Josele Márquez Balderas

Expediente 116/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
116/2018
Año
2018
Actuaciones
8
Última actuación
24/10/2018

Partes del expediente

  • Josele Márquez Balderas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado electrónicamente por Rosa Becerra Marín, en su carácter de autorizada de la parte quejosa, mediante el cual señala nuevo domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones de su parte; en consecuencia, téngase como nuevo domicilio para oír y recibir notificado el ubicado en calle Isaías Rodríguez número 6, cuarto piso, colonia sipeh, de esta ciudad, y por revocado cualquier otro domicilio señalado con anterioridad.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio 10116, signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, al que adjunta testimonio de la resolución dictada en el toca ******************** de su índice, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por ********************, por conducto de su autorizado, en contra del auto de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, mismo que se resolvió en los siguientes términos: "Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 93 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: PRIMERO. Se confirma el auto recurrido. SEGUNDO. Se sobresee fuera de audiencia el juicio de amparo indirecto ******************** del índice del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, promovido ********************, representado por su autorizada, por los motivos expuestos en el último considerando de esta resolución." En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente; hágase del conocimiento de las partes la resolución de mérito, así como las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno; agréguese el cuaderno de antecedentes que se formó en ausencia de los autos originales y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente y el original del incidente de suspensión son SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, al haberse confirmado el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio y negado la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción de los mismos, con posterioridad al VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. En cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a la destrucción del mismo, por lo tanto, agréguesele copia autógrafa de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.

  3. Principal

    Téngase por recibido el escrito signado electrónicamente por Rosa Becerra Marín, en su carácter de autorizada de la parte quejosa, mediante el cual exhibe escrito de agravios por el que interpone recurso de revisión en contra del proveído de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, en el que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio. Atento a lo anterior, se tiene por interpuesto el recurso de revisión, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, con copia de las constancias necesarias, fórmese cuaderno de antecedentes, agréguese a éste una copia del escrito de cuenta; y, en su oportunidad, una vez que se encuentren debidamente recabadas las constancias de notificación relativas al citado medio de impugnación, remítanse los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Penal del Séptimo Circuito en Turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, con residencia en Boca del Río, Veracruz, juntamente con el escrito original de agravios y la copia correspondiente para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Tribunal Colegiado.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS LO SIGUIENTE: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que, a juicio del suscrito juzgador, en el presente asunto sobreviene una causa de improcedencia en relación con el acto reclamado por el quejoso Josele Márquez Balderas, que a continuación se fija: PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del Fiscal Primero adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, con residencia en esta ciudad, se reclamó: La omisión de realizar los actos de investigación propuestos por el quejoso en el escrito de denuncia de diez de mayo de dos mil diecisiete, dentro de la carpeta de investigación 411/2017 de su índice. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA Sentado lo anterior, el suscrito advierte que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII de la Carta Magna, por los motivos que a continuación se expondrán: El numeral 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." El anterior precepto legal establece la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la causa resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo; es decir, se contempla la posibilidad de que la improcedencia del juicio tenga apoyo en alguna disposición de la Carta Magna. En ese orden de ideas, es necesario destacar lo establecido en el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que preceptúa: "Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." El citado precepto constitucional, guarda estrecha relación con el artículo 109, fracción XXI del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece lo siguiente: "Código Nacional de Procedimientos Penales Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables;[.]" De lo transcrito, se aprecia claramente la intención del legislador federal de dotar a las víctimas y ofendidos del delito, de la prerrogativa constitucional de impugnar ante autoridad judicial las omisiones en las que incurra el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones investigadoras; en otras palabras, la parte ofendida o víctima del delito tiene legitimación para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente e instarlo, para que en caso de ser procedente, ordene a la autoridad ministerial, subsane las irregularidades u omisiones que existan en la investigación de los delitos. Por tanto, se advierte que tanto la Constitución Federal como la norma ordinaria, establecieron que las omisiones en las que incurra el Ministerio Público durante la etapa de investigación del delito, deben impugnarse ante el Juez de Control. Lo anterior, implica que a diferencia del sistema tradicional o inquisitivo, en el sistema procesal penal actual, se amplió el marco de actuación de la autoridad jurisdiccional a una etapa antes del comienzo del proceso penal, es decir, anteriormente la autoridad ministerial realizaba toda la investigación sin intervención ni regulación de autoridad jurisdiccional, y posteriormente, consignaba el asunto a un Juez; sin embargo, actualmente la autoridad jurisdiccional tiene facultades para intervenir desde la etapa de investigación. Así, la etapa de investigación se judicializó con la incorporación de la figura del Juez de Control, con la intención de que, entre otras cosas, supervise los actos realizados por el Ministerio Público en la etapa de investigación, a fin de que no se transgredan en perjuicio de la víctima, ofendido o imputado, las garantías o derechos previstos constitucionalmente a su favor. Por tanto, se puede concluir que las omisiones en que incurra el Ministerio Público, dentro de las carpetas de investigación creadas de conformidad con el sistema procesal penal acusatorio, deben reclamarse ante la autoridad jurisdiccional, que en el caso resulta ser el Juez de Control; como se explica a continuación. Los artículos 3, fracción VII, 211 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: "Artículo 3o. Glosario Para los efectos de este Código, según corresponda, se entenderá por: [.] VII. Juez de control: El Órgano jurisdiccional del fuero federal o del fuero común que interviene desde el principio del procedimiento y hasta el dictado del auto de apertura a juicio, ya sea local o federal; [.] Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. [.] Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De los preceptos legales transcritos, resulta patente que el Juez de Control es la autoridad jurisdiccional que interviene desde el inicio del procedimiento penal hasta el auto de apertura a juicio, así como que el procedimiento penal comienza desde la etapa de la investigación (que a su vez inicia con la presentación de la denuncia ante el ministerio público) y culmina con la etapa de juicio. Además, el artículo 258 citado, prevé que la víctima u ofendido tiene la posibilidad de impugnar las determinaciones que afectan o impiden lograr su pretensión durante la investigación inicial, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en dar seguimiento a la investigación puesta ante su conocimiento. Por tanto, si en el presente asunto se señala como acto reclamado, la omisión del Fiscal Primero adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y Cometidos por Servidores Públicos, con residencia en esta ciudad, de realizar los actos de investigación propuestos por el quejoso en el escrito de denuncia de dos de mayo de dios mil diecisiete, dentro de la carpeta de investigación 411/2017, de su índice; resulta incuestionable que conforme lo previsto en el artículo 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal, en relación con los artículos 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el accionante de garantías debe acudir ante el Juez de Control competente e impugnar las omisiones o actos que a su criterio ha cometido el Fiscal responsable, para que así, el órgano jurisdiccional de considerarlo procedente, esté en condiciones de exigir al Ministerio Público la debida diligencia en la investigación de los posibles ilícitos, y agotado lo anterior, en caso de obtener una respuesta negativa o desfavorable a sus intereses, entonces ya estaría en condiciones de acudir a instar este medio de control constitucional. En efecto, si tanto en la norma fundamental, como en la ordinaria, se establece que la víctima u ofendido debe acudir primeramente ante el Juez de Control para que de ser procedente conmine al agente del Ministerio Público para que realice las diligencias necesarias para la investigación de los hechos delictivos puestos a su consideración, resulta claro que se actualiza la causal de improcedencia en comento, ya que previo a instar el presente juicio de amparo, el promovente debió comparecer ante el Juez de Control correspondiente a impugnar las omisiones en que a su consideración incurrió el Fiscal responsable. Lo anterior, es acorde a la naturaleza de la nueva figura del Juez de Control, pues como se vio, en el sistema procesal penal acusatorio que impera actualmente en el Estado Mexicano, se introdujo ese órgano jurisdiccional con la finalidad de salvaguardar desde la etapa de investigación, las garantías y derechos previstos a favor de la víctima, ofendido e imputado; situación contraria al anterior sistema procesal penal, donde los actos que realizaba el Ministerio Público en investigación de delitos, no se encontraban sujetos a revisión de ningún órgano jurisdiccional, al menos en esa etapa investigativa. Además, sostener lo contrario implicaría que cada vez en que el Ministerio Público incurra en una omisión o retraso en determinada carpeta de investigación, el ofendido o víctima se encuentre en oportunidad de acudir al juicio de amparo a hacer valer dichas cuestiones de mera legalidad, y por consiguiente, el juicio de amparo sustituiría al medio ordinario de defensa, aunado a que el Juez de Distrito realizaría funciones que originalmente se encuentran instituidas constitucionalmente a favor del Juez de Control. La anterior determinación encuentra mayor sustento en las tesis jurisprudenciales 27/2018 (10a) y 28/2018 (10a), sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las que tal y como se hizo constar en la certificación de cuenta fueron aprobadas en sesión privada de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, y que se encuentran pendientes de ser publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, mismas que a letra versan de la siguiente manera: "TESIS JURISPRUDENCIAL 27/2018 (10a.) SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." "TESIS JURISPRUDENCIAL 28/2018 (10a.) SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINTIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Tesis jurisprudenciales que pese a que no han sido publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, pueden ser observadas por el suscrito para fortalecer sus determinaciones desde el momento mismo de su aprobación, lo que en el caso aconteció el veintitrés de mayo pasado; por lo que resulta procedente invocarlas como hecho notorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable Jurisprudencia 2a./J. 139/2015 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 391, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 25, Tomo I, diciembre de 2015, Décima Época, que dice: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. LA OBLIGATORIEDAD DE SU APLICACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 217 DE LA LEY DE AMPARO, SURGE A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. El análisis sistemático e integrador de los artículos 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 215 a 230 de la Ley de Amparo, 178 y 179 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 19/2013 (*) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, permite establecer que la jurisprudencia es de aplicación obligatoria a partir del lunes hábil siguiente al día en que la tesis respectiva sea ingresada al Semanario Judicial de la Federación, en la inteligencia de que si el lunes respectivo es inhábil, será de aplicación obligatoria a partir del día hábil siguiente. Tal conclusión atiende a un principio de certeza y seguridad jurídica en tanto reconoce que es hasta la publicación de la jurisprudencia en dicho medio, cuando se tiene un grado de certeza aceptable respecto a su existencia. Lo anterior, sin menoscabo de que las partes puedan invocarla tomando en cuenta lo previsto en la parte final del artículo 221 de la Ley de Amparo, hipótesis ante la cual el tribunal de amparo deberá verificar su existencia y a partir de ello, bajo los principios de buena fe y confianza legítima, ponderar su aplicación, caso por caso, atendiendo a las características particulares del asunto y tomando en cuenta que la fuerza normativa de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación proviene de la autoridad otorgada por el Constituyente al máximo y último intérprete de la Constitución." En otro orden de ideas, es importante destacar que no se pasa por alto el contenido del artículo 107 fracción VII de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; sin embargo, a criterio del suscrito no por ello debe soslayarse lo establecido en la propia constitución federal en su artículo 20, apartado C, fracción VII, por lo que se considera que antes de promover el juicio de amparo indirecto debe acudirse a la autoridad jurisdiccional competente, y en caso de subsistir esas omisiones o resoluciones, entonces estará en aptitud de promover el juicio de amparo que corresponda. En mérito de lo anteriormente expuesto, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO, al actualizarse la causa de improcedencia, en términos de lo establecido por el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y conforme a lo establecido en párrafos precedentes, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional, que estaba señalada para las NUEVE HORAS CON TRINTA MINUTOS DEL DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la agente del ministerio público de la federación adscrita a este órgano jurisdiccional y mediante oficio a la autoridad responsable.

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