Josele Márquez Balderas
Expediente 1029/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1029/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 14/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Josele Márquez Balderas
- Magistrados Integrantes de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Secretario de acuerdos de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 10857/2020, a través del cual se le notificó el auto de uno de octubre del año en curso; en tal virtud, agréguese a sus autos para los efectos a que haya lugar. Cúmplase.
- Principal
..se continúa el trámite del presente asunto. ...se exhorta a las partes a realizar lo siguiente: I. Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y II. En la siguiente actuación en la que intervengan, propongan medios de contacto para entablar comunicaciones no procesales, como correos electrónicos, servicios de mensajería instantánea y números telefónicos. TRÀMITE Téngase por recibido el oficio oficio 2748, signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, a través del cual remite la ejecutoria dictada en el amparo en revisión ********************, de su índice, así como el original del juicio de amparo 10292019 y cuatro tomos de pruebas, un sobre amarillo, misma que resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO. Se confirma el auto recurrido. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto 1029/2019 del índice del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, promovido por ********************, al tenor de los razonamientos vertidos en esta ejecutoria." En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente; hágase del conocimiento de las partes la resolución de mérito, así como las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; agréguese el cuaderno de antecedentes, para lo cual se ordena el desglose de las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedes formado en sustitución de los autos originales, para que obren en el presente asunto en el orden cronológico en que aparecen y se ordena la destrucción de las constancias que obran en copia simple a fin de que no se dupliquen constancias innecesarias en este asunto y archívese este expediente como asunto concluido. ... Por otra parte, toda vez que las autoridades responsables Magistrados que Integran la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; en consecuencia y Jueza de Control y Enjuiciamiento del Decimocuarto Distrito Judicial, con residencia en la Congregación La Toma, Municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, al rendir su informe justificado remitieron el toca penal ********************, copias autentificadas del proceso penal ********************, con las que se formaron cuatro tomos de prueba, y toda vez que resultan innecesarias su subsistencia en el presente expediente devuélvase el mismo a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar, sin que haya lugar a requerir el acuse respectivo, toda vez que se contará con la constancia de notificación. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes y por oficios a la superioridad y a las autoridades responsables.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se aprecia que el quejoso ******************** reclama de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: La determinación de catorce de octubre de dos mil diecinueve, emitida en los autos del toca ********************, del índice de la sala responsable, mediante la cual, con fundamento en el artículo 470, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la defensora particular del procesado ********************, por escrito de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, en contra de la resolución de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, dictado en el proceso penal ********************, del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, en la determinó que no podía pronunciarse respecto de la legalidad o ilegalidad del traslado del aquí quejoso ********************, solicitada en el escrito de once de abril de dos mil dieciocho, por la defensora particular, en razón de que el traslado del referido quejoso afectaba de manera indirecta la libertad física de éste, misma que quedó bajo la supervisión del Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado, con sede en Córdoba, Veracruz. En ese tenor, el suscrito juzgador considera que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" En lo que interesa, conforme a lo previsto por dicho precepto, el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa no agota, previamente, los medios o recursos ordinarios que establezca la ley del acto, por aplicación del principio de definitividad. De la interpretación relacionada de los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se desprende que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para la agraviada acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en el artículo 107 de la Constitución Federal y en la propia fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Sobre el tema es aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." De igual forma, tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, que establece lo siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese contexto, este órgano jurisdiccional considera que previamente a promover el presente juicio de amparo, la parte quejosa debió instaurar en contra del acuerdo catorce de octubre de dos mil diecinueve, el recurso de revocación que establece el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda." De lo anterior, se desprende que dicho medio de impugnación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial, en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. En ese sentido, si la parte quejosa se duele del acuerdo de catorce de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el toca ********************, del índice de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, a través del cual, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 470, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por la defensora particular del procesado ********************, en contra de la resolución de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, dictado en el proceso penal ********************, del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Córdoba, Veracruz, en la determinó que no podía pronunciarse respecto de la legalidad o ilegalidad del traslado del aquí quejoso ********************, resulta inconcuso que previo a instar el medio de control constitucional, debió agotar el recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se dice lo anterior, ya que el auto que no admite el recurso de apelación debe considerarse una determinación dentro del procedimiento penal y de mero trámite, por lo que se encuentra dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación. Ello, en virtud de que no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, ni tampoco involucra la respuesta de los agravios formulados por la recurrente en el escrito de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, sino que su objetivo es analizar los requisitos establecidos en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las hipótesis previstas en el diverso artículo 470 del propio código. Bajo ese contexto, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo, tomando primordialmente en consideración que la determinación de la sala responsable en el sentido de declarar inadmisible el recurso de apelación, debe ser impugnada a través del recurso de revocación, ya que dicho recurso ordinario es susceptible de modificar, revocar o nulificar el acto que se reclama en la demanda de amparo. Tiene aplicación al caso concreto que se analiza la jurisprudencia 1a./J. 85/2019 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVOCACIÓN. EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL AUTO QUE NO ADMITE LA APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO. El recurso de revocación previsto en el artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales es un medio amplio de defensa que procede en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en que interviene la autoridad judicial para combatir resoluciones de mero trámite que se resuelven sin sustanciación. En este sentido, el auto que no admite el recurso de apelación debe considerarse una determinación: i) dentro del procedimiento penal y ii) de mero trámite, que califica dentro de los supuestos de procedencia del recurso de revocación, pues no resuelve el fondo de la causa penal o pone término al procedimiento, ni tampoco involucra la respuesta de los agravios formulados por la recurrente, sino que su objetivo es analizar los requisitos establecidos en los artículos 467 y 468 del Código Nacional de Procedimientos Penales y las hipótesis previstas en el diverso artículo 470 del propio código. Además, en términos del artículo 475 del código aludido, se resuelve de plano cuando se reciben los registros correspondientes al recurso de apelación, esto es, sin sustanciación alguna, lo que corrobora la procedencia del recurso de revocación, pues el legislador, en vez de mantener indeterminada la actuación del tribunal de alzada, expresamente estableció en el propio precepto que debía pronunciarse de plano, de ahí que su actuación se constriña a constatar, en el momento en que se recibe y con los elementos al alcance, si se cubren los requisitos de procedencia. Por lo anterior, es necesario agotar el medio de defensa referido antes de acudir al juicio de amparo, sin que ello pueda aplicarse de manera retroactiva en términos del artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que antes de la obligatoriedad de este criterio, se actualizaba la excepción al principio de definitividad prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo." Además, es necesario puntualizar que no se actualiza ninguna de las excepciones previstas en los incisos a), b), c) y d) del artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo; además, la procedencia del recurso no está sujeta a interpretación adicional ni su fundamento legal es insuficiente para determinarla, pues de la lectura del artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se entiende que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. De ahí que, en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ello, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento legal, debe decretarse el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN ESTE JUICIO DE AMPARO. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anteriormente expuesto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional, que estaba señalada para las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado las causas de improcedencia analizadas en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Asimismo, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado; de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este Juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías."
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, doce de diciembre de dos mil diecinueve. Téngase por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Jueza de Control y Enjuiciamiento del Decimocuarto Distrito Judicial, con residencia en la Congregación La Toma, Municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo con conocimiento de las partes, agréguese para que surta sus efectos legales procedentes. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la autoridad responsable las documentales que anexó a su informe, las cuales se dejan a vista de las partes en el recinto de este órgano jurisdiccional. Ahora bien, dada la voluminosidad de las constancias que anexó la responsable a su informe justificado, para un mejor manejo del expediente fórmese un tomo por separado, colocándole la carátula correspondiente para su identificación Por otro lado, de las constancias anexadas en justificación de sus actos, se advierte que la licenciada Rosa Becerra Marín, actualmente ostenta el carácter de defensor particular del quejoso Josele Márquez Balderas; lo anterior, se toma en consideración para los efectos legales conducentes. Por otra parte, téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos de la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado por auto de cinco de diciembre del año en curso, informa que no se declaró insubsistente el acto reclamado en esta vía consistente en el acuerdo de catorce de octubre de dos mil diecinueve, emitido en el toca 946/2019. Notifíquese personalmente al quejoso en su centro de reclusión y vía electrónica a la defensora particular.
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