José Raúl La Rosa Linarez

Expediente 226/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
226/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
13/01/2021

Partes del expediente

  • José Raúl La Rosa Linarez y Otros.
  • Daniela Avilés Morales
  • José Raúl La Rosa Linarez

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la resolución de doce de noviembre de dos mil veinte, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Devuélvase a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta ciudad, la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización emitida por el Secretario de la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, según oficio CR./CJD./015/4283/2020 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 226/2020, promovido por José Raúl La Rosa Linares, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el dos de marzo de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, José Raúl La Rosa Linares, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 17 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de la ONU. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que en proveído de tres de marzo de dos mil veinte, la admitió a trámite y la registró bajo el número de expediente 226/2020, se requirió a las autoridades responsables su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se fijó fecha y hora para el verificativo de la audiencia constitucional. Posteriormente, mediante proveído de diecisiete de marzo de dos mil veinte, se reconoció carácter de tercera interesada a Daniela Avilés Morales, en cuanto parte demandada en el juicio de origen [foja 59]; por lo que con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se ordenó su emplazamiento. De igual forma, en términos del numeral 8º, de la Ley de Amparo, se designó como representante especial de la menor de iniciales J.L.R.A., a Olivia Benítez Reyes, Asesora Jurídica Federal del Instituto Federal de Defensoría Pública, adscrita a la Delegación en Michoacán, quien en su oportunidad presentó sus alegatos respectivos. Luego, derivado de la contingencia por el virus COVID-19, y con apoyo en los diversos acuerdos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal el procedimiento se suspendió del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. Tercero. Reanudación de términos y plazos legales. En auto de diez de agosto de dos mil veinte, se levantó la suspensión del procedimiento, con base en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional correspondiente, la cual se llevó a cabo con el resultado consignado en el acta que antecede; y, ahora procede resolver de acuerdo a las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción II, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que los actos reclamados se atribuyen a autoridades con residencia en el lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, los actos reclamados por la parte quejosa consisten en: La vista ordenada en auto de veintinueve de enero de dos mil veinte, dentro del juicio especial oral familiar 608/2018, para que la agente del Ministerio Público de la adscripción persiguiera el desacato a la orden judicial en que incurrió José Raúl La Rosa Linares con motivo de la retención de la menor de iniciales J.L.R.A. Acto que atribuyó a la Juez Segundo Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán. La integración de una carpeta de investigación penal en su contra, por la comisión del delito de desacato. Mismo que atribuyó a la agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Segundo Oral Familiar de Morelia, Michoacán. Los actos derivados de la vista otorgada, tendientes a integrar una carpeta de investigación penal en su contra, por la comisión del delito de desacato a una orden judicial con motivo de la retención de la menor antes citada. El cual atribuyó al Director de la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía Coordinadora de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Inexistencia de los actos reclamados. La agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Segundo Oral Familiar de Morelia, Michoacán, así como el Director de la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía Coordinadora de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, al rendir sus respectivos informes justificados [fojas 56 y 64], negaron la existencia de los actos que se les reclaman, consistentes en la integración de una carpeta de investigación por el delito de desacato a una orden judicial, con lo cual se dio vista a las partes para que se impusieran de su contenido. No obstante lo anterior, el promovente del amparo no aportó probanza alguna tendente a desvirtuar la negativa de las autoridades responsables en cita, aun cuando se le dio vista con los informes justificados, a pesar de que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, era su obligación. Es aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, Novena Época, registro 187728, de rubro y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." De modo que, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades señaladas en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, única y exclusivamente por lo que respecta a las autoridades de que se trata. Resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 181, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común Sexta Época, registro 804176, que establece: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarta. Certeza de los actos reclamados. La Juez Segundo en Materia Oral Familiar del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, aceptó la existencia del acto reclamado [foja 58], consistente en la vista ordenada a la agente del Ministerio Público de su adscripción mediante auto de veintinueve de enero de dos mil veinte, lo cual se corrobora con las constancias relativas al juicio ordinario oral familiar 608/2018, que adjuntó a su informe justificado [un tomo de pruebas]. Documentales que adquieren valor probatorio pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Quinta. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814, visible a foja 553, tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro: 394770, que a la letra expresa: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En la especie, respecto del acto del cual se acreditó su existencia, este juzgador advierte -de oficio- que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Dicho numeral y fracción establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" Del artículo y fracción transcritos se obtiene que, los juicios constitucionales se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, debiéndose entender por ésta, aquélla que aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre y cuando se alegue violación a los derechos reconocidos por la constitución, en virtud del acto de autoridad que se reclama, el cual habrá de trascender en la esfera jurídica del quejoso, de manera directa (interés jurídico). Así, se tiene que el "interés jurídico", desde un punto de vista general, es la pretensión que se encuentra reconocida por las normas de derecho que tienden a satisfacer las necesidades fundamentales de los individuos y grupos sociales, está referido a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, de manera que sólo el sujeto de esos derechos puede acudir al juicio de amparo. Siendo la base del concepto anterior, la noción de derecho subjetivo, se precisa su titularidad. A partir de ello, se da la facultad de exigir, siendo correlativa de un deber jurídico, que implica cumplir con esa exigencia. Luego, si existe una violación o desconocimiento, ello representa el incumplimiento de la obligación. De esta manera, el agravio es entendido como toda restricción o privación de un derecho o imposición de un deber que ordena o realiza una autoridad del estado. De acuerdo con los criterios que existían por parte del Poder Judicial de la Federación, antes de la reforma de seis de junio de dos mil once, al texto constitucional, para efectos de demostrar el interés jurídico, era necesario que alguna norma reconociera la posibilidad de que la parte quejosa pudiera hacer o dejar de hacer algo, o lo beneficiara con una situación jurídica determinada, para que ante la existencia de algún acto concreto de autoridad que vulnerara ese derecho jurídicamente tutelado, procediese el juicio de amparo para reclamar su discrepancia con la ley fundamental. La definición de interés jurídico para efectos del juicio de amparo, se puede advertir de la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 1a. /J. 168/2007, en la página 225, del Tomo XXVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de Enero de 2008, Novena Época, registro 170500, del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados.". En efecto, para acreditar el interés jurídico necesariamente el promovente del juicio de amparo debe demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Hechas las anteriores precisiones, tenemos que en el caso, el quejoso reclama la vista otorgada por la juez responsable dentro del juicio especial oral familiar 608/2018, para que la agente del Ministerio Público de la adscripción, en el ámbito de su competencia, persiga el desacato a la orden judicial en que incurrió el aquí quejoso, con motivo de la retención ilegal de la menor de iniciales J.L.R.A. Sin embargo, como se adelantó, este órgano jurisdiccional considera que el quejoso carece de interés jurídico para promover el presente juicio de amparo. Para explicar lo anterior, es necesario precisar que, en efecto, de conformidad con lo que dispone el artículo 925javascript:AbrirModal(1) del Código Familiar para el Estado de Michoacán, los tribunales, para hacer cumplir sus determinaciones puede emplear, a discreción, cualquiera de los medios de apremio ahí establecidos. Dicho numeral es del tenor siguiente: "Artículo 925. Los tribunales, para hacer cumplir sus determinaciones, pueden emplear, a discreción, los siguientes medios de apremio: I. La multa hasta de veinticinco veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que podrá duplicarse en caso de reincidencia; II. El auxilio de la fuerza pública; III. El cateo por orden escrita; y, IV. El arresto hasta por treinta y seis horas y por una sola ocasión. Si fuere insuficiente el apremio, se procederá a dar vista al ministerio público para que, en el ámbito de su competencia persiga el desacato a la orden judicial de que se trate." De suerte que, conforme a lo dispuesto en el precepto transcrito, es la juez natural en quien radica la legitimación de decidir si la conducta de las partes procesales amerita ser objeto de disciplina y de imposición de algún medio de apremio, a efecto de hacer cumplir sus determinaciones, o si ello fuere insuficiente, dar vista al Ministerio Público. En relación con la vista otorgada por la juez de los autos a la agente del Ministerio Público de su adscripción, se considera necesario precisar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 1647/2013, estableció que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se daba a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido sostuvo que, indudablemente, no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no se le irroga al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión. Ello, -puntualizó- porque de estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. Las anteriores consideraciones se encuentran plasmadas en la tesis 1a. CXXXV/2004, visible en la página 351 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 2004, Novena Época, registro 180028, del epígrafe y texto: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." De tal suerte que, si la Suprema Corte ya estableció que el amparo promovido contra lo que en ese tiempo se le conoció como integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal es improcedente, ya que dicha fase procedimental no le irrogaba al quejoso perjuicio alguno, con mayor razón, no podemos concluir que el aquí quejoso cuente con un derecho que le asista para plantear una demanda de amparo en contra de la determinación de la juez natural de dar vista a la agente del Ministerio Público de la adscripción, a efecto de que, en el ámbito de su competencia, persiga el desacato a la orden judicial en que considera incurrió dentro del juicio ordinario familiar de origen. Lo anterior es así, tomando en cuenta que la vista otorgada no implica per se, la integración de la carpeta de investigación por desacato a un mandato judicial que reclama el quejoso, además, debe señalarse que dicha vista no es imperativa, es decir, ello no prejuzga en manera alguna sobre la responsabilidad penal del peticionario del amparo; o en su caso, la obligación de integrar la carpeta en su contra. En esa virtud, sería contrario a las reglas de la lógica y al raciocinio tener por ciertos los actos consistentes en la integración de una carpeta por desacato, puesto que no se tiene convicción de que lo sean y luego analizar si son o no inconstitucionales en sí mismos, sobre todo porque los actos a que alude el quejoso son de realización futura e incierta. En consecuencia, al no haberse acreditado el interés jurídico, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo cual conduce a sobreseer en el juicio, de conformidad con lo previsto en el numeral 63, fracción V, de la mencionada ley. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sin que en el caso proceda suplir la suplencia de la queja, como lo solicita el quejoso, pues no se actualiza supuesto alguno del artículo 79 de la Ley de Amparo. En efecto, dicho numeral establece: "Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en normas generales que han sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito. La jurisprudencia de los Plenos de Circuito sólo obligará a suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios a los juzgados y tribunales del circuito correspondientes; II. En favor de los menores o incapaces, o en aquellos casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia; III. En materia penal: a) En favor del inculpado o sentenciado; y b) En favor del ofendido o víctima en los casos en que tenga el carácter de quejoso o adherente; IV. En materia agraria: a) En los casos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de esta Ley; y b) En favor de los ejidatarios y comuneros en particular, cuando el acto reclamado afecte sus bienes o derechos agrarios. En estos casos deberá suplirse la deficiencia de la queja y la de exposiciones, comparecencias y alegatos, así como en los recursos que los mismos interpongan con motivo de dichos juicios; V. En materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el derecho administrativo; VI. En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación evidente de la ley que lo haya dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo 1o de esta Ley. En este caso la suplencia sólo operará en lo que se refiere a la controversia en el amparo, sin poder afectar situaciones procesales resueltas en el procedimiento en el que se dictó la resolución reclamada; y VII. En cualquier materia, en favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio. En los casos de las fracciones I, II, III, IV, V y VII de este artículo la suplencia se dará aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. En estos casos solo se expresará en las sentencias cuando la suplencia derive de un beneficio. La suplencia de la queja por violaciones procesales o formales sólo podrá operar cuando se advierta que en el acto reclamado no existe algún vicio de fondo". Del contenido del numeral transcrito se advierte que el impetrante del juicio de amparo no se encuentra en ninguno de los casos en los que la ley de la materia autoriza la suplencia, por lo que este juzgador está impedido para hacerlo. Ello, porque el acto reclamado no se funda en normas generales que hayan sido consideradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Plenos de Circuito; no es menor o incapaz ni se afecta el orden y desarrollo de la familia; tampoco tiene el carácter de inculpado, sentenciado, ofendido o víctima; no es ejidatario ni comunero; y, no es trabajadora. Además, no se advierte que haya habido contra el quejoso una violación evidente de la ley que lo hubiere dejado sin defensa por afectar los derechos previstos en el artículo primero de la Ley de Amparo; tampoco acredita dicho peticionario que por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentre en clara desventaja social para su defensa pues como quedó precisado, comparece en su carácter de parte actora en el juicio de origen. En tal virtud, como el quejoso no acreditó su interés jurídico, se impone sobreseer en el juicio de amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, fracción IV, 35, 37, 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, se R E S U E L V E: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Raúl La Rosa Linares, contra los actos y autoridades precisados en la consideración segunda; y en términos de lo expuesto en las diversas tercera y quinta de esta sentencia. Segundo. Publíquese el presente fallo en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese personalmente, y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy doce de noviembre de dos mil veinte, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica a la tercera interesada por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, la sentencia de doce de noviembre de dos mil veinte, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto de doce de noviembre de dos mil veinte, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo

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