Juan Jaime Becerril Castro

Expediente 469/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
469/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
05/04/2017

Partes del expediente

  • Juan Jaime Becerril Castro

Actuaciones

  1. Principal

    VI) Toluca, Estado de México; cinco de abril de dos mil diecisiete. De la certificación de cuenta se obtiene que la quejosa Juan Jaime Becerril Castro y Mónica Eloisa Becerril Cortéz, dentro del plazo inserto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de queja contra el auto de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, a través del cual se desechó la demanda de amparo. Por ende, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes se declara que ha causado estado, en el libro de gobierno háganse las anotaciones correspondientes y archívese este expediente como asunto concluido. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se hace la indicación que el expediente es susceptible de destrucción; ello con fundamento en el punto vigésimo primero, inciso I, en relación con el segundo, inciso XXI, que establecen: "SEGUNDO. Para los efectos de este acuerdo, se entenderá por: (.) XXI. Expediente Judiciales: Todos aquellos que recogen las actuaciones que dan origen o se generan dentro de un procedimiento judicial hasta su resolución". "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: I. Todos aquellos asuntos en los que se haya dictado una acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido." En el entendido que no existen documentos de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 y a consideración de este juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General aludido. Finalmente, a la parte quejosa se le comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción de los mismos, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramirez Gómora que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    VI) Toluca, Estado de México; veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete. Radicación. Vista la demanda de garantías promovida por Juan Jaime Becerril Castro y Mónica Eloisa Becerril Cortéz, contra actos del Presidente del Consejo de la Judicatura del Estado de México; fórmese el expediente físico y electrónico, y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 469/2017-VI. Desechamiento. Previo a pronunciarse sobre su admisión, es menester verificar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura integral de la demanda respectiva, se advierte que se actualiza la hipótesis normativa aludida que da lugar a su desechamiento de plano, en virtud de que se evidencia la contenida en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 5°, fracción I, de la ley de la materia y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa". De la cita que antecede se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando no se afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en el entendido que tiene tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la ley de la materia, es decir, derechos humanos otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así, del numeral citado en segundo término se advierte que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado; esto es, por quien resienta una afectación en sus derechos sustantivos. Ahora bien, el interés jurídico para impugnar a través del juicio de amparo un acto de autoridad deviene del perjuicio que éste ocasione a sus derechos fundamentales, que es precisamente lo que faculta al titular para acudir a la instancia constitucional, que se traduce en su interés jurídico. Esto es, para la procedencia de un juicio de amparo se requiere de la existencia de un derecho legítimamente tutelado, y por la otra, del perjuicio que el acto reclamado le ocasione. Así, por interés jurídico debe entenderse el cúmulo de derechos subjetivos tutelados por la ley a favor de una persona, ya sea de hecho o de derecho. La afectación al bien jurídico se externa cuando un acto de autoridad se traduce en una disminución o privación de la libertad, patrimonio o derechos. Al respecto cabe decir que los Tribunales Colegiados de Circuito han determinado qué debe entenderse por interés jurídico en el amparo, según se advierte de la jurisprudencia visible en el Semanario judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VIII-Diciembre, Tesis: VI. 3o. J/26, Página: 117, cuyo rubro y contenido son: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías". Asimismo, en la jurisprudencia 854 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, a foja 582, que a la letra dice: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona". Lo anterior es así, porque de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal de la República y 6° de la Ley de Amparo, el juicio de amparo siempre se seguirá a instancia de parte agraviada; es decir, como presupuesto de procedencia de la acción constitucional se requiere la demostración del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que al quejoso corresponde en relación con los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado, porque el juicio de amparo se sigue a instancia de parte agraviada, lo cual implica que uno de los presupuestos de procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico; por lo tanto, el interés del quejoso sólo se puede surtir en la medida que demuestre que el acto de autoridad reclamado le irroga molestias en su esfera jurídica. Bajo las anteriores consideraciones, procede analizar si el denunciante o promovente de una queja administrativa tiene o no interés jurídico para promover el juicio de amparo contra la resolución que estima improcedente la queja o que ordena el archivo del expediente, al considerar la autoridad, que no existen elementos para fincar responsabilidad administrativa al servidor público denunciado. Para tal efecto, resulta necesario el análisis de los artículos 45 y 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, que dicen: "Artículo 45. En las dependencias de la Administración Pública, en los organismos auxiliares y fideicomisos públicos, y en los Ayuntamientos, se establecerán módulos específicos a los que el público tenga fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las que se iniciará, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente. Dichas quejas o denuncias se remitirán a la Secretaría en un plazo que no exceda de cuarenta y ocho horas, quedando facultada la propia Dependencia para establecer las normas y procedimientos, para que las instancias del público sean atendidas y resueltas, salvo las relativas a las quejas y denuncias contra los servidores del Gobierno Municipal, que serán fijadas por los Ayuntamientos respectivos. Lo propio harán, en la esfera de su competencia los Poderes Legislativo y Judicial a través de sus órganos competentes. Artículo 46. La Secretaría, el superior jerárquico y todos los servidores públicos, tienen la obligación de respetarla y hacer respetar el derecho a la formulación de quejas y denuncias a que se refiere el artículo anterior, y evitar que con motivo de las mismas se causen molestias indebidas a los quejosos o denunciantes." De conformidad con estos preceptos, cualquier interesado tiene derecho a presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las cuales se inicia, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente. En ese sentido, el legislador impuso a la secretaría y al superior jerárquico, así como a todos los servidores públicos, la obligación de respetar y hacer respetar el derecho a la formulación de quejas y de denuncias. Sin embargo, la norma jurídica objetiva no estableció a favor de los particulares interesados alguna facultad o potestad de exigir a la autoridad determinada conducta, correlativa a una obligación de que ésta la realice o acceda a sus pretensiones. En otras palabras, el orden jurídico objetivo concedió a los particulares interesados una mera facultad o potestad de formular quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin otorgarles un poder de exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones. Cabe destacar, que el régimen de responsabilidad administrativa de los servidores públicos tiene como objetivo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, lo cual responde a intereses superiores de carácter público y, por tanto, la investigación relativa no se lleva a cabo con el objetivo indefectible de sancionar al servidor público, sino con el de determinar con exactitud si cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, la conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se presta. Sobre el particular, la Segunda Sala ha sostenido en la tesis 2a. CXXVII/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVI, octubre de 2002, página 473, el siguiente criterio: "RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO. Los actos de investigación sobre la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, son actos administrativos de control interno que tienen como objetivo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, sin que estén desprovistos de imparcialidad, si se toma en cuenta que la función pública, que necesariamente se realiza por individuos, responde a intereses superiores de carácter público, lo cual origina que el Estado vigile que su desempeño corresponda a los intereses de la colectividad; de ahí que se establezca un órgano disciplinario capaz de sancionar las desviaciones al mandato contenido en el catálogo de conductas que la ley impone; asimismo, la determinación que tome dicho órgano de vigilancia y sanción, se hará con apoyo tanto en las probanzas tendientes a acreditar su responsabilidad, como en aquellas que aporte el servidor público en su defensa, según se desprende de la lectura de los artículos 64 y 65 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pudiendo concluir con objetividad sobre la inexistencia de responsabilidad o imponer la sanción administrativa correspondiente, esto es, la investigación relativa no se lleva a cabo con el objetivo indefectible de sancionar al servidor público, sino con el de determinar con exactitud si cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes al cargo y si, por ende, la conducta desplegada por éste resulta compatible o no con el servicio que se presta. En estas condiciones, el denunciante o promovente de una queja administrativa no tiene interés jurídico para impugnar en el juicio de amparo la resolución que ordena el archivo del expediente, por ser improcedente la queja o no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa, dado que el régimen de responsabilidades de los servidores públicos no tiene como propósito fundamental salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino sólo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, de ahí que el orden jurídico objetivo otorga al interesado una mera facultad o potestad de formular quejas o denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin concederle la posibilidad de exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones. No obsta a la anterior conclusión, el hecho de que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, en su artículo 72, establece que las responsabilidades administrativas resarcitorias, tendrán por objeto reparar, indemnizar o resarcir los daños y perjuicios que se causen a la Hacienda Pública Estatal o Municipal, así como al patrimonio de los organismos auxiliares y fideicomisos públicos, mismas que se fijarán en cantidad líquida exigiéndose se solventen de inmediato. Lo anterior, no obsta para estimar que en el caso no existe interés jurídico del denunciante o promovente de la queja administrativa, porque la posibilidad de que obtenga de la dependencia correspondiente la reparación del daño o perjuicio, constituye una mera expectativa de derecho si antes no se ha determinado la responsabilidad administrativa del servidor público, de modo que no tiene un derecho legítimamente tutelado que lo faculte para exigir de la autoridad determinada conducta. Por tanto, si no existe una afectación directa al derecho que, en su caso, pudiera tener el interesado para obtener la reparación del daño o del perjuicio derivado de una falta administrativa cometida por un servidor público, el denunciante o promovente de la queja administrativa carece de interés jurídico para impugnar en el juicio de amparo la resolución favorable al servidor público, que ordena el archivo del expediente, por ser improcedente la queja o no existir elementos para fincar responsabilidad administrativa, de conformidad con las consideraciones expuestas. Siendo aplicable, la Tesis: PC.II.A. J/2 A (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con registro 2010368, publicada Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo III, página: 2365, con rubro y texto siguientes: "QUEJA ADMINISTRATIVA DECLARADA INFUNDADA O IMPROCEDENTE. EL DENUNCIANTE CARECE DE INTERÉS JURÍDICO Y LEGÍTIMO PARA RECLAMAR EN AMPARO ESA DETERMINACIÓN Y, POR ENDE, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE OBLIGA AL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el juzgador de amparo está facultado para desechar de plano la demanda cuando advierta la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, entendida ésta como aquella plenamente demostrada, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos a esas promociones, de manera que aun de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sobre esa base y de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 1/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1120 del Tomo XXIII, enero de 2006, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE.", el denunciante de una queja administrativa declarada infundada o improcedente, carece de interés jurídico y legítimo para impugnar en amparo tal determinación, por lo que en ese caso debe desecharse de plano la demanda, al existir una causa notoria e indudable de improcedencia. Así como la diversa PC.II.A. J/2 A (10a.), emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2010369, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo III, página 2357, con rubro y texto siguientes: "QUEJA ADMINISTRATIVA INFUNDADA O IMPROCEDENTE. CUANDO EL DENUNCIANTE RECLAMA EN AMPARO TAL DETERMINACIÓN, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE OBLIGA AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el juzgador de amparo está facultado para desechar la demanda relativa cuando advierta una causa manifiesta e indudable de improcedencia, entendida como aquella que está plenamente demostrada, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sobre esa base y de acuerdo con la jurisprudencia 1/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1120 del tomo XXIII, enero 2006 de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE."; el denunciante de una queja administrativa que se declaró infundada o improcedente, carece de interés jurídico y legítimo para impugnar en amparo tal determinación, por lo que en tal caso debe desecharse la demanda al existir una causa notoria e indudable de improcedencia. En consecuencia, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia advertida, con fundamento en el artículo 113, en relación con la fracción XII del artículo 61; 5°, fracción I, de la ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio y Autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala; y en atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Omar Zárraga Domínguez, y a los restantes únicamente para los efectos de la última parte del párrafo segundo de dicho numeral, es decir, para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a la restante señalada en el proemio de la demanda, porque no tienen registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, la patente para ejercer la profesión de licenciados en derecho. Se estima aplicable en lo conducente, la tesis número I.11o.A.4 A, publicada en la página 1188, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2006, Tomo XIII, Novena Época, sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro es: "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA." Se habilitan horas y días inhábiles. Desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales en este asunto, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Asimismo, se faculta al secretario adscrito a este juzgado de Distrito, para que en uso de sus atribuciones firme los oficios y comunicaciones derivadas del presente sumario constitucional. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese por lista a la parte quejosa por ser el domicilio que señaló para tales efectos. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramirez Gómora que autoriza, firma y da fe.

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