José Juan Robles Badillo

Expediente 336/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 17 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
336/2020
Año
2020
Actuaciones
17
Última actuación
27/04/2021

Partes del expediente

  • José Juan Robles Badillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de ocho de abril de dos mil veintiuno, en que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de DESTRUCCIÓN dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en correlación con la Circular CAP/DGAD/7/2021 de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, emitida por el Director General de Archivo y Documentación. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de abril de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo **********, promovido por **********, por su propio derecho. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinte de agosto de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad, turnado en misma fecha a este órgano jurisdiccional, **********, solicitó la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Primero de lo Civil Tradicional del Distrito Judicial Bravos, y otras autoridades, a quienes les reclamó: (.) De las autoridades responsables ordenadoras.- se reclama la falta de llamamiento a juicio, todas y cada una de las actuaciones y resoluciones dictadas dentro de los expedientes que pudiesen estar en mi contra, promovidos por los terceros interesados dentro de los autos posibles en cada juzgado. Del cual soy tercero extraño a juicio, ya que en ningún momento fui emplazado a juicio, por lo que desconozco la legalidad y total de las actuaciones llevadas a cabo en dicho expediente. De la autoridad señalada como Ejecutora, reclamo todas y cada una de las actuaciones realizadas dentro de los autos relativos al expediente referido en líneas anteriores. (.) SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Previa aclaración, por auto de uno de septiembre de dos mil veinte, la demanda de amparo se registró con el número **********/2020-V, se admitió a trámite; en el mismo acuerdo, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se emplazó al tercero interesado **********, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero **********. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103 fracción I y 107 fracciones I y VII de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37 párrafo primero y 107 fracción V de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 y demás que lo reforman y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se trata de un acto que tuvo ejecución dentro del territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en: 1. El emplazamiento al juicio número **********/2013, del índice del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, así como todas las actuaciones subsecuentes. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en el párrafo precedente de los que se procederá a su estudio. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, de abril de 2000, página 32, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de definitiva, abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Los Titulares de los Juzgados Primero, Segundo, Tercero, Quinto, Sexto, Séptimo, Noveno y Décimo, todos de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos; Jueces Primero y Segundo, ambos de lo Civil del Distrito Judicial Bravos y el Jefe del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, negaron la existencia del acto que se les atribuyó. Misma consideración se realiza en lo relativo al informe justificado que remitió el Juez Octavo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, quien comunicó que ante ese órgano jurisdiccional se encuentran radicados los expedientes 996/2019 y 71/2020, de los cuales resultó lo siguiente: El ocho de noviembre de dos mil diecinueve, se radicó la demanda presentada por Gerardo González Rentería, Efraín Martínez Valdivia y Luis Raúl García Villalpando, en su carácter de endosatarios en procuración de Dina Isabel Ríos Grau, a la cual le recayó el número de expediente **********/2019; luego, el diecisiete de diciembre del citado año, se desechó la demanda y el dieciocho siguiente se hizo entrega a la parte actora del documento base de la acción, ordenando así su archivo. El veintisiete de enero de dos mil veinte, se radicó la demanda presentada por **********, en su carácter de endosatarios en procuración de Dina Isabel Ríos Grau, a la cual le recayó el número de expediente **********/2020, se admitió en la vía ejecutiva mercantil oral (acción cambiaria directa), y el tres de septiembre de la citada anualidad, se emplazó al aquí quejoso **********, quien mediante escrito presentado el dieciocho del citado mes y año, compareció ante el Juzgador de origen. Así como en lo relativo a los expedientes **********/2016 y **********/2017, de la estadística del Juzgado Cuarto Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, de los cuales destaca lo expuesto a continuación: El diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, bajo el número de expediente 1066/2016, se radicó la demanda presentada por el apoderado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en la vía ordinaria civil y en ejercicio de la acción real hipotecaria, en contra de **********; y el veintidós de mayo de dos mil diecisiete, se declaró la caducidad de la instancia, sin que el aquí quejoso haya sido emplazado a juicio. El treinta de mayo de dos mil diecisiete, bajo el número de expediente **********/2017, se radicó la demanda presentada por el apoderado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en la vía ordinaria civil y en ejercicio de la acción real hipotecaria, en contra de José Juan Robles Badillo; y el nueve de febrero de dos mil dieciocho, se declaró la caducidad de la instancia, sin que el aquí quejoso haya sido emplazado a juicio. De ahí que se presume la inexistencia de los actos que reclama la parte quejosa, a saber, la falta de llamamiento a juicio; pues como ha quedado establecido en los expedientes **********/2019, **********/2016 y **********/2017, se desechó la demanda presentada por la parte actora y operó la caducidad de la instancia, respectivamente. Se arriba a la misma conclusión en lo relativo al expediente **********/2020, pues la parte quejosa, de manera genérica, reclamó la falta de llamamiento a juicio, de ahí que a la fecha de presentación de la demanda -veinte de agosto de dos mil veinte- dicho acto resultó ser inexistente, por lo que no guarda relación con el emplazamiento que se realizó en el citado juicio el tres de septiembre de dos mil veinte, dado que un acto inexistente no tiene relación con otro que surge con posterioridad. Aunado a lo anterior, el emplazamiento reclamado no guarda estrecha relación con el diverso realizado durante el trámite del juicio constitucional, pues éste último no es consecuencia del reclamo inicial, ni lo modifica o complementa de modo alguno; de igual forma, la eficacia de lo reclamado inicialmente no se encuentra condicionado a la emisión de aquélla, sino que los actos revisten autonomía; máxime si se toma en consideración, que a través del escrito presentado el dieciocho de septiembre de dos mil veinte, el quejoso ********** compareció ante el Juzgador de origen a deducir sus derechos. Al no haber ofrecido la parte quejosa prueba para desvirtuar tales negativas, se impone sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo que dispone el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad jurídica, la jurisprudencia 310, visible en la página 209, Tomo VI, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto estatuyen: INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO Existencia del acto reclamado. Se tienen por ciertos los actos reclamados al Juez Tercero Civil del Distrito Judicial Bravos y a los Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores adscritos a la Oficina Central de Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores del Distrito Judicial Bravos, en razón de que, al rendir sus informes justificados, aceptaron categóricamente los actos que les reclama la parte quejosa. Lo que, además, se corrobora con la copia certificada que la autoridad jurisdiccional remitió de las constancias que integran el expediente 438/2013 de su índice; las que, al tratarse de documentales públicas, merecen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia en materia común 226 del Pleno del Alto Tribunal, publicada en el Apéndice de 1995, Quinta Época, tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, con el rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Así como la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, Materia Común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. De ahí que no se analizaran los conceptos de violación que expone la parte quejosa, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VI, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. De conformidad con lo establecido por los numerales reproducidos, el juicio de amparo indirecto procede contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas a él; y con tal carácter se entiende a quien no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en el referido concepto, a quien habiendo sido señalado como parte en el juicio, no es llamado al mismo o se le cita en forma contraria a la ley. Sin embargo, nuestro Máximo Tribunal, estableció en criterios obligatorios para este Juzgado de Distrito en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, que carece del carácter de tercero extraño y es improcedente el juicio de amparo, cuando el quejoso compareció al juicio antes del dictado de la sentencia definitiva, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo. En el caso, el ahora quejoso, se ostenta como tercero extraño por equiparación al juicio de origen, reclamando el emplazamiento y como vía de consecuencia, todo lo actuado con posterioridad. Sin embargo, carece de dicha calidad, dado que, de las constancias de autos, se advierte que tuvo pleno conocimiento de tal procedimiento seguido en su contra antes del dictado de la sentencia. Lo anterior es así, toda vez que el aquí solicitante de amparo compareció al juicio de origen a dar contestación a la demanda instada en su contra. En efecto, de las constancias anexas al informe justificado que rindió el Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, relativos al expediente 438/2013, destaca lo siguiente: 1. El treinta de abril de dos mil trece, se radicó la demanda presentada por el apoderado de **********, sociedad anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero **********, en la vía especial hipotecaria, en contra de **********, respecto del domicilio ubicado en calle **********, en esta ciudad; 2. Mediante escrito presentado el veinticuatro de marzo de dos mil catorce, **********, compareció ante el Juzgado de origen, promoviendo incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento; mismo que se resolvió el diecisiete de julio de dos mil quince, declarando que no prosperó dicho medio de impugnación, conservando su validez el emplazamiento realizado. 3. En contra de dicha determinación, el aquí quejoso interpuso recurso de apelación, siendo confirmado el dieciocho de enero de dos mil dieciséis, por el Magistrado de la Segunda Sala Civil Regional, al resolver el toca **********/2015. En esa guisa, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia invocada precedentemente, pues la parte quejosa al no desvirtuar su comparecencia a juicio mediante el escrito a través del cual promovió el incidente de nulidad de actuaciones, perdió el carácter de tercero extraño con que se ostenta en este juicio, al tener conocimiento del origen del citado juicio instaurado en su contra, previo a que se pronunciara sentencia. Actuación en que se apersonó la cual no impugnó, por lo que la firma a su nombre que calza en el escrito de referencia se presume válida mientras no se demuestre lo contrario. De ahí que su contenido crea certeza de haber sucedido en los términos señalados. Por tanto, al estar demostrado que el quejoso tuvo pleno conocimiento del juicio natural seguido en su contra, antes del dictado de la sentencia definitiva, estuvo en posibilidad en su carácter de parte en el procedimiento de origen, de agotar los recursos o medios de defensa que le ley que rige los actos reclamados establece a su favor (lo cual incluso hizo al promover el incidente de nulidad de actuaciones por defectos en el emplazamiento), y en esa medida se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VI, aplicado en sentido contrario de la Ley de Amparo, y procede sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de la Materia. Sobreseimiento que se hace extensivo, en cuanto a las consecuencias del emplazamiento, por no reclamarse por vicios propios. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por **********, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de marzo de dos mil veintiuno. Glósese a los autos el oficio enviado por el Juez Octavo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, anexo al cual remite copia certificada de los expedientes **********/20 y **********/2019 de su índice; como dispone el numeral 117 de la Ley de la Materia, con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, se tomará en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional de conformidad con lo establecido por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Por otra parte, no deja de atenderse que de las constancias que conforman el expediente **********/2020 del sumario del órgano jurisdiccional remitente, destaca que obra la diligencia de emplazamiento realizada el tres de septiembre de dos mil veinte al aquí quejoso José Juan Robles Badillo; sin que con ello se haga necesario dar vista al justiciable a efecto de que manifieste si es su voluntad ampliar su demanda de amparo. Lo anterior es así, pues del sumario destaca que la demanda de amparo que aquí nos ocupa fue presentada el veinte de agosto de dos mil veinte; es decir, en fecha anterior a la diligencia en comento, de ahí que a esa fecha no existía dicho emplazamiento, aunado a que según constancias del juicio de origen, el directamente agraviado compareció ante ese Tribunal a través de escrito presentado el dieciocho de septiembre pasado. Notifíquese por lista electrónica a las partes. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, se desprende que el cuatro del actual, se notificó al Juez Octavo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, el proveído a través del cual se le solicitó remita copia certificada de los juicios ejecutivos mercantiles 71/2020 y 996/2019, promovidos contra el aquí quejoso J**********, a efecto de estar en posibilidad de resolver el presente asunto, por lo que se encuentra transcurriendo dicho término. A fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy y se fijan las diez horas del ocho de abril de dos mil veintiuno, para su celebración. Finalmente, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica a las partes. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

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