Juan Javier Roa Rojas

Expediente 638/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
638/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
15/06/2016

Partes del expediente

  • Juan Javier Roa Rojas

Actuaciones

  1. Principal

    VII) Toluca, Estado de México; quince de junio de dos mil dieciséis. Vista la certificación precedente, se advierte que las partes no recurrieron, dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el auto de veinticuatro de mayo del año en curso (fojas 17 a 20), en el que se sobreseyó en el juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En otro orden de ideas, el estado de autos evidencia que el presente asunto está concluido, por tanto en su momento archívese este expediente como asunto concluido. En tal virtud, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgado de Distrito, se hace la indicación de que con fundamento en el punto vigésimo primero, inciso I, en relación con el segundo, inciso XXI, el presente asunto es susceptible de destrucción; ello pues como se refirió en párrafos precedentes, en esta fecha causó estado auto de veinticuatro de mayo del año en curso (fojas 17 a 20), en el que se sobreseyó en el juicio de amparo. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Jazmín Nallely Martínez Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    III) (CITATORIO PARTE QUEJOSA) Toluca, Estado de México; dieciocho de mayo de dos mil dieciséis. El estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1. El cuaderno principal es susceptible de depuración, pues se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; por tanto, se deberá conservar la demanda y la sentencia respectivas. (punto vigésimo primero, inciso IV). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. El original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, pues se negó la suspensión definitiva de los actos reclamados (punto vigésimo, inciso III). 4. Los cuadernos de antecedentes tanto del principal como del incidente de suspensión, son susceptibles de destrucción, con fundamento en el punto vigésimo, inciso I, en relación con el segundo, inciso XX, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto obran constancias originales, en términos del punto décimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 citado, hágase del conocimiento de la parte quejosa que cuenta con un plazo de noventa días, con la finalidad de comparecer a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos adjuntados, debiéndose dejar copia simple de los mismos. Con el apercibimiento que de no hacerlo, éstos podrán ser destruidos junto con el expediente. Además, quien comparezca para tal efecto, deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, a fin de que se certifique y sea glosada para constancia legal debida. En otro orden, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma José Antonio Ruiz Rosales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Encargado del Despacho por licencia otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el oficio CCJ/ST/1486/2016 de tres de mayo de dos mil dieciséis, quien actúa asistido del Secretario Israel Díaz Reyna, que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    VII) (AVISO PARTE QUEJOSA) Toluca, Estado de México; veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, por recibido el oficio de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, por medio del cual rinde su informe justificado, al cual adjunta copia certificada de diversas constancias del juicio laboral 1344/2013. Es aplicable al caso la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231 del Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyos rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. La procedencia del juicio de garantías, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se debe examinar la aleguen o no las partes, antes que cualquier otra cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 61 de la Ley de Amparo y en términos de la jurisprudencia 814, publicada en la página quinientos cincuenta y tres, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Materia Común, Tomo VI, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el asunto en particular, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." Al respecto, debe decirse que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que para ser operante esa causa en el juicio de amparo, no basta que la autoridad responsable revoque o derogue el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, cuyo objeto, es restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Conforme a los matices del caso, tomando en cuenta que los hechos en análisis son omisiones o actos negativos y que en estos supuestos la regla restitutoria establecida en la ley reglamentaria dispone que el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija, podría decirse entonces que la omisión de tramitar y resolver oportunamente el juicio cesaría de manera absoluta, completa e incondicional, sólo si éste prosiguiera hasta su conclusión y resolución, ya que ésta sería la única forma de resarcir al quejoso plenamente en el goce de la garantía individual violada, como si se le hubiera otorgado la protección constitucional. En el caso particular, la parte quejosa reclama la omisión de la autoridad responsable de dictar el auto de requerimiento de pago y embargo, correspondiente a la promoción presentada en la oficialía de partes el veintiuno de abril de dos mil dieciséis; ahora, el Tribunal Estatal responsable en el ofició que se atiende, adjunto copia certificada del escrito presentado el veintiuno de abril pasado y del proveído de tres de mayo pasado en donde se advierte que la responsable dictó auto de requerimiento de pago y embargo en contra de la demandada en el juicio natural (ISSEMYM) y notificación de diecisiete de mayo de dos mil dieciséis. Constancias a las cuales se les otorga pleno valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del ordinal 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°. Y la jurisprudencia publicada con el número 226, en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, de contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En consecuencia, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, en la medida que cesaron los efectos de la omisión reclamada al satisfacerse a plenitud la pretensión del quejoso, esto es, que se emita el proveído que resuelve la litis planteada y sea notificado con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo. Ante lo expuesto, es claro que en el caso se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por tanto, procede sobreseer en el juicio constitucional, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de dicho ordenamiento. Es aplicable el criterio sustentado en la jurisprudencia 103, visible en la página ochenta y uno, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, materia común, Tomo VI, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos texto y rubro son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." También resulta aplicable la tesis P.CL/97, que se localiza en la foja setenta y uno del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, noviembre de 1997, Tomo VI, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En las relatadas condiciones, al configurarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer en el presente juicio de garantías, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la ley en cita. Sin que obste a lo anterior, el que a la fecha no hayan transcurrido en su integridad los ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que el quejoso tenga conocimiento del informe justificado rendido por el juez responsable, pues como se expuso, ante la cesación de efectos del acto reclamado que impera en el caso, es indiscutible que el acto reclamado no puede ser analizado por la emisión del proveído de tres de mayo pasado en donde se advierte que la responsable dictó auto de requerimiento de pago y embargo en contra de la demandada en el juicio natural (ISSEMYM). De esa manera y en acatamiento a lo previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra el derecho humano de impartición de justicia pronta y expedita, es que resulta jurídica la presente determinación, sin que se incurra en algún tipo de violación procedimental. Se estima aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno y se deja sin efectos la audiencia constitucional fijada para las diez horas con cincuenta minutos del uno de junio de dos mil dieciséis. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Jazmín Nallely Martínez Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México; nueve de mayo de dos mil dieciséis. Visto el oficio de cuenta mediante el cual el Magistrado Presidente de la Primera Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, acusa recibo del oficio 20063/2016, con el que se le hizo devolución de las constancias que agregó como complemento a su informe justificado, precisando que no le fueron remitidas las copias certificadas del incidente de liquidación derivado del expediente 609/2007 en veintinueve fojas, solicitando que le sea remitido; agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales a que haya lugar y téngase por acusada la comunicación de que se trata. Ahora, a fin de estar en aptitud de remitir las constancias solicitadas por el oficiante, requiérase al Juez Tercero Civil de Primera Instancia de Toluca, México, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído informe si cuenta con el anexo remitido por la Sala responsable consistente en copias certificadas del incidente de liquidación derivado del expediente 609/2007 en veintinueve fojas y, para el caso de que sea así, lo devuelva a la brevedad, apercibido que de no cumplir con lo solicitado, se le impondrá una multa que podrá ser cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero del Decreto por el cual se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en relación con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y 259, estos de la Ley de Amparo. Finalmente, una vez que se cuente con las documentales de que se trata, devuélvanse al oficiante para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con José Antonio Ruiz Rosales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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