José Ramón Rojas García

Expediente 51/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 34 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
51/2022
Año
2022
Actuaciones
34
Última actuación
23/09/2022

Partes del expediente

  • José Ramón Rojas García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 34.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que, por una parte se sobreseyó y por otra se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depurarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio, así como el original del incidente y transfiéranse éstos a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Finalmente, devuélvanse el tomo de prueba que la responsable aportó como sustento a su informe justificado, por ser innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 51/2022, promovido José Ramón Rojas García, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O : Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de enero de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, José Ramón Rojas García, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en La Piedad y de otras autoridades. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito, se registró con el número 51/2022, mediante proveído de veinte de enero de dos mil veintidós (foja 9), se admitió a trámite, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se dio vista a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. El veintidós de marzo de este año (foja 50) se tuvo al quejoso aclarando la denominación correcta de la autoridad que señaló como Delegado de la Comisión Nacional Bancaria, para en su lugar solicitar se emplazara al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; por ello, en la misma fecha se ordenó reenviar el oficio correspondiente a la autoridad con la denominación correcta. Luego, el diez de junio siguiente (foja 82), se reconoció el carácter de tercera interesada a la institución financiera denominada Banco Santander México Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, en su calidad de actora en el expediente sobre acto prejudicial mercantil del que deriva el acto reclamado. Seguido el juicio por su cauce legal, el veinticinco de julio de este año (foja 74) se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; así pues, se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado consistente en el aseguramiento de cuenta bancaria se está ejecutando en La Piedad, dado que dicha cuenta fue aperturada en ese sitio, en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, el acto reclamado y las autoridades responsables son: Acto reclamado: *La retención y aseguramiento sobre bienes del quejoso ordenada en el expediente 420/2021, que sobre acto prejudicial mercantil promovió Banco Santander México Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, la cual se ejecutó en una cuenta bancaria de la que es titular. Autoridades responsables: Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en La Piedad; Actuario adscrito a ese órgano jurisdiccional; y, Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado atribuido a las autoridades Actuario adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia, con residencia en La Piedad y al Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México, pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados que obran en las fojas 21 y 77, en el sentido que ellos no habían realizado acción alguna para ejecutar el acto reclamado y tampoco lo habían ordenado, en razón que legalmente no tienen atribuciones para hacerlo; además, el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México, aclaró que la negativa del acto a ella atribuido, no vinculaba a sus inferiores jerárquicos, pues cada autoridad responde por sus propios actos, de acuerdo con sus funciones específicas. Por tanto, atendiendo a las facultades establecidas competencialmente a las autoridades precisadas en esta consideración, debe tenerse inexistente el acto a ellas atribuido, ya que para determinar la certeza o la inexistencia de los actos que se atribuyan a las autoridades responsables, en principio se debe identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica. Consecuentemente, ante la inexistencia del acto reclamado a las autoridades responsables precisadas en esta consideración, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, única y exclusivamente por lo que respecta a ellas. Resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 181, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común Sexta Época, registro 804176, que establece: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en La Piedad, pues así lo manifestó la autoridad responsable al rendir su informe justificado (foja 23). Lo que se corrobora con las constancias que remitió como soporte de su informe justificado consistente en el original del expediente 420/2021, que sobre acto prejudicial mercantil promovió Banco Santander México Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México (las cuales obran por separado en un tomo de pruebas). Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Quinto. Análisis de causales de improcedencia. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Sexto. Estudio del concepto de violación. El promovente de amparo hizo valer el concepto de violación expuesto en su demanda, mismo que se tiene aquí por reproducido como si al efecto se transcribiese, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por Contradicción de Tesis 2a./J. 58/2010, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Así, en el único argumento que el quejoso formuló en sus conceptos de violación, aduce que el acto reclamado viola sus derechos fundamentales porque no se le ha llamado a ningún procedimiento legal o administrativo, ni se le ha hecho saber de dónde emana el supuesto crédito sin pagar o el concepto del mismo, lo que dice, vulnera su derecho de defensa para ser oído y vencido en juicio, ya que se le está privando de sus propiedades y posesiones, sin que se hubieran seguido las formalidades esenciales del procedimiento y sin que exista mandamiento escrito de autoridad que funde y motive la privación y desposesión como lo disponen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Concepto de violación que es infundado como a continuación se precisará. Para hacerlo, en primer término debe decirse que el acto reclamado consistente en la retención y aseguramiento sobre bienes del quejoso, deriva del expediente 420/2021, que sobre acto prejudicial mercantil promovió Banco Santander México Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, la cual se ejecutó en una cuenta bancaria de la que es titular. Dicha retención se emitió por el juez responsable, el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, como providencia precautoria mercantil al estimar en esencia que la petición de la parte solicitante se ajustaba a lo dispuesto en el artículo 1168, fracción II, incisos a) y b) del Código de Comercio y por ende, que procedía decretar la retención de bienes propiedad de Rogga de México, S.A. de C.V. y del quejoso, en su calidad de acreditada y obligado solidario, respectivamente. Por ello, se mandó ejecutar dicha medida por la cantidad de $49,376.18 (cuarenta y nueve mil trescientos setenta y seis 18/100 M.N.), conforme al crédito líquido exigible que se acreditó conforme al contrato de apertura de crédito simple en moneda nacional PYMES, que se exhibió; para ejecutarla, se mandó girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a fin de que se bloquearan las cuentas bancarias que se encontraran registradas a favor de Rogga de México, S.A. de C.V. y del quejoso. Luego, el once de enero del año en curso, el juez responsable tuvo a la parte solicitante de ese acto prejudicial, acreditando que presentó la demanda, en términos del artículo 1181 del Código de Comercio; de la misma forma, el veinte de enero siguiente, tuvo a la Directora General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos, informándole que había materializado el aseguramiento solicitado. Establecido el anterior panorama, lo que sigue es que este juzgador dilucide si como lo afirma el quejoso, si la retención y aseguramiento sobre bienes del quejoso, que deriva del expediente 420/2021, emitido como acto prejudicial mercantil, es un acto privativo, que requiera la satisfacción de la garantía de audiencia a la que alude. Para efecto de dar contestación a ese planteamiento, conviene primeramente señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que el derecho de audiencia, consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previa al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos y que el mismo requiere que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento, entre las que se encuentra la posibilidad de alegar en aquellos asuntos en los que se deba intervenir. Al respecto, se tiene también que el derecho de audiencia es reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 8.1., y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14.1., como la facultad de acudir a tribunales a defender la determinación de los derechos u obligaciones de carácter civil. Esta garantía judicial exige que ningún acto privativo pueda surtir efectos legales sin que previamente se dé oportunidad de defensa a la parte afectada y que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, que consisten en que se realice la notificación del inicio del procedimiento; que se otorgue la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas para la defensa; que se conceda la oportunidad de alegar y que se dicte una resolución que dirima las cuestiones debatidas; esto es, es el mandato de imperiosa obligación contenido en el artículo 14 constitucional, que obliga a cualquier autoridad a conceder dicha audiencia para afectar los derechos de los particulares. Además de esa definición conceptual, debe señalarse que en la construcción jurisprudencial que de esa institución jurídica ha realizado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vía interpretación judicial, ha definido sus alcances y sus limitaciones; esto es, qué es, para quién, para qué, sus alcances, modalidades y límites. Precisamente en esa construcción jurisprudencial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde la quinta época, señaló que se trataba de un derecho de los particulares no sólo frente a las autoridades administrativas y judiciales, (las que en todo caso deben ajustar sus actos a las leyes aplicables y, cuando éstas determinen en términos concretos la posibilidad de que el particular intervenga a efecto de hacer la defensa de sus derechos, conceder la oportunidad para hacer esa defensa), sino también frente a la autoridad legislativa. Ya desde esa temporalidad interpretó que se trataba de un derecho de los particulares (para quién), con el objeto de cumplir el mandato constitucional de consignar en sus leyes los procedimientos necesarios para que se escuchara a los interesados y se les diera oportunidad de defenderse, en todos aquellos casos en que pudieran resultar afectados sus derechos (para qué). Por lo que toca a los alcances, interpretó que esta garantía procesal no sólo consistía en notificar al particular que se presentara al procedimiento en que debiera tomar parte, sino que además era necesario que se le escuchara en defensa, lo que comprendía que se le diera oportunidad de aportar y desahogar todas las pruebas que conforme a derecho hubiere ofrecido; independientemente de que en la ley ordinaria que rige el procedimiento estuviera o no prevista la garantía de audiencia, ósea que, no solo comprendía el aspecto del llamado al juicio, sino también el dar al demandado la posibilidad de defensa, lo que comprendía la debida citación, el derecho de afirmación reconocido a las partes, el de poder probar y el de mantener la igualdad entre éstas. En tanto que, por lo que corresponde a sus modalidades, definió que podía ser previa o posterior al acto privativo; esto es, que bastaba que se otorgara al interesado la posibilidad de combatir o impugnar el acto, para considerar que los afectados fueron oídos en defensa antes de ser privados de sus propiedades, posesiones o derechos. Finalmente, como excepciones o límites de la garantía de audiencia, dijo que las encontrábamos expresamente establecidas en la Constitución y que la clásica era la que se refería a las expropiaciones por causa de utilidad pública, conforme al artículo 27 de la propia Constitución, en las que no se requiere la audiencia del particular afectado. Estas consideraciones las advertimos de los criterios que se insertan a continuación: Tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 233307, Séptima Época, Materias(s): Constitucional, Común, localizable en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen 50, Primera Parte, página 15, que dice: "AUDIENCIA, GARANTIA DE. PROTEGE CONTRA ACTOS DE CUALQUIER AUTORIDAD Y NO SOLO DE LAS JUDICIALES. No es verdad que el artículo 14 constitucional establezca la garantía de audiencia sólo para los juicios seguidos ante los tribunales, pues la establece contra cualquier acto de autoridad que pueda ser privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones y derechos, derive o no de juicio seguido ante tribunales o procedimientos ante cualquier autoridad, como se desprende, entre otras, de la Segunda Parte de la tesis jurisprudencial número 116, Tercera Parte, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación." Tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 818510, Séptima Época, Materias(s): Administrativa, localizable en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen 127-132, Tercera Parte, página 53, que dice: "GARANTÍA DE AUDIENCIA, ALCANCE DE LA. ADMISION DE PRUEBA. Para estimar satisfecha la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional no basta que la autoridad notifique al particular que se presente al procedimiento en que deba tomar parte o que él comparezca al mismo sin que se le llamare, sino además es necesario que se le oiga en defensa, lo que comprende que se le dé oportunidad de aportar y desahogar todas las pruebas que conforme a derecho hubiere ofrecido; independientemente de que en la ley ordinaria que rige el procedimiento esté o no prevista la garantía de audiencia." Así como la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 233084, Séptima Época, Materias(s): Constitucional, Administrativa, localizable en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen 66, Primera Parte, página 77, que dice: "AUDIENCIA, GARANTIA DE, EN MATERIA IMPOSITIVA. NO ES NECESARIO QUE SEA PREVIA. Teniendo un gravamen el carácter de impuesto, por definición de la ley, no es necesario cumplir con la garantía de previa audiencia establecida en el artículo 14 constitucional, ya que el impuesto es una prestación unilateral y obligatoria y la audiencia que se puede otorgar a los causantes es siempre posterior a la aplicación del impuesto, que es cuando existe la posibilidad de que los interesados impugnen, ante las propias autoridades, el monto y cobro correspondiente, y basta que la ley otorgue a los causantes el derecho a combatir la fijación del gravamen, una vez que ha sido determinado, para que en materia hacendaria se cumpla con el derecho fundamental de audiencia, consagrado por el artículo 14 constitucional, precepto que no requiere necesariamente, y en todo caso, la audiencia previa, sino que, de acuerdo con su espíritu, es bastante que los afectados sean oídos en defensa antes de ser privados de sus propiedades, posesiones o derechos." Tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 323723, Quinta Época, Materias(s): Constitucional, localizable en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXXX, página 3819, que dice: "AUDIENCIA, GARANTIA DE. Haciendo un análisis detenido de la garantía de audiencia para determinar su justo alcance, es menester llegar a la conclusión de que si ha de tener verdadera eficacia, debe constituir un derecho de los particulares no sólo frente a las autoridades administrativas y judiciales, (las que en todo caso deben ajustar sus actos a las leyes aplicables y, cuando éstas determinen en términos concretos la posibilidad de que el particular intervenga a efecto de hacer la defensa de sus derechos, conceder la oportunidad para hacer esa defensa), sino también frente a la autoridad legislativa, de tal manera que ésta quede obligada, para cumplir el expreso mandato constitucional, a consignar en sus leyes los procedimientos necesarios para que se oiga a los interesados y se les dé oportunidad de defenderse, en todos aquellos casos en que puedan resultar afectados sus derechos. De otro modo, de admitirse que la garantía de audiencia no rige para la autoridad legislativa y que ésta puede en sus leyes omitirla, se sancionaría la omnipotencia de tal autoridad y se dejaría a los particulares a su arbitrio, lo que evidentemente quebrantaría el principio de la supremacía constitucional, y sería contrario a la intención del Constituyente, que expresamente limitó, por medio de esa garantía, la actividad del Estado, en cualquiera de sus formas. Esto no quiere decir, desde luego, que el procedimiento que se establezca en las leyes, a fin de satisfacer la exigencia constitucional de audiencia del interesado, cuando se trate de privarle de sus derechos, tenga necesariamente los caracteres del procedimiento judicial pues bien pueden satisfacerse los requisitos a que se contrae la garantía, mediante un procedimiento entre las autoridades administrativas, en el cual se dé al particular afectado, la oportunidad de hacer su defensa y se les otorgue un mínimo de garantías que le aseguren la posibilidad de que, rindiendo las pruebas que estime convenientes, y formulando los alegatos que crea pertinentes, aunque no tenga la misma formalidad que en el procedimiento judicial, la autoridad que tenga a su cargo la decisión final, tome en cuenta tales elementos, para dictar una resolución legal y justa. A esta conclusión se llega atendiendo al texto del artículo 14 de la Ley Fundamental, a sus interpretación jurídica y al principio de la supremacía constitucional y de ella se desprende como corolario, que toda ley ordinaria que no consagre la garantía de audiencia en favor de los particulares, en los términos a que se ha hecho referencia, debe ser declarada anticonstitucional. De esta manera, y siempre que se reúnan los requisitos técnicos el caso, en cuanto a que se impugne en la demanda, no ya la correcta o incorrecta aplicación de la ley sino la validez constitucional de la misma, es procedente que el Poder Judicial Federal a través del juicio de amparo, no sólo examine si el procedimiento seguido por las autoridades se ajusta, o no, a la ley aplicable, y si en él se dio al interesado la oportunidad de ser oído y defenderse, si no también si la ley misma concede al propio interesado esa oportunidad y de esa manera determinar su constitucionalidad frente a la exigencia del artículo 14. Un primer supuesto que condiciona la vigencia de esa garantía, que viene siendo una condición "sine qua non", es el de que exista un derecho de que se trate de privar al particular, ya que tal es la hipótesis prevista por el artículo 14. "Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, etcétera ... ". Esto quiere decir que cuando no existe ningún derecho, no puede haber violación a la garantía de audiencia, porque entonces falta el supuesto que condiciona la vigencia de la misma, y no pueden producirse las consecuencias que prevé el precepto constitucional que la establece. Así sucede, por ejemplo, en aquellos casos en que el particular tiene un interés, pero no un derecho; es titular de los que se llamen "intereses simples", o sea, intereses materiales que carecen de titular jurídica, pero no tiene un derecho subjetivo que pueda hacer valer frente a las autoridades y los demás particulares. Así sucede cuando los particulares están disfrutando del ejercicio de una facultad de soberanía, que corresponde el Estado, y que éste les ha delegado temporalmente por estimar que de esa manera se obtenía una mejor satisfacción de las necesidades colectivas que estaban a su cargo, como pasa con facultades como las de la policía sanitaria, transportes de correspondencia y otras semejantes. Un segundo supuesto para que opere la garantía que se examina, es el de que la audiencia sea realmente necesaria, que la intervención del particular en el procedimiento que puede culminar con la privación de sus derechos, a fin de hacer la defensa de sus intereses, sea de verdad indispensable. En efecto, la audiencia de que se trata (que también ha sido llamada "La colaboración del particular" en el procedimiento), consiste fundamentalmente en la oportunidad de que se concede al particular para intervenir con objeto de hacer su defensa, y esa intervención se concreta, en dos aspectos esenciales: la posibilidad de rendir pruebas, que acrediten los hechos en que se finque la defensa y la de producir alegatos, para apoyar, con las argumentaciones jurídicas que se estimen pertinentes, esa misma defensa. Esto supone, naturalmente la necesidad de que haya hechos qué probar y datos jurídicos qué determinar con claridad para que se proceda a la privación de esos derechos, porque de otra manera, cuando esa privación se realiza tratándose de procedimientos seguidos por la autoridad administrativa sobre la base de elementos claramente predeterminados en la ley, de una manera fija, de tal suerte que a la propia autoridad no le quede otro camino que el de ajustarse a los estrictos términos legales, sin que haya margen alguno en que pueda verter su arbitrio, la audiencia resulta prácticamente inútil, ya que ninguna modificación se podrá aportar. Un tercer supuesto para que entre en juego la garantía de audiencia es el de que las disposiciones del artículo 14 que la reconocen y consagran, no están modificados por otro precepto de la Constitución Federal, como acontece en el caso de las expropiaciones por cause de utilidad pública a que se refiere el artículo 27 de la propia Constitución, en las que, como se ha establecido jurisprudencialmente, no se requiere la audiencia del particular afectado. Quedan así precisados los supuestos que condicionan la vigencia de la garantía que se examina y que señalan, al mismo tiempo, los límites de su aplicación." Además de lo anterior, para la resolución de este asunto, conviene tener en cuenta dos supuestos que condicionan la vigencia de esta garantía procesal, a saber: 1 Solo opera respecto de actos privativos, no así por lo que toca a los actos de molestia; y, 2. Necesariamente tiene que existir un derecho que se pretenda privar al particular. Con relación a que el derecho de audiencia solo opera respecto de los actos privativos, debe primeramente distinguirse entre ambos actos; así, los primeros (actos privativos) son los que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado y se autorizan solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, los actos de molestia son aquéllos que, pese a constituir afectación en la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, se autorizan siempre y cuando preceda mandamiento escrito emitido por autoridad competente debidamente fundado y motivado. Por tanto, para poder distinguir entre los actos de molestia y los privativos, debe advertirse la finalidad que se persigue con la emisión del acto de autoridad, es decir, si sólo se restringe de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, se está ante un acto de molestia, cuya legalidad está supeditada principalmente a su debida fundamentación y motivación, así como los restantes requisitos previstos en el primer párrafo, del artículo 16 constitucional. Mientras que los actos privativos son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, el cual se autoriza únicamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14 de la Ley Fundamental. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 40/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Julio de 1996, Novena Época, registro 200080, de rubro y texto: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional.". Así como también, se cita al respecto la tesis emitida por la Segunda Sala del más Alto Tribunal del País, visible en la página 15, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 81, Tercera Parte, Séptima Época, registro 238355, de rubro y texto: "AUDIENCIA Y SEGURIDAD JURÍDICA, GARANTÍAS DE. ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA DE BIENES O DERECHOS. DISTINCIÓN. ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES. En los términos del artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, la audiencia previa a la emisión del acto de autoridad y el debido proceso legal, como garantías del gobernado, son de observancia obligatoria únicamente tratándose de actos privativos, sea de la vida, de la libertad, de propiedades, posesiones o derechos de los particulares, mas no así cuando se trata de actos de molestia que no tengan la finalidad de privar al afectado de alguno de sus bienes o derechos, pues tales actos se rigen solamente por la garantía de seguridad jurídica (fundamentación y motivación) que establece el artículo 16 constitucional.". Por tanto, solo es necesario que se satisfaga la garantía de audiencia, cuando se trate de un auténtico acto privativo, entendido como el que menoscabe o suprima definitivamente un derecho. Respecto del segundo supuesto que condiciona la vigencia de la garantía de audiencia, referente a que para otorgarla, necesariamente tiene que existir un derecho que se pretenda privar al particular, debe decirse que constituye una condición "sine qua non", el que exista un derecho de que se trate de privar al particular, ya que tal es la hipótesis prevista por el artículo 14 Constitucional al señalar que "Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, etcétera ..."; lo que entendido en términos simples, nos permite afirmar que la garantía procesal de audiencia, no es sino un vehículo a través del cual se montan otros derechos, como la libertad, la propiedad, por mencionar algunos, para su defensa en juicio. Esto quiere decir que cuando no existe ningún derecho, no puede haber violación a la garantía de audiencia, porque entonces falta el supuesto que condiciona la vigencia de la misma y no pueden producirse las consecuencias que prevé el precepto constitucional que la establece; así sucede, por ejemplo, en aquellos casos en que el particular tiene un interés, pero no un derecho; es titular de los que se llaman "intereses simples" o sea, intereses materiales que carecen de titularidad jurídica, porque no están sustentados en un derecho subjetivo que se pueda hacer valer frente a las autoridades y los demás particulares. Bajo las anteriores consideraciones, el suscrito juzgador estima que la retención y aseguramiento sobre bienes del quejoso, que deriva del expediente 420/2021, emitida como acto prejudicial mercantil, no es un acto privativo que requiera la satisfacción de la garantía de audiencia. Se afirma lo anterior, ya que los actos prejudiciales constituyen procesalmente hablando, medidas provisionales que no entrañan propiamente un acto de privación, en la medida que no tienen por objeto fundamental sustraer definitivamente algún derecho del patrimonio del gobernado; por lo contrario, constituyen medidas que tienen por objeto preservar la materia de un juicio, a partir de la fecha de presentación de la solicitud de la medida y hasta la fecha en que el Juez deje sin efecto la providencia decretada ante la falta de presentación de la demanda, denuncia o querella, o bien, hasta la conclusión del juicio correspondiente. Así, los fines de las medidas cautelares consisten en evitar que resulte inútil la sentencia de fondo de un juicio con motivo del plazo inevitable por el cual se prolonga el procedimiento hasta la resolución definitiva de la controversia y en lograr que la sentencia de fondo tenga eficacia práctica. Por lo mismo, dichas medidas tienden a mantener una situación de hecho existente, es decir, se traducen en medidas de tipo conservativo que procuran evitar que resulte inútil la sentencia de fondo y lograr que la misma tenga eficacia práctica, que no es otra, que la solvencia del futuro demandado. En el caso específico, las medidas establecidas en el Código de Comercio, se dictan ante el temor fundado de que los bienes que se hayan consignado como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar una acción real, se dispongan, oculten, dilapiden, enajenen o sean insuficientes y tratándose de acciones personales, siempre que la persona contra quien se pida no tuviere otros bienes que aquellos en que se ha de practicar la diligencia, y exista temor fundado de que los disponga, oculte, dilapide o enajene. De hecho, el propio Código de Comercio, establece una presunción legal cuando se solicita la medida respecto de dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, u otros bienes fungibles, en el sentido que existe riesgo de que los mismos sean dispuestos, ocultados o dilapidados, salvo que el afectado con la medida garantice el monto del adeudo. Sin embargo, las mismas cuentan con la nota de provisionalidad, porque su vigencia está sujeta a diversos requisitos legales impuestos por el propio Código de Comercio, a saber: Si una vez ejecutada la providencia precautoria antes de ser promovida la demanda, el que la pidió no la presenta dentro de tres días y no lo acredita ante el juzgador que concedió la providencia, debe dejarse sin efectos, en términos del artículo 1181; o, Si el demandado consigna el valor u objeto reclamado, da fianza o garantiza con bienes raíces suficientes el valor de lo reclamado, también se levantará la providencia que se hubiere dictado, en términos del numeral 1179. En específico la retención de bienes se trata pues de una medida de carácter provisional, que básicamente se actualiza cuando existe temor fundado de que los bienes que se hayan consignado como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar una acción real, se dispongan, oculten, dilapiden, enajenen o sean insuficientes y cuya eficacia quedará subordinada al curso de dicho juicio y a las defensas que hagan valer dentro del mismo. Bajo las anteriores consideraciones, el acto del que se duele el quejoso no se trata de un acto privativo, sino de un acto de molestia provisional, en la medida que la restricción al numerario que contienen sus cuentas bancarias, es provisional o preventivo; sin embargo, su legalidad está supeditada, como ya se dijo, a las resultas del juicio mercantil que instauró en su contra Banco Santander México Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México; por ello, contrario a lo que aduce la parte quejosa, dicho acto no requiere la satisfacción de la garantía de audiencia, previo a su emisión, sino únicamente su debida fundamentación y motivación, así como los restantes requisitos previstos en el primer párrafo, del artículo 16 constitucional. Se invoca como criterio orientador la tesis aislada emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo LVIII, Página 386, Quinta Época, registro 356246, que dice: "PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN LOS JUICIOS MERCANTILES, NATURALEZA DE LAS. Las providencias precautorias constituyen un secuestro judicial, para asegurar bienes del deudor, que puedan solventar los resultados del juicio, y las mismas constituyen embargos preventivos con efectos procesales, durante la secuela del procedimiento, los cuales, al pronunciarse la sentencia ejecutoria, se transforman en secuestros formales, para la ejecución de la sentencia respectiva, dejando de tener entonces el carácter procesal de medidas provisionales, para constituir embargos formales. En vista de estas características, cuando se ha dictado sentencia ejecutoria en el juicio, que ordinariamente lo es la de segunda instancia, en juicios de mayor cuantía, desaparecen las características procesales de las providencias precautorias y, por lo mismo, jurídicamente puede afirmarse que desaparece la posibilidad de seguir el procedimiento de reclamación a que el Código de Comercio se refiere, y de resolverlo para decidir si la providencia precautoria, es o no legal, pues la misma ha dejado de surtir efectos jurídicos, para convertirse en un embargo formal, que sólo puede atacarse por los terceros extraños al juicio haciendo uso de la tercería excluyente de dominio, en la cual pueden tratarse todas las cuestiones relativas a propiedad y a la eficacia de los títulos de la misma, que pudieran aducirse por las partes, por constituir un juicio propiamente dicho." Así como la diversa tesis aislada P. IX/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, página 115, Novena Época, registro 199503, que dice: "MEDIDA PRECAUTORIA. SU DECRETAMIENTO O LEVANTAMIENTO NO REQUIERE DE AUDIENCIA PREVIA. El artículo 1180 del Código de Comercio contempla el derecho del demandado para que se levante la medida precautoria decretada en su contra correlativa de la obligación del Juez de hacer pronunciamiento en ese sentido, cuando se surtan los supuestos siguientes: a) Que se consigne por el deudor, solicitante del levantamiento de la medida precautoria, el valor y objeto reclamado; b) Que se dé fianza bastante a juicio del Juez; y, c) Que se acredite que tiene bienes raíces suficientes para responder del éxito de la demanda. Así, puede concluirse que para decretar una medida precautoria el ordenamiento legal en análisis no impone al Juez la obligación de oír previamente al afectado, dado que su naturaleza y finalidad de asegurar el éxito de la demanda, arraigando a la persona o secuestrando sus bienes, no se cumpliría si hubiera dilación derivada de la intervención previa del deudor, o bien no se lograría el secuestro porque el deudor podría ocultar, dilapidar o enajenar sus bienes antes de que la medida se ejecutara. Por otra parte, aunque el actor o solicitante de la medida tampoco tiene intervención previa al dictado de la resolución que levanta la medida precautoria, ello no es violatorio de garantías porque de cualquier modo queda asegurado que el actor podrá hacer efectivo su crédito, toda vez que en el caso de la consignación, el valor u objeto reclamado es puesto a disposición del Juez; en el supuesto de que se otorgue fianza suficiente, esta forma de garantizar lo reclamado sustituye a la providencia precautoria y es un medio eficaz de responder con seguridad, del éxito de la demanda; y finalmente, si el deudor acredita que tiene bienes raíces suficientes para responder de las prestaciones que se le reclaman, con ello desaparece o se desvirtúa el supuesto de procedencia de la medida precautoria, consistente en que, cuando la acción sea personal, el deudor no tuviere otros bienes que aquellos en que se ha de practicar la diligencia. De ahí que en todos los supuestos, con el levantamiento de la medida precautoria no se deja al acreedor sin la seguridad de que cuando se pronuncie sentencia ejecutoria a su favor, pueda hacer el cobro de su crédito." Por todo lo anterior y ante lo infundado del único concepto de violación, se impone al suscrito juzgador, negar el amparo y protección de la justicia federal. Séptimo. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Por las razones expresadas en el considerando tercero de la presente resolución, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por José Ramón Rojas García, contra el acto reclamado a las autoridades responsables ahí precisadas. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Ramón Rojas García, en contra del acto y autoridad que precisados quedaron en el considerando sexto de esta ejecutoria y por las razones expuestas en el diverso quinto. Tercero. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Isela Estefania Bueno Gallegos, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA. EN MORELIA, MICHOACÁN, A PRIMERA HORA HÁBIL DEL UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, EL SUSCRITO LICENCIADO ALBERTO PONCE AVENDAÑO, ACTUARIO DEL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, NOTIFIQUÉ POR LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO FEDERAL Y EN EL SISTEMA SISE, A LA PARTE TERCERA INTERESADA INSTITUCION BANCARIA BANCO SANTANDER MEXICO SOCIEDAD ANONIMA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO CON RESIDENCIA EN ZAMORA MICHOACAN, LA SENTENCIA Y/O RESOLUCION DE TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS, LO ANTERIOR ES ASÍ, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN III, INCISO A), EN RELACION CON EL 29, DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE.-

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA. EN MORELIA, MICHOACÁN, A PRIMERA HORA HÁBIL DEL UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, EL SUSCRITO LICENCIADO ALBERTO PONCE AVENDAÑO, ACTUARIO DEL JUZGADO SÉPTIMO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, NOTIFIQUÉ POR LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO FEDERAL Y EN EL SISTEMA SISE, A LA PARTE QUEJOSA JOSE RAMON ROJAS GARCIA, LA SENTENCIA Y/O RESOLUCION DE TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS, LO ANTERIOR ES ASÍ, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN III, INCISO A), EN RELACION CON EL 29, DE LA LEY DE AMPARO. DOY FE.-

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