José Luis Ramirez Becerra

Expediente 358/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 56 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
358/2018
Año
2018
Actuaciones
56
Última actuación
23/04/2019

Partes del expediente

  • José Luis Ramirez Becerra
  • Fiscal de Investigaciones Ministeriales, Xalapa, Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 56.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que la ley concede para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio, interpusiera recurso de revisión en contra del auto veintisiete de marzo de la presente anualidad, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, sin que lo haya hecho valer. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha auto ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracciones I y III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente y el original del incidente de suspensión son susceptibles de destrucción, al haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio, y negado tanto la suspensión provisional como la definitiva de los actos reclamados, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción de los mismos, con posterioridad VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. En cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a la destrucción del mismo, por lo tanto, agréguesele copia autógrafa de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. Finalmente, de autos se advierte que la autoridad responsable Fiscal Sexta adscrita a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales Encargada del Despacho de la Agencia del Ministerio Público Especializado en Atención al Delito de Autos Robados, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, remitió diversas documentales, mismas que obran en un tomo de pruebas por separado; por tanto, resultan innecesarias su conservación, devuélvase dicho tomo a la citada autoridad responsable, sin que sea necesario que acuse de recibo, en virtud de que en autos obrará la constancia de notificación del oficio que al efecto se gire.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la parte quejosa, la determinación que dice: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el quejoso en su escrito de demanda señala como acto reclamado el siguiente: La omisión y negativa de cancelación del reporte de robo del automotor marca Nissan, tipo Sentra, color verde deportivo, modelo 1997, motor GA16-716525T, placas YEL 7287 del estado de Veracruz, con número de registro 3N1BDAB14VK014394. Ahora bien, este órgano jurisdiccional tiene la obligación de analizar, en todo momento, las constancias que obran en el presente expediente, así como de verificar la actualización de alguna causal de improcedencia, por ser ello una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 62 y 64 de la Ley de Amparo. A juicio de quien esto resuelve, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 5, fracción II y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo:. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Artículo 108.- La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: III La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. Lo dispuesto en el primer artículo señala la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos que resulte de alguna disposición de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo; es decir, se contempla la posibilidad de que la improcedencia del juicio tenga apoyo en alguna disposición de la Carta Magna. Por su parte, el segundo de dichos preceptos establece que para efectos del juicio de amparo, es autoridad responsable aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Y por cuanto al tercero artículo antes señalado, señala como requisito que debe contener la demanda amparo que la parte quejosa señale las autoridades responsables. Ahora bien, toda vez que el acto reclamado constituye el reporte de robo del automotor marca Nissan, tipo Sentra, color verde deportivo, modelo 1997, motor GA16-716525T, placas YEL 7287 del estado de Veracruz, con número de registro 3N1BDAB14VK014394, mismo que fuera denunciado ante la Agente del Ministerio Público de Investigación adscrita al Primer Turno, con sede en Ixtlahuaca, Estado de México, con número de carpeta de investigación 382910830080611 y que en proveído de trece de noviembre de dos mil dieciocho, dicha Agente informó a este juzgado, que en fecha seis de noviembre del año próximo pasado, remitió la carpeta de investigación 382910830080611 a la Agencia Especializada en Investigación, Recuperación y Devolución de Vehículos Robados, con residencia en Jocotitlán, Estado de México. Por lo que, en ese mismo auto se requirió a la autoridad antes citada, a fin de que informara el motivo por el cuál ordenó remitir a la Agencia Especializada en Investigación, Recuperación y Devolución de Vehículos Robados, con residencia en Jocotitlán, Estado de México, la carpeta de investigación señalada en el párrafo que antecede; de ahí, que en proveído de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, se tuvo a la Agente del Ministerio Público de Investigación adscrita al Primer Turno, con sede en Ixtlahuaca, Estado de México, informando que turnó la aludida carpeta a dicha Agencia en razón de que se trataba de una agencia especializada. Por lo anterior, en auto de catorce de febrero del año en curso, la Agente del Ministerio Público de Investigación adscrita al Primer Turno, con sede en Ixtlahuaca, Estado de México, remitió el acuse de recibo del diverso oficio 12562-2018, en el que turnó la carpeta de investigación 382910830080611 al Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada en Investigación, Recuperación y Devolución de Vehículos Robados, con sede en Alejo Peralta y Díaz Ceballos Iusa, Jocotitlán, Estado de México. Asimismo, en dicho auto se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de quince días contado a partir del día siguiente a aquél en el que surtiera efectos la notificación de dicho proveído, manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada en Investigación, Recuperación y Devolución de Vehículos Robados, con sede en Alejo Peralta y Díaz Ceballos Iusa, con residencia en Jocotitlán, Estado de México, apercibiéndole que en caso de no hacerlo, se resolvería únicamente por las autoridades que señaló en su demanda, siendo notificado del referido auto por lista de acuerdos el veinte de febrero del año en curso. De igual modo, en auto de quince de marzo del año en curso, se certificó que había transcurrido el plazo de quince días para que el quejoso José Luis Ramírez Becerra, señalara como autoridad responsable al Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada en Investigación, Recuperación y Devolución de Vehículos Robados, con sede en Alejo Peralta y Díaz Ceballos Iusa, en Jocotitlán, Estado de México, por lo que se le hizo efectivo el apercibimiento con el que fue conminado y se continuó con el trámite del juicio en que se actúa, respecto de las autoridades que señaló en su escrito de demanda. Lo antes señalado, pone de manifiesto que en el presente juicio de amparo no se señaló a la autoridad denominada Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada en Investigación, Recuperación y Devolución de Vehículos Robados, con sede en Alejo Peralta y Díaz Ceballos Iusa, en Jocotitlán, Estado de México, como responsable, y toda vez que dicha autoridad es la que actualmente conoce de la carpeta de investigación 382910830080611, del automotor marca Nissan, tipo Sentra, color verde deportivo, modelo 1997, motor GA16-716525T, placas YEL 7287 del estado de Veracruz, con número de registro 3N1BDAB14VK014394, y quien pudiera efectuar la cancelación del reporte de robo del automotor antes descrito y toda vez que al haberse omitido señalar como nueva autoridad, no obstante, al haber sido requerido al quejoso, da como consecuencia que al no se señalar a todas las autoridades que tienen intervención en el acto reclamado; ello conforme a lo dispuesto por artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo en el que se establece como requisito que deberá contener la demanda de amparo, el expresar la autoridad o autoridades responsables que tengan participación en el acto reclamado. Así las cosas, al haber precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo en los términos antes precisados, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 5, fracción II y 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, pues si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, ya que no se le llamó a juicio ni fue oída, razón por la que procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la misma ley. Sirve de apoyo a la anterior determinación, por similitud jurídica, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis, número 2a.CLXIV/98, visible en la página 113, Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, con número de registro 194684 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: 'DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.', publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento. En las relatadas circunstancias, es patente que en el caso se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en términos de lo establecido en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 5, fracción II y 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, por lo que debe decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Es ilustrativa, por los razonamientos que contiene, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en la página 991, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 173878, de rubro: SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. En esa tesitura, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON TRENTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, dense los avisos de rigor; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el asunto como definitivamente concluido. Sin que la anterior determinación, deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que al haberse actualizado la causa de improcedencia analizada en párrafos que anteceden, no tendría un resultado distinto la presente determinación ni aun celebrándose la audiencia constitucional; es decir, el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Finalmente, téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Subadministrador Desconcentrado de Recaudación de la Administración Desconcentrada de Recaudación de México "1", en el Estado de México, mediante el cual informa que no realizó el inventario de la multa impuesta a Mónica Hernández López en su carácter de Agente del Ministerio Público de Investigación adscrita al Primer Turno, con sede en Ixtlahuaca, Estado de México, en proveído de nueve de octubre del año en curso, toda vez que la documentación con la que cuenta no cumplía con los requisitos señalados en las Reglas 2.1.1 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el dos mil dieciocho, motivo por el cual no controló dicha multa y por ende no instauró el Procedimiento Administrativo de Ejecución; al respecto, agréguese únicamente para que obre como corresponda, toda vez que en proveído de veintiuno de febrero pasado, se dejó sin efectos la aludida multa.

  3. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el término de quince días concedido al quejoso José Luis Ramírez Becerra, en proveído de catorce de febrero del año en curso, para que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada en Investigación, Recuperación y Devolución de Vehículos Robados, con sede en Alejo Peralta y Díaz Ceballos Iusa, en Jocotitlán, Estado de México, transcurrió del veintidós de febrero al catorce de marzo de la presente anualidad, toda vez que fue notificado por lista de acuerdos el veinte de febrero pasado, sin que lo haya hecho. En consecuencia, se lleva acabo el apercibimiento decretado en el acuerdo de mérito y se continúa con el procedimiento de este juicio respecto del acto reclamado y las autoridades señaladas como responsables en la demanda de amparo que dio origen a los presentes autos.

  4. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días concedido al quejoso en proveído de catorce de febrero pasado, para que manifieste si es su deseo señalar como autoridad responsable al Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada en Investigación, Recuperación y Devolución de Vehículos Robados, con sede en Alejo Peralta y Díaz Ceballos Iusa en Jocotitlan, Estado de México, toda vez que fue notificado de dicho de auto el veinte de febrero del año en curso, por lo que dicho plazo transcurre del veintidós de febrero al catorce de marzo de la presente anualidad. En consecuencia, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, por lo que se difiere y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la misma.

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