José Rafael Alvarado Ramírez

Expediente 1115/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1115/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
09/12/2019

Partes del expediente

  • José Rafael Alvarado Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de tres de mayo de la presente anualidad, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Agréguese en autos el escrito signado por ***********; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngaseles cumpliendo con el requerimiento que se les hizo en proveído de veintiséis de noviembre del presente año. El suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "." "XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: "I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "." "El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley" Como se puede advertir de la transcripción de los artículos anteriores, para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que se enderece contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos, limitaciones al Poder Público, ya que los actos que ejecuten y molesten en su persona, domicilio, papeles o familia a otros particulares, encuentran sus sanciones en las disposiciones del derecho común. En ese orden, la concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos en los que constantemente aparece el término de "actos u omisiones de autoridad". Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De la definición que antecede, se desprende que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. De ahí que conforme al artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, es quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual y colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de la materia, y con ello se producirá una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, la autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Como puede advertirse, los anteriores conceptos implican la idea de que el acto reclamado, por regla, debe existir al momento de la presentación de la demanda de amparo, pues solo en ese caso se estaría frente a la creación, modificación o extinción de una situación jurídica concreta, susceptible de generar una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, cuyo remedio se persigue mediante el juicio de amparo. Por ello, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), los mismos no producen ningún efecto de derecho, y contra ellos no procede el juicio de amparo. En apoyo a lo anterior se invoca la tesis XX.308 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 138, Tomo XV-I, correspondiente al mes de febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, de texto y rubro siguientes: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías". Ahora, en la especie el quejoso señala como actos reclamados: Las ordenes de aprehensión, reaprehensión, presentación, comparecencia y detención, giradas en su contra, así como su ejecución. Asimismo, en el capítulo atinente a los antecedentes del acto reclamado, narró bajo protesta de decir verdad lo siguiente: "(.) TUVE CONOCIMIENTO QUE EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ESPECIALIZADO EN ROBO DE VEHÍCULOS. ME ESTA FABRICANDO UNA NUEVA CARPETA DE INVESTIGACIÓN POR OTRO DELITO DE ROBO, Y SEE (SIC) ADEMÁS QUE HA SOLICITADO AL C. JUEZ DE ORALIDAD QUE DESPACHE SENDA ORDEN DE APREHENSION EN MI CONTRA," (.). Asimismo, en el escrito aclaratorio indicó: "MI ESPOSA ***********, ME COMENTO QUE EN FORMA POR DEMAS CIRCUNSTANCIAL, SE TOPO CON UN ABOGADO AL PARECER DEFENSOR PUBLICO QUIEN LE PREGUNTO SI ELLA ERA FAMILIAR DEL SUSCRITO (.), ENTONCES LE DIJO EL LITIGANTE, TEXTUALMENTE LO SIGUIENTE. "QUE EL HABIA SIDO ASALTADO, Y QUE CON MOTIVO DE ESOS HECHOS, LE HABIAN QUITADO LOS LADRONES SU VEHICULO DE MOTOR MARCA ***********, (.). Y QUE EL LIC. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE ROBO DE VEHICULOS DE ESTA REGION, LO HABIA CITADO PARA QUE SEÑALARA COMO RESPONSABLE DEL ASALTO A ***********. (.). (.) LUEGO EL DIA DE AYER 26 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A LAS 15.00 HRS., SE VOLVIO A TOPAR CON EL MISMO LITIGANTE, Y ESTE LE INFORMO, QUE TUVIERA MUCHO CUIDADO, PORQUE YA LE HABIAN FABRICADO A ***********, OTRA CARPETA DE INVESTIGACION Y QUE SE LA IBAN A JUDICIALIZAR DE UN MOMENTO A OTRO, QUE IBA A SOLICITAR EL AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE ROBO DE VEHICULIOS, AL C. JUEZ DE ORALIDAD, SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, QUE LIBRARA ORDEN DE APRHENSION EN MI CONTRA." Lo subrayado es propio. De lo anterior se advierte que el quejoso promovió el presente juicio constitucional ante el temor de que se emita alguna orden tendente a privarlo de su libertad, con base en el dicho de una persona a quien identifica como defensor público o litigante, quien le informó que de "un momento a otro", judicializarían una carpeta de investigación instaurada en su contra por el delito de robo de vehículo, y que el agente encargado de dicha causa iba a solicitar al juez que librara orden de aprehensión en contra del solicitante del amparo. Por ello, se estima que los mandatos de captura de que se duelen el quejoso son actos futuros e inciertos, contra los cuales es improcedente el juicio de garantías intentado. Esto, en razón de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el juicio de amparo procede contra actos no existentes aún, pero de cuya realización se tenga plena certeza, por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados. Lo que en el caso no sucede, pues la circunstancia de que una persona, que identifica como defensor público o litigante, le informara a la esposa del quejoso de la existencia de una carpeta de investigación llevada en su contra por el delito de robo, la cual podía ser judicializada y en la cual se iba a solicitar una orden de aprehensión, no implica que las autoridades que señaló como responsables hayan ordenado la privación de la libertad del promovente. Además de que el dictado de la orden de privación de la libertad está condicionado a que el agente del ministerio público lleve a cabo la solicitud de audiencia para orden de aprehensión y de que en su momento, es juez de control determine si se encuentran acreditados los requisitos necesarios para otorgar el mandato de captura solicitado. Aunado a ello, no existe indicio de que personal de alguna dependencia competente del orden penal lo haya notificado pretendiendo ejecutar algún mandato de captura en su perjuicio. De ahí que se consideren los actos que reclama el quejoso como futuros de realización eventual, pues no existe una certeza clara y fundada de que puedan llegar a existir. Lo antes expuesto se justifica porque la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya a la parte quejosa en el goce de la garantía individual violada, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 1384, Tomo XXXVI del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que es del rubro y tenor literal siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE. El juicio de amparo es improcedente contra actos futuros que sólo deben considerarse como probables." Debe decirse que este Juzgador no soslaya la jurisprudencia 1ª./J.25/2003, de la Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO E INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRAMITE."; sin embargo, la misma no es aplicable en la especie. Esto se afirma, en virtud que en el presente caso este Juzgador se encuentra en condiciones de determinar racionalmente que no existen indicios objetivos en el sentido de que las responsables hayan ordenado la realización de los actos reclamados o que están a punto de hacerlo, por el contrario, la demanda descansa en meras suposiciones sin sustento fáctico, puesto que el propio quejoso manifestó que acude a esta instancia constitucional porque teme que le giren alguna orden de captura, debido a que una persona le informó a su esposa que en cualquier momento podían judicializar la carpeta de investigación que supuestamente se lleva en su contra, y que el agente iba a solicitar se girara orden de aprehensión, manifestación a la que se le otorga valor pleno de CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).". Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 1°, fracción I, de la ley de la materia, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por *************, contra actos del Juez de Oralidad Penal de la Tercera Región con sede en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 1115/2019-IV. En la especie, se estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción II del artículo 114, en relación con lo estipulado en la fracción V del artículo 108, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Tal precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. En la especie, del análisis integral de la demanda de amparo respecto de la cual se provee, se advierte que el promovente en su afán de cumplir con el requisito establecido anteriormente, en su escrito de demanda narró algunos hechos y abstenciones del acto reclamado, y al manifestar la fecha en que tuvo conocimiento del acto cuya constitucionalidad cuestiona en esta vía, indicó: "(.) EL DIA DE HOY 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2019, A LAS 14.00 HRS., TUVE CONOCIMIENTO QUE EL C. JUEZ DE ORALIDAD DE LO PENAL DE LA TERCERA REGIÓN, LIBRO EN MI CONTRA SENDA ORDEN DE APREHENSIÓN SOLICITADA POR EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ESPECIALIZADO EN ROBO DE VEHÍCULOS. (.)." Asimismo, precisó: "(.) TUVE CONOCIMIENTO QUE EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO ESPECIALIZADO EN ROBO DE VEHÍCULOS. ME ESTA FABRICANDO UNA NUEVA CARPETA DE INVESTIGACIÓN POR OTRO DELITO DE ROBO, Y SEE (SIC) ADEMÁS QUE HA SOLICITADO AL C. JUEZ DE ORALIDAD QUE DESPACHE SENDA ORDEN DE APREHENSION EN MI CONTRA," (.). "(.) DE TALES HECHOS SE DIERON CUENTA MIS FAMILIARES Y ME LO HAN COMUNICADO, DICIÉNDOME QUE EN CUANTO VAYA SALIENDO DE LA CÁRCEL ME CUMPLIMENTARAN LA ORDEN DE APREHENSIÓN A QUE HAGO REFERENCIA (.)." Sin embargo, de la narración de hechos que hace el quejoso, no se advierte con certeza cómo se enteró del acto reclamado, esto, puesto que no señaló las circunstancias de hecho por medio de las cuales supo de los posibles mandatos de captura girados en su contra, dado que se limita a referir que sabe, que tuvo conocimiento y que sus familiares le han dicho porque se dieron cuenta de la existencia de tales actos sin indicar de manera objetiva de donde proviene fundadamente el conocimiento de esa información. Ello cobra relevancia puesto que el acto reclamado, por regla, debe existir al momento de la presentación de la demanda de amparo, pues solo en el ese caso se estaría frente a la creación, modificación o extinción de una situación jurídica concreta, susceptible de generar una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, cuyo remedio se persigue mediante el juicio de amparo. Dato que al constituir antecedente de los actos que pretende impugnar en esta instancia constitucional, resulta determinante para que el suscrito esté en aptitud de determinar lo conducente respecto de la procedencia de la demanda. Conclusivamente, ante la omisión incurrida por el quejoso, lo procedente conforme a los mencionados artículos 108, fracción V, en relación con el 114, ambos de la Ley de Amparo, es prevenirla para que dentro del término de cinco días legalmente computado, por escrito y con copias suficientes de su líbelo aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Manifieste bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del acto reclamado, específicamente, los datos objetivos por medio de los cuales supieron él y sus familiares de los posibles mandatos de captura girados en su contra. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." En la inteligencia que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si el promovente es quien la desahoga, dado que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueve la demanda, porque lo sujeta a manifestar que el relato de sus hechos lo hace con sujeción a la verdad y, que de resultar falso alguno de ellos, estaría sujeto a lo dispuesto por la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, en la que se contienen las penas en que incurren las personas que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan las que les consten en relación al amparo. Otro motivo por el cual el directo promovente debe desahogar el requerimiento, es porque el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar la irregularidad que se detectó en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Como lo solicita el promovente, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *******, toda vez que tienen registrada su cedula profesional número ****** en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal; y a las demás personas que menciona en términos limitados del numeral en cita por no encontrarse en el supuesto de los citados profesionistas. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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