José Luis Valdez Espinoza

Expediente 161/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
161/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
14/03/2019

Partes del expediente

  • José Luis Valdez Espinoza

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha fenecido el término de cinco días que la ley prevé para la interposición del recurso de queja en contra del auto de veinticinco de febrero de la presente anualidad, en el cual se desechó de plano la demanda; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, ya que se desechó de plano la demanda, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo, con posterioridad al CATORCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al CATORCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.

  2. Principal

    Vista la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte la imposibilidad que existe para notificar personalmente al promovente de amparo José Luis Valdez Espinoza, el proveído de veinticinco de febrero del año en curso, por los motivos en ahí expuestos; en tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágasele dicha notificación, así como las subsecuentes aún las de carácter personal, por medio de lista de acuerdos, que se fija en los estrados de este Juzgado. Xalapa-Enríquez, Veracruz, veinticinco de febrero de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por José Luis Valdez Espinoza contra el acto que reclama del Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz. Al respecto, se acuerda: FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE bajo el número 161/2019-II-A. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD; y la tesis al rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que la solicitante de amparo expuso hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA.- El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". ACTO RECLAMADO. El acto que el solicitante de amparo hace consistir, es el siguiente: "La falta o ilegal de emplazamiento, y en consecuencia de ello, todo lo actuado en el Juicio Ordinario Civil número 276/2018 del índice de la autoridad responsable C. Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Ver., juicio en el cual no he sido oído y vencido, porque nunca he sido emplazado al mismo, violándose en mi perjuicio el derecho humano al debido proceso, así como la garantía de audiencia y otras contenidas en los numerales 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." CAUSAL DEL IMPROCEDENCIA. Ahora bien, el suscrito considera que se actualiza la causal de improcedencia que establece el 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII.- Contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.] Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" Al efecto, debe decirse que el principio de definitividad en materia de amparo consiste en la obligación que tiene el gobernado de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo, el cual, por su naturaleza, es un medio extraordinario de defensa; de ahí que dicho principio deba ser acatado previamente por la parte promovente del juicio de amparo, salvo las excepciones a que se refiere el transcrito numeral de la Ley de Amparo. Lo anterior implica que, salvo las excepciones destacadas, de no agotarse los recursos o medios de defensa que procedan contra el acto reclamado, el juicio de amparo que en su caso se promueva, resultará improcedente. Encuentra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia por reiteración número I.6º.C.J/37, que al rubro y texto dispone: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." De esta manera, se infiere que los elementos con los cuales se integra la causal de improcedencia en comento, son los siguientes: a) El acto reclamado debe emanar de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Contra ese acto conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento. c) Mediante esa revisión oficiosa, recurso o medio de defensa, el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado. Ahora bien, en el caso el impetrante de amparo reclama el emplazamiento efectuado dentro de los autos del Juicio Ordinario Civil 276/2018 del índice Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en esta ciudad; sin embargo, a consideración del suscrito, previo a la promoción del juicio de amparo debió interponer el incidente de nulidad de notificaciones que prevé el artículo 90 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, el cual establece lo siguiente: "ARTICULO 90 El incidente de nulidad que se promueva por defecto en las notificaciones, se substanciará ante el mismo juez o magistrado que conozca del negocio. Si la parte contraria estuviere conforme, se declarará desde luego la nulidad de lo actuado desde la notificación hecha indebidamente. Si no estuviere conforme, se convocará a una audiencia que tendrá verificativo a más tardar dentro de cinco días, en la que los interesados pueden presentar las pruebas que tuvieren. En la misma audiencia se resolverá lo que procediere en justicia. En el caso de que proceda la nulidad, se impondrá al responsable una multa equivalente, como máximo, a diez días de salario que devengue el servidor público y se le condenará al pago de los gastos y costas." Así, el citado precepto legal establece que los litigantes de un juicio civil, pueden plantear la nulidad de una notificación ante el Juez o Magistrado que esté conociendo del asunto, es decir, a través de dicho medio de defensa puede nulificarse una notificación o emplazamiento que se haya realizado ilegalmente. De tal suerte que si el promovente alega la nulidad de del emplazamiento realizado en el juicio ordinario civil 276/2018 del índice del juzgado señalado como responsable, resulta patente que tenía a su alcance el incidente de nulidad de notificaciones aludido, mismo que debió ser agotado previamente conforme lo que establece el principio de definitividad, tratándose de actos emitidos por autoridades jurisdiccionales, pues el acto que se reclama emana de un tribunal civil, el recurso o medio de defensa que corresponde se encuentra contemplado dentro de la legislación que rige el acto, y además, a través del incidente en comento puede nulificarse el acto que reclama. Lo anterior, aunado a que el quejoso, bajo protesta de decir verdad manifestó ser parte demandada en dicho juicio, el cual se encuentra pendiente de dictar sentencia, al haber sido turnado para resolver, motivo por el cual se considera que estaba en condiciones de impugnar mediante el incidente al que se ha hecho alusión, el acto que reclama en esta vía. Asimismo, también es necesario puntualizar que en virtud de que el acto reclamado analizado en este apartado lo constituye el emplazamiento que le fue realizado en el multireferido juicio, se considera que no se actualiza ninguna de las excepciones previstas en los incisos a), b), c) y d) del artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, pues dichas excepciones están orientadas al amparo en materia penal; salvo la contemplada en el inciso c) relativa a las personas extrañas al procedimiento, la cual se estima que tampoco no se actualiza, en razón de que el aquí quejoso señaló haber tenido conocimiento de la existencia del juicio natural seguido en su contra desde el veinte de febrero del año en curso, el cual aún no ha sido resuelto mediante sentencia definitiva. Lo anterior con sustento en la Jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." En tales condiciones, la presente demanda resulta improcedente, por lo que con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XVIII ambos de la Ley de Amparo, en relación con el 90 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, se desecha de plano la demanda de garantías formulada por José Luis Valdez Espinoza, por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DE LA PARTE QUEJOSA el señalado en el ocurso que se provee; y como autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Georgina Beatriz Victory Fernández, Luis Julian Kaluf Almada y Andrea Navarro Martinez, ya que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuentan con su los registros 17032, 63260 y 91772, y a Jair Ugalde del Río, con las limitaciones que señala el citado numeral dado que no cuenta con su cedula registrada en el mencionado sistema ni anexó documento que acredite el mismo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con el objeto de no retardar el trámite en el presente asunto, con apoyo en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales aun en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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