reclamado, para desentrañar sus propias características, así como el marco normativo que lo rige, para resolver casuísticamente, si se trata de uno de naturaleza mercantil, que evidencia una relación de coordinación entre particulares, supuesto en que no será un acto de autoridad. En ese sentido, como se sostuvo, a partir del análisis del caso en concreto, se sostiene que los actos que la promovente reclama en su carácter de usuaria del servicio de suministro de energía eléctrica, no pueden ser considerados actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que derivan del contrato de suministro de dicho servicio, de tal manera que no puede considerarse que ésta actúe en una relación de supra a subordinación respecto de la parte promovente, sino en una relación de coordinación, y como particular, con motivo del referido contrato. De igual forma, resulta aplicable, la Jurisprudencia 2ª/J.30/2018, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, Tomo I, Segunda Sala, cuyo rubro y texto son: .... De ahí que, invariablemente, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, a partir del análisis integral de la demanda de amparo y sus anexos, se deba desechar de plano, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia derivada de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, estos últimos interpretados en sentido contrario, en virtud que los actos reclamados no pueden considerarse de autoridad para efectos del juicio de amparo. En el caso no se advierte que existan, o se comprometan derechos constitucionales y convencionalmente protegidos y coloquen en estado de vulnerabilidad al gobernado; es decir, cuando la suspensión o corte del servicio ponga en riesgo evidente la vida, la salud o la seguridad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable o estén imposibilitadas para proveer su subsistencia. En tal caso, no se puede tener por actualizado una causa de improcedencia, pues tal determinación se arribó con todos los elementos que se allegaron en el presente sumario. Resulta aplicable, el criterio jurisprudencial I.10o.A.81 A (10a.), sustentado por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Del Primer Circuito, con el registro 2018549, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II, página 1006, que al rubro y texto, refieren: .... Domicilio procesal. .... Notifíquese y de manera electrónica al quejoso.

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