José Raúl La Rosa Linares

Expediente 1043/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1043/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
15/10/2019

Partes del expediente

  • José Raúl La Rosa Linares

Actuaciones

  1. Principal

    Se notifica a la parte Quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, lo determinado en proveído de catorce de octubre de dos mil diecinueve, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo dictado el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, por el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Marco Antonio Aguilar Cortés, apoderado jurídico de José Raúl La Rosa Linares, sin que lo haya realizado. Por tanto, como la parte quejosa no interpuso queja contra el auto mencionado; con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles se declara que dicho auto causa estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo Conjunto Número 1/2009, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Con fundamento en el punto segundo, fracción XXIX y décimo primero del citado acuerdo, se considera que el presente asunto no tiene valor histórico o relevancia documental, ya que no se trata de un asunto relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni es un conflicto laboral colectivo trascendente; ni se dictaron resoluciones que tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Transfiérase el presente expediente a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurran tres años, de conformidad con el punto décimo, fracción I, del acuerdo en cita. Ahora, como de autos se advierte que obran documentos exhibidos por la parte quejosa, con fundamento en el punto décimo primero, tercer párrafo, capítulo tercero, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días, acuda a este juzgado a solicitar su devolución, apercibido que en caso de no hacerlo en dicho término, los documentos correrán la misma suerte que tenga en presente expediente. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Marco Antonio Aguilar Cortés, apoderado jurídico de José Raúl La Rosa Linares, carácter que tiene reconocido en el diverso juicio de amparo 973/2019, del índice de este juzgado, del cual anexa copia simple del poder notarial exhibido en el diverso expediente para realizar la certificación correspondiente del mismo, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1043/2019. Ahora bien, la parte promovente señala como acto reclamado el siguiente: "El acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve y con sus efectos que de hecho y de derecho ocasionen" De lo narrado en la demanda de amparo por la parte quejosa, arguye que el auto de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, dictado por la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en esta ciudad, dentro del juicio familiar 608/2018, de su índice, refiere que acordó lo siguiente: " Visto el ocurso de diecisiete del mes actual presentado por Daniela Avilés Morales, atendiendo a su contendio, se le tiene efectuando las manifestaciones que precisa en el sentido de que la menor Julietta La Rosa Avilés no fue presentada a las convivencias los días catorce y quince de septiembre del año en curso en el Centro de Convivencia Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; por lo cual, como lo solicita la promovente, se ordena requerir mediante notificación personal a José Raúl La Rosa Linares, para que en los términos del acuerdo de fecha ocho de noviembre del año dos mil dieciocho, permita la convivencia de su hija la menor Julietta La Rosa Avilés, con Daniela Avilés Morales, en los términos indicados en dicho proveído, es decir, los sábados y domingos en los horarios establecidos para ello, por lo que para dar oportunidad a que se realice la notificación respectiva a su progenitor y tenga oportunidad de realizar el desplazamiento con la niña de la Ciudad de México a esta ciudad de Morelia, Michoacán, se le conmina a que presente a su hija el sábado veintiocho y domingo veintinueve de septiembre del año en curso, en el Centro de Convivencia de esta Sede Judicial, que funge como lugar de entrega recepción; en consecuencia, se le apercibe que en caso de omisión, de conformidad con la fracción I, del artículo 925 del Código Familiar del Estado, se le impondrá una multa de $2112.25 dos mil ciento doce pesos 25/100 moneda nacional equivalente a veinticinco unidades de medida y actualización a razón de $84.49 ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional. Sanción pecuniaria que podría duplicarse en caso de reincidencia ordenado agotar los medios de apremio.- Dese vista mediante notificación personal a la encargada del Centro de Convivencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a efecto de hacer de su conocimiento este proveído y esté enterado de las convivencias y levante los registros correspondientes.- Por otra parte, en acato al oficio número 20407 recibido por este juzgado con data diecisiete de septiembre del año en curso, gírese oficio con copia certificada del presente proveído al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, con motivo de que se requirió a esta autoridad señalada como responsable en el juicio de amparo número 973/2019, promovido por José Raúl La Rosa Linares, a efecto de que vigile estrictamente el cumplimiento por parte de los progenitores de la menor J.L.R.A. de las convivencias establecidas en los términos en que fueron decretadas, e incluso para que se informara sobre ellas debiendo cumplir con dicho requerimiento de inmediato". Del anterior auto transcrito, se advierte que la responsable manifiesta que girará oficio al Juzgado Noveno a fin de informar sobre las convivencias y cumplir con lo solicitado en el amparo 973/2019; sin embargo, cabe hacer la aclaración que dicho juicio de amparo corresponde al índice de este Juzgado Séptimo, aunado a que la misma parte quejosa hace dicha manifestación en su escrito de demanda, lo cual puede tratarse de un error por parte de la responsable sin que se altere el fondo del asunto, o que esto impida el estudio del auto impugnado. De igual modo, cabe realizar la precisión de lo reclamado en los juicios de amparo 153/2019 y 973/2019, del índice de este Juzgado de Distrito, dado que los mismos son un hecho notorio al tramitarse en este mismo órgano jurisdiccional. Amparo 153/2019: Este juicio de amparo fue promovido por la madre Daniela Avilés Morales, donde en esencia reclamó el auto de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, en el cual el juez responsable decretó que durante la tramitación del procedimiento el cambio de guarda y custodia ahora a favor del padre José Raúl La Rosa Linares. En dicho expediente se negó la suspensión definitiva a la parte quejosa (la progenitora) porque ya había realizado la entrega de la menor a su padre, por lo cual era un acto consumado y de concederse la misma con efectos restitutorios podrían afectarse disposiciones de orden público. Se dictó sentencia el veintiséis de abril de dos mil diecinueve, misma que fue recurrida por la parte quejosa (la madre de la menor), mismo que fue admitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, el cual se registró con el número 134/2019, sin que a la fecha se haya resuelto dicho recurso, por lo que la sentencia dictada dentro del juicio de amparo indirecto 153/2019 se encuentra sujeta a la resolución dictada por el tribunal en cita. Amparo 973/2019. Dicho asunto fue instado por el progenitor José Raúl La Rosa Linares, quien reclamó el auto de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, en el que señalaron las once horas del nueve de septiembre de dos mil diecinueve, a efecto de escuchar a la menor J.L.R.A, para proveer sobre una medida protectora relacionada con la custodia de la infante. En dicho asunto, se concedió la suspensión definitiva para el efecto de que no se lleve a cabo ninguna audiencia a efecto de escuchar a la menor J.L.R.A, ya que puede causar daños psicológicos con afectaciones de imposible reparación sobre la salud mental de la menor, entre otros factores argumentados en la interlocutoria de dicho expediente. De igual forma, en la parte final de dicha interlocutoria se impuso la obligación a la autoridad responsable a que vigilara las convivencias establecidas en el juicio de origen entre la menor y sus progenitores, desde el ocho de noviembre de dos mil dieciocho. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, faculta al órgano jurisdiccional para examinar el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia desechar de plano. En ese sentido, por ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia del juicio de amparo, pues conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 del ordenamiento legal invocado, se analizarán de oficio. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia II. 1°.J/5, consultable en la página noventa y cinco del tomo VII del Semanario Judicial de la Federación, mayo de mil novecientos noventa y uno, Materia Común, octava época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". En tal virtud, ya en materia de análisis de las causales de improcedencia que en la especie se actualizan, es preciso traer a glosa el contenido de las fracciones IX, XIII y XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece textualmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; (.) XXIII. En los casos que la improcedencia resulten de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." La fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, nos señala que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. Por lo tanto, si se promueve una demanda de amparo donde el acto reclamado tenga vinculación con lo resuelto en otro diverso, se entiende que el segundo promovido resultaría improcedente. Dicho lo anterior, hay que entender a la institución del juicio de amparo como un todo y no solamente por el cuaderno principal, sino también por el incidente de suspensión, toda vez que durante la tramitación del juicio de amparo, lo que regirá la naturaleza del acto y permitirá que el acto impugnado siga con vida jurídica será la suspensión del juicio de amparo, la cual será válida y eficaz hasta en tanto se dicte sentencia ejecutoriada en el cuaderno principal. Por lo que si el legislador no hizo distinción entre si el amparo resulta improcedente contra resoluciones dictadas en el cuaderno principal o en el incidente de suspensión; lo propio es que hay que atender al género del caso, esto es, al juicio de amparo en su totalidad, tanto al cuaderno principal como al incidente de suspensión. Por tanto, si al dictarse una suspensión definitiva se imponen obligaciones a la autoridad responsable, es lógico deducir que dichos actos son ejecución a una resolución dictada en el incidente de suspensión, la cual subsistirá hasta en tanto se dicte sentencia ejecutoriada en el cuaderno principal. Dicha causal de improcedencia tiende a evitar que una misma cuestión concreta pueda ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el peligro de que se produzca una proliferación de juicios sobre la misma materia, que impediría la firmeza de las resoluciones judiciales. Dicha causa de improcedencia ya fue explicada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que resolvió el amparo directo en revisión 7235/2016, en donde determinó lo siguiente: "50. El primero de ellos se actualiza cuando se deja libertad de jurisdicción a la autoridad responsable para pronunciarse, bajo su libre arbitrio judicial, respecto a los tópicos especificados en la sentencia de amparo. En estos casos, lo que se resuelve en cumplimiento al amparo constituye un acto totalmente diferente al primero que fue señalado como reclamado, y esa nueva resolución es susceptible de combatirse a través de un nuevo juicio constitucional. 51. El otro supuesto se configura cuando el juzgador de amparo deja ceñidos los efectos de la sentencia de amparo y señala los fundamentos que debe observar la autoridad responsable para emitir su determinación, de manera que no pueda brindar una fundamentación y motivación distinta a la ya establecida por el órgano de control constitucional. 52. De este modo, cuando la responsable no cumple puntualmente los efectos, resultan procedentes los medios de defensa establecidos en la ley para combatir el desacato a la sentencia, pero no procede un nuevo juicio de amparo. 53. La fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo se refiere a la improcedencia del juicio constitucional en contra de las resoluciones dictadas en ejecución de las sentencias de amparo, cuando la autoridad responsable se encuentra totalmente vinculada a los efectos establecidos por el órgano de control constitucional. Así, en este supuesto, como ya se dijo, la autoridad responsable no emite consideraciones propias en plenitud de jurisdicción que ameriten un nuevo análisis por parte del Juez de amparo. 54. El nuevo juicio constitucional que se promueve en contra de una resolución dictada en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, resulta improcedente, porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior. 55. Para dar respuesta al planteamiento de la quejosa, es necesario partir de lo dispuesto en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,(29) que prevén el derecho de toda persona a contar con un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención. El recurso debe ser realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. 56. Así, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho de acceso a la justicia, ya que no siempre ni en cualquier caso los tribunales deben resolver el fondo del asunto que se les plantea. Importa verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), de título y subtítulo: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL."(30) 57. Con base en esta lógica, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no contradice el derecho a contar con un recurso eficaz. Esta norma no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo en atención a razones de seguridad jurídica. Se generaría una cadena interminable de juicios de amparo si existiera autorización para combatir las consideraciones de la autoridad responsable que no emite en ejercicio de su libre arbitrio judicial, sino en atención a lo ordenado por el propio Tribunal Colegiado que conoció previamente del juicio de amparo que se cumplimenta. Por ello, la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, al establecer que el juicio de garantías es improcedente en contra de resoluciones dictadas en ejecución de sentencias de amparo, se refiere a aquellas emitidas por la responsable en las que no tiene libertad de jurisdicción. 58. La improcedencia se justifica por el hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico llevado a cabo en el juicio de amparo que se cumplimenta. Admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica". Dicha ejecutoria originó la jurisprudencia 1a./J. 57/2018, pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ubicada en el Libro 60, Tomo I, página 829, de Noviembre de 2018, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2018315, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. El precepto citado, al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva sentencia conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Ahora bien, la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese sentido, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz, al no contradecir los artículos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la norma referida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Además, el precepto citado también cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en procurar una justicia pronta y expedita, que asegure su correcta y funcional administración". De lo invocado con anterioridad, el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX de la Ley de Amparo, toda vez que lo pretende el quejoso reclamar en este juicio de amparo es el requerimiento que realizó el juez de origen mediante auto de diecinueve de septiembre del año en curso, a efecto de que presente a la menor a las convivencias acordadas en auto de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, donde el juez de origen determinó el cambio de guarda y custodia a favor del progenitor, y fijó convivencias entre la menor y su madre Daniela Avilés Morales, para que los sábados de once a quince horas y los domingos de diez a catore horas, la menor conviva con su madre en las instalaciones del Centro de Convivencia Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Lo anterior, revela que la cuestión que ahora plantea el quejoso en su demanda de amparo, no reviste autonomía propia que sea susceptible de análisis individual, sino que se trata de una consecuencia jurídica inmediata relacionada directamente con el cumplimiento de la suspensión definitiva del acto reclamado en el juicio de amparo indirecto 973/2019, del índice de este juzgado. Dicha causal se actualiza porque en la suspensión definitiva del juicio de amparo 973/2019, se impuso la obligación al juez de origen de vigilar e informar sobre las convivencias decretadas en el expediente de origen, ante lo cual deberá estar informando a este juzgado federal en aquél juicio de amparo, lo que no es u acto autónomo, sino una consecuencia de la suspensión concedida en el juicio de amparo 973/2019, a la aquí parte promovente. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia por reiteración XXI.1o. J/15, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, marzo de 2000, registro 192185, novena época, materia común, que dice: "IMPROCEDENCIA. INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. Si se toma en cuenta la finalidad que se persigue con la norma, su razón legal y la aplicación constante y uniforme hecha por los tribunales federales, el correcto sentido del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, en lo que toca a la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones dictadas en ejecución de las determinaciones emitidas en los juicios de amparo, no es el que se pudiera deducir de una vista inicial de sus términos gramaticales, que llevarían a la actualización de esa hipótesis normativa en todos los casos en que el acto reclamado se emitiera teniendo como base lo ordenado en ese sentido en una resolución proveniente de un juicio constitucional, sin importar el alcance de esta última ni la medida en que vinculó a la autoridad responsable, sino que este motivo de improcedencia se da sólo cuando las cuestiones que se plantean en la nueva demanda de garantías fueron objeto de una decisión directa y definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior o si constituyen su consecuencia lógica y jurídica inmediata, aunque la autoridad responsable se apoye en nuevos fundamentos y razones para sostener su criterio respecto a lo ya resuelto por las autoridades jurisdiccionales federales, pues es evidente que lo que quiso evitar el legislador ordinario con el establecimiento de la improcedencia referida, fue que una misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el peligro de que se produjera una cadena infinita de dichos juicios sobre la misma materia, en demérito de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social; es decir, que tanto la razón de la ley como el propósito perseguido, son semejantes a los de la institución de la cosa juzgada, pero ajustados a la estructura jurídica sobre la que se levanta el juicio de amparo." Ahora, en otro orden de ideas, la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, presupone que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, misma que está relacionada con la diversa XXIII. El precepto legal antes transcrito, en su fracción XII, establece que el juicio de amparo será improcedente contra actos que se consientan de manera tácita, entendiéndose por tal consentimiento aquel que se manifiesta cuando no se promueve el juicio de amparo dentro de los términos establecidos por la ley para tal efecto, es decir, en el capítulo 17, 21 y 22 de la Ley de Amparo. Así, relacionando el contenido de la fracción XII con lo dispuesto en la fracción XXIII del artículo 61 de la propia Ley de Amparo, puede estimarse que el juicio de amparo también resulta improcedente contra actos derivados de otros que fueron consentidos, es decir, actos que son consecuencia directa o inmediata de los primeros o bien, de contenido similar a aquéllos; pues de analizarse en el juicio de amparo actos que son consecuencia de otros que no se impugnaron o fueron consentidos, se analizarían actuaciones que ya adquirieron firmeza procesal, en contravención al principio de seguridad jurídica que rige el proceso. Respecto al consentimiento de los actos reclamados para efectos de la improcedencia en el juicio de amparo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo en la tesis visible en la página 13, del Volumen 139-144, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Séptima Época, lo siguiente: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió las tesis publicadas en la página 922 del Tomo LXXXI, y 1519 del Tomo LXXVII, ambos del Semanario Judicial de la Federación, correspondientes a la Quinta Época, que ilustran el criterio que habrá de sustentarse en este asunto, que son del siguiente tenor literal: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. Se entienden por actos derivados de otros consentidos, aquellos que se ejecutan dentro del mismo procedimiento y que son consecuencia natural y legal del acto antecedente, como el embargo lo es respecto del requerimiento de pago no acatado por el deudor, como el remate lo es respecto del embargo, etcétera, y contra los cuales no se expresan conceptos de violación específicos. Dos, son, pues, los elementos que se requieren para considerar a un acto derivado de otro consentido, a saber: 1o. Que sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente; y 2o. Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. Ahora bien, el acuerdo que niega la nulificación de la orden de baja del quejoso, no surte el primer elemento, ya que no se dictó dentro del procedimiento en que se emitió esa orden, y, por lo mismo, no es una consecuencia natural y legal de ésta." "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS, CUÁLES NO TIENEN ESE CARÁCTER. Para considerar que determinados actos son derivados de otros consentidos, y por ello deba sobreseerse en el amparo, deben concurrir dos requisitos: primero que el acto que se reclame sea una consecuencia legal y directa del acto consentido, como sucede en el procedimiento coactivo en que el remate es una consecuencia directa y prevista por la ley, del embargo; segundo, que no se ataque el acto reclamado por vicios que afecten al acto antecedente. Ahora bien, debe revocarse el sobreseimiento dictado por el inferior basado en que la negativa a autorizar el funcionamiento de una sociedad cooperativa, que proyectaban constituir los quejosos, es un acto que se deriva de un acuerdo presidencial que no reclamaron, porque en el caso, no están satisfechos ninguno de los dos requisitos aludidos, para considerar que se trata de un acto derivado de otro consentido, esto es, tal negativa no es una consecuencia directa y legalmente necesaria del referido acuerdo presidencial." De lo anterior se advierte que, es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que para considerar que un acto es derivado de otro consentido deben concurrir varios elementos, a saber: Que el acto que se reclama en el juicio sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente que no se impugnó, o bien una reiteración de éste; Que dicho acto anterior se emita en contra de la quejosa, le cause agravio y no se haya combatido; y, Que no se ataque por vicios propios, sino su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos, esto es, que se ataque el acto reclamado por vicios que afecten el acto antecedente y que no se impugnó oportunamente. Lo antes determinado también encuentra sustento, en la tesis emitida por la anterior integración de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 2057, del Tomo XXV, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Quinta Época, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS. Si se reitera una orden, y contra la primitiva no se interpuso en tiempo el amparo, siendo la segunda orden sólo una repetición de la primera, debe considerarse el acto como consentido." Igualmente, es aplicable la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada con el número 193, en la página 165, del Tomo VI, Materia Común, Volumen Precedentes Relevantes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la Justicia Federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." Por lo que en la especie si la parte quejosa (el padre de la menor) no atacó ni impugnó el auto de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, donde la autoridad responsable le otorgó la guarda y custodia de la menor a su favor y fijó un régimen de convivencias para la madre, esto quiere decir que estaba de acuerdo con lo resuelto por el juez de origen, es decir, que consintió la guarda y custodia a su favor y el régimen de convivencias para la progenitora. Dicho acto de ocho de noviembre de la anualidad pasada fue combatido exclusivamente por la progenitora, dado que la responsable le quitó la guarda y custodia de la menor, para ahora otorgársela al padre. Ante lo cual, la madre promovió el juicio de amparo 1026/2018, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, autoridad que, como se dijo con anterioridad, determinó negar la suspensión definitiva del proveído de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, porque la madre ya había realizado la entrega de la menor lo que lo torna un acto consumado y que de conceder la suspensión del acto reclamado se trastocarían disposiciones de orden público, posteriormente mediante auto de catorce de febrero del año en curso, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán se avocó al conocimiento y lo registró bajo el número 153/2019. Dicha suspensión sigue vigente hasta en tanto se resuelva el recurso de revisión interpuesto dentro del cuaderno de principal del juicio de amparo 153/2019. Cobra aplicación la jurisprudencia III.3o. J/69, pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, ubicada en el número 75, página 45, de Marzo de 1994, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 213005, de rubro y texto siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza en contra de actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos". De igual forma, resulta como criterio orientador la jurisprudencia IV.3o. J/44, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, ubicada en el número 86-2, página 49, de febrero de 1995, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 208092, de rubro y texto siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Desde el momento en que se decretó el embargo en el juicio seguido en contra de la demandada, quien se ostentó tercero extraño, tuvo pleno conocimiento de dicho embargo por sí y como representante de sus menores hijos, en virtud de haberse entendido con ella la diligencia de emplazamiento a la demandada, resultaron afectados los derechos de los ahora inconformes, quienes debieron combatir el procedimiento dentro del término de quince días a partir de aquél en que conoció la existencia del embargo (artículo 21 de la Ley de Amparo), pero como no lo hicieron, se considera que consintieron no solamente el embargo, sino también los demás actos como son la sentencia de remate y el procedimiento de ejecución de sentencia, al ser éstos una consecuencia legal y forzosa del aseguramiento practicado en el juicio del que derivan los actos reclamados". Aunado a que los actos aquí reclamados no son combatidos por vicios propios, pues de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso no formula conceptos de violación en contra del régimen de convivencias que se fijó en proveído de ocho de noviembre de dos mil dieciocho, sino que los conceptos de violación están dirigidos a impugnar el requerimiento o la notificación realizada por auto de diecinueve de septiembre del año en curso, en el que se ordenó que debía presentar a la menor los días veintiocho y veintinueve de septiembre en el centro respectivo para que conviviera con su progenitora, cumpliendo así con lo estipulado en el auto de ocho de noviembre de la anualidad pasada, punto que no se señala como acto reclamado en la demanda de amparo. Al respecto encuentran aplicación, la tesis XXI.4o.6 K, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 971, del Tomo XIX, Febrero de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que dice: "ACTO CONSENTIDO TÁCITAMENTE. TIENE ESE CARÁCTER LA DETERMINACIÓN QUE REITERA LO PROVEÍDO EN ACUERDOS ANTERIORES NO IMPUGNADOS OPORTUNAMENTE POR EL QUEJOSO MEDIANTE EL JUICIO DE GARANTÍAS. El artículo 73, fracción XII, de la ley reglamentaria de los dispositivos 103 y 107 constitucionales, establece que son actos consentidos tácitamente aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los numerales 21, 22 y 218; por tanto, si el quejoso impugnó como acto reclamado un acuerdo cuyo contenido es una reiteración de uno diverso que conoció oportunamente y omitió controvertir dentro del término legal mediante el juicio de garantías, dicho proveído también debe considerarse como un acto consentido tácitamente pues, de estimar lo contrario, bastaría que el quejoso hiciera una solicitud ante la autoridad responsable cuyo acuerdo que le recaiga indefectiblemente sea igual al anterior, sólo con el objeto de actualizar el término de la interposición de la demanda de amparo, lo cual atentaría la observancia de la regla de procedencia del juicio de amparo prevista en la mencionada fracción XII del artículo 73 de la ley citada." Por último, es aplicable la tesis III.1o.A.11 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en la página 582, del Tomo III, Mayo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZÓN DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." De lo anterior, quedan demostradas las causales de improcedencia materia de estudio en términos del artículo 61, fracciones IX, XIII y XXIII, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda planteada por Marco Antonio Aguilar Cortés, apoderado jurídico de José Raúl La Rosa Linares. En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se tiene como autorizadas para tal efecto a las personas que designa la parte quejosa, quienes podrán gozar de la plenitud de facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, lo que se verificará una vez que promuevan con dicho carácter, o bien, hasta que acrediten dentro del presente expediente, con documento idóneo, estar facultadas para ejercer la profesión de licenciado en derecho, ya que en caso contrario, solamente se les tendrá como autorizadas para recibir notificaciones e imponerse de los autos. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de las notificaciones relativas al presente juicio, aun en horas y días inhábiles. De conformidad con los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la autoridad responsable, así como a las que tengan el carácter de terceras interesadas, mediante oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente en relación con aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa, en el entendido de que las determinaciones diversas serán notificadas mediante lista que se publica en lugar visible de este juzgado, así como en la sección de servicios de la página electrónica institucional www.cjf.gob.mx consultable vía Internet. En tal virtud, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista de autos, lo cual constituye un sistema de notificación que se publica en Internet con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, y con apoyo además en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el Acuerdo General 49/2011. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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