Juan Jacob Perez Miranda
Expediente 1282/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 15 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1282/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 18/10/2016
Partes del expediente
- Juan Jacob Perez Miranda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
VI. Toluca, Estado de México; dieciocho de octubre de dos mil dieciséis. De la certificación de cuenta se desprende que el quejoso Juan Jacob Pérez Miranda, a quien se considera podría causarle algún perjuicio la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, a través de la cual se sobreseyó en el juicio de amparo, dentro del plazo de diez días inserto en el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de revisión. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito, por ende, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se hace la indicación siguiente: 1) El cuaderno principal es susceptible de destrucción, porque mediante sentencia de veintiocho de septiembre del año en curso, se sobreseyó el juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo General Conjunto de referencia). 2) El original y duplicado del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, en razón de que mediante resolución interlocutoria de nueve de septiembre pasado, se negó la suspensión definitiva del acto reclamado (punto vigésimo, inciso III del Acuerdo General Conjunto de referencia). En el entendido que en ambos cuadernos (principal e incidental) no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este juzgado de Distrito carecen de relevancia documental, y además, no encuadran en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Finalmente, a las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción de los mismos, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; seis de octubre de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por Isidro Bernal Quijano, autorizado del quejoso Juan Jacob Pérez Miranda, en términos amplios del ordinal 12 de la Ley de Amparo; en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídase a su costa las copias certificadas solicitadas. Lo anterior, previa comparecencia y toma de razón que por su recibo obre en el expediente, y quien comparezca a recogerlas y se encuentre autorizado para tales efectos, deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente, para glosarse una vez que el Secretario realice la certificación correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, José Antonio Ruíz Rosales, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Encargado del Despacho por licencia otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa asistido del Secretario Emmanuel Ramírez Gómora que autoriza, firma y da fe.
- Principal
VI) VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 1282/2016-VI promovido por Juan Jacob Pérez Miranda, contra actos del Procurador General de Justicia del Estado de México, y otras autoridades, y RESULTANDO PRIMERO. Mediante escrito de demanda presentado el veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Juan Jacob Pérez Miranda solicitó el amparo y Protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por el acto que a continuación se indica: "AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDENADORAS. PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO. SUBPROCURADURÍA PARA LA ATENCIÓN DE LOS DELITOS VINCULADOS A LA VIOLENCIA DE GÉNERO. CENTRO PARA LA ATENCIÓN DE LA MUJER DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADO EN VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y DE GÉNERO DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL PRIMER TURNO EN EL CENTRO DE JUSTICIA DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL SEGUNDO TURNO EN EL CENTRO DE JUSTICIA DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO AL TERCER TURNO EN EL CENTRO DE JUSTICIA DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO. EJECUTORAS. DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. COMANDANTE GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. DIRECTOR DE APREHENSIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA MINISTERIAL DEL ESTADO DE MÉXICO. DELEGADO DE APREHENSIONES TOLUCA (ENCARGADO) DEL ESTADO DE MÉXICO. ACTO RECLAMADO: LA ORDEN DE RESTRICCIÓN Y/O APREHENSIÓN Y/O PRESENTACIÓN Y/O COMPARECENCIA DICTADA EN CONTRA DEL QUEJOSO JUAN JACOB PÉREZ MIRANDA, ASÍ COMO SU EJECUCIÓN." Segundo. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por determinación de veinticuatro de agosto del año en curso, se admitió a trámite la demanda de garantías, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede y que forma parte de la presente determinación. Tercero. Inexistencia de autoridades señaladas como responsables. Mediante proveído de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, se dejaron de tener como autoridades responsables a las inicialmente señaladas como "Director General de la Policía Ministerial; Comandante General de la Policía Ministerial; Director de Aprehensiones de la Dirección General de la Policía Ministerial y Delegado de Aprensiones Toluca (Encargado), todos del Estado de México"; por ende, la presente sentencia se ocupará del acto atribuido a las restantes autoridades señaladas como responsables. C O N S I D E R A N D O. Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo y 48, con relación en el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 28/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que confirma, adiciona y deroga el similar 03/2013, ya que los actos que se reclaman se pretenden ejecutar dentro del territorio donde se ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. Ante todo, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, conviene precisar que el acto reclamado es la orden de restricción y/o aprehensión y/o presentación y/o comparecencia dictada en contra del quejoso Juan Jacob Pérez Miranda, así como su ejecución. Se hace la precisión anterior, en atención a la lectura íntegra de la demanda, pues este juzgado de amparo determina tomar en consideración los datos del escrito inicial de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos, así como la totalidad de la información del juicio, incluyendo la intencionalidad del quejoso, es decir, lo que quiso decir, porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Se estima aplicable, la tesis VI/2004, publicada en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, número de registro 181810, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Tercero. Inexistencia del acto reclamado y causas de improcedencia. Previo al análisis de la constitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. Tiene aplicación la jurisprudencia 10, publicada en la página 68, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, con registro 212775, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Época, número de registro 212775, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A4 mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Las autoridades responsables siguientes: 1) Agente del Ministerio Público Adscrito a la Dirección General Jurídica y Consultiva en representación del Procurador General de Justicia del Estado de México; 2) Agente del Ministerio Público Adscrito a la Dirección General Jurídica y Consultiva en representación de la Subprocuraduría para la Atención de los Delitos Vinculados a la Violencia de Género; 3) Agente del Ministerio Público Adscrito al Tercer Turno de Metepec, Estado de México; 4) Agente del Ministerio Público Adscrito al Segundo Turno de Metepec, Estado de México; 5) Agente del Ministerio Público Adscrito al Primer Turno de Metepec, Estado de México; 6) Coordinador del Centro de Justicia para Mujeres de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México; 7) Director General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México en representación sustituta del Comisionado Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México; y 8) Agente del Ministerio Público Adscrito a la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género de Metepec, Estado de México. En su informe justificado negaron la existencia del acto reclamado por el quejoso Juan Jacob Pérez Miranda. Por tal motivo, si la parte quejosa no aportó prueba alguna tendente a desvirtuar dichas negativas, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, visible en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, con número de registro 917818, Tomo VI, Materia Común, número de registro 917818, cuyo tenor es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Y la tesis VI.2º.A.4 K, consultable en la página 903, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero 2002, Tomo XV, Novena Época, Materia Común, número de registro 187728, número de registro 187728, cuyos rubro y texto son: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Lo anterior, porque el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, establece la obligación de la parte quejosa de probar los hechos constitutivos de su acción; por tanto, es innegable que la carga de la prueba tendente a acreditar la existencia del acto reclamado a las autoridades en cita corresponde al solicitante del amparo. A lo anterior es aplicable, la jurisprudencia VI.2o. J/308, publicada en la página 77, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 80, Agosto de 1994, Materia Común, número de registro 210769, Octava Época, de contenido: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74, 75, 76, 78, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 1282/2016-VI promovido por Juan Jacob Pérez Miranda, por el acto precisado en el considerando segundo, por las autoridades y motivos expuestos en el considerando tercero de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
V. (CITATORIO) Toluca, Estado de México; diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, a través del cual el Juez Civil de Primera Instancia de Valle de Bravo, México, comunica la forma en que da cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en el precepto legal 196 de la Ley de Amparo, con copia simple del oficio y anexo de cuenta, dese vista a la quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector, apercibida que en caso de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Es aplicable la jurisprudencia 247, publicada en la página 203, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con registro 917781, que establece: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese y personalmente a las partes. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.
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