José Pedraza Castañeda

Expediente 17/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 20 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2015.

Datos del expediente

Expediente
17/2015
Año
2015
Actuaciones
20
Última actuación
27/04/2015

Partes del expediente

  • José Pedraza Castañeda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que el término de tres días concedido a las partes, en proveído de diecisiete de abril de dos mil quince, para que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo hubiesen hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: a) Mediante sentencia de diez de marzo de dos mil quince, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a José Pedraza Castañeda, en contra del acto reclamado al Juez Único Penal de Partido, con residencia en Apaseo el Grande, Guanajuato. La protección constitucional se concedió para que el Juez Único Penal de Partido, con residencia en Apaseo el Grande, Guanajuato: Dejara insubsistente el auto de dieciocho de diciembre dos mil catorce, dictado en la causa penal 28/2014, en el que ordenó el traslado del quejoso; y, Con plenitud de jurisdicción, en caso que así lo estime necesario emita una nueva determinación, que podrá ser en el mismo sentido, siempre que cumpla con las deficiencias apuntadas en la sentencia, ya que el otorgamiento del amparo versa únicamente en los vicios formales y no restringe el imperio de la autoridad para que conforme a sus atribuciones legales pueda dictar un nuevo acto. b) Luego, mediante providencia de ocho de abril de dos mil quince, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió al Juez responsable para que diera cumplimiento. c) En cumplimiento a lo anterior, el Juez Único Penal de Partido, con residencia en Apaseo el Grande, Guanajuato, remitió el oficio 973, al que adjuntó copia certificada de la resolución emitida el dieciséis de abril de dos mil quince; constancia con la cual adujo cumplir con la sentencia protectora. Ahora, del examen de las constancias remitidas por el Juez Único Penal de Partido, con residencia en Apaseo el Grande, Guanajuato, misma que de conformidad con los numerales 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y la cual tiene valor probatorio pleno, se desprende que la responsable efectuó lo siguiente: Dejó insubsistente el proveído reclamado. En su lugar, y con plenitud de jurisdicción, dictó una nueva resolución, en la que cumplió con las deficiencias apuntadas en la sentencia. Por lo anterior, es inconcuso que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. En esa tesitura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho punto. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Por lo que hace al original del cuaderno incidental de suspensión, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse la hipótesis prevista en la fracción III párrafo primero del punto vigésimo primero, del multicitado acuerdo, toda vez que se negó la suspensión definitiva; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para su mejor resguardo. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que el término de tres días concedido a las partes, en proveído de diecisiete de abril de dos mil quince, para que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, transcurrió sin que lo hubiesen hecho; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: a) Mediante sentencia de diez de marzo de dos mil quince, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a José Pedraza Castañeda, en contra del acto reclamado al Juez Único Penal de Partido, con residencia en Apaseo el Grande, Guanajuato. La protección constitucional se concedió para que el Juez Único Penal de Partido, con residencia en Apaseo el Grande, Guanajuato: Dejara insubsistente el auto de dieciocho de diciembre dos mil catorce, dictado en la causa penal 28/2014, en el que ordenó el traslado del quejoso; y, Con plenitud de jurisdicción, en caso que así lo estime necesario emita una nueva determinación, que podrá ser en el mismo sentido, siempre que cumpla con las deficiencias apuntadas en la sentencia, ya que el otorgamiento del amparo versa únicamente en los vicios formales y no restringe el imperio de la autoridad para que conforme a sus atribuciones legales pueda dictar un nuevo acto. b) Luego, mediante providencia de ocho de abril de dos mil quince, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y se requirió al Juez responsable para que diera cumplimiento. c) En cumplimiento a lo anterior, el Juez Único Penal de Partido, con residencia en Apaseo el Grande, Guanajuato, remitió el oficio 973, al que adjuntó copia certificada de la resolución emitida el dieciséis de abril de dos mil quince; constancia con la cual adujo cumplir con la sentencia protectora. Ahora, del examen de las constancias remitidas por el Juez Único Penal de Partido, con residencia en Apaseo el Grande, Guanajuato, misma que de conformidad con los numerales 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y la cual tiene valor probatorio pleno, se desprende que la responsable efectuó lo siguiente: Dejó insubsistente el proveído reclamado. En su lugar, y con plenitud de jurisdicción, dictó una nueva resolución, en la que cumplió con las deficiencias apuntadas en la sentencia. Por lo anterior, es inconcuso que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es declarar que EL FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO. En esa tesitura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho punto. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Por lo que hace al original del cuaderno incidental de suspensión, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse la hipótesis prevista en la fracción III párrafo primero del punto vigésimo primero, del multicitado acuerdo, toda vez que se negó la suspensión definitiva; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para su mejor resguardo. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  3. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Juzgado Penal de Partido, con residencia en Apaseo el Grande, Guanajuato, mediante el cual remite las constancias con las que aduce dar cumplimiento a la sentencia pronunciada en el presente juicio; con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días legalmente computado, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacerlo dentro del término indicado, este Juzgado determinará si la sentencia de amparo fue o no acatada.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia dictada el diez de marzo de dos mil quince, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a José Pedraza Castañeda; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Dicho lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Juez Único Penal de Partido, con residencia en Apaseo El Grande, Guanajuato, para que dentro del término de tres días legalmente computado, dé cumplimiento a la ejecutoria de mérito y remita las constancias que así lo acrediten, apercibido que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, tal como lo prevén los artículos 238 y 258, ambos en relación con el propio 192, todos de la Ley de Amparo, y que asimismo, se remitirá el presente expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

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