José Prisco Zárate Ramírez
Expediente 603/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 23 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 603/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 22/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Prisco Zárate Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, por el cual este Tribunal sobreseyó en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que queda firme el proveído de mérito. Notifíquese lo anterior a las responsables, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Sin que pase desapercibido para el suscrito el hecho de que no ha transcurrido para las autoridades responsables, el término de diez días previsto para interponer recurso de revisión, toda vez de conformidad con el artículo 87 de la Ley de Amparo, estas carecen de legitimación para interponer recurso de revisión en contra del aludido proveído. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, toda vez que en el presente expediente se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del acuerdo citado en el párrafo que antecede. Por lo que hace al original del incidente de suspensión, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso c del citado acuerdo, toda vez que se negó la suspensión del acto reclamado; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. Ahora bien, atendiendo lo establecido por el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho acuerdo. Por ser innecesaria su retención, devuélvase al Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XI de Guanajuato, capital, un tomo de prueba que se formó con motivo de las constancias que remitió en a este órgano jurisdiccional. Se solicita acuse de recibo. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Visto el estado de autos, se advierte mediante auto de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno se sobreseyó el presente juicio fuera de audiencia constitucional y que los oficios 2014/2021 y 2015/2021 con transcripción del proveído en comento, fueron remitidos al Magistrado y Actuario Tribunal Unitario Agrario del Distrito XI, con residencia en Guanajuato, capital, no así a las autoridades responsables Magistrado y Actuario del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 53, con sede en esta ciudad, en virtud a ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y en obvio de mayores dilaciones procesales, además atento a los principios de prontitud y expedites en la administración de justicia, reenvíense las comunicaciones en comento al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 53, con sede en esta ciudad.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que el término concedido a la parte quejosa en proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, para que señalara como autoridades responsables al Magistrado y el Actuario del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XI de Guanajuato, capital, transcurrió sin que lo haya hecho; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento formulado en dicho proveído y se ordena continuar la secuela procesal teniendo como autoridades responsables únicamente a las que señaló en su escrito inicial de demanda. En ese orden, visto el estado de autos el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 5º, fracción II y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo que literalmente establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;." A manera de preámbulo, conviene señalar que la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de la propia ley, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o incluso, de la jurisprudencia. Por ello, el contenido de este numeral se debe interpretar en el sentido de que en sus veintidós primeras fracciones sólo se prevén algunos de los múltiples supuestos de improcedencia que operan en el juicio de amparo, de tal forma que la actualización de estas hipótesis no se deben entender bajo un criterio limitativo, es decir, que los supuestos expresamente contenidos en las veintidós fracciones del aludido numeral 61 de la Ley de Amparo, no son los únicos casos en que este juicio debe estimarse improcedente. Más bien, la hipótesis normativa de la fracción XXIII del aludido precepto evidencia que la intención del legislador estribó en que las causas de improcedencia del amparo, se pueden actualizar por motivos diversos a los establecidos taxativamente en el citado artículo 61. Supuestos que pueden tener su génesis tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la ley o, incluso, en la jurisprudencia. Por identidad jurídica sustancial, resulta aplicable al caso la tesis 2a. LXXXVI/99, publicada en la página 373, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Junio de 1999, tomo IX, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción." Por su parte, el artículo 108 de la Ley de Amparo enuncia los requisitos que debe contener todo escrito en el que se solicite el amparo y protección de la justicia federal, entre los que destaca el de la fracción III, que estatuye que se debe mencionar a la autoridad o autoridades responsables; asimismo, el diverso precepto 5º, fracción II, del mencionado ordenamiento legal dispone que es autoridad responsable la que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En ese sentido, la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé en la fracción III, del artículo 5º, que las autoridades responsables son parte en el juicio de amparo y, como tales, deben ser oídas dentro del procedimiento en que ha de juzgarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos que de ellas se reclaman, de modo que si no son llamadas no es jurídicamente posible que el juez de amparo se pronuncie al respecto; aserto que se corrobora con el contenido de la jurisprudencia VI. 2o.J/205 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página cuatrocientos sesenta y ocho, tomo II, octubre de mil novecientos noventa y cinco, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5°., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." A fin de comprender por qué se actualiza la causal de improcedencia en análisis, conviene reseñar lo siguiente: El doce de noviembre de dos mil veinte, se tuvo a *************, interponiendo demanda de amparo en contra del Magistrado y el Actuario del Tribunal Unitario Agrario del distrito 53 de esta ciudad, de quienes reclamó la orden de desalojo emitida dentro del juicio agrario 781/2020 del índice de la autoridad antes aludida, que se pretende llevar en el predio ubicado en calle ****************, Guanajuato, que aduce tiene en posesión. Dichas autoridades responsables al rendir sus respectivos informes justificados, mediante los oficios registrados con los números 7060 y 7062, negaron la existencia de los actos reclamados. De los acuses de recibo de las comunicaciones 8496/2020 y 8497/2020 del índice de este órgano jurisdiccional, que se enviaron con trascripción del auto de doce de noviembre de dos mil veinte por el que se radicó la demanda de amparo, se desprende que inicialmente fueron enviadas al Magistrado y al Actuario del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XI de Guanajuato, capital, y posteriormente mediante proveído de veintitrés del citado mes y año se ordenó la remisión de los oficios en comento a las autoridades correctas, esto es al Magistrado y el Actuario del Tribunal Unitario Agrario del distrito 53 de esta ciudad, que fueron señaladas como responsables en el escrito inicial de demanda. En atención a ello, el Magistrado y el Actuario del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XI de Guanajuato, capital, rindieron informe, manifestando la certeza del acto reclamado e indicaron que en dicho órgano se encuentra radicado el juicio agrario 781/2010, promovido por integrantes del comisariado ejidal del poblado denominado ********* municipio de Comonfort, Guanajuato, en contra de ************, por la restitución de una superficie de 2,800 metros cuadrados, que pertenece a las tierras de uso común, en el cual se dictó sentencia la que el diecinueve de mayo de dos mil trece, causo ejecutoria y se ordenó su cumplimiento, que a la fecha no se ha podido llevar a cabo. En virtud a dicha manifestación, el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, se requirió a la parte quejosa para que en el plazo de quince días ampliara su demanda de amparo en contra de las autoridades mencionadas en el párrafo inmediato anterior. Al no haber hecho manifestación alguna, en este auto en párrafos precedentes se hizo efectivo el apercibimiento efectuado a la parte quejosa y como consecuencia, se ordenó continuar la secuela procesal teniendo como autoridades responsables únicamente a las que señaló en su escrito inicial de demanda. En esa tesitura, como se advierte de los antecedentes narrados, fueron el Magistrado y el Actuario del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XI de Guanajuato, capital, quienes dentro del juicio agrario 781/2010, promovido por integrantes del comisariado ejidal del poblado denominado ********** municipio de Comonfort, Guanajuato, en contra de ***********, por la restitución de una superficie de 2,800 metros cuadrados, que pertenece a las tierras de uso común, tienen intervención en la emisión y ejecución de los actos reclamados de que se duele la parte quejosa, sin que hayan sido señalados con tal carácter. Bajo las anteriores consideraciones, se patentiza que en la especie no se encuentra integrada la relación jurídica-procesal respecto de los actos que se tachan de inconstitucionales; pues ante la omisión de la parte quejosa en señalar como autoridades responsables al Magistrado y el Actuario del Tribunal Unitario Agrario del Distrito XI de Guanajuato, capital, por ser quienes tienen intervención en los actos de los que se duele; este juzgado no puede resolver sobre su constitucionalidad. Esto es, la omisión en que incurrió el solicitante del amparo genera, en su perjuicio, una deficiencia en la integración de la relación procesal de este juicio, porque este tribunal se encuentra impedido para estudiar el fondo del negocio ya que para analizar la constitucionalidad del acto que se reclama, se insiste, era necesario que se hubiera llamado a juicio como autoridad responsable a aquéllas quienes lo ordenaron y ejecutaron. Por ello, ante esa omisión es indiscutible que jurídicamente no es posible resolver de fondo el presente sumario constitucional, pues al hacerlo así, se violarían derechos tanto adjetivos como sustantivos en perjuicio de la referida autoridad, pues no obstante que se previno al quejoso para que la señalara como responsable, o sea, se le dio la oportunidad para ello, éste no cumplió con el requisito establecido en la fracción III, del artículo 108, de la Ley de Amparo. Consideración que cobra relevancia porque de conformidad con la fracción II del artículo 5º de la ley de la materia, autoridad responsable es, con independencia de su naturaleza formal, "(.) la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas Por tanto, es inconcuso que respecto del acto reclamado que se analiza se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III, del diverso numeral 108, del propio ordenamiento legal, por lo que debe sobreseerse el juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Por identidad jurídica sustancial, se invoca la tesis 2a.CLXIV/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 113, Tomo IX, Enero de 1999 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DAR LE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, noviembre, página 195, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento". Al respecto, se invoca también la jurisprudencia 2a./J. 112/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 93 del Tomo XVIII, Diciembre de 2003, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada.". Paralelamente la jurisprudencia VI. 3o.J/44, emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en la página 67de l tomo 74, Febrero de 1994 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y texto siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 11 y 116, fracción III, del mismo ordenamiento legal." Consecuentemente, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional.
- Incidental
ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a *************, respecto de los actos atribuidos a las autoridades precisadas en el tercero de los considerandos, por los motivos expuestos en el mismo.
Quedan 19 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,190 expedientes
- José Paulín Regalado Ruíz165/2018
- José Pedraza Castañeda17/2015
- José Pedro García Medina362/2022
- José Pedro Paz Bonilla329/2022
- José Pedro Torres León799/2015
- José Pedro Torres León206/2021
- José Rafael Alvarado Ramírez1115/2019
- José Rafael Hernández Robles y Otros.62/2023
- José Rafael Nolla Fernández487/2015
- José Rafael Nolla Fernández369/2016
- José Ramírez Jaramillo696/2020
- José Ramírez Jaramillo200/2022