Juan Jaime Becerril Castro y Otros.

Expediente 1766/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1766/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
30/03/2017

Partes del expediente

  • Juan Jaime Becerril Castro y Otros.
  • Juan Jaime Becerril Castro

Actuaciones

  1. Principal

    II. Visto el oficio de cuenta signado por el Actuario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja 232/2016, promovido por Mónica Eloísa Becerril Cortez, en contra del proveído de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, cuyo punto resolutivo es: "ÚNICO. Se CONFIRMA el acuerdo recurrido." Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos el oficio y testimonio de referencia; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y acúsese recibo. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe trámite pendiente de realizar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Órgano Jurisdiccional. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, ello con fundamento en el punto vigésimo primero, inciso I, en relación con el diverso segundo, inciso XXI, del Acuerdo citado. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.

  2. Principal

    II. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio suscrito por la secretaria adscrita al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual informa el proveído de cinco de diciembre de dos mil dieciséis, donde se advierte la admisión del recurso de queja interpuesto por la quejosa, medio de impugnación registrado con el número de queja 232/2016. Por tanto, agréguese el oficio de cuenta para los efectos legales conducentes y estese en espera de la determinación que al respecto emita el Tribunal oficiante. Notifíquese.

  3. Principal

    II. Vista la pieza postal devuelta, la cual contiene el oficio 41009/2016, dirigido a la autoridad DIRECTOR DE PERMISOS Y APROVECHAMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE SUPERVISIÓN FISICA DE AUTOPISTAS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, pues se aprecia la leyenda "Cambio de domicilio". Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en términos de su ordinal 2°, agréguese a los autos la pieza postal devuelta de referencia para los efectos legales procedentes y se comisiona al actuario de la adscripción para que reenvíe el oficio de mérito, vía Mex-Post, con la denominación correcta, completa y al domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no recibirse se tendrá por hecha la notificación. En el entendido que se hace de su conocimiento, que al rendir su informe justificado respectivo, la denominación correcta y completa que se advierte de la autoridad responsable es: "Director de Permisos y Aprovechamientos, de la Dirección General Adjunta de Supervisión Física de Autopistas, de la Dirección General de Desarrollo Carretero, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes"; asimismo, el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones fue el ubicado en el recinto oficial de la Unidad de Asuntos Jurídicos, ubicado en el Centro Nacional SCT, cuerpo "C", planta baja, Avenida Universidad y Xola, colonia Narvarte, código postal 03020, en la Ciudad de México. Por lo tanto, se comisiona al Actuario de la adscripción para que reenvíe el oficio 27854/2016 al citado domicilio.

  4. Principal

    II. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por JUAN JAIME BECERRIL CASTRO Y MÓNICA ELOISA BECERRIL CORTEZ, por su propio derecho, contra actos del DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. Fórmese el expediente físico y electrónico y regístrese en el Libro Uno de Juicios de Amparo bajo el número 1766/2016-II. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DEL AMPARO. Ahora, con fundamento en los artículos 113, se desecha de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo en estudio. Puntualizado lo anterior, a efecto de determinar la procedencia de la demanda de garantías, se tiene en consideración el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario destacar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo del año de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, es pertinente destacar que en la especie los actos reclamados consisten esencialmente en: La abstención de notificar a los quejosos la abstención de iniciar o no, el procedimiento administrativo disciplinario en contra del aquí tercero interesado dentro del expediente de queja DGC/253/103/2016. Hecha tal precisión, respecto del acto reclamado este órgano jurisdiccional advierte que, en el caso en estudio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo vigente; ello, en razón de las consideraciones siguientes: En efecto, el citado artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Por su parte, el artículo 107, fracción III, de la citada Ley establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte." En principio es de puntualizar que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece la posibilidad de actualización de alguna causa de improcedencia diversa a las enumeradas en las fracciones procedentes, de manera tal que éste apartado da sustento y apoyo legal a la improcedencia legal y jurisprudencial; es decir, la derivada de disposiciones distintas a las fracciones procedentes, mismas que pueden obtenerse de la misma Ley de Amparo, de la Constitución General de la Republica, de la jurisprudencia o algún otro ordenamiento legal. Esto es, implica que los supuestos establecidos en las primeras veintidós fracciones, no son las únicas causas por las que puede decretarse la improcedencia de la vía constitucional, pues existe la posibilidad de aplicación analógica de situaciones diversas, como la derivada de los criterios jurisprudenciales. Por otra parte, la fracción III del artículo 107 de la actual Ley de Amparo, establece como presupuesto de procedencia del amparo en la vía indirecta, al impugnarse actos dictados en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; éstos deben tratarse de la resolución definitiva o actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, de manera que no cualquier acto o resolución pronunciados en ese tipo de asuntos son reclamables en juicio constitucional. Es decir, según el artículo 107, fracción III, antes transcrito, el juicio de amparo biinstancial, contra actos dictados en un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio (como acontece en el caso concreto), procede únicamente contra: a) La resolución definitiva; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación. Además, tratándose de la resolución definitiva, en la misma demanda de amparo se pueden reclamar las violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución. Asimismo, el numeral en cuestión establece lo que se debe de entender por actos que sean de "imposible reparación", los cuales son aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En ese mismo contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, los cuales tutela la Constitución por medio de los derecho humanos, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera; porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, los actos de ejecución reparables no tocan tales valores, pues producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en como influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. En ese tenor, el amparo indirecto procede, contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, acorde con la siguiente distinción: - Derechos Sustantivos. Son los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, los que se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, a través de las llamadas garantías individuales, en virtud que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. - Derechos Adjetivos. Son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de una sentencia favorable; por lo que sí esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. La distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Analizado lo anterior, es de advertirse que el acto reclamado consistente en la abstención de notificar a los quejosos la determinación de iniciar o no el procedimiento administrativo disciplinario en contra del aquí tercero interesado dentro del expediente de queja DGC/253/103/2016 no es considerado de imposible reparación, porque no afecta un derecho sustantivo del quejoso tutelado en la constitución federal y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. En ese orden de ideas, en términos de lo previsto en los artículos 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo vigente, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por JUAN JAIME BECERRIL CASTRO Y MÓNICA ELOISA BECERRIL CORTEZ, por su propio derecho, contra actos del DIRECTOR GENERAL DE LA CONTRALORÍA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. DOMICILIO. Conforme con lo previsto en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 27 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se publica en este órgano jurisdiccional por así haberlo indicado la parte quejosa expresamente. AUTORIZADOS. Se tiene por autorizados en términos del artículo 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo, a las personas citadas en el escrito de demanda es decir únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, por así haberse solicitado. TRANSPARENCIA. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHABILES. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio de amparo, de igual forma, se faculta al Secretario adscrito a este órgano de control constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual

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