José Luis Pazzi Maza
Expediente 631/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 631/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José Luis Pazzi Maza
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el auto de nueve de julio de la presente anualidad, en el que se desechó de plano la demanda interpuesta por José Luis Pazzi Maza, no fue recurrido por la parte promovente, y que ya ha transcurrido el término que la ley le concede para hacerlo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes; por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el asunto como totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente es susceptible de destrucción, al haberse desechado de plano la demanda de amparo que dio origen a los presentes autos, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá para tal efecto, con posterioridad al VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTICUATRO. Ahora, de conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del Acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis; en el entendido de que se realizará con posterioridad al VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Finalmente, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción, inciso b), se notifica a la parte quejosa la siguiente determinación: Xalapa-Enríquez, Veracruz, nueve de julio de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por José Luis Pazzi Maza, contra el acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 631/2019-I-B. Al respecto, se acuerda: DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. En ejercicio de la facultad que a este Juzgador confiere el artículo 113, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda que dio origen a los presentes autos, conforme a lo que enseguida se expone. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa; de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la Jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." (Lo subrayado es propio). Asimismo, de lo sustentado por la tesis P. VI/2004, al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el solicitante de amparo expuso hechos, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenidos siguientes: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA.- El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". (Lo subrayado es propio). ACTO RECLAMADO. En ese sentido, el acto que en esta vía constitucional se reclama es el consistente en: El proveído de diecisiete de junio del dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio laboral 665/2011-I, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual no hace efectivo el apercibimiento formulado a la parte demandada en el diverso acuerdo de siete de mayo de la presente anualidad, por el que a su vez aprobó los descuentos por Impuesto Sobre Producto del Trabajo, y por cuotas del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, realizados por la parte demandada en comento, para cumplir con la condena líquida impuesta en el laudo de veintiséis de febrero de dos mil quince, dentro del juicio laboral, y requiere a la Tesorera de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, para que en el término de cinco días hábiles, exhiba ante el referido Tribunal los documentos idóneos que acrediten el concepto y monto de las retenciones y deducciones hechas al actor por la demandada, y en su caso el comprobante fiscal digital expedido, así como especificar el periodo que abarcan las mismas, apercibiéndola que de no dar cumplimiento en el término conferido, se le aplicará una multa. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO ANTE UNA CAUSAL MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. En la especie, este órgano jurisdiccional estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: IV. (...) .Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." (Lo subrayado es propio) Lo dispuesto en el primer artículo transcrito debe interpretarse en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé dicho numeral, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución, lo que de suyo implica que las fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Sustenta el anterior argumento, la tesis 2a. XCI/2015, que contempla lo siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO. El precepto y fracción citados, al establecer que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo." (Lo subrayado es propio) Por lo tanto, del artículo 61 de la Ley de Amparo en relación con el diverso artículo 107, fracción IV, de ese mismo ordenamiento, se desprende que el juicio de amparo en contra de actos dictados en el periodo de ejecución de sentencia, únicamente es procedente en dos supuestos, que son los siguientes: Cuando el peticionario de amparo se ostenta como tercero extraño a juicio, esto es, cuando argumenta que no ha sido oído ni vencido en el asunto por el cual solicita la protección constitucional; o bien, Cuando se trate de la última resolución dictada dentro del referido procedimiento de ejecución de sentencia. Respecto segundo punto (actos de ejecución de sentencia), el amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendiendo a ésta como: a) Aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; b) La que ordena el archivo definitivo del expediente. En ese sentido, se comprende que para que el juicio de amparo sea procedente contra actos reclamados en la etapa de ejecución de sentencia, debe de ubicarse dentro de esos últimos dos supuestos. Lo cual es apoyado por la Jurisprudencia número P./J.32/2001, planteada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente". (Lo subrayado es propio). Para sustentar la actualización de dicha causal de improcedencia, es menester relatar los antecedentes que se advierten de la lectura íntegra de la demanda de amparo, consistentes en los siguientes puntos: José Luis Pazzi Maza, aquí quejoso, demandó a la Contraloría General del Estado de Veracruz, señalada como tercera interesada, diversas prestaciones de carácter laboral; juicio laboral que quedo radicado bajo el número 665/2011-I, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. La autoridad responsable dictó laudo el veintiséis de febrero de dos mil quince, en la cual condenó a la Contraloría General del Estado de Veracruz, parte aquí tercera interesada, al pago en cantidad líquida por concepto de aguinaldo, prima vacacional, salario tabular, permisos económicos, ayuda mensual de despensa, ayuda para previsión social múltiple, ayuda para compra de útiles, estímulo para servidores públicos, ayuda para pasajes, ayuda por servicios, compensación administrativa, compensación por actividades culturales, ayuda para capacitación y desarrollo, y horas extras, consistentes en $586,027.18 (quinientos ochenta y seis mil veintisiete pesos 18/100 M.N.); además, a inscribir al actor ante el Instituto de Pensiones del Estado y a realizar el pago de las aportaciones respectivas a partir del dieciséis de junio de mil novecientos noventa y nueve al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, así como inscribirlo o darlo de alta, enterar o pagar las cuotas obrero - patronales ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Sistema de Ahorro para el Retiro, en la temporalidad antes señalada, y a expedirle al actor una constancia por escrito que contenga la fecha de ingreso y conclusión de la relación de trabajo. En ese orden de ideas, la autoridad responsable concedió a la parte demandada el término de quince días para cumplir con el pago de la cantidad líquida de la condena impuesta en el laudo antes señalado; sin embargo fue omisa en atender al primer requerimiento, por lo que subsecuentemente se le realizaron dos requerimientos más. La parte demandada compareció al juicio laboral del que deriva el acto reclamado el siete de mayo de la presente anualidad, para dar cumplimiento a la condena líquida impuesta en el referido laudo; por lo que, exhibió un título de crédito por el monto de $303,915.67 (trescientos tres mil novecientos quince pesos 67/100 M.N.), cantidad que resultó de realizar los descuentos a la cantidad de la condena líquida impuesta en el laudo, consistente en $586,027.18 (quinientos ochenta y seis mil veintisiete pesos 18/100 M.N.), por el Impuesto Sobre Producto del Trabajo y por cuotas del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz. Ahora, respecto a la condena indeterminada de los derechos de seguridad social del trabajador, tras haberse obtenido el amparo y protección de la justicia federal para la apertura del incidente de liquidación, e impugnado la resolución que le había recaído, dicha incidencia se encuentra pendiente a cumplir con la ejecutoria dictada en el diverso juicio de amparo 1020/2018, del índice de este Juzgado, por lo que aún no se encuentra resuelto el incidente de liquidación respecto a la condena indeterminada en el respectivo laudo. En ese tenor, el Tribunal responsable, en proveído de siete de mayo de la presente anualidad, aprobó los descuentos por Impuesto Sobre Producto del Trabajo y por cuotas del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, realizados por la parte demandada para cumplir con la condena líquida impuesta en el laudo de veintiséis de febrero de dos mil quince, dentro del juicio laboral en comento; asimismo, requirió a la parte demandada para que exhibiera los documentos pertinentes que justificaran tales descuentos, con el apercibimiento que en caso de ser omisa, se tendría como realizado parcialmente el pago en comento. Por lo que, al no estar de acuerdo con tal determinación, el promovente José Luis Pazzi Maza, en esa misma data presentó una petición ante la autoridad responsable para que se tuviera por improcedente el descuento realizado por la parte demandada, sin obtener una respuesta favorable. Subsecuentemente, en proveído de diecisiete de junio de la presente anualidad, acto aquí reclamado, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, determinó no hacer efectivo el apercibimiento conminado en proveído de siete de mayo de dos mil diecinueve, a la parte demandada, y en su lugar ordenó requerir a la Tesorera de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, para que en el término de cinco días hábiles, exhibiera ante el Tribunal responsable las documentales idóneas que acreditaran el concepto y monto de las retenciones y deducciones hechas al actor por la demandada, así como, de ser el caso el comprobante fiscal digital expedido y especificar el periodo que abarcan las mismas, con el apercibimiento que de no cumplir con lo requerido se le haría efectiva una multa. Bajo ese contexto, tenemos que la primera hipótesis no se actualiza, pues en el caso, José Luis Pazzi Maza, aquí parte quejosa, es la parte actora en el juicio laboral 665/2011-I, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad; por ende, se encuentra integrado en la relación procesal, es decir, no tiene la calidad de tercero extraño a juicio, por haber sido el trabajador que promovió la demanda laboral para reclamar a la parte demandada diversas prestaciones. En el mismo sentido, resulta claro que no se actualiza la segunda hipótesis, en virtud de que el acuerdo de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, dictado en los autos del juicio laboral 665/2011-I, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual la responsable no hizo efectivo el apercibimiento a la parte demandada, efectuado en el diverso proveído de siete de mayo del mismo año, por el cual a su vez aprobó los descuentos realizados a la condena líquida impuesta en el laudo de veintiséis de febrero de dos mil quince, respecto al Impuesto Sobre Producto del Trabajo y por cuotas del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz de la parte actora, y en su lugar requirió a la Tesorera de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, para que exhibiera los documentos que acreditaran el concepto y monto de las retenciones y deducciones hechas por la parte demandada, no se trata de un acto que examine lo relativo al último acto dictado en la etapa de ejecución del juicio laboral, pues en ésta no se hizo pronunciamiento de la resolución definitiva en que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento ni se ordenó el archivo del asunto como concluido, sino que únicamente se procedió a no hacer efectivo el apercibimiento efectuado a la parte demandada en proveído de siete de mayo de la presente anualidad, y requirió a la Tesorera de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, para que exhibiera las documentales idóneas que acreditaran los descuentos realizados por la parte demandada correspondientes a los Impuestos por Producto del Trabajo y a las cuotas del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz de la parte actora. En ese contexto, es inconcuso que el auto de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral 665/2011-I, del índice de Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, no tuvo por cumplida la condena líquida impuesta a la parte demandada en el respectivo laudo; además, aunado a que la planilla de liquidación aún se encuentra pendiente de resolver, se evidencia que la autoridad responsable no ha emitido el último acto en la ejecución del laudo dictado el veintiséis de febrero de dos mil quince, del juicio laboral en comento, ni ha ordenado el archivo del expediente. En ese tenor, se actualiza de manera manifiesta e indubitable la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, en razón de que el acto que se pretende combatir no constituye la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo condenado en el respectivo laudo o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni se trata de la resolución que ordena el archivo definitivo del juicio laboral 665/2011-I, del índice de Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, sino que se trata de un acto intermedio dentro de tal procedimiento de ejecución, en el que se determinó no hacer efectivo el apercibimiento decretado en proveído de siete de mayo de la presente anualidad, por el que a su vez se tuvieron por realizados los descuentos correspondientes a los Impuestos por Producto del Trabajo, y a las cuotas del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, del trabajador José Luis Pazzi Maza, aquí quejoso, por parte de la autoridad demandada, aquí tercera interesada, respecto a la condena líquida impuesta en el respectivo laudo, y a su vez formula un nuevo requerimiento a una diversa autoridad de lo que en un primer momento se requirió a la parte demandada. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito juzgador determina procedente desechar de plano la demanda de amparo en cuestión, en virtud de que el acto que se reclama no está dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, y con ello se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, de ese mismo ordenamiento, lo que a su vez genera la imposibilidad jurídica de admitir la demanda y estudiar la constitucionalidad e inconstitucionalidad del embargo reclamado, pues no encuadra con la naturaleza del juicio de amparo. Sustenta la anterior determinación la tesis XIX. 1º.P.T.3 K, postulada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO POR MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS INTRAPROCESALES VERIFICADOS EN PROCEDIMIENTOS EJECUTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA.- En la jurisprudencia 1a./J. 29/2003 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, junio de 2003, página 11, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA.", expresamente se mencionó que en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, el legislador de forma destacada introdujo una regla específica con el propósito de impedir que el juicio constitucional de referencia sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva o laudo con el carácter de cosa juzgada; dicha regulación consiste en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, solamente cuando se trate de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo y nunca antes, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. En este orden, resulta inconcuso que como tales reglas tienen un tratamiento especial, al momento de su aplicación, no caben interpretaciones diferentes, pues de hacerlo, se correría el riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías, de manera que cuando se reclamen actos dictados dentro del juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no pueden aplicarse las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente contra todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación. De igual forma, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no se les puede aplicar la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, lo cual trastoca los motivos por los que el legislador instrumentó esas reglas, que fueron evitar el abuso del juicio de garantías. En consecuencia, las demandas de amparo indirecto enderezadas contra actos intraprocesales verificados al interior de procedimientos de ejecución de sentencias o laudos, después de concluido el juicio, se encontrarán afectadas de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia derivado de la mencionada tesis jurisprudencial y del artículo 73, fracción XVIII, en relación con el artículo 114, fracción III, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo y, por tanto, procederá su desechamiento en términos del artículo 145 del propio ordenamiento." (Lo subrayado es propio). DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DEL PROMOVENTE. Para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señalan en el escrito que se provee, y se autoriza en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Julio César Silva Rodríguez, Silvana Silvia Perea Romero, José Pavón Gómez, Jorge Luis Reyna Reyes, David Priego Montes, Miguel Ángel Domínguez Rosas, Yolanda Hernández Sánchez, y Julio César Silva Rivero, por así solicitarlo el promovente y tratarse de la parte trabajadora en el juicio de origen. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por si o por conducto de la persona que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario de juzgado, así como la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de que documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a disponibilidad del expediente y que este en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente al promovente.Así lo proveyó y firma Samuel René Cruz Torres, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de Luis Alberto Camacho Mondragón, secretario que autoriza y da fe.
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