Josefina Gutiérrez Rios
Expediente 988/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 988/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Josefina Gutiérrez Rios
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio del Secretario Encargado del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, mediante el cual informa que ese órgano jurisdiccional aceptó la competencia declinada por el suscrito para conocer de la demanda de amparo presentada por Josefina Gutierrez Ríos y Carlos Reyes Gutiérrez, contra actos de los Magistrados Integrantes de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otra autoridad; en consecuencia, archívese este expediente como concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracciones II y III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse declinado la competencia en el juicio, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo con posterioridad al VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, tres de octubre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Josefina Gutiérrez Ríos y Carlos Reyes Gutiérrez, contra actos de los Magistrados Integrantes de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otra autoridad. AL RESPECTO, SE ACUERDA: FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE bajo el número 988/2018. DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. De la lectura integra de la demanda de amparo se advierte que los promoventes hacen consistir el acto reclamado en: La resolución interlocutoria dictada en fecha 10 de septiembre del año 2018, en los autos del toca civil 1384/2018 del índice de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia de Justicia del Estado de Veracruz; Las consecuencias de hecho y de derecho que traigan aparejadas la ejecución de la resolución interlocutoria de la que emanan los actos reclamados. Del capítulo relativo a los antecedentes del acto reclamado por los impetrantes del amparo en el extracto preinserto del escrito de cuenta y del contenido substancial de la demanda constitucional, resulta patente para el suscrito que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda en cuestión. Para explicar lo anterior, resulta necesario profundizar en las reglas básicas que establece la Ley de Amparo para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo y, para tal efecto, se impone transcribir el contenido del artículo 37 del citado ordenamiento legal, cuyo tenor literal es el siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El precepto legal transcrito contiene tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, a saber: I. Cuando el acto reclamado requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado II. Cuando el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, III. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En el caso concreto, el acto reclamado lo constituye la resolución interlocutoria dictada el diez de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en los autos del toca civil 1384/2018, del índice de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con residencia en esta ciudad, en la que se aprobó la planilla de liquidación de gastos y costas mediante acuerdo de trece de septiembre del año dos mil diecisiete, en el juicio ordinario civil 929/2015, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz. En esa tesitura, es importante advertir que si bien es cierto tradicionalmente las resoluciones de segunda instancia se han considerado actos meramente declarativos, también lo es que, excepcionalmente, se ha considerado que tienen ejecución material. Esto sucede cuando conllevan inmersa una ejecución material susceptible de suspenderse en caso de solicitarse la medida cautelar relativa, siendo sus efectos que el fallo no se ejecute, debiendo permanecer las cosas en el estado que guardan, independientemente de que la autoridad de Alzada, señalada como responsable, no sea la que en su momento realice esa ejecución. Bajo esa lógica, es posible establecer que en el presente biinstancial, el acto reclamado por los accionantes de amparo se hace consistir en la resolución recaída al recurso de apelación interpuesto contra la interlocutoria de nueve de abril de la presente anualidad, por virtud de la cual, se aprueba la planilla de liquidación por concepto de costas fijada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, por lo tanto, debe considerarse que tal determinación conlleva en sí misma una ejecución material que es susceptible de suspenderse en caso de que se solicitara la medida cautelar, siendo sus efectos que el fallo no se ejecute, es decir, que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan. En tales condiciones, resulta evidente con independencia de que la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, no sea la encargada de requerir el pago, ni de llevar a cabo el embargo respectivo en caso de desacato, la resolución materia del presente disiento si es ejecutable, pues lo que se determina es la cantidad que alguna de las partes dentro del juicio natural debe pagar por concepto de costas y, por ende, se actualiza el supuesto previsto en el numeral 37 de la Ley de Amparo, señalado at supra. Tomando en consideración que la ejecución material corre a cargo del órgano jurisdiccional de primer grado, que en el caso lo es el Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en Veracruz, Veracruz, el acto reclamado debe tener ejecución en ese lugar. Apoya por analogía la anterior determinación por sus consideraciones la jurisprudencia número 2ª.J. 192/2008 novena época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COMPETENCIA EN AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO DE APELACIÓN QUE APRUEBA UNA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RADIQUE EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA QUE DEBA EJECUTAR EL ACTO. Cuando en la demanda de garantías se reclama la resolución recaída a un recurso de apelación que aprueba la planilla de liquidación de intereses moratorios fijada por un Juez de primera instancia, debe considerarse que dicha sentencia lleva inmersa una ejecución material que es susceptible de suspenderse en caso de solicitarse la medida cautelar relativa, siendo sus efectos que el fallo no se ejecute, esto es, que no se obligue al pago de los intereses, debiendo permanecer las cosas en el estado que guardan. En estas condiciones, independientemente de que la Sala responsable no sea la que en su momento requiera el pago ni lleve a cabo el embargo respectivo en caso de desacato, la resolución combatida sí es ejecutable, pues lo que se determina es la cantidad cierta que una de las partes en el juicio natural debe pagar por concepto de intereses moratorios y, por ende, se actualiza el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, que determina que es competente para conocer del juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado." En el contexto antes relatado, resulta patente para el suscrito juzgador que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Josefina Gutiérrez Ríos y Carlos Reyes Gutiérrez, contra la resolución interlocutoria dictada el diez de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en los autos del toca civil 1384/2018, del índice de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con residencia en esta ciudad; siendo en términos de lo hasta aquí expuesto, que se considere que el Juez de Distrito competente para conocer del presente controvertido, lo es el Juez de Distrito en el Estado, en turno, con residencia en Veracruz, Veracruz, en virtud de que la resolución interlocutoria de trece de diciembre de dos mil diecisiete, dictada en el juicio ordinario civil 929/2015, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con residencia en Veracruz, Veracruz, tendrá ejecución en el territorio en donde ejerce su competencia legal. Apoya en lo conducente a la anterior determinación, la tesis número 1.1°.A.44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al tenor literal siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, y de conformidad con el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declina la competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata, en favor del Juez de Distrito en el Estado, en turno, con residencia en Boca del Río, Veracruz; por consiguiente, se ordena remitirle los autos que integran el expediente de amparo número 988/2018, así como las nueve copias de la demanda, a fin de que de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, decida si acepta o no la competencia declinada en su favor y se sirva comunicarlo al suscrito juzgador debiéndose formar el cuaderno de antecedentes correspondiente y solicitando el acuse de recibo respectivo. SE TIENE COMO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DE LA PARTE QUEJOSA, el señalado en la demanda de amparo; y como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Mario de Jesús Celis Cueto, Lizzete Karina Espejo Cruz, Modesta Lorena Hernández Sánchez y Marco Antonio Maza Cano, quienes acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con los registros números 128007, 162328, 167128 y 2738. ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los centros de Justicia Federal. TRANSPARENCIA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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