José Luis Pazzi Maza
Expediente 1020/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 14 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1020/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 27/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José Luis Pazzi Maza
- Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito
- Contraloria General del Estado de Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos al quejoso, la determinación que dice: V I S T O el estado de los autos, este Juzgado de Distrito debe resolver si se ha acatado el fallo protector; con fundamento en los artículos 77, 192, 193, 196, 213 y 214 de la Ley de Amparo, conforme a los cuales el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, por lo que ningún juicio de derechos fundamentales puede archivarse sin que se haya cumplido el fallo protector o sin que se determine que no existe materia para su ejecución. Por tanto, enseguida se dilucidará si la sentencia protectora está puntualmente cumplida, cuestión que requiere esclarecer si los deberes impuestos en la ejecutoria están satisfechos sin excesos ni defectos, como lo exige el artículo 196, párrafo tercero, de la ley de la materia. Obligaciones derivadas de la sentencia de amparo. Conforme al análisis de los efectos del amparo precisados en el último considerando de la ejecutoria constitucional, así como las consideraciones y lineamientos que justifican, precisan y determinan el alcance y sentido de esos efectos, se advierte que el fallo protector obliga a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, a realizar lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución de seis de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en el juicio laboral *******, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, a través de la cual resolvió el incidente de liquidación del laudo emitido en el referido juicio laboral. 2. Con libertad de jurisdicción, emita una nueva resolución en la que, de manera fundada y motivada, determine si los elementos con que cuenta, incluyendo la planilla de liquidación que formuló el quejoso, son o no aptos y suficientes para resolver la planilla de liquidación, que se le planteó. En caso de que determine que no cuenta con la información suficiente, justifique fundada y motivadamente lo siguiente: a) Por qué es indispensable la documentación solicitada por el tercero interesado Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad; y b) Si la documentación solicitada por el referido ********** únicamente puede ser exhibida por el aquí quejoso o se encuentra en posibilidad de allegarse de la misma por diversa parte o medio, conforme al artículo 782 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz. Lo anterior, con el fin de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de acceso a una impartición de justicia pronta, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Conductas realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia de amparo. Para acreditar el cumplimiento del fallo protector, la autoridad responsable remitió las siguientes constancias: ***************** Asimismo, remitió copia certificada de la resolución incidental de trece de agosto de dos mil diecinueve, en la que determinó con libertad de jurisdicción, que se encontraba imposibilitado en ese momento para determinar el importe de las cuotas que se deben enterar a los Institutos de Seguridad Social por el periodo comprendido del dieciséis de junio de mil novecientos noventa y nueve al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y ordenó recabar la documentación solicitada por el Instituto de Pensiones del Estado a través de la entidad pública demandada Contraloría General del Estado, a efecto de resolver la Litis motivo del citado incidente de liquidación y dar cumplimiento al resolutivo tercero del laudo de veintiséis de febrero de dos mil quince. Cabe señalar que la responsable consideró que era indispensable recabar la documentación solicitada por el tercero interesado Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, porque para realizar el cálculo del importe de las cuotas que debe cubrir la patronal, se toman en cuenta diversos factores como fecha de nacimiento, antigüedad, tipo de nombramiento, factor de actualización (que se determina mediante estudios actuariales realizados por el propio), sueldo presupuestal (remuneración tabular ordinaria señalada en nombramiento del trabajador), sueldo de cotización (remuneración mensual que reciba el trabajador que se integrará, según el caso, con el sueldo presupuestal, sobresueldo, prima de antigüedad, asignación docente genérica y compensación AC). Finalmente, en la resolución en comento, determinó que dicha información también se encuentra en poder de la entidad pública demandada Contraloría General del Estado, por lo que con fundamento en los artículos 782, en relación con el 784, fracciones I, II, VII, XII y XIV, de la Ley Federal del Trabajo, debía recabar la documentación solicitada por el Instituto de Pensiones del Estado a través de la entidad pública demandada. Conclusión. Al comparar los efectos del amparo y las actuaciones realizadas por la autoridad responsable, se estima que acató con exactitud las obligaciones impuestas en el fallo protector, sin que se advierta algún exceso o defecto en su cumplimiento, toda vez que la autoridad responsable dejó insubsistente la resolución de seis de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en el juicio laboral 665/2011-I, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, y con libertad de jurisdicción, emitió una nueva resolución en la que, de manera fundada y motivada, determinó que los elementos con que cuenta, incluyendo la planilla de liquidación que formuló el quejoso, no son aptos y suficientes para resolver la planilla de liquidación que se le planteó, motivo por el cual justificó fundada y motivadamente por qué era indispensable la documentación solicitada por el tercero interesado Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, y que la documentación solicitada por el referido Instituto también se encontraba en poder de la entidad pública demandada, Contraloría General del Estado. No es óbice a dicha determinación, las manifestaciones de la parte quejosa plasmadas en su escrito recibido el veintitrés de agosto del año en curso, en las que aduce medularmente que de la supuesta cumplimentación de la sentencia de amparo, la responsable en el auto de trece de agosto de dos mil diecinueve, ordena dejar insubsistente parcialmente el proveído de uno de julio del año en curso, determinación que es ajena al contenido del fallo protector, pues este acuerdo se refiere al pago de la condena económica impuesta a la demanda Contraloría General del Estado, y según la constancia de siete de mayo del año cursante, se cubrió parcialmente la mencionada condena impuesta, de la cual se le descontaron indebidamente las cuotas obreras correspondientes. Sigue diciendo que según el porcentaje determinado en la legislación correspondiente, basta efectuar una operación aritmética elemental para determinar el monto por tal concepto, por lo que si las responsables no saben obtener los porcentajes referidos, eso no impide que eviten resolver la cuestión incidental que nos ocupa, porque con la negativa de aplicar los porcentajes para determinar el moto de la cuotas del **********, incumplen la sentencia que obsequió la protección al quejoso. También argumenta que el Instituto de Pensiones del Estado, carece de legitimación pasiva para cuantificar la condena sobre los derechos de seguridad social, ya que no es una condena propia de dicha dependencia, sino que acude en ayuda de la demandada Contraloría General del Estado, además de que no indica para qué sirven los documentos que requirió en autos. Finalmente, señala que la resolución emitida para cumplir con la sentencia amparadora, no se encuentra debidamente fundada y motivada, pues los numerales que invoca no son aplicables al caso concreto que nos ocupa. No le asiste la razón. Cabe precisar que la sentencia amparadora ordenó a la autoridad responsable para que dejara insubsistente la resolución de seis de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en el juicio laboral *************, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, a través de la cual resolvió el incidente de liquidación del laudo emitido en el referido juicio laboral, y para que con libertad de jurisdicción, emitiera una nueva resolución en la que, de manera fundada y motivada, determinara si los elementos con que cuenta, incluyendo la planilla de liquidación que formuló el quejoso, son o no aptos y suficientes para resolver la planilla de liquidación, que se le planteó, así como para que en caso de que determinara que no cuenta con la información suficiente, justifique fundada y motivadamente porqué es indispensable la documentación solicitada por el tercero interesado Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz. Por tanto, si la responsable, al cumplimentar el fallo protector, dejó insubsistente la resolución que constituyó el acto reclamado, y luego, con libertad de jurisdicción, determinó que los elementos con que cuenta, incluyendo la planilla de liquidación que formuló el quejoso, no son aptos y suficientes para resolver la planilla de liquidación, que se le planteó, y además de ello, justificó el porqué era indispensable la documentación solicitada por el tercero interesado Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, y que la documentación solicitada por el referido Instituto también se encontraba en poder de la entidad pública demandada, Contraloría General del Estado. Es claro que la autoridad responsable cumplió a cabalidad con la sentencia amparadora, sin prejuzgar sobre la legalidad de lo decidido por la autoridad responsable al observar la ejecutoria de amparo, y sin que de las manifestaciones de la parte quejosa se desprenda lo contrario, ya que la materia que nos ocupa únicamente estriba en analizar el exacto y fiel cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria, o bien, si incurrió en exceso o defecto, entendiéndose por exceso que en el nuevo fallo se rebase lo mandado, y por defecto, que se omita lo ordenado, sin que en el caso se pueda analizar la constitucionalidad del nuevo acto derivado del cumplimiento del fallo protector, pues el mismo se emitió con plenitud de jurisdicción, por lo que los argumentos de la parte quejosa no pueden ser analizados en el presente acuerdo, pues éste no debe ocuparse de "aspectos que no fueron materia de análisis en el juicio de amparo, sino exclusivamente del exacto cumplimiento de las cuestiones que sí lo fueron, concretamente, de aquellas que dieron lugar a la concesión de la protección de la Justicia Federal". En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA PUNTUALMENTE CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO, sin excesos ni defectos.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que el término de quince días a que se refiere el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de inconformidad contra la determinación de veintisiete de agosto de la presente anualidad, en la que se tuvo por cumplida totalmente la sentencia amparadora dictada en el juicio de amparo en que se actúa, transcurrió para el quejoso del tres al veinticuatro de los actuales, y para las autoridades terceras interesadas denominadas Contraloría General del Estado de Veracruz, Instituto de Pensiones del Estado e Instituto Mexicano del Seguro Social del veintinueve de agosto pasado al diecinueve del mes y año en curso, y para la diversa autoridad tercera interesada denominada Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores del treinta de agosto anterior al veinte de los cursantes, sin que lo hubieran hecho; por tanto, se tiene por consentida dicha determinación para los efectos legales a que haya lugar. En mérito de lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN al haberse concedido el amparo y protección constitucional, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la depuración del mismo, con posterioridad al VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado. Finalmente, toda vez que la autoridad responsable Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado remitió copias certificadas del juicio laboral 665/2011-I, de su índice, con las que se formó un tomo de pruebas, y toda vez que resulta innecesaria su subsistencia en el presente expediente, devuélvase el mismo a su lugar de origen, haciéndose la precisión al Actuario de la adscripción que deberá asentar en el oficio que notifique la entrega del citado anexo, con lo cual la autoridad no está obligada a remitir el acuse de recibo correspondiente.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintisiete de agosto de dos mil diecinueve. V I S T O el estado de los autos, este Juzgado de Distrito debe resolver si se ha acatado el fallo protector; con fundamento en los artículos 77, 192, 193, 196, 213 y 214 de la Ley de Amparo, conforme a los cuales el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, por lo que ningún juicio de derechos fundamentales puede archivarse sin que se haya cumplido el fallo protector o sin que se determine que no existe materia para su ejecución. Por tanto, enseguida se dilucidará si la sentencia protectora está puntualmente cumplida, cuestión que requiere esclarecer si los deberes impuestos en la ejecutoria están satisfechos sin excesos ni defectos, como lo exige el artículo 196, párrafo tercero, de la ley de la materia. Obligaciones derivadas de la sentencia de amparo. Conforme al análisis de los efectos del amparo precisados en el último considerando de la ejecutoria constitucional, así como las consideraciones y lineamientos que justifican, precisan y determinan el alcance y sentido de esos efectos, se advierte que el fallo protector obliga a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, a realizar lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución de seis de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en el juicio laboral *******, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, a través de la cual resolvió el incidente de liquidación del laudo emitido en el referido juicio laboral. 2. Con libertad de jurisdicción, emita una nueva resolución en la que, de manera fundada y motivada, determine si los elementos con que cuenta, incluyendo la planilla de liquidación que formuló el quejoso, son o no aptos y suficientes para resolver la planilla de liquidación, que se le planteó. En caso de que determine que no cuenta con la información suficiente, justifique fundada y motivadamente lo siguiente: a) Por qué es indispensable la documentación solicitada por el tercero interesado Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad; y b) Si la documentación solicitada por el referido ********** únicamente puede ser exhibida por el aquí quejoso o se encuentra en posibilidad de allegarse de la misma por diversa parte o medio, conforme al artículo 782 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz. Lo anterior, con el fin de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de acceso a una impartición de justicia pronta, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Conductas realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia de amparo. Para acreditar el cumplimiento del fallo protector, la autoridad responsable remitió las siguientes constancias: ***************** Asimismo, remitió copia certificada de la resolución incidental de trece de agosto de dos mil diecinueve, en la que determinó con libertad de jurisdicción, que se encontraba imposibilitado en ese momento para determinar el importe de las cuotas que se deben enterar a los Institutos de Seguridad Social por el periodo comprendido del dieciséis de junio de mil novecientos noventa y nueve al treinta y uno de diciembre de dos mil diez, y ordenó recabar la documentación solicitada por el Instituto de Pensiones del Estado a través de la entidad pública demandada Contraloría General del Estado, a efecto de resolver la Litis motivo del citado incidente de liquidación y dar cumplimiento al resolutivo tercero del laudo de veintiséis de febrero de dos mil quince. Cabe señalar que la responsable consideró que era indispensable recabar la documentación solicitada por el tercero interesado Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, porque para realizar el cálculo del importe de las cuotas que debe cubrir la patronal, se toman en cuenta diversos factores como fecha de nacimiento, antigüedad, tipo de nombramiento, factor de actualización (que se determina mediante estudios actuariales realizados por el propio), sueldo presupuestal (remuneración tabular ordinaria señalada en nombramiento del trabajador), sueldo de cotización (remuneración mensual que reciba el trabajador que se integrará, según el caso, con el sueldo presupuestal, sobresueldo, prima de antigüedad, asignación docente genérica y compensación AC). Finalmente, en la resolución en comento, determinó que dicha información también se encuentra en poder de la entidad pública demandada Contraloría General del Estado, por lo que con fundamento en los artículos 782, en relación con el 784, fracciones I, II, VII, XII y XIV, de la Ley Federal del Trabajo, debía recabar la documentación solicitada por el Instituto de Pensiones del Estado a través de la entidad pública demandada. Conclusión. Al comparar los efectos del amparo y las actuaciones realizadas por la autoridad responsable, se estima que acató con exactitud las obligaciones impuestas en el fallo protector, sin que se advierta algún exceso o defecto en su cumplimiento, toda vez que la autoridad responsable dejó insubsistente la resolución de seis de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en el juicio laboral 665/2011-I, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, y con libertad de jurisdicción, emitió una nueva resolución en la que, de manera fundada y motivada, determinó que los elementos con que cuenta, incluyendo la planilla de liquidación que formuló el quejoso, no son aptos y suficientes para resolver la planilla de liquidación que se le planteó, motivo por el cual justificó fundada y motivadamente por qué era indispensable la documentación solicitada por el tercero interesado Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, y que la documentación solicitada por el referido Instituto también se encontraba en poder de la entidad pública demandada, Contraloría General del Estado. No es óbice a dicha determinación, las manifestaciones de la parte quejosa plasmadas en su escrito recibido el veintitrés de agosto del año en curso, en las que aduce medularmente que de la supuesta cumplimentación de la sentencia de amparo, la responsable en el auto de trece de agosto de dos mil diecinueve, ordena dejar insubsistente parcialmente el proveído de uno de julio del año en curso, determinación que es ajena al contenido del fallo protector, pues este acuerdo se refiere al pago de la condena económica impuesta a la demanda Contraloría General del Estado, y según la constancia de siete de mayo del año cursante, se cubrió parcialmente la mencionada condena impuesta, de la cual se le descontaron indebidamente las cuotas obreras correspondientes. Sigue diciendo que según el porcentaje determinado en la legislación correspondiente, basta efectuar una operación aritmética elemental para determinar el monto por tal concepto, por lo que si las responsables no saben obtener los porcentajes referidos, eso no impide que eviten resolver la cuestión incidental que nos ocupa, porque con la negativa de aplicar los porcentajes para determinar el moto de la cuotas del **********, incumplen la sentencia que obsequió la protección al quejoso. También argumenta que el Instituto de Pensiones del Estado, carece de legitimación pasiva para cuantificar la condena sobre los derechos de seguridad social, ya que no es una condena propia de dicha dependencia, sino que acude en ayuda de la demandada Contraloría General del Estado, además de que no indica para qué sirven los documentos que requirió en autos. Finalmente, señala que la resolución emitida para cumplir con la sentencia amparadora, no se encuentra debidamente fundada y motivada, pues los numerales que invoca no son aplicables al caso concreto que nos ocupa. No le asiste la razón. Cabe precisar que la sentencia amparadora ordenó a la autoridad responsable para que dejara insubsistente la resolución de seis de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en el juicio laboral *************, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, a través de la cual resolvió el incidente de liquidación del laudo emitido en el referido juicio laboral, y para que con libertad de jurisdicción, emitiera una nueva resolución en la que, de manera fundada y motivada, determinara si los elementos con que cuenta, incluyendo la planilla de liquidación que formuló el quejoso, son o no aptos y suficientes para resolver la planilla de liquidación, que se le planteó, así como para que en caso de que determinara que no cuenta con la información suficiente, justifique fundada y motivadamente porqué es indispensable la documentación solicitada por el tercero interesado Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz. Por tanto, si la responsable, al cumplimentar el fallo protector, dejó insubsistente la resolución que constituyó el acto reclamado, y luego, con libertad de jurisdicción, determinó que los elementos con que cuenta, incluyendo la planilla de liquidación que formuló el quejoso, no son aptos y suficientes para resolver la planilla de liquidación, que se le planteó, y además de ello, justificó el porqué era indispensable la documentación solicitada por el tercero interesado Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, y que la documentación solicitada por el referido Instituto también se encontraba en poder de la entidad pública demandada, Contraloría General del Estado. Es claro que la autoridad responsable cumplió a cabalidad con la sentencia amparadora, sin prejuzgar sobre la legalidad de lo decidido por la autoridad responsable al observar la ejecutoria de amparo, y sin que de las manifestaciones de la parte quejosa se desprenda lo contrario, ya que la materia que nos ocupa únicamente estriba en analizar el exacto y fiel cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria, o bien, si incurrió en exceso o defecto, entendiéndose por exceso que en el nuevo fallo se rebase lo mandado, y por defecto, que se omita lo ordenado, sin que en el caso se pueda analizar la constitucionalidad del nuevo acto derivado del cumplimiento del fallo protector, pues el mismo se emitió con plenitud de jurisdicción, por lo que los argumentos de la parte quejosa no pueden ser analizados en el presente acuerdo, pues éste no debe ocuparse de "aspectos que no fueron materia de análisis en el juicio de amparo, sino exclusivamente del exacto cumplimiento de las cuestiones que sí lo fueron, concretamente, de aquellas que dieron lugar a la concesión de la protección de la Justicia Federal". En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA PUNTUALMENTE CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO, sin excesos ni defectos. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiséis de agosto de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por el quejoso **************, mediante el cual desahoga la vista que se le dio mediante acuerdo de dieciséis de los actuales, en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable; al respecto, agréguese para que obre como corresponda y dígasele al promovente que sus manifestaciones serán tomadas en cuenta al momento de dictarse la determinación correspondiente. Notifíquese por lista de acuerdos.
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