José Luis Pérez Salinas

Expediente 562/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 15 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
562/2018
Año
2018
Actuaciones
15
Última actuación
07/01/2019

Partes del expediente

  • José Luis Pérez Salinas
  • Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, Xalapa
  • Ayuntamiento Constitucional de Nanchital de Lazaro Cárdenas del Río, Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia de diez de diciembre de dos mil dieciocho, en la que se negó el amparo y la protección de la justicia federal; consecuentemente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones III y IV, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente, ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, al haberse negado el amparo y protección de la justicia federal; asimismo, resulta procedente decretar que el original del incidente de suspensión ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse negado la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la depuración y destrucción, respectivamente, de los mismos; en el entendido de que se procederá para tal efecto con posterioridad al SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. En cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, resulta procedente decretar que el duplicado del incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al existir el original, por lo que una vez transcurridos seis meses se procederá a la destrucción del mismo, por lo tanto, agréguesele copia autógrafa de este proveído y manténgase por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Vistos para dictar sentencia en los autos del juicio de amparo número 562/2018; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el trece de junio de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y turnado a este Juzgado Decimoquinto de Distrito, en la misma data, el Sindicato de Empleados Municipales al Servicio del Ayuntamiento Constitucional de Nanchital, Veracruz, a través de su Secretario General José Luis Pérez Salinas, promovió juicio de amparo en contra de la autoridad responsable que se precisa a continuación: No. AUTORIDAD RESPONSABLE FOJAS SENTIDO 1 Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa. 132 y 133 CIERTO De quien reclama lo siguiente: ".El auto y/o acuerdo de fecha 18 de mayo del año dos mil dieciocho y notificado a la entidad moral que represento en fecha 24 de mayo del 2018, dictado por el H. Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Xalapa, Enríquez, Ver., dentro de los autos del juicio laboral número 447/2015-V, relativo a la demanda laboral entablada por la C. LILIA VAZQUEZ SOSA, en su carácter de secretaria general del SINDICATO DE EMPLEADOS MUNICIPALES INDEPENDIENTES DE NANCHITAL DE LAZARO CARDENAS DEL RIO, VERACRUZ, con número de registro TECA S-06/2014 en contra del H. Ayuntamiento Constitucional de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz y del sindicato que ahora represento." SEGUNDO. Derechos humanos violados. El promovente de amparo narró los antecedentes del acto reclamado; señaló terceros interesados; manifestó preceptos constitucionales violados los artículos 1°, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite y admisión de la demanda. Por auto de catorce de junio de dos mil dieciocho, este juzgado registró la demanda de amparo bajo el número 562/2018, y previno al promovente a fin de que indicara si el acuerdo reclamado se elevó a la categoría de laudo, así como para que exhibiera copia del mismo. Mediante proveído de diez de julio de dos mil dieciocho, se tuvo por cumplido el requerimiento formulado y se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado y se ordenó emplazar a juicio a los terceros interesados Lilia Vazquez Sosa, en su carácter de Secretaria General del Sindicato de Empleados Municipales Independientes de Nanchital, Veracruz y Tomas Castillo Cruz, en su carácter de ex Secretario General del Sindicato de Empleados Municipales de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz, así como a la diversa autoridad tercera interesada Ayuntamiento Constitucional de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz; se dio la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, y se señaló fecha para la audiencia constitucional. TERCERO. Incompetencia. Seguida la secuela procedimental, el veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, se celebró la audiencia constitucional, dictándose sentencia el diecisiete de octubre siguiente, en la que este órgano jurisdiccional resolvió carecer de competencia por razón de grado, ordenándose la remisión de los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, para los efectos conducentes. CUARTO. Devolución de los autos. El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, a quien por razón de turno correspondió conocer de la declinación de competencia, registró el asunto bajo el número de Amparo Directo 1081/2018; y mediante resolución de nueve de noviembre de dos mil dieciocho, el Pleno de dicho órgano determinó no aceptar la competencia planteada, ordenando la devolución del juicio de amparo. Consecuencia de lo anterior, en proveído de quince de noviembre de dos mil dieciocho, se recibieron los actos del juicio de amparo 562/2018, ordenándose avocar al conocimiento del asunto, y en razón de que ya se había celebrado la audiencia constitucional en todas sus etapas, se ordenó turnar los autos para resolver lo conducente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el punto séptimo, del apartado cuarto del Acuerdo General 03/2013, emitido el veintitrés de enero de dos mil trece, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, ya que se trata de un juicio de garantías promovido contra un acto de autoridad radicada dentro de la jurisdicción asignada a este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del Acto Reclamado. De la lectura integral de la demanda se desprende que el quejoso reclama lo siguiente: El auto de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el juicio laboral 447/2015-V, por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, en el cual se aprobó parcialmente el convenio celebrado por Tomás Castillo Cruz, quien fungía como Secretario General del Sindicato de Empleados Municipales al Servicio del Ayuntamiento Constitucional de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz y Lilia Vázquez Sosa, Secretaria General del Sindicato de Empleados Municipales Independientes de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz. TERCERO. Existencia del Acto Reclamado. La autoridad responsable Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con sede en esta ciudad, al rendir su respectivo informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le atribuye, por lo que debe de tenerse por cierto para todos los efectos legales. Es aplicable la jurisprudencia 749 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, del Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común. Primera Parte-SCJN Sexta Sección, Procedimiento de Amparo indirecto, página 830, con número de registro 1002815, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior se corrobora además con las documentales que remitió como apoyo a su informe, consistentes en copias certificadas del expediente laboral 447/2005-V, las que dado su carácter de documentales públicas tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°, al tratarse de actuaciones realizadas por una autoridad legalmente competente para ello. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 153, con número de registro 394182, de contenido siguiente. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causas de Improcedencia. Previamente al estudio de los aspectos de fondo vinculados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, deben analizarse las causas de improcedencia por ser esa una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, ya sea de oficio o bien a petición de parte, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al no existir causa de improcedencia hecha valer por las partes o que de oficio se advierta la actualización de alguna de ellas, resulta procedente pronunciarse en relación con los aspectos de legalidad o constitucionalidad esgrimidos en la demanda de amparo. QUINTO. Conceptos de Violación. Los conceptos de violación expresados en la demanda de amparo no se transcriben por no ser necesario, ya que para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad es más que suficiente que se dé respuesta a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J.58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." No obstante, para mejor comprensión de las razones que sustentan esta sentencia, a continuación se sintetizan los planteamientos formulados por la parte quejosa, los que, dada su íntima relación, serán analizados de forma conjunta, tal como lo autoriza la parte final del artículo 76 de la Ley de Amparo. La parte quejosa aduce que el acto reclamado transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por las razones siguientes: La responsable no consideró que el convenio de nueve de diciembre de dos mil dieciséis, debió ser firmado por los Secretario Generales de los Sindicatos que contaran con las facultades y autorizaciones correspondientes de acuerdo a sus respectivos estatutos sindicales, pues en el caso concreto, los artículos 35 y 61 de los estatutos del sindicato que representa el quejoso, señalan que para disponer del patrimonio se debe contar con la autorización del Comité Ejecutivo Sindical y de la Asamblea General de Socios, por lo que, la autoridad responsable no debió aprobar las cláusulas cuarta, quinta y sexta del citado convenio, ya que implican el desprendimiento, renuncia y cesión de sus derechos y facultades, así como de su patrimonio sindical. Previo a la aprobación del convenio se debió poner a la vista del Ayuntamiento de Nanchital, Veracruz, a fin de que manifestara su aprobación o reprobación del mismo, dado que se contempla la ejecución de actos que a dicho ente le corresponden. La redacción de las cláusulas quinta y sexta resulta obscura e improcedente, pues la primera de ellas es de imposible aplicación, al no establecer los lineamientos en que debe otorgarse la ayuda al sindicato minoritario, esto es, si el ente municipal otorgará un nuevo apoyo al sindicato, o si la misma se descontará del pago que le proporcionan al sindicato mayoritario; asimismo, en relación a la segunda, no se especifica a qué plazas se refiere, cómo se identifican el número de clave, así como tampoco el nombre de los trabajadores que deben ser reinstalados. SEXTO. Antecedentes del Acto Reclamado. De la demanda y constancias remitidas por la responsable en apoyo a su informe con justificación, a las que se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente: 1. El Sindicato de Empleados Municipales Independientes de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz, demandó del Ayuntamiento Constitucional de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz, así como del Sindicato de Empleados Municipales al Servicio del citado Ayuntamiento, la nulidad de diversos artículos contenidos en las Condiciones Generales de Trabajo. Dicho asunto se radicó con el número de expediente 447/2015, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz. 2. Admitida la demanda, en audiencia de seis de octubre de dos mil dieciséis, el tribunal responsable suspendió el procedimiento del juicio natural hasta en tanto se resolviera el incidente de acumulación planteado en el diverso expediente laboral 214/2016-II, promovido por el apoderado legal del Ayuntamiento Constitucional de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz. 3. En audiencia de trece de diciembre de dos mil dieciséis, celebrada en el expediente 447/2015, la autoridad responsable, previa solicitud de la parte actora, la tuvo por desistida de la demanda laboral y su ampliación por cuanto hacía al Ayuntamiento Constitucional de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz, ordenando la continuación del juicio únicamente por cuanto al sindicato codemandado. 4. En esa propia audiencia, la partes contendientes exhibieron un convenio de nueve de diciembre de dos mil dieciséis, suscrito por Tomás Castillo Cruz, en su carácter de Secretario General del Sindicato de Empleados Municipales al Servicio del Ayuntamiento Constitucional de Ciudad Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz, y Lilia Vázquez Sosa, Secretaria General del Sindicato de Empleados Municipales Independientes de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz, el cual previa ratificación en todas y cada una de sus partes, el tribunal responsable aprobó y lo elevó a categoría de laudo y ordenó el archivo del expediente como un asunto total y definitivamente concluido. 5. En contra de la anterior determinación, el Sindicato de Empleados Municipales al Servicio del Ayuntamiento Constitucional de Ciudad Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz, a través de su Secretario General José Luis Pérez Salinas promovió juicio de amparo directo, el cual, por razón de turno correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, quien lo registró bajo el número 423/2017; asimismo, mediante ejecutoria dictada el veintiséis de abril de dos mil dieciocho, los Magistrados de dicho órgano resolvieron otorgar el amparo solicitado por el Sindicato quejoso, para el efecto de que el tribunal responsable dejara insubsistente la resolución reclamada y emitiera otra en la que analizara nuevamente el convenio de nueve de diciembre de dos mil dieciséis, suscrito por Tomás Castillo Cruz, entonces Secretario General del Sindicato de Empleados Municipales al Servicio del Ayuntamiento Constitucional de Ciudad Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz, y Lilia Vázquez Sosa, Secretaria General del Sindicato de Empleados Municipales Independientes de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz, y de manera fundada y motivada estableciera su aprobación total o parcial, en torno a las cuestiones patrimoniales del sindicato quejoso, con base a lo expuesto en la ejecutoria federal. 6. En cumplimiento al fallo protector, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, el dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, dentro de los autos del juicio laboral 447/2015-V, dictó un acuerdo en el que dejó insubsistente el acuerdo reclamado de trece de diciembre de dos mil dieciséis, sólo en la parte en que se aprobó el acuerdo de voluntades, y declaró subsistente la validez de las cláusulas que el Tribunal Colegiado estimó de naturaleza laboral y como consecuencia su aprobación, a excepción de la cláusula séptima, la cual determinó que carecía de validez por no ajustarse a la norma interna sindical, por lo que determinó aprobar de manera parcial el convenio de los sindicatos contendientes, por lo que resultaba improcedente el archivo del expediente como asunto concluido. Lo anterior constituye el acto aquí reclamado. SÉPTIMO. Estudio de Fondo. Resultan inoperantes los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, sin que en el presente asunto proceda la suplencia de la deficiencia de la queja, conforme a lo establecido por el artículo 79, fracción V, de la Ley de la materia. Lo anterior es así, pues el aquí disconforme promovió el juicio de amparo en defensa de sus propios intereses, dada la pretensión de aquel peticionario de que no se apruebe el convenio celebrado con el diverso ente sindical, por lo que en el presente recurso el indicado beneficio procesal de la suplencia de la queja resulta improcedente. Al respecto se comparte, analógicamente, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, del tenor siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. NO OPERA EN FAVOR DE LOS SINDICATOS CUANDO DEFIENDAN SUS PROPIOS INTERESES Y NO LOS DE LOS TRABAJADORES. La suplencia de la queja deficiente prevista en la fracción IV del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, fue instituida por el legislador basándose en el principio de justicia distributiva, exclusivamente en favor de los trabajadores que acuden al juicio de garantías, ya sea por su propio derecho, o bien, constituidos por un sindicato en defensa de los derechos laborales que consagra el artículo 123 de la Carta Magna y en la legislación reglamentaria, con la única finalidad de velar por el apego de los actos de autoridad al marco constitucional para garantizar a ese sector el acceso real y efectivo de la Justicia Federal. Sin embargo, la referida institución no opera respecto de los sindicatos cuando se advierta que la demanda de garantías fue promovida por una organización sindical respecto de una controversia suscitada entre ésta y uno o varios de sus agremiados con el objeto de no restituir a éstos en sus derechos sindicales, toda vez que es obvio que el sindicato, como quejoso, está defendiendo sus propios intereses y no los de los trabajadores." Asimismo, cobra aplicación la jurisprudencia cuyo rubro y texto, a la letra, establecen: "SINDICATOS DE TRABAJADORES. CASOS EN QUE SE LES DEBE SUPLIR LA QUEJA DEFICIENTE EN LOS JUICIOS DE AMPARO. Del análisis de la evolución histórica de la institución de la suplencia de la queja, prevista en el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que el legislador, basado en el principio de justicia distributiva, la instituyó, exclusivamente, en favor de la clase trabajadora que acude al juicio de garantías, ya sea como persona física o moral constituida por un sindicato de trabajadores, en defensa de sus derechos laborales consagrados en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la legislación reglamentaria, para lograr el equilibrio procesal de las partes que intervienen en dicho juicio, y con la única finalidad de velar por el apego de los actos de autoridad al marco constitucional para garantizar a ese sector de la sociedad el acceso real y efectivo a la Justicia Federal. En consecuencia, la referida institución opera a favor de los sindicatos de trabajadores, cuando defienden derechos laborales que han sido vulnerados por cualquier acto de autoridad sin importar su origen, siempre y cuando éste trascienda directamente a los derechos laborales de sus agremiados, y no intervengan diferentes organizaciones sindicales como partes quejosa y tercero perjudicada, toda vez que esta peculiaridad procesal implica que ninguna de las partes se coloque en una situación de desigualdad jurídica que requiera ser equilibrada y dé lugar a la obligación de suplir la queja en tanto las dos partes, al ser sindicatos, deben estimarse parte trabajadora en igualdad de condiciones. En otras palabras, cuando un sindicato acude al juicio de garantías y su contraparte es también un sindicato al que le interesa que subsista el acto reclamado con el fin de tutelar los derechos del propio sindicato, significa que no subsiste la desventaja técnico procesal que tanto el Poder Revisor de la Constitución como el legislador ordinario tomaron en cuenta para establecer tal obligación." Precisado lo anterior, del análisis integral de los conceptos de violación sintetizados en el considerando quinto de la presente resolución, se tiene que la causa de pedir contenida en los mismos, gira en torno a que la aprobación de las cláusulas cuarta, quinta y sexta del convenio de nueve de diciembre de dos mil dieciséis, celebrado entre Tomás Castillo Cruz, entonces Secretario General del Sindicato de Empleados Municipales al Servicio del Ayuntamiento Constitucional de Ciudad Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz, y Lilia Vázquez Sosa, Secretaria General del Sindicato de Empleados Municipales Independientes de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Veracruz, afectan el patrimonio del Sindicato quejoso, pues señala en primer lugar, que de conformidad con los estatutos del sindicato, para disponer del mismo se debe contar con la autorización del Comité Ejecutivo Sindical y de la Asamblea General de Socios, que el tribunal responsable debió poner a la vista del Ayuntamiento de Nanchital, Veracruz, el citado convenio, dado que en el mismo se contempla la ejecución de actos que le corresponden, así como que las clausulas quinta y sexta no son claras, ya que no se especifican los términos en que deben ser ejecutadas las mismas. Ahora bien, las cláusulas del convenio de nueve de diciembre de dos mil dieciséis, que interesan, son del tenor siguiente: "- - - - - - - - - - C L A U S U L A S - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (.) CUARTA:- El "SINDICATO MAYORITARIO" acepta y reconoce que el "SINDICATO MINORITARIO", tiene los mismos derechos que éste en cuanto a la cobertura total de las plazas vacantes que se generen con motivo de Incapacidades, Permisos con goce de sueldo y sin goce de sueldo, Comisión Sindical, Jubilaciones y propuestas en contrataciones de personal eventual sindicalizado, por lo que está de acuerdo en que el SINDICATO MINORITARIO cubra las vacantes que le corresponden. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - QUINTA:- El "SINDICATO MAYORITARIO" acepta y reconoce que el "SINDICATO MINORITARIO" tiene derecho al pago de la ayuda económica para gastos de administración del sindicato así como el apoyo para la realización anual del día del empleado.- - - - - - - - - - - - - - - - SEXTA:- El "SINDICATO MAYORITARIO" acepta entregar las CINCO plazas eventuales que le corresponde cubrir al "SINDICATO MINORITARIO", para que las personas propuestas para ocupar dichas plazas sean reinstalados de inmediato por parte del H. Ayuntamiento de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Rio, Ver., ya que las mismas les fueron quitadas a petición del "SINDICATO MAYORITARIO" por haberse cambiado al "SINDICATO MINORITARIO"; estando consiente que de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Estatal del Servicio Civil del Estado de Veracruz y la Ley Federal de Trabajo de aplicación supletoria, le corresponden dichas plazas al "SINDICATO MINORITARIO". - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SÉPTIMA:- El "SINDICATO MAYORITARIO" reconoce que se realizó una compraventa simbólica al municipio de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Rio, Ver., del predio destinado para la construcción de la colonia de empleados municipales al servicio de este H. Ayuntamiento de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Rio, Ver., y acepta que se les entreguen a todos los integrantes del "SINDICATO MINORITARIO", el lote que a cada uno le corresponde, para que les sea entregado por parte del patronato que al efecto se formó, ya que éstos lotes, se encuentran asignados en la parte de enfrente del citado predio. - - - - - - - - - - - - - - - (.)" Como ya se dijo, dichos argumentos son inoperantes. Lo anterior se estima así, tomando en cuenta que tales argumentos ya fueron analizados por los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, en la ejecutoria de veintiséis de abril de dos mil dieciocho, al resolver el juicio de amparo directo 423/2017, promovido por el hoy quejoso en contra de la resolución de trece de diciembre de dos mil dieciséis, dictada en el expediente origen, en la que se aprobó de manera total el multicitado convenio. En efecto, en relación a sus inconformidades relacionadas en los conceptos de violación sintetizados en los puntos 2 y 3, relativas a que se debió poner a la vista del Ayuntamiento de Nanchital, Veracruz, el convenio de nueve de diciembre de dos mil dieciséis, al establecerse cuestiones de su incumbencia, como por ejemplo la cantidad que por concepto de gastos de administración se debe otorgar, el Tribunal Colegiado señaló que eran inoperantes sus argumentos, dado que no le irrogaban perjuicio alguno las situaciones antes destacadas, ya que en todo caso a quien perjudicarían sería al propio Ayuntamiento, quien no acudió a la vía constitucional, careciendo el sindicato quejoso de legitimación para realizar alguna defensa a su nombre. Asimismo, en cuanto al argumento contenido en el concepto de violación sintetizado en el punto 1, relativo a que el convenio debió ser firmado por los Secretarios que contaran con la autorización correspondiente conforme a sus estatutos sindicales para efecto de disponer de su patrimonio, ya que el contenido de las clausulas cuarta, quinta y sexta, implicaban el desprendimiento, renuncia y cesión de sus derechos así como del propio patrimonio, de manera esencial dicho planteamiento fue expuesto junto a otros en la demanda de amparo directo, lo cual fue materia de análisis dentro del juicio uniinstancial, los cuales fueron declarados fundados por el órgano colegiado, pero estimando que en relación a lo estipulado en las mismas, que fue aceptado y reconocido por el sindicato mayoritario -aquí quejoso-, eran obligaciones de naturaleza laboral y no patrimonial, a excepción de la cláusula séptima, en la cual el sindicato, reconocía haber realizado una compraventa simbólica respecto de un predio al Ayuntamiento de Nanchital de Lázaro Cárdenas del Rio, Veracruz, el cual estaba destinado para la construcción de los empleados municipales, aceptando que fuera entregado a los integrantes del denominado "Sindicato Minoritario", lo cual sí implicaba cuestiones patrimoniales del sindicato quejoso. Lo anterior, en razón de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, aprobó el convenio pero omitió analizar si el signante Tómas Castillo Cruz, otrora Secretario General del sindicato demandado, tenía facultades para suscribir el convenio de mérito por cuanto hace únicamente a las cuestiones patrimoniales, ello conforme a los artículos 35, inciso a), 57 y 61 de los Estatutos del Sindicato de Empleados Municipales al Servicio del Ayuntamiento de Nanchital, Veracruz. En ese sentido, se tiene que los argumentos de la parte quejosa ya fueron analizados en un diverso juicio de amparo, lo que trae como consecuencia que resulten inoperantes en el presente juicio de amparo, al haber obtenido dichos pronunciamientos la calidad de cosa juzgada; por lo tanto, ahora no puede ser objeto de un nuevo análisis. De este modo, los conceptos de violación en estudio devienen inoperantes, puesto que tales aspectos fueron materia de estudio en la aludida sentencia de amparo directo, de manera que ya no puede discutirse lo que ya fue decidido en definitiva por la Justicia Federal, pues se insiste, adquirió la calidad de cosa juzgada. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 26/2005, de la Segunda Sala de nuestro Alto Tribunal, visible en la página 308, Tomo XXI, Marzo de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS SOBRE DETERMINADO TEMA LITIGIOSO CUANDO HUBO PRONUNCIAMIENTO EN UN AMPARO ANTERIOR, AUN CUANDO EN EL NUEVO AMPARO SE PLANTEEN CUESTIONES DE CONSTITUCIONALIDAD ANTES NO ADUCIDAS. Cuando un Tribunal Colegiado sostuvo en la sentencia que se revisa que existe resolución pronunciada en un juicio de amparo anterior, declarando por ello inoperantes los argumentos contenidos en los conceptos de violación relativos a un determinado punto litigioso, no obstante se refieran a la inconstitucionalidad de una ley o a la interpretación de un precepto de la Constitución; debe estimarse que como resultado de la ejecutoria pronunciada en el anterior juicio de garantías, dichas cuestiones analizadas y resueltas habrán quedado firmes sin posibilidad de una impugnación posterior, pues por virtud de la vinculación de la ejecutoria de amparo, deberán ser reiteradas por la autoridad responsable en el juicio de origen como cuestiones firmes, en tanto no pueden ser modificadas sin alterar la fuerza ejecutoria de las sentencias de amparo, que reviste la calidad de cosa juzgada. En esa virtud, resultan inoperantes los agravios que en el recurso de revisión se hacen valer si en un juicio de garantías anterior se analizó el tema litigioso, porque con independencia de los argumentos que sobre el particular se formulen, no pueden rebatirse cuestiones firmes." Así como la diversa jurisprudencia I.4o.A. J/58, del cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1919, Tomo XXVII, Febrero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS INOPERANTES CUANDO EXISTE COSA JUZGADA. Son inoperantes los conceptos de violación planteados en un amparo o los agravios que se esgrimen en un recurso cuando van dirigidos a combatir aspectos que ya no pueden estar sujetos a discusión ni mucho menos reexaminarse en virtud de que ya fueron analizados y desestimados en un asunto anterior constituyendo por ello cosa juzgada, pues en ambos asuntos coinciden o concurren los elementos que distinguen tal institución jurídica: a) El objeto de la decisión; b) El fundamento jurídico; y, c) Los sujetos." En este orden de ideas, al haber resultado inoperantes los conceptos de violación vertidos por el Sindicato de Empleados Municipales al Servicio del Ayuntamiento Constitucional de Nanchital, Veracruz, a través de su Secretario General José Luis Pérez Salinas, y no advertir queja deficiente que suplir, lo que procede es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. OCTAVO. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que lo solicite y acredite estar legitimada para ello, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. NOVENO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener la presente sentencia, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo expuesto y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 73 al 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE al Sindicato de Empleados Municipales al Servicio del Ayuntamiento Constitucional de Nanchital, Veracruz, a través de su Secretario General José Luis Pérez Salinas, contra la autoridad y por el acto que fueron precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso séptimo de esta sentencia. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Téngase por recibido el oficio número 6525/2018, signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta la resolución dictada en el expediente 1081/2018, de su índice, así como los autos originales del juicio de amparo 562/2018 de este juzgado, interpuesto por José Luis Pérez Salinas, en el que determinó no aceptar la competencia planteada para conocer de la demanda de amparo. En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente; agréguese el cuaderno de antecedentes que se formó en ausencia de los autos originales. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno y del conocimiento de la parte quejosa la resolución de mérito. Ahora bien, se avoca al conocimiento del asunto con apoyo en lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley de Amparo. Por otra parte, no ha lugar a señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que atento al principio de unidad de la audiencia, por regla general y salvo que se adviertan irregularidades que subsanar, éste órgano jurisdiccional debe limitarse a reconocer la validez de las etapas ya celebradas y dictar la sentencia que en derecho proceda; por tanto, si en el presente juicio se desahogaron las dos primeras etapas de la audiencia constitucional, esto es, la de ofrecimiento y desahogo de pruebas y la de recepción de alegatos, túrnense los presentes autos para resolver lo que en derecho proceda.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Téngase por recibido el oficio número 6525/2018, signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta la resolución dictada en el expediente 1081/2018, de su índice, así como los autos originales del juicio de amparo 562/2018 de este juzgado, interpuesto por José Luis Pérez Salinas, en el que determinó no aceptar la competencia planteada para conocer de la demanda de amparo. En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente; agréguese el cuaderno de antecedentes que se formó en ausencia de los autos originales. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno y del conocimiento de la parte quejosa la resolución de mérito. Ahora bien, se avoca al conocimiento del asunto con apoyo en lo dispuesto por el artículo 41 de la Ley de Amparo. Por otra parte, no ha lugar a señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, toda vez que atento al principio de unidad de la audiencia, por regla general y salvo que se adviertan irregularidades que subsanar, éste órgano jurisdiccional debe limitarse a reconocer la validez de las etapas ya celebradas y dictar la sentencia que en derecho proceda; por tanto, si en el presente juicio se desahogaron las dos primeras etapas de la audiencia constitucional, esto es, la de ofrecimiento y desahogo de pruebas y la de recepción de alegatos, túrnense los presentes autos para resolver lo que en derecho proceda.

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