José Pascual León Martínez

Expediente 482/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
482/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
06/08/2021

Partes del expediente

  • José Pascual León Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión, en contra del proveído de catorce de julio del año en curso, por el cual este Tribunal sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, sin que se haya hecho valer; por tanto, se declara FIRME. Sin que pase inadvertido para este juzgador el hecho de que no obre en autos la constancia de notificación a las autoridades responsables, del proveído en el que se sobreseyó en el presente asunto, toda vez que de conformidad con el artículo 87, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, éstas carecen de legitimación para interponer recurso de revisión en contra del fallo constitucional. Notifíquese lo anterior a las responsables, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que en el presente expediente se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Por lo que hace al original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado acuerdo, toda vez que se concedió y negó la suspensión, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Atendiendo al artículo 20, fracción II, inciso a) del indicado instrumento normativo, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a partir de esta fecha. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, informa que puso a disposición del suscrito el expediente electrónico relativo al citado juicio de amparo.

  3. Principal

    Visto el oficio signado por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, mediante el cual, con fundamento en los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, estima que este órgano jurisdiccional es quien debe conocer de la demanda de amparo presentada por ***************, contra actos del Juez de Oralidad Penal de la Tercera Región, con residencia en Celaya y otras autoridades, dada la vinculación del presente asunto con el diverso juicio de amparo 238/2020-VII de la estadística de este Juzgado y, como consecuencia, remite el juicio de amparo 297/2021-V.1 de su índice y los cuadernillos relativos al incidente de suspensión deducido de dicho expediente; en ese sentido, se acuerda: a) En términos de los invocados numerales, se comparte la determinación adoptada por el homólogo federal, por lo que a este tribunal le corresponde el conocimiento de la demanda de amparo tramitada por el quejoso ************. b) Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 482/2021-III. Acúsese recibo, y con todo comedimiento, solicítese a la homóloga federal para que, de no tener inconveniente legal alguno, relacione el expediente electrónico del 297/2021-V.1 de su índice, con el presente juicio de amparo, a fin de estar en condiciones de consultarlo electrónicamente y visualizar la totalidad de las constancias que obren en aquél. No resulta necesario solicitar los informes justificados a las autoridades responsables en virtud de que ya obran agregados en autos. Infórmese a las responsables que toda comunicación relacionada con el acto reclamado en el presente juicio deberá dirigirse a este Juzgado Federal. Sin que resulte necesario ordenar abrir el incidente de suspensión respectivo, debido a que en la interlocutoria de treinta de junio del año en curso, dictada en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 297/2021-V.1, del índice del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, se proveyó respecto a la suspensión solicitada; por lo que, únicamente intégrense los citados cuadernos, con el número de registro que le corresponde al presente expediente, por ser accesorios a éste. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde. Ahora bien, de la determinación dictada por la Jueza Quinta de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, se advierte que el aquí quejoso promovió un diverso juicio de amparo en contra de la orden de aprehensión que reclama en esta instancia, que se tramitó ante este órgano jurisdiccional, y al cual le correspondió el número 238/2020-VII. Ahora bien, del análisis del presente expediente, así como de la sentencia dictada en el diverso 238/2020-VII, la que se encuentra en el módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cual para el suscrito constituye un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y además, con apoyo en las razones jurídicas que cita la jurisprudencia 2a./J. 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE.", se desprende que en el presente asunto, sobreviene de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.)" "XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior." Como se puede advertir del numeral transcrito, el juicio constitucional es improcedente cuando los actos reclamados hayan sido materia de un diverso juicio de amparo promovido por el mismo quejoso y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas. Sobre el particular, Carlos Arellano García en su obra titulada el Juicio de Amparo, editorial Porrúa, primera edición, explica que la causal de improcedencia de que se trata se encuentra totalmente justificada, por las siguientes razones: a) La expresión "ejecutoria" cuyo significado procesal equivale a que ya no cabe medio de impugnación alguno, es decir, es la verdad legal; b) Que impera la institución de la cosa juzgada, que es absolutamente indispensable para evitar que se afecte la seguridad jurídica, o sea, se satisface la necesidad de saber a qué atenerse; y, c) Además de que los juicios de amparo serían interminables, por lo que resulta poner fin a ellos. Por su parte, el ministro en retiro Genaro David Góngora Pimentel en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo" (séptima edición, México 1999, página 219), refiere que para su actualización: ".es necesario que los actos reclamados hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado aunque las violaciones constitucionales sea diversas. Con esto se consigue la finalidad que tiende a evitar que se pronuncien sentencias contradictorias y la promoción de nuevos amparos enderezados con idéntico objeto." De lo expresado por los juristas y del precepto en análisis se desprenden como elementos para que se actualice la cosa juzgada, los siguientes: 1. Que necesariamente ambos juicios de amparo estén promovidos: Por el mismo quejoso o quejosos. Contra las mismas autoridades. Por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. 2. Que tales actos hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. Por el criterio jurídico que contiene resulta ilustrativa la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 28, volumen 39, Tercera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE EJECUTORIA PRONUNCIADA EN OTRO JUICIO DE AMPARO. SE REQUIERE DEMOSTRAR QUE SE REFIERE A IGUAL QUEJOSO, IDÉNTICAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y LOS MISMOS ACTOS RECLAMADOS. Para que proceda la causal de improcedencia consistente en la existencia de ejecutoria pronunciada en otro juicio de amparo, a que se refiere la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, es necesario que los actos reclamados hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien, de las constancias que integran el juicio de amparo 238/2020-VII del índice de este Juzgado, a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los arábigos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que: Mediante escrito recibido el veintitrés de junio de dos mil veinte, por el Secretario de guardia de este órgano jurisdiccional, ***********, por su propio derecho, promovió demanda de amparo en contra de las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: JUEZ DE ORALIDAD PENAL DE LA PRIMERA REGIÓN SEDE COMONFORT, GUANAJUATO. JUEZ DE ORALIDAD PENAL DE LA PRIMERA REGIÓN SEDE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO. JUEZ DE ORALIDAD PENAL DE LA TERCERA REGIÓN SEDE CELAYA, GUANAJUATO. JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL, GUANAJUATO, GUANAJUATO. JEFE DE CÉDULA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA REGIÓN "C" DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, EN CELAYA. JEFE DE CÉDULA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA REGIÓN "D" DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, SEDE CELAYA, EN SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO. COORDINADOR DE INVESTIGACIONES REGIÓN "C" DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO EN CELAYA, GUANAJUATO. COORDINADOR DE INVESTIGACIONES REGIÓN "D" DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO EN SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO. JEFE DE CÉDULA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA REGIÓN "D" DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, SEDE CELAYA, EN COMONFORT, GUANAJUATO. ACTO RECLAMADO: "Toda orden de aprehensión, detención, mandato judicial, orden de comparecencia, orden de cateo, medida cautelar o cualquier otra orden de privación." b) La que en proveído de veinticuatro de junio de dos mil veinte, se admitió a trámite bajo el número 238/2020-VII. c) Seguidos los trámites, mediante sentencia de treinta de septiembre de dos mil veinte, se sobreseyó respecto del acto reclamado a algunas autoridades y negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, respecto de la orden de aprehensión de dos de octubre de dos mil dieciocho, dictada en su contra por el Juez de Control en Materia Penal de la Región I, en Comonfort, Guanajuato, en la causa penal 1P0818-42 de su índice, así como su ejecución que imputó al Coordinador Regional "D" de la Dirección General de Investigaciones, en San Miguel de Allende, Guanajuato; y mediante proveído de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, se declaró firme. Ahora, de las constancias que integran el presente juicio de amparo se advierte que: a) Mediante escrito recibido el seis de mayo del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado con residencia en esta ciudad, **********, por su propio derecho, promovió demanda de amparo en contra del Juez de Oralidad Penal de la Primera Región en Comonfort, Guanajuato y otras autoridades, reclamando: ACTO RECLAMADO: "Toda orden de aprehensión, detención, mandato judicial, orden de comparecencia o cualquier otra orden de privación de la libertad ." b) Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de mérito al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato, la que en proveído de siete de mayo del año en curso, admitió a trámite bajo el número 297/2021-V.1; seguido dicho trámite en diverso de diecisiete de junio pasado, ordenó hacer separación de juicios, ordenando que en ese expediente se siguiera el trámite respecto del acto reclamado consistente en la "orden de aprehensión de dos de octubre de dos mil dieciocho, dictada por el Juez de Control en Materia Penal de la Región I en el Estado, sede San Miguel de Allende, Guanajuato, con base en Comonfort, en contra de la parte quejosa por el delito que la ley señala contra la salud en su modalidad de posesión simple, en agravio de la Salud Pública, dentro de la causa penal 1P0818-42"; en diversa determinación de treinta de junio del año en curso, y con fundamento en los artículos 45 y 46 de la Ley de Amparo, dicho órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para seguir conociendo de la demanda de amparo promovida por **********, dada la vinculación del citado asunto con el diverso juicio de amparo 238/2020-VII de la estadística de este Juzgado Federal. Luego, si la solicitante del amparo, acude a esta instancia constitucional reclamando nuevamente la orden de aprehensión de dos de octubre de dos mil dieciocho, dictada por el Juez de Control en Materia Penal de la Región I en el Estado, sede San Miguel de Allende, Guanajuato, con base en Comonfort, en contra de la parte quejosa por el delito que la ley señala contra la salud en su modalidad de posesión simple, en agravio de la Salud Pública, dentro de la causa penal 1P0818-42, lo cual ya fue objeto del diverso juicio de amparo 238/2020-VII del índice de este Juzgado, en el que, respecto de dicho acto, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal; es incuestionable que ya no es dable jurídicamente examinarlo, por cuanto hacerlo implicaría volver a analizar su constitucionalidad; de ahí que el acto reclamado de que se trata constituya cosa juzgada, al haberse declarado su firmeza. Resulta aplicable a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 108, Tomo VI, Materia Común, Apéndice de 2000, de rubro y texto siguientes: "COSA JUZGADA. IMPROCEDENCIA DE AMPARO (FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO) CONTRA ACTOS OBJETO DE JUICIO SOBRESEÍDO QUE NO PUEDEN RECLAMARSE DE NUEVO. Aun cuando por regla general una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada ni impide, por consiguiente, la promoción de un nuevo juicio de garantías en que se combata el mismo acto, existen casos de excepción en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera también por diversas circunstancias, pues ésta no sólo se da cuando en una sentencia ejecutoria se ha examinado y resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un juicio de garantías, siempre que tal determinación se haya realizado atendiendo a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que tal determinación se haya efectuado, como ocurre, por ejemplo, cuando se ha declarado por sentencia ejecutoria que se ha consumado de manera irreparable el acto reclamado, o que han cesado sus efectos, o que dicho acto ha sido consentido, o cuando se ha determinado que el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos de la parte quejosa, pues estas situaciones no pueden ser desconocidas en un nuevo juicio de garantías." Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 386, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En otro contexto, téngasele señalando autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Juan Antonio García Mancera, al contar con cédula profesional número 9698346, registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 18 y 37 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se autoriza a Juan Antonio García Mancera, el acceso al expediente electrónico que se lleva con motivo del presente juicio de amparo, así como para que se le practiquen las notificaciones que a su parte corresponde por esa vía; para tal efecto se le tiene proporcionando su nombre de usuario dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Asimismo, hágase del conocimiento del promovente, que conforme a lo establecido en el numeral 36, párrafo segundo, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las constancias que descarguen del expediente electrónico se considerarán como copia certificada cuando incluyan la evidencia criptográfica. Finalmente, se instruye a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que cuando practiquen notificaciones personales, acaten el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones.

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