Josele Marquéz Balderas

Expediente 668/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 17 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
668/2023
Año
2023
Actuaciones
17
Última actuación
30/10/2023

Partes del expediente

  • Josele Marquéz Balderas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado electrónicamente por ********************, en su carácter de autorizado del quejoso ********************, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la resolución de veintinueve de septiembre del año en curso; por lo tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86 y 88 de la Ley de Amparo, notifíquese a las partes la interposición del presente recurso, corriéndoles traslado con copia simple del escrito de agravios. En ese orden de ideas, como lo dispone el artículo 89 de la Ley de Amparo y de conformidad con lo establecido por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el artículo 254 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado mediante diverso Acuerdo General del citado Consejo en sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente en que se encuentre debidamente integrado el presente expediente, déjese a disposición la versión electrónica del presente juicio a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo con sede en Boca del Río, Veracruz, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa, por oficios a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado.

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el aquí quejoso ********************, reclama lo siguiente: "A LAS AUTORIDADES SIGUIENTES: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE), A TRAVÉS DE LA DELEGACIÓN, VERACRUZ, SUBDELEGACIÓN DE PRESTACUONES, DEPARTAMENTO DE PENSIONES, SEGURIDAD E HIGIENE. LICENCIADA ******************** EN SU CALIDAD DE JEFA DEL DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN NORMATIVA DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES Y CULTURALES COMISIONADA A LA SUBDELEGACIÓN DE PRESTACIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE). Les reclamo los actos siguientes: 1. El oficio número ******************** de fecha 25 de mayo del 2023, signado por la licenciada ********************, en su carácter de Jefa del Departamento de la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales Comisionada a la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que contiene la negativa de la petición de Pensión por Causa de Muerte, en virtud del fallecimiento de la C. ********************, solicitada por el señor ********************, como apoderado legal del suscrito ********************, notificado el 20 de junio de 2023 ... 2. La negativa de concesión de la Pensión por Causa de Muerte, en virtud del fallecimiento de la C. ********************, solicitada por el señor ********************, en carácter de mi apoderado legal, negativa que me fue comunicada a través del oficio ******************** de fecha 25 de mayo del 2023, signado por la licenciada ********************, en carácter de Jefa del Departamento de la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales Comisionada a la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 3. La inconstitucionalidad y aplicación del artículo 131 en su fracción I, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, toda vez que de éste derivó la negativa de concesión de pensión, por Causa de Muerte, en virtud del fallecimiento de la C. ********************, solicitada por el señor ********************, en carácter de mi apoderado legal, por considerar las autoridades responsables que no cumplo con los requisitos que se señalan en la fracción I, del artículo 131 de la citada Ley, negativa que me fue comunicada a través del oficio número ******************** de fecha 25 de mayo del 2023, signado por la licenciada ********************, en carácter de Jefa del Departamento de la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales Comisionada a la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)." "A las autoridades siguientes: C. LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, A TRAVÉS DEL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTA. (.) D. LA CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN A TRAVÉS DEL PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA. (.) Les reclamo los actos siguientes: Los dictámenes, discusión, aprobación y expedición de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y de manera particular la inconstitucionalidad de la fracción I del artículo 131 de la citada Ley." "A LA AUTORIDAD SIGUIENTE: E. PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (.) Le reclamo los actos siguientes: La promulgación y publicación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y de manera particular la inconstitucionalidad de la fracción I del artículo 131 en su fracción I." Por otro lado, la autoridad responsable Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad, al rendir su informe justificado, indicó que el presente juicio de amparo no fue presentada dentro del término establecido por la ley; sin embargo, de las constancias remitidas únicamente se advertía la fecha en que fue depositado (cinco de junio del año en curso) en Correos de México, el oficio ******************** de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, y no así la data en que fuera entregado el oficio en comento a su destinatario ********************, en su carácter de apoderado legal del aquí quejoso ********************. Por consiguiente, por auto de veintinueve de agosto del año en curso, este órgano jurisdiccional requirió a la autoridad responsable Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad, para que remitiera copia certificada de la constancia de notificación que le fuera realizada al quejoso a través de su apoderado legal del oficio ******************** de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Después, la autoridad responsable para justificar su afirmación, adjuntó copia certificada del acuse de recibo del Servicio Postal Mexicano, del que se advierte que el dieciséis de junio de dos mil veintitrés, se entregó el oficio ******************** al destinatario ********************, en su carácter de apoderado legal del aquí quejoso ********************, en el domicilio ubicado en calle ********************, (mismo domicilio que señaló para oír y recibir notificaciones en este juicio de amparo). Constancias a las cuales se le otorga valor probatorio pleno, en términos del artículo 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues se trata de documentos expedidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo al caso, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En ese contexto, del análisis de las constancias remitidas por la autoridad responsable Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad, este Juzgado de Distrito considera que, efectivamente, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 18 del propio ordenamiento, que obliga a sobreseer en el presente juicio en términos del artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento. Para corroborar el anterior aserto, se debe tener en cuenta lo establecido en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, de la Ley de Amparo, que en la parte conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De lo anterior, se advierte que es improcedente el juicio de amparo cuando la demanda no se promueve dentro del término de quince días, contados éstos, a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación a la parte quejosa del acto que reclame o tenga conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, por lo que el cómputo de dicho término depende básicamente, de la forma en que el quejoso se haya impuesto del acto reclamado y de su naturaleza; lo cual puede verificarse de tres maneras distintas: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso; o bien, b) Desde el día siguiente al en que haya tenido el quejoso conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o bien, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor. Estas tres hipótesis a su vez, requieren para su actualización de determinados requisitos. Por cuanto hace a la primera de ellas, es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, y con base en la fecha en que se realice tal notificación y surta sus efectos, comenzará a contarse el término general de quince días. Tratándose de las otras dos hipótesis que se advierten del artículo 18 de la Ley de Amparo, su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; y por ende, no requieren de manera indispensable un acto de notificación sino más bien una serie de datos que se obtengan ya sea del expediente o de la demanda de amparo. Además, es necesario precisar que la actualización de alguna de las tres hipótesis legales que se advierten del referido artículo 18 de la Ley de Amparo, puede acontecer de manera indistinta, de tal modo que el orden dado por el legislador a dichas hipótesis, no implica que una deba estudiarse prioritariamente antes que las otras, sino más bien, la persona juzgadora debe optar por la que en el caso se actualice y conlleve a una causa de improcedencia cuyo estudio es preferente y oficioso; máxime si se toma en consideración que entre cada una de las hipótesis normativas en comento, el legislador estableció la conjunción "o", que no indica otra cosa más que la alternancia entre las diferentes hipótesis enunciadas. Lo anterior se robustece con el criterio sustentado en la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Lo anterior, pone de manifiesto que para el impetrante de amparo no son novedosos los actos que impugna, por lo que se aduce que contó con la oportunidad de interponer la demanda de amparo dentro del plazo legalmente establecido sin que lo hubiera hecho. En este orden de ideas, la exigencia de que exista prueba plena de que la parte quejosa haya tenido conocimiento de lo reclamado en la demanda, sí se satisface en el caso, en virtud de que la autoridad responsable remitió copia certificada del acuse de recibido del oficio ******************** de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, del que se advierte que la parte promovente del amparo quedó notificada el dieciséis de junio del presente año. De modo que, de conformidad con el artículo 74 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el diecinueve siguiente surtió sus efectos la notificación practicada, y el plazo para presentar la demanda comenzó a computarse el veinte de junio y concluyó el diez de julio del año en curso. En ese tenor, considerando que la demanda de amparo que nos ocupa fue presentada ante el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, el once de julio de dos mil veintitrés, es indudable que la presentación de la misma resulta extemporánea; lo que pone de manifiesto que para el impetrante de amparo no es novedoso el acto que impugna, por lo que, se aduce que contó con la oportunidad de interponer la demanda de amparo dentro del plazo legalmente establecido sin que lo hubiera hecho. Lo anterior, tiene sustento en la tesis del Pleno de nuestro Máximo Tribunal de Amparo, que reza lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." En las relatadas condiciones, la parte quejosa tuvo la posibilidad legal de impugnar el acto que reclama, dentro del plazo perentorio señalado en el artículo 17 de la Ley de Amparo, y si no lo hizo de esa manera, su conducta revela conformidad con dicho acto en su perjuicio, por lo que se colige que existió el consentimiento de su parte en lo que ve al acto reclamado, al no ejercer en el momento oportuno la acción que intenta, esto es, dentro del término de quince días que dispone el aludido precepto; en tal razón, lo expuesto conlleva a establecer la imposibilidad de encausar su inconformidad en este medio, si previamente lo consintió tácitamente, y siendo ello así, se actualiza la hipótesis contenida en la fracción XIV, del precepto 61 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República. Apoya lo anterior, la jurisprudencia VI.2o.J/21, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". En esta tesitura, al no tratarse en un caso de excepción, de los previstos por las fracciones I, II, III y IV, del artículo 17, de la propia Ley de Amparo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61, en relación con los diversos numerales 17 y 18, ambos del mismo ordenamiento; por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO respecto al acto reclamado. No escapa la atención de quien esto provee, que ********************, en su carácter de autorizado del quejoso ********************, mediante escrito de doce del presente mes y año, desahogó la vista que se le diera en proveído de veintinueve de agosto del año en curso, con relación al informe justificado rendido por la autoridad responsable Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad, indicando que contrario a lo señalado por dicha autoridad, el oficio ******************** de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, le fue notificado hasta el veinte de junio del año en curso, exhibió al efecto una reproducción de la que se advierte que al reversó contiene una anotación con letra de molde que dice: "Recibido 20 de Junio 2023 Recepción de Torre "O"; sin embargo, en dicha reproducción no se señala algún nombre, cargo o firma de la persona que hubiese escrito tal leyenda, del que se pudiera advertir que es un trabajador de Correos de México. En cambio, de la copia certificada que remitiera la responsable, relativa al acuse de recibo del Servicio Postal Mexicano, se advierte un nombre y firma de una persona que recibió el dieciséis de junio de dos mil veintitrés, el oficio ******************** al destinatario ********************, en su carácter de apoderado legal del aquí quejoso ********************, a la cual se le otorgó valor probatorio pleno, en términos del artículo 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues se trata de documento expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Tampoco pasa inadvertido que el promovente en ese mismo escrito refiriera que derivado de la pandemia por el virus COVID-19, se suspendieron las labores no esenciales, entre ellas al personal notificador; sin embargo, tal circunstancia, en nada beneficia a su pretensión, pues la suspensión de plazos y términos ordenada en la Circular CAP/3/2020, emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en la sesión extraordinaria de veinte de diciembre de dos mil veinte, en la que se aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", se suspendieron los términos del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. De modo que, el dieciséis de junio de dos mil veintitrés, fecha en que se le notificó el oficio ******************** de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, ya se habían reanudado labores desde hace más de dos años, con motivo de la suspensión por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana, por lo que, es evidente que el quejoso contó con la oportunidad de interponer la demanda de amparo respecto del acto reclamado dentro del plazo legalmente establecido, sin que lo hubiera hecho, por lo que se concluye que existió consentimiento de su parte en lo que ve al acto reclamado, al no ejercer en el momento oportuno la acción que intenta, esto es, dentro del término de quince días que dispone el artículo 17 de la Ley de Amparo. En otro aspecto, cabe destacar que aún y cuando el quejoso hubiese reclamado la inconstitucionalidad del artículo 131 fracción I, de la Ley del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, en su carácter de norma heteroaplicativa, con motivo de un acto concreto de aplicación, esto es, el oficio ******************** de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, también resultaría improcedente el juicio de amparo indirecto, en virtud de que cuando se promueve el juicio de amparo indirecto contra la inconstitucionalidad de una norma con motivo de un acto concreto de aplicación, en principio se debe analizar si el acto de aplicación es procedente para después analizar la constitucionalidad de las normas impugnadas, ya que no se debe desvincular el análisis relativo a la constitucionalidad del estudio del acto de aplicación, pues de resultar improcedente este último también sería improcedente el análisis de la inconstitucionalidad de la norma, lo que en lo particular acontece, pues como quedó expuesto, el acto de aplicación (el oficio ******************** de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés) es improcedente. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 71/2000 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente. "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. En tales condiciones, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRES, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Control Electrónico y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Finalmente, conviene indicar que no obsta para el sobreseimiento decretado, el hecho de que previamente se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible advertir su improcedencia, lo cual sí se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable, de tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Al respecto, es ilustrativa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se transcribe enseguida: "DEMANDA. LA ADMISIÓN DE LA, NO IMPIDE EL ANÁLISIS DE SU IMPROCEDENCIA EN LA SENTENCIA. El hecho de que el Juez de Distrito haya admitido la demanda, en forma alguna le impide el analizar en su sentencia si existen o no motivos de improcedencia, toda vez que el artículo 145 de la Ley de Amparo sólo establece que debe desecharse de plano la demanda cuando de ella misma se pudiera advertir de modo manifiesto e indudable motivos de improcedencia, mas dicho numeral de ninguna manera impide que, admitido dicho ocurso, el Juez Federal pueda ocuparse de la causal de improcedencia que quede evidenciada en el transcurso del juicio de garantías." Notifíquese vía electrónica al quejoso y por lista de acuerdos a las demás partes, por oficios a las autoridades responsables y agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional.

  3. Incidental

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por la Actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, mediante el cual acusa recibo de los autos originales del incidente del cual deriva el cuadernillo en que se actúa e informa que se admitió el recurso de revisión interpuesto por Enrique Rentería Zavaleta, en su carácter de autorizado del quejoso Josele Márquez Balderas, contra la resolución interlocutoria de ocho de agosto del año en curso, radicándolo con el número de revisión incidental 441/2023. Al respecto, agréguese para los efectos legales a los que haya lugar y estese en espera de que la superioridad informe la resolución del medio de impugnación antes citado, con el fin de acordar lo conducente. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes.Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinta de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Uriel Curti Espinosa, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado por auto de veintinueve de agosto del año en curso, remite la constancia de notificación relativa al ******************** de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, que se le realizara al quejoso a través de su apoderado legal del oficio; en consecuencia, déjese a vista de las partes para que manifiesten lo que a sus intereses legales convenga. Por otra parte, téngase por recibido el escrito de cuenta, signado electrónicamente por ********************, en su carácter de autorizado del quejoso ********************, mediante el cual desahoga la vista que se le diera en proveído de veintinueve de agosto del año en curso, en relación al informe justificado rendido por la autoridad responsable Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad; por tanto, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase sus manifestaciones a título de alegatos, con las que se dará nueva cuenta al celebrarse la audiencia constitucional. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 del citado ordenamiento legal, téngase como prueba de su parte, la documental que anexó a su ocurso de cuenta, con la que se dará nueva cuenta al celebrarse la audiencia constitucional. En otro aspecto, por lo que respecta a su solicitud en el sentido de que se requiera al Encargado de la Oficina de Correos de México, con sede en esta ciudad, en los términos que solicita, dígasele que no ha lugar acordar de conformidad su petición, debido a que por auto de veintinueve de agosto del año en curso, se requirió a la autoridad Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad, a efecto de que remita la constancia de notificación que realizada del oficio ******************** de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, la cual fue recibida en esta data. Ahora, en relación a su petición de que se le de vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, toda vez que la autoridad responsable Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Veracruz, con residencia en la ciudad, está incurriendo en responsabilidad al haber expresado un hecho falso al rendir su informe justificado; al respecto, dígasele que por el momento no ha lugar acordar de conformidad su petición, al no existir datos objetivos que permitan evidenciar su afirmación, y menos aún, determinar una responsabilidad en tal sentido, como lo pretende hacer valer el autorizado del aquí quejoso, por lo que, será hasta el dictado de la sentencia correspondiente al asunto en que se actúa, en que se pueda apreciar tal situación, quedando a salvo sus derechos en caso de que los quiera hacer valer por la vía legal pertinente. De igual forma, téngase por rendido el informe justificado telegráfico de la autoridad responsable Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con residencia en la Ciudad de México; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con conocimiento de las partes, agréguese para que surta sus efectos legales procedentes, sin perjuicio de hacer relación de éste en la audiencia constitucional. Por otro lado, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su informe, en términos del artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En otro aspecto, como lo solicita la autoridad oficiante antes indicada, de conformidad con lo estipulado por el numeral 9, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de su parte las personas mencionadas en su informe de cuenta, para los efectos legales procedentes. Ahora, respecto a la causa de sobreseimiento que señala la autoridad responsable, provéase lo conducente al momento de resolver el presente asunto. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes.Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinta de Distrito en el Estado de Veracruz, asistida de Uriel Curti Espinosa, Secretario que autoriza y da fe.

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