Josele Marquez Balderas

Expediente 285/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
285/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
09/04/2019

Partes del expediente

  • Josele Marquez Balderas

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio número 7697/2019-IVB, de veintinueve de marzo pasado, e informa que se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Ángel Isay Bruno Hernández, en su carácter de defensor particular de Josele Márquez Balderas, de la que este órgano jurisdiccional se declaró incompetente para substanciarla. Ahora, visto el estado procesal que guardan los autos, específicamente el proveído de tres de abril pasado, se advierte que se reservó acordar lo conducente respecto al escrito signado por el quejoso Josele Márquez Balderas, y remitido electrónicamente por su defensor particular Ángel Isay Bruno Hernández, mediante el cual, el quejoso se desiste de la demanda de amparo en comento, hasta en tanto obrara en autos el acuse de la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional, lo cual ya aconteció; en consecuencia se procede a acordar lo siguiente: Toda vez que le correspondió conocer de la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional al Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba; obténgase copia certificada del escrito precisado en el párrafo que antecede y remítase al Juzgado competente para los efectos legales correspondientes dentro del juicio de amparo 291/2019, de su índice. Por otra parte, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno respectivo y archívense el expediente como asunto concluido. Ahora, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente auxiliar es susceptible de destrucción, al haberse declinado la competencia para substanciar la demanda de amparo que le dio origen y al haber sido aceptada por otro órgano jurisdiccional, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo con posterioridad al NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al NUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Finalmente, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el quejoso Josele Márquez Balderas, y remitido electrónicamente por su defensor particular Ángel Isay Bruno Hernández, mediante el cual, el quejoso se desiste de la demanda de amparo que dio origen a los presentes autos, solicita que la ratificación de dicho desistimiento se realice en el Centro Federal de Readaptación Social en el que se encuentra recluido, y que este órgano jurisdiccional comunique lo anterior al Juzgado de Distrito del Séptimo Circuito, con sede en Córdoba, Veracruz, que haya conocido de la demanda de amparo en comento. Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de veintinueve de marzo pasado, este órgano jurisdiccional se declaró incompetente para substanciar la demanda de amparo que dio origen a los presentes autos, y remitió el cuaderno original del juicio de amparo 285/2019-IVB, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Séptimo Circuito, con sede en Córdoba, Veracruz, sin que a la fecha obre en autos el acuse de recibo correspondiente a la incompetencia planteada, debido al corto lapso de tiempo transcurrido. En ese tenor, resérvese de acordar lo conducente respecto al escrito de cuenta, signado por el quejoso Josele Márquez Balderas, mediante el cual se desiste de la demanda de amparo presentada por su defensor particular Ángel Isay Bruno Hernández; lo anterior, hasta en tanto obre autos el acuse de recibo de la incompetencia planteada por este órgano jurisdiccional.

  3. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintinueve de marzo de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Ángel Isay Bruno Hernández, en su carácter de defensor particular de Josele Márquez Balderas, contra acto reclamado a los Magistrados de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, y otras autoridades. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 285/2019-IVB. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la Jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el solicitante de amparo expuso hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". (Lo subrayado es propio). ACTO RECLAMADO. Dentro del capítulo correspondiente a la demanda de amparo, el promovente señaló lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO:- De los Magistrados de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, precisada como autoridad responsable ordenadora, la cual resuelve en fecha veinte de marzo del año 2019, dentro del Toca Penal número 89/2019, Confirmando el AUTO de AMPLIACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR dictado en contra del quejoso JOSELE MÁRQUEZ BALDERAS dentro del proceso penal 206/2015 del índice de la Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral XIV Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, quedando de la siguiente manera: POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO, SE RESUELVE:--------------------------------------------------------------------------- PRIMERO. Se CONFIRMA el AUTO de AMPLIACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR, dictado por la Juez del Juzgado de Control en el Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, dentro de los registro del Proceso Penal 206/2015, por las razones y motivos expuestos en la presente resolución.----------------------------------------------------------------- SEGUNDO. Notifíquese personalmente a las partes que intervinieron en este asunto y en atención a sus solicitudes. Finalmente, envíese testimonio de la presente resolución al Juzgado de conocimiento y, en su oportunidad -previas las anotaciones de rigor en los libros respectivos-, una vez causada ejecutoria la presente, archívese el toca como asunto total y definitivamente concluido.-----------------------------------------------------------------------------." PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De lo anterior, se advierte que Ángel Isay Bruno Hernández, en su carácter de defensor particular de Josele Márquez Balderas, reclama a los Magistrados de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con sede en esa ciudad, la resolución de veinte de marzo de la presente anualidad, dictada en los autos del Toca Penal 89/2019, de su índice, mediante la cual se determinó confirmar el auto de ampliación de la medida cautelar decretada en contra del directo quejoso Josele Márquez Balderas, dentro del proceso penal 206/2015, del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, con sede en la congregación de La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz. DETERMINACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA PARA SUBSTANCIAR LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora, toda vez que ha quedado precisado el acto que en esta vía constitucional reclama el defensor particular del quejoso, lo procedente es analizar la demanda de amparo a fin de determinar la competencia de este juzgado para conocer de la misma. Es menester precisar que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas de rango constitucional, en relación con la ley reglamentaria que regula esos aspectos, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la ley de la materia, el que suscribe procede a analizar la competencia legal para conocer del presente asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número I.2o.P. J/40, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." (Lo subrayado es propio). En ese sentido, de la lectura íntegra de los antecedentes que constituyen el acto reclamado, se advierte que el defensor particular del directo quejoso, bajo protesta de decir verdad, manifestó que el tres de abril de dos mil diecisiete, dentro del proceso penal 206/2015, del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, con sede en la congregación de La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, se decretó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el término de un año, al directo quejoso Josele Márquez Balderas, por el delito de homicidio calificado en agravio de quien en vida respondiera al nombre de Enrique Ismael Montalvo Bravo. En ese tenor, en la audiencia de revisión de medidas cautelares, celebrada el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, dentro del proceso penal 206/2015, del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, con sede en la congregación de La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, la Juez de Control determinó ampliar, por dos años más, la medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa. Inconforme con ello, la parte aquí quejosa interpuso recurso de apelación en contra de tal determinación, el cual quedó radicado con el número 89/2019, en la estadística de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. Finalmente, el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, la Sala se pronunció y notificó la resolución que recayó al recurso de apelación antes descrito, en el sentido de confirmar la resolución emitida el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, por la Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, con sede en la congregación de La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, en la cual decretó la ampliación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por dos años más, dentro del proceso penal 206/2015, de su índice, por lo que, se desprende que en acatamiento a lo ordenado por su superior jerárquico, la autoridad ejecutora deberá acordar lo conducente respecto a la ampliación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que había decretado el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho. En ese orden de ideas, es inconcuso que Ángel Isay Bruno Hernández, en su carácter de defensor particular de Josele Márquez Balderas, reclama un acto cuya ejecución material se encuentra fuera del territorio en donde este órgano tiene jurisdicción; por lo tanto, el suscrito advierte que carece de competencia para substanciar la demanda de amparo que nos ocupa. Lo anterior, en atención a lo establecido por el artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. [...]." Aunado a lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para determinar la competencia cuando determinado acto reclamado deriva de una causa o un proceso penal radicado en una jurisdicción distinta a la que está recluido el directo quejoso, en la Jurisprudencia 1a./J.118/2011 (9a.), que a la letra establece: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad." (Lo subrayado es propio). De los argumentos expuestos, se desprende que el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo que dio origen a los presentes autos, es aquel en donde resida el órgano jurisdiccional de primer grado que conozca del proceso penal en el que se ejecuta el acto reclamado, pues si bien el directo quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con sede en la congregación de Cerro de León, municipio de Villa Aldama, Veracruz, ámbito territorial en donde este órgano jurisdiccional es competente, lo cierto es que, la autoridad responsable ejecutora Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, con sede en la congregación de La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, es quien deberá realizar los actos procesales encaminados con la ampliación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada en contra del directo quejoso dentro del proceso penal 206/2015, de su índice, pues ésta fue confirmada por su superior jerárquico, lo que constituye el acto que en esta vía constitucional se reclama. Por lo tanto, toda vez que el defensor particular del quejoso bajo protesta de decir verdad, manifestó que el proceso penal en el que se determinó la ampliación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, está radicado en el Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, con sede en la congregación de La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, siguiendo lo establecido por la Jurisprudencia antes transcrita, se advierte que el Juez de Distrito competente para substanciar la demanda de amparo que dio origen a los presentes autos, es aquél en cuya jurisdicción reside el juez natural, pues éste, es quien asume el carácter de ejecutora del acto reclamado al tener que acatar lo ordenado por su superior jerárquico. En tal virtud, dada la naturaleza del acto reclamado, y en razón de que el proceso penal 206/2015, de donde deriva el acto reclamado, está radicado en el Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, con sede en la congregación de La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, así como lo establecido por el artículo 48 de la Ley de Amparo, y lo dispuesto por la fracción VII, párrafo tercero del punto cuarto del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Determinación del Número y Límites Territoriales de los Circuitos Territoriales en que se divide la República Mexicana; y al Número, a la Jurisdicción Territorial y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer del presente asunto. En consecuencia, remítase el presente expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en Córdoba, Veracruz, a efecto de que turne el presente asunto al Juzgado correspondiente, debiéndose formar cuaderno de antecedentes. Asimismo, solicítese atentamente al Juzgado que conozca del presente asunto, acuse recibo del mismo para los efectos legales conducentes. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ricardo Alberto Gagstatter Moreno y Rosa Becerra Marín, quienes acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuentan con los registros números 33681 y 164578, y por autorizados con las restricciones que impone el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Víctor Josué Suárez Rentería, Humberto Carmona Alba y Carolina Stephania Carrasco Martínez, toda vez que dentro de la base de datos del referido sistema, no aparece el registro correspondiente, ni tampoco acreditó contar con dichos documentos. CONSULTA VÍA ELECTRÓNICA. En atención a la solicitud del promovente, se autoriza la consulta del presente expediente electrónico, atendiendo a que proporciona como usuarios para ello a los identificados como ISELA21 y Leonel02, por lo que, se instruye al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para que realice los registros correspondientes en el referido sistema, de los usuarios antes referidos a fin de que estén en aptitud de acceder al expediente electrónico. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez Federal, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario de juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente al promovente de amparo.

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