José Pascual León Martínez

Expediente 490/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
490/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
27/05/2022

Partes del expediente

  • José Pascual León Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de doce de mayo de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, transcribe el acuerdo de veintinueve de abril de dos mil veintidós, pronunciado en el juicio de amparo 478/2022-5, en el que, con fundamento en los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la Juez de ese órgano determinó que este Juzgado es quien debe conocer de la demanda de amparo presentada por *******************, al existir un antecedente en este órgano jurisdiccional que hace procedente su vinculación; al respecto, se acuerda: I. En términos de los invocados numerales, se comparte la determinación adoptada por la homóloga federal, por lo que a este tribunal le corresponde el conocimiento de la demanda de amparo tramitada por *********************; ante lo cual, el suscrito se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese recibo. II. Fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 490/2022-II. III. Ahora bien, de las constancias que se adjuntan, se advierte que el veintisiete de abril del año en curso, dentro del juicio de amparo 253/2022-I, del indice de este juzgado, se determinó hacer la separación del juicio de amparo promovido por José Pascual León Martínez, en virtud de que se estimó que las órdenes de aprehensión reclamadas son diversas y se encuentran desvinculadas entre sí. En razón de lo antes expuesto, en el presente asunto se procederá al análisis de la demanda de amparo, por lo que se refiere a la orden de aprehensión de dos de octubre de dos mil dieciocho, dictada en contra de *********************, por el Juez de Control en Materia Penal de la Región I, en Comonfort, Guanajuato, dentro de la causa penal *********** de su índice. IV. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo antes citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(.)" "XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior." Como se puede advertir del numeral transcrito, el juicio constitucional es improcedente cuando los actos reclamados hayan sido materia de un diverso juicio de amparo promovido por el mismo quejoso y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas. Sobre el particular, Carlos Arellano García en su obra titulada el Juicio de Amparo, editorial Porrúa, primera edición, explica que la causal de improcedencia de que se trata se encuentra totalmente justificada, por las siguientes razones: a) La expresión "ejecutoria" cuyo significado procesal equivale a que ya no cabe medio de impugnación alguno, es decir, es la verdad legal; b) Que impera la institución de la cosa juzgada, que es absolutamente indispensable para evitar que se afecte la seguridad jurídica, o sea, se satisface la necesidad de saber a qué atenerse; y, c) Además de que los juicios de amparo serían interminables, por lo que resulta poner fin a ellos. Por su parte, el ministro en retiro Genaro David Góngora Pimentel en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo" (séptima edición, México 1999, página 219), refiere que para su actualización: ".es necesario que los actos reclamados hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado aunque las violaciones constitucionales sea diversas. Con esto se consigue la finalidad que tiende a evitar que se pronuncien sentencias contradictorias y la promoción de nuevos amparos enderezados con idéntico objeto." De lo expresado por los juristas y del precepto en análisis se desprenden como elementos para que se actualice la cosa juzgada, los siguientes: 1. Que necesariamente ambos juicios de amparo estén promovidos: Por el mismo quejoso o quejosos. Contra las mismas autoridades. Por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. 2. Que tales actos hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo. Pues bien, para comprender adecuadamente por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia antes referida, se ordena traer a la vista como hecho notorio los autos el juicio de amparo 238/2020-VII del índice de este Juzgado, a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los arábigos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que: Mediante escrito recibido el veintitrés de junio de dos mil veinte, por el Secretario de guardia de este órgano jurisdiccional, ****************, por su propio derecho, promovió demanda de amparo en contra de las autoridades y actos siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES: JUEZ DE ORALIDAD PENAL DE LA PRIMERA REGIÓN SEDE COMONFORT, GUANAJUATO. JUEZ DE ORALIDAD PENAL DE LA PRIMERA REGIÓN SEDE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GUANAJUATO. JUEZ DE ORALIDAD PENAL DE LA TERCERA REGIÓN SEDE CELAYA, GUANAJUATO. JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL, GUANAJUATO, GUANAJUATO. JEFE DE CÉDULA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA REGIÓN "C" DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, EN CELAYA. JEFE DE CÉDULA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA REGIÓN "D" DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, SEDE CELAYA, EN SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO. COORDINADOR DE INVESTIGACIONES REGIÓN "C" DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO EN CELAYA, GUANAJUATO. COORDINADOR DE INVESTIGACIONES REGIÓN "D" DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO EN SAN MIGUEL ALLENDE, GUANAJUATO. JEFE DE CÉDULA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL DE LA REGIÓN "D" DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, SEDE CELAYA, EN COMONFORT, GUANAJUATO. ACTO RECLAMADO: "Toda orden de aprehensión, detención, mandato judicial, orden de comparecencia, orden de cateo, medida cautelar o cualquier otra orden de privación." b) La que en proveído de veinticuatro de junio de dos mil veinte, se admitió a trámite bajo el número 238/2020-VII. c) Seguidos los trámites, mediante sentencia de treinta de septiembre de dos mil veinte, se sobreseyó respecto del acto reclamado a algunas autoridades y se negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, por lo que hace a la orden de aprehensión de dos de octubre de dos mil dieciocho, dictada en su contra por el Juez de Control en Materia Penal de la Región I, en Comonfort, Guanajuato, en la causa penal 1P0818-42 de su índice, así como su ejecución que imputó al Coordinador Regional "D" de la Dirección General de Investigaciones, en San Miguel de Allende, Guanajuato; y mediante proveído de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, dicha determinación se declaró firme. Ahora, de las constancias que integran el presente juicio de amparo se advierte que: a) Mediante escrito recibido el veinticinco de febrero del año en curso, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado con residencia en esta ciudad, José Pascual León Martínez, por su propio derecho, promovió demanda de amparo en contra del Juez de Oralidad Penal de la Primera Región en Comonfort, Guanajuato y otras autoridades, reclamando: ACTO RECLAMADO: "Toda orden de aprehensión, detención, mandato judicial, orden de comparecencia o cualquier otra orden de privación de la libertad ." b) Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de mérito a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato, la que en proveído de uno de marzo del año en curso, admitió a trámite bajo el número 253/2022-I; c) Seguido su trámite en provicencia de veintisiete de abril pasado, se ordenó hacer separación de juicios, ordenando que en ese expediente se siguiera el trámite respecto de la orden de aprehension librada en contra del aquí quejoso en la causa penal 1P0821-26; y en el que nos ocupa se analizaría respecto del mandato de captura librado en la causa penal 1P0818-42. Luego, si el solicitante del amparo, acude a esta instancia constitucional reclamando nuevamente la orden de aprehensión dictada en su contra el dos de octubre de dos mil dieciocho, por el Juez de Control en Materia Penal de la Región I en el Estado, sede San Miguel de Allende, Guanajuato, con base en Comonfort, por el delito que la ley señala contra la salud en su modalidad de posesión simple, en agravio de la Salud Pública, dentro de la causa penal 1P0818-42, lo cual ya fue objeto del diverso juicio de amparo 238/2020-VII del índice de este Juzgado, en el que, respecto de dicho acto, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal; es incuestionable que ya no es dable jurídicamente examinarlo, por cuanto hacerlo implicaría volver a analizar su constitucionalidad; de ahí que el acto reclamado de que se trata constituya cosa juzgada, al haberse declarado su firmeza, lo que precisamente impide la hipótesis prevista en la fracción XI del citado artículo 61 de la Ley de la materia. Consecuentemente, con fundamento en lo previsto por el artículo 61, fracción XI, en relación con el diverso numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada. Por otra parte, téngase al quejoso señalando como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a **********, en virtud de que obra su cédula profesional número ********** registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. Con fundamento en los artículos 18 y 37 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se le autoriza el acceso al expediente electrónico que se lleva con motivo del presente juicio, así como para que las notificaciones que a su parte corresponden se le practiquen por esa vía; para tal efecto se le tiene proporcionando el usuario ***************, dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; así mismo, se autoriza que se le practiquen las notificaciones que a su parte corresponda por vía electrónica en el usuario referido. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.

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