José Luis Pazzi Maza
Expediente 439/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 439/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 23/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José Luis Pazzi Maza
- Contraloría General del Esstado de Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Téngase por recibido el oficio 379/2019-C, signado por el actuario judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta el testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja 106/2019, interpuesto por José Luis Pazzi Maza, mismo que resolvió en los siguientes términos: "Por lo expuesto y fundado, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se declara INFUNDADO el recurso de queja de que se trata." En consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente; asimismo, con fundamento en el artículo 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al haberse confirmado el auto en el que se desechó la demanda de amparo, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo; lo anterior, con posterioridad al VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO. Además, de conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Finalmente, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, Veracruz, mediante el cual informa que admitió el recurso de queja interpuesto por el promovente José Luis Pazzi Maza, en contra del proveído de cuatro de junio de dos mil diecinueve, en el que se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen a los presentes autos; el cual quedó registrado en su estadística con el número 106/2019. Atento a lo anterior, estese en espere de que se reciba en este órgano jurisdiccional la determinación que al respecto emita el referido Tribunal Colegiado, a fin de estar en aptitud de proveer lo conducente.
- Principal
Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso José Luis Pazzi Maza, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído de cuatro de junio de la presente anualidad, en el que se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen a los presentes autos. Por lo tanto, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 101, de la Ley de Amparo, se rinde informe con justificación en relación con la materia de la queja, aceptándose como cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. Asimismo, remítase copia certificada de las constancias que integran el presente asunto al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito en turno, con sede en esta ciudad, a través de su Oficina de Correspondencia Común, al que se anexa el escrito original de agravios, y la copia que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Tribunal Colegiado, para la substanciación de la queja en comento.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, cuatro de junio de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el quejoso José Luis Pazzi Maza, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de treinta de mayo de la presente anualidad, manifiesta bajo protesta de decir verdad los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado; por lo tanto, en tiempo se tiene por desahogado el requerimiento dictado en actuaciones, respecto la demanda de amparo promovida por José Luis Pazzi Maza, contra acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. Al respecto, se acuerda: DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. En ejercicio de la facultad que a este Juzgador confiere el artículo 113, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda que dio origen a los presentes autos, conforme a lo que enseguida se expone. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa y el escrito aclaratorio presentado por el quejoso, siendo menester precisar que únicamente se tomará en consideración el acordado en esta data y no el diverso presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado el veintinueve de mayo pasado, toda vez que éste no contiene la protesta de decir verdad; de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la Jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." (Lo subrayado es propio). Asimismo, de lo sustentado por la tesis P. VI/2004, al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el solicitante de amparo expuso hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA.- El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". (Lo subrayado es propio). ACTO RECLAMADO. En ese sentido, el acto que en esta vía constitucional se reclama es el consistente en: El acuerdo de siete de mayo de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio laboral 665/2011-I, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual aprobó los descuentos por Impuesto Sobre Producto del Trabajo, y por cuotas del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, realizados por la parte demandada para cumplir con la condena líquida impuesta en el laudo de veintiséis de febrero de dos mil quince, dentro del juicio laboral en comento. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO ANTE UNA CAUSAL MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. En la especie, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: IV. (...) .Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." (Lo subrayado es propio) Lo dispuesto en el primer artículo transcrito debe interpretarse en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé dicho numeral, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución, lo que de suyo implica que las fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Sustenta el anterior argumento, la tesis 2a. XCI/2015, que contempla lo siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO. El precepto y fracción citados, al establecer que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo." (Lo subrayado es propio) Por lo tanto, del artículo 61 de la Ley de Amparo en relación con el diverso artículo 107, fracción IV, de ese mismo ordenamiento, se desprende que el juicio de amparo en contra de actos dictados en el periodo de ejecución de sentencia, únicamente es procedente en dos supuestos, que son los siguientes: Cuando el peticionario de amparo se ostenta como tercero extraño a juicio, esto es, cuando argumenta que no ha sido oído ni vencido en el asunto por el cual solicita la protección constitucional; o bien, Cuando se trate de la última resolución dictada dentro del referido procedimiento de ejecución de sentencia. Respecto segundo punto (actos de ejecución de sentencia), el amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendiendo a ésta como: a) Aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; b) La que ordena el archivo definitivo del expediente. En ese sentido, se comprende que para que el juicio de amparo sea procedente contra actos reclamados en la etapa de ejecución de sentencia, debe de ubicarse dentro de esos últimos dos supuestos. Lo cual es apoyado por la Jurisprudencia número P./J.32/2001, planteada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". (Lo subrayado es propio). Para sustentar la actualización de dicha causal de improcedencia, es menester relatar los antecedentes que se advierten de la lectura íntegra de la demanda de amparo y el escrito aclaratorio, consistentes en los siguientes puntos: José Luis Pazzi Maza, aquí quejoso, demandó a la Contraloría General del Estado de Veracruz, señalada como tercera interesada, diversas prestaciones de carácter laboral; juicio laboral que quedo radicado bajo el número 665/2011-I, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. La autoridad responsable dictó laudo el veintiséis de febrero de dos mil quince, en la cual condenó a la Contraloría General del Estado de Veracruz, parte aquí tercera interesada, al pago en cantidad líquida por concepto de aguinaldo, prima vacacional, salario tabular, permisos económicos, ayuda mensual de despensa, ayuda para previsión social múltiple, ayuda para compra de útiles, estímulo para servidores públicos, ayuda para pasajes, ayuda por servicios, compensación administrativa, compensación por actividades culturales, ayuda para capacitación y desarrollo, y horas extras, consistentes en $586,027.18 (quinientos ochenta y seis mil veintisiete pesos 18/100 M.N.); además, a inscribir al actor ante el Instituto de Pensiones del Estado y a realizar el pago de las aportaciones respectivas a partir del dieciséis de junio de mil novecientos noventa y nueve al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, así como inscribirlo o darlo de alta, enterar o pagar las cuotas obrero - patronales ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Sistema de Ahorro para el Retiro, en la temporalidad antes señalada, y a expedirle al actor una constancia por escrito que contenga la fecha de ingreso y conclusión de la relación de trabajo. En ese orden de ideas, la autoridad responsable concedió a la parte demandada el término de quince días para cumplir con el pago de la cantidad líquida de la condena impuesta en el laudo antes señalado; sin embargo fue omisa en atender al primer requerimiento, por lo que subsecuentemente se le realizaron dos requerimientos más. La parte demandada compareció al juicio laboral del que deriva el acto reclamado el siete de mayo de la presente anualidad, para dar cumplimiento a la condena líquida impuesta en el referido laudo; por lo que, exhibió un título de crédito por el monto de $303,915.67 (trescientos tres mil novecientos quince pesos 67/100 M.N.), cantidad que resultó de realizar los descuentos a la cantidad de la condena líquida impuesta en el laudo, consistente en $586,027.18 (quinientos ochenta y seis mil veintisiete pesos 18/100 M.N.), por el Impuesto Sobre Producto del Trabajo y por cuotas del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz. Por lo que, al no estar de acuerdo con tal determinación, el promovente José Luis Pazzi Maza, en esa misma data presentó una petición ante la autoridad responsable para que se tuviera por improcedente el descuento realizado por la parte demandada, sin obtener una respuesta favorable. Ahora, respecto a la condena indeterminada de los derechos de seguridad social del trabajador, tras haberse obtenido el amparo y protección de la justicia federal para la apertura del incidente de liquidación, e impugnado la resolución que le había recaído, dicha incidencia se encuentra pendiente a cumplir con la ejecutoria dictada en el diverso juicio de amparo 1020/2018, del índice de este Juzgado, por lo que aún no se encuentra resuelto el incidente de liquidación respecto a la condena indeterminada en el respectivo laudo. Bajo ese contexto, tenemos que la primera hipótesis no se actualiza, pues en el caso, José Luis Pazzi Maza, aquí parte quejosa, es la parte actora en el juicio laboral 665/2011-I, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad; por ende, se encuentra integrado en la relación procesal, es decir, no tiene la calidad de tercero extraño a juicio, por haber sido el trabajador que promovió la demanda laboral para reclamar a la parte demandada diversas prestaciones. En el mismo sentido, resulta claro que no se actualiza la segunda hipótesis, en virtud de que el acuerdo de siete de mayo de dos mil diecinueve, dictado en los autos del juicio laboral 665/2011-I, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual la responsable aprobó los descuentos realizados por la parte demandada a la condena líquida impuesta en el laudo de veintiséis de febrero de dos mil quince, respecto al Impuesto Sobre Producto del Trabajo y por cuotas del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, no se trata de un acto que examine lo relativo al último acto dictado en la etapa de ejecución del juicio laboral, pues en ésta no se hizo pronunciamiento de la resolución definitiva en que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento ni se ordenó el archivo del asunto como concluido, sino que únicamente se procedió a tener por realizados los descuentos correspondientes a los Impuestos por Producto del Trabajo y a las cuotas del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz. Apoya lo anterior, el contenido de la Jurisprudencia 2ª/J., sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA QUE DECLARA CUMPLIDA LA CONDENA DECRETADA EN EL LAUDO Y ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2002-SS, definió que la procedencia del recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, no puede entenderse restrictiva sólo contra las resoluciones emitidas estrictamente para la ejecución del laudo, sino que debe interpretarse de modo extensivo incluso a todas aquellas que, aunque no tengan como objetivo directo e inmediato conseguir el cumplimiento del laudo, se emitan en o durante la etapa de ejecución, justamente porque fue intención del legislador dotar a las partes de un medio ordinario para que soliciten la revisión de los actos del Presidente en ejecución de los laudos, a fin de que pueda enmendarse cualquier error de procedimiento o de fondo. Bajo esa premisa, la resolución dictada por el Presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje que declara cumplida la condena decretada en el laudo y ordena el archivo del expediente como asunto concluido, constituye un acto dictado en la etapa de ejecución, precisamente porque con ese acto el Presidente ejecutor verifica la satisfacción de las obligaciones impuestas en el laudo, declarando su cumplimiento y, en consecuencia, ordenando el archivo del asunto; sin que sea obstáculo que con ese acto concluya la fase de ejecución, pues esa sola circunstancia no indica que esté fuera de esa etapa; al contrario, tan forma parte de ella que la finaliza. En consecuencia, contra la resolución referida procede el recurso de revisión y debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, a fin de satisfacer el principio de definitividad, conforme al artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo." (Lo subrayado es propio). En ese contexto, es inconcuso que el auto de siete de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral 665/2011-I, del índice de Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, no tuvo por cumplida la condena líquida impuesta a la parte demandada en el respectivo laudo; además, aunado a que la planilla de liquidación aún se encuentra pendiente de resolver, se evidencia que la autoridad responsable no ha emitido el último acto en la ejecución del laudo dictado el veintiséis de febrero de dos mil quince, del juicio laboral en comento, ni ha ordenado el archivo del expediente. En ese tenor, se actualiza de manera manifiesta e indubitable la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, en razón de que el acto que se pretende combatir no constituye la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo condenado en el respectivo laudo o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni se trata de la resolución que ordena el archivo definitivo del juicio laboral 665/2011-I, del índice de Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, sino que se trata de un acto intermedio dentro de tal procedimiento de ejecución, en el que se tuvieron por realizados los descuentos correspondientes a los Impuestos por Producto del Trabajo, por el monto de $94,592.58 (noventa y cuatro mil quinientos noventa y dos 58/100 M.N.) y a las cuotas del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, por el monto de $187,518.93 (ciento ochenta y siete mil quinientos dieciocho 93/100 M.N.) del trabajador José Luis Pazzi Maza, aquí quejoso, por parte de la autoridad demandada, aquí tercera interesada, respecto a la condena líquida impuesta en el respectivo laudo. Apoya, por su contenido la Tesis XVII.1o.C.T.70 L (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "LAUDO. SI LA CONDENA ES POR UNA CANTIDAD LÍQUIDA, EL PAGO DEBE HACERSE EN MONEDA ACTUAL Y DE CURSO LEGAL, POR LO QUE LA PRETENSIÓN DEL PATRÓN DE CUMPLIR MEDIANTE LA EXHIBICIÓN DE UN PAGARÉ ES IMPROCEDENTE, AL NO TENER PODER LIBERATORIO ILIMITADO. De los artículos 33, 84, 112, 946 y 949 de la Ley Federal del Trabajo, se colige que el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por sus servicios, el cual es irrenunciable e inembargable; asimismo, que los laudos deben cumplirse en su totalidad, es decir, respecto de cada una de las prestaciones sobre las que la Junta hubiere condenado; de ahí que para el cumplimiento del pago de una cantidad líquida, el patrón debe realizarlo en los términos de la condena; en consecuencia, cuando se trata del cumplimiento de una obligación de pagar dinero, el pago debe hacerse en moneda actual y de curso legal, con poder liberatorio ilimitado. Por tanto, la pretensión del patrón de cumplir el laudo mediante la exhibición de un pagaré es improcedente, al no tener poder liberatorio ilimitado, toda vez que su validez está sujeta al cumplimiento de diversos requisitos que establece la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, cuya efectividad solamente se obtiene mediante el ejercicio de la acción en la vía idónea." (Lo subrayado es propio). Por lo tanto, con fundamente en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito juzgador determina procedente desechar de plano la demanda de amparo en cuestión, en virtud de que el acto que se reclama no está dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, y con ello se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de ese mismo ordenamiento, lo que a su vez genera la imposibilidad jurídica de admitir la demanda y estudiar la constitucionalidad e inconstitucionalidad del embargo reclamado, pues no encuadra con la naturaleza del juicio de amparo. Sustenta la anterior determinación la tesis XIX. 1º.P.T.3 K, postulada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO POR MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS INTRAPROCESALES VERIFICADOS EN PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA.- En la jurisprudencia 1a./J. 29/2003 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, junio de 2003, página 11, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA.", expresamente se mencionó que en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, el legislador de forma destacada introdujo una regla específica con el propósito de impedir que el juicio constitucional de referencia sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva o laudo con el carácter de cosa juzgada; dicha regulación consiste en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, solamente cuando se trate de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo y nunca antes, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. En este orden, resulta inconcuso que como tales reglas tienen un tratamiento especial, al momento de su aplicación, no caben interpretaciones diferentes, pues de hacerlo, se correría el riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías, de manera que cuando se reclamen actos dictados dentro del juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no pueden aplicarse las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente contra todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación. De igual forma, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no se les puede aplicar la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, lo cual trastoca los motivos por los que el legislador instrumentó esas reglas, que fueron evitar el abuso del juicio de garantías. En consecuencia, las demandas de amparo indirecto enderezadas contra actos intraprocesales verificados al interior de procedimientos de ejecución de sentencias o laudos, después de concluido el juicio, se encontrarán afectadas de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia derivado de la mencionada tesis jurisprudencial y del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 114, fracción III, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo y, por tanto, procederá su desechamiento en términos del artículo 145 del propio ordenamiento." (Lo subrayado es propio). Notifíquese personalmente.Así lo proveyó y firma Samuel René Cruz Torres, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de Luis Alberto Camacho Mondragón, secretario que autoriza y da fe.
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