José Raúl La Rosa Linares

Expediente 257/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
257/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
07/12/2020

Partes del expediente

  • José Raúl La Rosa Linares
  • Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, siete de diciembre de dos mil veinte. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Morelia, Michoacán, a las once horas con treinta minutos del seis de noviembre de dos mil veinte, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 257/2020, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez acuerda: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta al juez con las documentales ofrecidas por el quejoso en la demanda de amparo así como con las exhibidas por la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar Oral del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas por razón de su propia y especial naturaleza las documentales descritas. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar se cierra el periodo probatorio. En el periodo de alegatos la secretaria certifica que ninguna de las partes presentó alegatos. En relación con lo anterior el juez acuerda: Vista la cuenta precedente con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda. RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el nueve de marzo de dos mil veinte (fojas 2-52), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, José Raúl La Rosa Linares, por propio derecho y en representación de la menor J.L.R.A, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar Oral del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1, 4,?????????????? 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de la referida demanda a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, se registró bajo expediente 257/2020 y en proveído de diez de marzo de dos mil veinte (foja 53) se admitió; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito1; se reconoció el carácter de tercera interesada a Daniela Avilés Morales, por lo que se ordenó su emplazamiento2; se solicitó al Delegado del Instituto de la Defensoría Público, designara a un asesor jurídico para que fungiera como representante especial de la menor3; y, se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Sin embargo, el procedimiento se suspendió del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, por diversos acuerdos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, derivado de la contingencia por el virus COVID-19. Tercero. Reanudación de términos y plazos legales. En auto de diecinueve de agosto de dos mil veinte (foja 72), se levantó la suspensión del procedimiento, con base en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la 1 Lo que se efectuó el once de marzo de dos mil veinte, reverso de la foja 58. 2 El cual se realizó el diecisiete de marzo de dos mil veinte, foja 65. 3 Se designó a Alejandro León Cortes, a quien se tuvo por aceptando y protestando el cargo en proveído de ocho de julio de dos mil veinte, foja 70. Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales antes la contingencia por el virus COVID-19; asimismo, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional correspondiente, la cual se llevó a cabo con el resultado consignado en el acta que antecede; y, quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda, en términos de los siguientes CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado fue dictado por una autoridad con sede en el lugar en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin??????????????? cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Con fundamento en el artículo 217 y sexto transitorio, ambos de la Ley de Amparo, en observancia obligatoria, sustenta lo anterior la jurisprudencia P./J.40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, el criterio P. VI/2004, sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el precepto citado y atendiendo además a los criterios señalados, el acto reclamado por la parte quejosa a la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar Oral del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, es: ? El proveído dictado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, dentro del juicio especial oral familiar??????????? 608/2018 que sobre guarda, custodia y convivencia con menor promovió José Raúl de la Rosa Linares frente a Daniela Avilés Morales. Auto en el que la Juez responsable decretó -entre otras cuestiones- que las convivencias entre José La Rosa Linares y su menor hija J.L.R.A se desarrollarían provisionalmente, ya no de manera libre sino ahora de manera supervisada hasta la conclusión del juicio, dentro de las instalaciones del Centro de Convivencia Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, los fines de semana de manera quincenal, los días sábados de las once a las catorce horas y los domingos de las diez a las doce horas. Tercero. Certeza del acto reclamado. La Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar Oral, aceptó la existencia del acto reclamado (foja 78). Lo que se corrobora con la prueba documental que acompañó a su informe justificado, consistente en copias certificadas del juicio especial oral familiar 608/2018 que sobre guarda, custodia y convivencia con menor promovió José Raúl de la Rosa Linares frente a Daniela Avilés Morales [un tomo]. Prueba con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte el proveído de diecinueve de febrero de dos mil veinte; de ahí que se tenga debidamente probado el mismo. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, corresponde examinar la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 814 emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a fojas 553, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, Materia Común, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese sentido, este juzgador advierte, de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XXII, de la Ley de Amparo.????????? Luego, a efecto de exponer las razones por las cuales se concluye en ese sentido, se estima conveniente traer a glosa la referida porción normativa, la cual es del tenor siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." De lo transcrito se advierte que la referida fracción establece que el juicio de amparo es improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado, no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. En este supuesto, la improcedencia deviene de un hecho extraordinario que no depende de la autoridad responsable, y que motiva que el objeto sobre el cual el acto reclamado debe subsistir, desaparezca, por lo que ya no es dable que el acto lesione a la parte quejosa. Situación ésta que ocurre en el caso, debido a que, si bien legalmente subsiste el acto reclamado [proveído dictado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, dentro del juicio especial oral familiar 608/2018], sus consecuencias ya no surten efecto legal alguno, con motivo del auto dictado el catorce de octubre del siguiente año, emitido por la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar. Se explica. De la lectura de la demanda de amparo, así como del análisis de sus anexos, se advierte que el quejoso reclama el proveído dictado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, dentro del juicio especial oral familiar 608/2018 que sobre guarda, custodia y convivencia con menor promovió José Raúl de la Rosa Linares frente a Daniela Avilés Morales. Auto en el que la Juez responsable decretó -entre otras cuestiones- que las convivencias entre José La Rosa Linares y su menor hija J.L.R.A se desarrollarían provisionalmente, ya no de manera libre sino ahora de manera supervisada hasta la conclusión del juicio, dentro de las instalaciones del Centro de Convivencia Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, los fines de semana de manera quincenal, los días sábados de las once a las catorce horas y los domingos de las diez a las doce horas. Por otro lado, este juzgador, en proveído de quince de octubre de dos mil veinte, basado en el hecho notorio, consistente en que el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud declaró a la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) como una emergencia de salud pública de interés internacional y emitió una serie de recomendaciones para su control, entre las que prevalecen el resguardo domiciliario corresponsable - limitación voluntaria de movilidad, permaneciendo en el domicilio particular el mayor tiempo posible- consideró que era evidente que se modificaron las cuestiones fácticas relacionadas al régimen de convivencias decretado por la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar????????????? en proveído de diecinueve de febrero de dos mil veinte, entre el quejoso y su menor hija. Por lo que, en aras de verificar si se actualizaba una posible causa de improcedencia, con fundamento en los artículos 75 de la Ley de Amparo y 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, requirió a la referida Juez para que dentro del improrrogable término de tres días, contado a partir de su notificación, informara, si derivado del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, modificó la modalidad de las convivencias entre el quejoso y su menor hija decretadas el diecinueve de febrero del año en curso; y, en su caso, remitiera las constancias respectivas. En cumplimiento a lo anterior, la Juez responsable, remitió copias certificadas del acuerdo de catorce de octubre del año en curso, el cual en la parte de interés es del tenor siguiente: "[.] Por lo que en observancia a tales lineamientos, a las circunstancias de la menor involucrada; y, mientras no se levante dicho distanciamiento, esta juzgadora decreta un régimen de convivencia para que de manera provisional pueda convivir con la menor (J.L.R.A.), con su progenitor José Raúl de La Rosa Linares, a través de los medios electrónicos de comunicación que se encuentren al alcance de los padres de dicha infante, para los fines de semana de cada quince días los sábados de las once a trece horas, así como para los días domingos de las diez a las doce horas, sin sales de casa; sin que se pase inadvertido que mediante proveído de fecha quince de septiembre de dos mil veinte, se le tuvo a la parte demandada por exponiendo que la menor cuenta con una tableta, que tiene el servicio de internet y la plataforma digital "Skype", así como proporcionando el correo electrónico avilesdaniela@gmail.com; lo anterior, a fin de poder materializar las convivencias". Del acuerdo transcrito se advierte que la Juez, en atención al brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19), modificó las convivencias que había decretado el diecinueve de febrero de dos mil veinte -reclamado en este juicio de amparo- para que ahora se realicen a través de los medios electrónicos de comunicación que se encuentren al alcance de los padres de la menor. Lo anterior, conduce a sostener que en la especie se actualiza la causal de improcedencia precisada, porque aun cuando subsiste auto de diecinueve de febrero de dos mil veinte -reclamado en este juicio de amparo-; el mismo no surtirá efecto legal ni material, al haberse dictado un nuevo proveído en el que se modificaron las convivencias. Es decir, no obstante la subsistencia del auto atribuido a la autoridad responsable, lo cierto es que ya no surte efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, en virtud que, al haberse modificado las convivencias como consecuencia fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, aun y cuando se determinara que el acto reclamado es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituirlo en el goce del derecho que se estime violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. No es obstáculo a lo anterior que la responsable hubiere determinado que la nueva medida subsistiría hasta en tanto se restablecieran las labores ordinarias del Poder Judicial del Estado de Michoacán (cuando las condiciones sanitarias lo permitieran), en la inteligencia que una vez ocurrido lo anterior, las convivencias se realizarían conforme a lo????????? establecido en auto de diecinueve de febrero de dos mil veinte [acto reclamado]; en primer lugar, porque la duración del referido fenómeno de salud es incierto; en segundo, porque dependiendo del desarrollo de la pandemia que nos aqueja, la juez puede ir tomando diversas decisiones o medidas. En ese contexto, el auto reclamado, no puede ser materia de pronunciamiento en este juicio de amparo, al dejar de existir el objeto o materia de la misma, pues ya no impacta en la esfera jurídica de la parte quejosa, por lo que no sería posible restituirlo en el goce del derecho vulnerado. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189, con número de registro 173858, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Lo cual no implica que el quejoso, una vez que la juez ordene la ejecución de las convivencias de conformidad a lo establecido en proveído de diecinueve de febrero de dos mil veinte [cuando se cumpla la condición relativa a que las condiciones sanitarias lo permitan], no pueda volver a impugnar el acuerdo correspondiente. En consecuencia, como en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, con apoyo además, en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, lo condúcete es sobreseer en el presente juicio de amparo. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema????????????? Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sin que lo anterior, cause alguna afectación al derecho de impartición de justicia de la parte quejosa, ya que este principio no tiene el alcance de dispensar a las partes de cumplir con los presupuestos procesales necesarios para acudir a los órganos jurisdiccionales con la finalidad de accionar los medios legales que tienen a su alcance en calidad de gobernados, pues con ello se verían afectadas las condiciones de igualdad procesal. Apoya lo anterior, el criterio que enseguida se transcribe, cuyo rubro y texto son: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de6 proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables."4 Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E 4 [TA]; 10a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2; Pág. 1587???? Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Raúl La Rosa Linares, por sí y en representación de su menor hija, contra el acto y autoridad que precisados quedaron en el considerando segundo de este fallo, por lo motivos expuestos en el diverso cuarto. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese por lista, personalmente a las partes y por oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en los estrados de éste órgano jurisdiccional, así como el proveído de seis de noviembre de dos mil veinte, de conformidad con el artículo 27 fracción I, fracción c) y 29 de la ley de amparo.

  4. Principal

    se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en la lista que se fija en los estrados de éste órgano jurisdiccional, así como en el sistema SISE, el proveído de seis de noviembre de conformidad con el artículo 27 fracción I, inciso c) y 29 de la ley de amparo.

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