José Raúl La Rosa Linares

Expediente 66/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 17 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
66/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
16/12/2021

Partes del expediente

  • José Raúl La Rosa Linares

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, acúsese recibo del oficio 6346, que remite el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña los autos originales del juicio de amparo 66/2021, un tomos de prueba y el testimonio de la resolución de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se confirmó la sentencia por la que se negó la protección constitucional en el presente juicio. En virtud de lo anterior, resulta innecesario glosar a los autos el cuaderno que se formó con motivo de la remisión del expediente original al Tribunal Colegiado, por lo que se ordena destruir desde ahora el mismo, previa integración al juicio de las constancias originales que obren en éste, toda vez que el principal ya fue devuelto a este juzgado y dicho cuaderno no se considera de antecedentes al contar con los autos originales. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se negó y concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de agosto de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese para que obre como corresponda el oficio suscrito por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que en proveído de veinte de agosto del año en curso, el tribunal de alzada admitió el recurso de queja interpuesto contra el auto de veintinueve de julio del año en curso, el cual se registró con el número de queja 124/2021. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica a la parte quejosa tercero interesada por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el acuerdo y/o determinación de 07 de junio de dos mil veintiuno, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con veinte minutos del veinte de mayo de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 66/2021, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta al juez con las documentales exhibidas por el Secretario de Acuerdos Encargado del Despacho por ministerio de Ley del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas por razón de su propia y especial naturaleza las documentales descritas. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos la secretaria certifica que únicamente presentó alegatos la tercera interesada. En relación con lo anterior el juez acuerda: Vista la cuenta precedente con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la tercera interesada y por precluido el derecho de las demás partes para hacerlo. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dos de febrero de dos mil veintiuno en el Buzón Judicial del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, José Raúl La Rosa Linares, por propio derecho y en representación de la menor J.L.R.A, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar Oral del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°, 4°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de la referida demanda a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, se registró bajo expediente 66/2021 y en proveído de cuatro de febrero de dos mil veintiuno se admitió; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. El nueve de marzo de dos mil veintiuno, se reconoció el carácter de tercera interesada a Daniela Avilés Morales y se ordenó su emplazamiento. Finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo con el resultado consignado en el acta que antecede; y, quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda, en términos de los siguientes CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado tiene ejecución en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados, el acto reclamado por el quejoso al Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar Oral del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, es: El proveído dictado el once de enero de dos mil veintiuno, dentro del juicio especial oral familiar 608/2018 que sobre guarda, custodia y convivencia con menor promovió José Raúl de la Rosa Linares frente a Daniela Avilés Morales. Auto en el que se impuso al quejoso una multa de dos mil ciento setenta y dos pesos, equivalente a veinticinco unidades de medida y actualización; se le requirió para que cumpliera con las convivencias, apercibido que de no hacerlo se le impondría una nueva multa por la cantidad equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización; se ordenó agotar los medios de apremio para lograr la realización de las convivencias; asimismo, que se le daría vista al agente el ministerio público adscrita para que persiguiera e desacato a dicha orden judicial. Tercero. Certeza del acto reclamado. El Secretario de Acuerdos encargado del Despacho por ministerio de ley del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar Oral, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado. Lo que se corrobora con la prueba documental que exhibió, consistente en copias certificadas del juicio especial oral familiar 608/2018 que sobre guarda, custodia y convivencia con menor promovió José Raúl de la Rosa Linares frente a Daniela Avilés Morales [un tomo]. Prueba con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte el proveído de veintiuno de enero de dos mil veintiuno; de ahí que se tenga debidamente probado el mismo. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, corresponde examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 814 emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a fojas 553, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, Materia Común, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." El Secretario de Acuerdos encargado del despacho por ministerio de ley del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar Oral del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, al rendir su informe justificado adujo que el acto reclamado fue dictado en cumplimiento al diverso juicio de amparo 153/2019, por lo que si bien no lo manifestó expresamente hizo valer la causa de improcedencia contenida en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Porción normativa que es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas". Argumento que es infundado. Ello es así, porque la sentencia emitida en el mencionado juicio de amparo, fue impugnada mediante el recurso de revisión, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, órgano colegiado que revocó la sentencia y concedió el amparo, para que la responsable dejara sin efectos el cambio de guarda y custodia a favor del progenitor; por lo que para que se diera cumplimiento a la misma era necesario que la menor fuera entregada a la madre y todos los actos tendentes a ello sí fueron materia de dicha ejecutoria. Por otro lado, si bien en el punto 2 de la sentencia emitida por el referido colegiado, se ordenó "agotar por otros medios, y con plenitud de jurisdicción, se lleven a cabo las convivencias entre el padre no custodio y la menor", en ese momento era Daniela Avilés Morales a quien se le imputaba que no permitía la convivencia de la menor con el aquí quejoso, tan es así que esa fue la razón por la que el juez familiar emitió el acto reclamado. Por lo que, si ahora es el quejoso quien no cumple con dichas convivencias y debido al incumplimiento de las mismas se dictó el acto reclamado, es evidente que éste no fue dictado en ejecución de la ejecutoria dictada en el amparo 153/2019; y, puede impugnar a través de este juicio de amparo los medios de apremio que hagan valer en su contra. Toda vez que las partes no hicieron valer otra causal de improcedencia ni este juzgador advierte de manera oficiosa la existencia de alguna de ellas; lo procedente es realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. Ello, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J.58/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, Materia Común, registro 164618, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Conviene mencionar que el acto reclamado deriva de un procedimiento de índole familiar, respecto del cual nuestro Máximo Tribunal ha sostenido, en diversos criterios, que en los casos en que se ventilen cuestiones relacionadas directa o indirectamente con menores de edad o sujetos con capacidad disminuida o diferente, los jueces están obligados a suplir la deficiencia de sus planteamientos, pese al carácter de la parte promovente. Por tanto, como están involucrados derechos de menores de edad existe la facultad de suplir la deficiencia de la queja a favor de éstos, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo y con apoyo además en la jurisprudencia 1a./J.191/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 167, del Tomo XXIII, Mayo de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 175053, del rubro y texto siguientes: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." Así como la tesis aislada 1a. CXXII/2012 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IX, Junio de 2012, Tomo 1, página 260, que a la letra dice: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU FUNCIÓN NORMATIVA COMO PRINCIPIO JURÍDICO PROTECTOR. La función del interés superior del menor como principio jurídico protector, es constituirse en una obligación para las autoridades estatales y con ello asegurar la efectividad de los derechos subjetivos de los menores, es decir, implica una prescripción de carácter imperativo, cuyo contenido es la satisfacción de todos los derechos del menor para potencializar el paradigma de la "protección integral". Ahora bien, desde esta dimensión, el interés superior del menor, enfocado al deber estatal, se actualiza cuando en la normativa jurídica se reconocen expresamente el cúmulo de derechos y se dispone el mandato de efectivizarlos, y actualizado el supuesto jurídico para alcanzar la función de aquel principio, surge una serie de deberes que las autoridades estatales tienen que atender, entre los cuales se encuentra analizar, caso por caso, si ante situaciones conflictivas donde existan otros intereses de terceros que no tienen el rango de derechos deben privilegiarse determinados derechos de los menores o cuando en el caso se traten de contraponer éstos contra los de otras personas; el alcance del interés superior del menor deberá fijarse según las circunstancias particulares del caso y no podrá implicar la exclusión de los derechos de terceros. En este mismo sentido, dicha dimensión conlleva el reconocimiento de un "núcleo duro de derechos", esto es, aquellos derechos que no admiten restricción alguna y, por tanto, constituyen un límite infranqueable que alcanza, particularmente, al legislador; dentro de éstos se ubican el derecho a la vida, a la nacionalidad y a la identidad, a la libertad de pensamiento y de conciencia, a la salud, a la educación, a un nivel de vida adecuado, a realizar actividades propias de la edad (recreativas, culturales, etcétera) y a las garantías del derecho penal y procesal penal; además, el interés superior del menor como principio garantista, también implica la obligación de priorizar las políticas públicas destinadas a garantizar el "núcleo duro" de los derechos." Los conceptos de violación hechos valer por el quejoso son infundados. En efecto, contrario a lo señalado por el quejoso, la responsable en el auto reclamado, expuso las razones por las cuales decidió imponerle la multa equivalente a veinticinco unidades de medida y actualización a razón de ochenta y seis pesos con ochenta y ocho centavos, ya que adujo que el quejoso omitió comunicarse con su menor hija para las convivencias electrónicas o por video llamadas, esto es, que no acató los proveídos de catorce y veintiuno de octubre, seis de noviembre, once y dieciocho de diciembre de dos mil veinte ni la sentencia dictada en el juicio de amparo 153/2019 del índice de este juzgado. Aunado a ello, el artículo 933 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, faculta al juez para emplear cualquiera de las correcciones disciplinarias y medios de apremio que se establecen en dicho ordenamiento para hacer cumplir sus determinaciones; medios de apremio que se encuentran contenidos en el diverso numeral 925 del citado código. Asimismo, contrario a lo precisado por el quejoso, el artículo 925 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, no señala que para poder aplicar alguno de los medios de apremio que contiene, el juez deba plasmar con precisión el fundamento legal que supuestamente no está cumpliendo y hasta entonces imponer o decretar al suscrito las sanciones de mérito, sino que únicamente establece que los tribunales, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear, a discreción, dichos medios de apremio. Por lo que era más que suficiente que la responsable hubiere determinado que le imponía la multa por no haber acatado lo ordenado en los acuerdos de catorce y veintiuno de octubre, seis de noviembre, once y dieciocho de diciembre de dos mil veinte ni lo estipulado en la sentencia dictada en el juicio de amparo 153/2019 del índice de este juzgado. Por otro lado, señala el quejoso que es erróneo que en el auto reclamado la responsable afirme que lo plasmado en él se haga en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 153/2019, porque del diverso proveído diez de diciembre de dos mil diecinueve, dictado en cumplimiento a dicha sentencia no se advierte que los apercibimientos o sanciones se deban imponer al suscrito sino al padre custodio de la menor que lo es Daniela Avilés Morales, siempre y cuando no permitiera la convivencia de la menor con él, por lo que la responsable se está excediendo en aplicar las sanciones reclamadas. Máxime la citada ejecutoria, en la cual pretende fundar su decisión, tampoco faculta a la responsable para ello. Lo anterior es infundado, porque si bien es verdad que de la lectura de la sentencia dictada en el amparo en revisión 134/2019, dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, el catorce de noviembre de dos mil diecinueve, que revocó la sentencia dictada en el juicio de amparo 153/2019 del índice de este juzgado, se advierte que quien había estado obstaculizando las convivencias entre el quejoso y su hija era la madre de ésta por lo que se ordenó requerirla para que no lo hiciera, también lo es que, como ya se dijo en párrafos anteriores, el juez está facultado a imponer medios de apremio para hacer cumplir sus determinaciones, y en el caso, la responsable decretó aplicarle la multa porque el quejoso no ha dado cumplimiento a los acuerdos de catorce y veintiuno de octubre, seis de noviembre, once y dieciocho de diciembre de dos mil veinte, en los que se insistía en la convivencia con la infante a través de medios electrónicos. Finalmente, contrario a lo señalado por el quejoso, el artículo 932 del Código Familiar para el Estado de Michoacán, otorga al juez las más amplias facultades de dirección procesal para decidir en forma pronta y expedita lo que en derecho corresponda, además, debe actuar de oficio, supliendo la deficiencia de los planteamientos de las partes, en tratándose de menores de edad; personas con discapacidad; y, adultos mayores; asuntos relativos a alimentos; y, cuestiones relacionadas con violencia familiar. Por tanto, no es necesario que exista ley o decreto alguno que lo obligue a convivir con su menor hija de forma virtual; pues de conformidad con el numeral citado en el párrafo anterior, tiene las más amplias facultades de dirección procesal para decidir en forma pronta y expedita lo que en derecho corresponda tratándose de menores de edad, tomando en cuenta para ello el interior superior del menor. Es aplicable la tesis I.4o.C.322 C, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2349 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, Novena Época, Materia Civil, registro digital 162789, de rubro y texto: "MEDIDAS PRECAUTORIAS PARA TUTELAR EL INTERÉS SUPERIOR DE LOS NIÑOS. LOS TRIBUNALES FAMILIARES DEBEN ACTUAR CON CELERIDAD Y CREATIVIDAD. En conformidad con lo dispuesto en el artículo 941 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, los tribunales de lo familiar están facultados para intervenir, de oficio, en los asuntos que afecten a la familia, en el ámbito de sus competencias, especialmente tratándose de menores, y en ejercicio de esa facultad deben decretar las medidas precautorias que tiendan a preservar a la familia y proteger a sus miembros. Esto implica que deben estar sensibles, prestos y expeditos para decretar las providencias inmediatas y eficaces para que cese ipso facto cualquier situación irregular que esté ocurriendo con perjuicio de los intereses de los niños, y no mantenerse en una actitud pasiva o ceñida a la inercia, mediante la toma de decisiones ordinarias a pesar de encontrarse frente a situaciones extraordinarias, como sucede cuando a pesar de haberse dispuesto la aplicación de los medios de apremio y haber dado vista al Ministerio Público, no se logra vencer la resistencia del custodio, con el daño indiscutible que pueden resentir los menores con el alejamiento innecesario e ilegal de su padre o madre, de modo que sin apartarse el Juez de la ley, debe hacer uso de su creatividad para superar al punto esa situación, requiriendo, por ejemplo, al custodio para que en la fecha inmediata de las establecidas para el efecto, presente al menor al Centro de Convivencia Familiar Supervisada, con el apercibimiento, para el caso de persistir en su negativa posición, de suspenderlo de inmediato en el ejercicio de la custodia, para poner al menor bajo el cuidado de otras personas previstas por la ley, que faciliten la convivencia del niño con ambos padres, hasta que se resuelva la controversia incidental en definitiva, siguiendo al efecto las exigencias de audiencia y contradicción, pero con la celeridad que impone el caso, y que les permiten los artículos 942 y siguientes del código adjetivo invocado". Aunado a ello, en el auto de catorce de octubre -auto resolutorio de la medida cautelar solicitada en audiencia de juicio por el aquí quejoso consistente en que la convivencia fuera de manera presencial- la juez determinó que no era procedente derivado de las medidas de aislamiento de las personas para detener la propagación del coronavirus COVID-19, ya que estaba obligada a garantizar la salud de la menor J.L.R.A, por lo que ordenó que las convivencia se efectuaran a través de medios electrónicos de comunicación que se encontraran al alcance de los padres de la infante y determinó los días y horarios para ello. Esto es, la juez actuó con apego a derecho al haber tomado en consideración para dicha determinación el interés superior de la mencionada menor pues lo hizo para garantizar su salud, lo que también se estima legal. Es aplicable la tesis XVII.1o.C.T.36 C (10a.), emitida por el Primer Tribunal Colegiado En Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 977 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo II, Décima Época, Materias Civil, registro digital 2022082, de rubro y texto: "RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS DEL MENOR CON UNO DE SUS PROGENITORES, FRENTE A LA PANDEMIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19). ATENTO AL INTERÉS SUPERIOR DEL INFANTE, CORRESPONDE PRIVILEGIAR SU DERECHO A LA VIDA Y A LA SALUD, SOBRE EL DERECHO A LA CONVIVENCIA CON AQUÉLLOS, POR ENDE, EL JUEZ DEBE PROVEER LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE ESTA ÚLTIMA SE EFECTÚE A DISTANCIA. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 23 dispone que las niñas, niños y adolescentes cuyas familias estén separadas, tendrán derecho a convivir o mantener relaciones personales y contacto directo con sus familiares de modo regular, excepto en los casos en que el órgano jurisdiccional competente determine que ello es contrario al interés superior de la niñez; de manera que el derecho del infante a la convivencia con sus progenitores, por regla general, se encamina a la conservación de un entorno saludable y favorable para su pleno desarrollo personal y emocional; sin embargo, puede suspenderse cuando exista peligro para el menor, a fin de salvaguardar su interés superior. Luego, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituye un hecho notorio, que el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud declaró a la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) como una emergencia de salud pública de interés internacional y emitió una serie de recomendaciones para su control, entre las que prevalecen el resguardo domiciliario corresponsable; que consiste en la limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en el domicilio particular el mayor tiempo posible. Bajo ese contexto, tratándose del régimen de visitas y convivencias del infante con uno de sus padres durante la situación pandémica en cuestión, debe estimarse que el solo hecho de sustraer al infante de su domicilio, trasladarlo e incorporarlo a un nuevo ambiente, implica realizar un evento que lo hace más propenso a contraer el virus, lo que conllevaría poner en riesgo su salud y, en consecuencia, la vida; por ende, atento al interés superior de aquél, corresponde privilegiar su derecho a la vida y la salud sobre el de convivir con su progenitor, el cual se limitará a una modalidad a distancia, por lo que el órgano jurisdiccional debe procurar el resguardo del infante y dictar las providencias necesarias, según las particularidades del caso, para el desarrollo de la convivencia a distancia a través de los medios de comunicación disponibles, y a los que se pudiera tener fácil acceso, como videollamadas, reuniones virtuales en plataformas electrónicas, u otros similares, con la regularidad suficiente, a fin de mantener comunicación continua entre el infante y su progenitor, estableciendo como obligación del progenitor con quien cohabite, el permitir el sano desarrollo de tales convivencias, de manera que se lleven a cabo en forma libre y espontánea". No pasa inadvertido para este juzgador que el quejoso señala que lo mejor para el sano desarrollo de su hija es que conviva de forma presencial cuando las condiciones lo permitan, y que no quiere someterla al estrés que ha vivido cada que pretende convivir con ella y su progenitora realizaba diversas conductas para impedir dicha convivencia, pues como él mismo lo afirmó en el escrito presentado ante la juez de origen el siete de enero de dos mil veintiuno, desde el once de febrero de dos mil veinte "no ha tenido comunicación ni contacto alguno con su menor hija, lo que ha hecho, para evitar provocar un estrés a la menor" (foja 226, del tomo de pruebas). Sin embargo, ello no es una razón suficiente para no haber cumplido con su obligación de convivir con su menor hija, pues en el propio auto de catorce de octubre de dos mil veinte, se adujo que la madre de la menor estaba obligada a permitir y facilitar la convivencia, por lo que en caso de que la aquí tercera interesada volviera a obstaculizar ésta, el quejoso estaba en aptitud de hacerlo del conocimiento de la responsable e incluso de hacer valer los medios legales que estimara convenientes. Además, de las constancias que remitió la responsable, se advierte que el quejoso no dejó de convivir con la menor a partir de que las convivencias se ordenaron a través de medios electrónicos, sino desde antes, pues obran dos reportes de veinticuatro de febrero y nueve de marzo de dos mil veinte, en los que la encargada del Centro de Convivencia Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado informó al juzgado de origen que el quejoso no se había presentado los días veintidós y veintitrés de febrero, siete y ocho de marzo de dos mil veinte a dicho centro para convivir con su mejor hija así como que la madre de ésta sí la presentó en dichas instalaciones para tal efecto. En esas condiciones, lo conducente el negar el amparo y protección solicitada por el quejoso. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Raúl La Rosa Linares, por sí y en representación de su menor hija, contra el acto y autoridad que precisados quedaron en el considerando segundo de este fallo, por lo motivos expuestos en el diverso cuarto. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

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