José Julio Aguirre Domínguez

Expediente 120/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
120/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
25/07/2017

Partes del expediente

  • José Julio Aguirre Domínguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de julio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de treinta de junio de dos mil diecisiete, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por las fracciones II y IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.*lh

  2. Principal

    VISTA LA RAZÓN DE LA ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADO LA SENTENCIA DE TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE A LA LETRA DICE: SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de junio de dos mil diecisiete. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo *******, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. En la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad el trece de febrero de dos mil diecisiete, se recibió la demanda que dio origen al juicio, misma que fue turnada a este Juzgado de Distrito ese mismo día. En el escrito inicial el quejoso ******* solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el acto del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, que hizo consistir en el auto de vinculación a proceso de veinte de enero de dos mil diecisiete, emitido en la causa penal *******, por su probable participación en hechos que encuadran en el delito de robo calificado. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violadas. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante auto de catorce de febrero de dos mil diecisiete, la demanda se registró en el libro de gobierno correspondiente, se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a la responsable, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó emplazar a juicio a la víctima y al fiscal que actuó en el expediente de origen y, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, previo diferimiento, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, en virtud de que es un asunto en materia penal en el que se reclama una resolución de órgano jurisdiccional que tiene ejecución en el territorio donde ejerce jurisdicción este juzgado. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambas legislaciones vigentes al dos de abril de dos mil trece, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de orden, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, incluso tomando en consideración la totalidad de la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. En tal sentido, de la lectura íntegra de la demanda y demás constancias que existen en el expediente, se desprende que la parte quejosa reclama: Del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, el auto de vinculación a proceso de veinte de enero de dos mil diecisiete, emitido en la causa penal *******, por su probable participación de hechos que encuadran en el delito de robo calificado en perjuicio de *******. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en los párrafos precedentes del que se procederá a su estudio. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, indicó que es cierto que en audiencia de veinte enero de dos mil diecisiete decretó auto de vinculación a proceso en la causa penal *******, al considerar al quejoso partícipe en la comisión del injusto de robo calificado, cometido en agravio de *******. Para corroborar lo anterior, se exhibieron los discos versátiles que contienen video grabadas las audiencias en las que se nombró defensor, la audiencia de formulación de imputación, declaración preparatoria (donde se reservó su derecho a declarar), control de medidas cautelares, de auto de vinculación a proceso y plazo para cierre de investigación (foja 32); además, la documental consistente en copia certificada del auto de vinculación a proceso que se reclama (fojas 17 a 27), probanzas a las cuales se les reconoce valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De manera que, se tiene como cierto el auto de vinculación a proceso de que se duele la parte accionante para los efectos de este juicio de amparo. Cobra aplicación, por los motivos que informa, la jurisprudencia 278 sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 231, tomo VI, Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 2000, con registro 917812, que establece: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Procedencia. Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan alguna causa de improcedencia ni el que suscribe advierte que se actualice alguna; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro y texto: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. SEXTO. Examen de la constitucionalidad del acto reclamado. Los conceptos de violación expresados son infundados; por razón de método, su análisis se realizará en orden diverso al expresado en la demanda. Establecido lo anterior, se observa que en los conceptos de violación primero, segundo, tercero y cuarto el peticionario del amparo aduce: No existe prueba alguna válida y debidamente obtenida, con la que se acredite su probable participación en la comisión de un delito. La autoridad responsable dice que tiene elementos al respecto, basándose en pruebas periciales y testimoniales, aun cuando se está en presencia de declaraciones de la víctima, en las que menciona que el quejoso no llevó a cabo algún acto o acción en su contra, sólo dice que lo vio. La pistola con la que se dice se ejerció violencia, en el dictamen de balística forense se concluye que no es un arma de fuego, por tanto, no hay elementos de su probable responsabilidad en el delito que se señala en el auto de vinculación a proceso. Al ejercer acción penal el Ministerio Público se basa en la declaración ministerial (denuncia de hechos) en contra del quejoso, formulada por la víctima *******, con el fin de fabricarle un delito que no cometió, pero que el Juez responsable no valoró que el denunciante alude que el quejoso no se encontraba ejerciendo acción alguna en su contra y que sólo lo vio de lejos; también manifestó que una persona con ciertas características muy distintas a las del quejoso lo amagó con una arma de fuego; aduce el quejoso que con ello se corrobora la falsedad de declaración de la víctima *******, así como con el dictamen pericial de balística forense en la que se concluye que ese objeto (pistola), no es un arma de fuego. La Fiscalía actuó deficientemente en este asunto, porque no se le involucra directamente en la ejecución de actos delictivos, así como la supuesta pistola no es arma de fuego, por lo que la calificativa de robo agravado del artículo 208, fracción I, no es aplicable en su caso. Nunca se le descubrió que tuviera ánimos de apoderarse de los objetos de los que se duele, por lo que los numerales 211 y 212, tampoco le son aplicables, toda vez que en ningún momento se le menciona como el poseedor de algún objeto. No se tiene prueba, confiable, cierta, legalmente obtenida y contundente sobre la probable responsabilidad del quejoso, por lo que el auto de vinculación a proceso dictado en su contra es inconstitucional. El Juez responsable no valoró debidamente los datos de prueba que fueron anexos al pliego de consignación, entre los que se encontraban las periciales y testimoniales de las que se desprende que los testigos que deponen en su contra, fueron ilícitamente preparados. El Juez de Control incumple con el principio de presunción de inocencia, porque aunque de manera sutil llega a la conclusión de que es probable responsable del ilícito. A continuación, se abordará al examen de los conceptos de violación expresados, los cuales como se dijo con antelación devienen infundados, como a continuación se pone de relieve. Como cuestión previa, debe precisarse que de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juez responsable no tuvo acceso directo a la carpeta de investigación, sino solamente el representante social y la defensa, de tal manera que a efecto de analizar tanto el hecho delictuoso como la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, el análisis del auto de vinculación a proceso reclamado, se limitará al relato efectuado por el Ministerio Público respecto de los antecedentes de investigación, así como las declaraciones rendidas ante él en la audiencia de ley. Esto es así, porque el análisis sobre la constitucionalidad del auto de vinculación a proceso debe estudiarse sólo con base en las cuestiones debatidas en la audiencia respectiva, sin que haya lugar a introducir nuevos temas que no fueron materia de discusión dentro de la audiencia aludida, ni tomar en consideración la carpeta de investigación, dado que el Juez de Control no puede revisar su contenido, a menos que en el desahogo de la audiencia exista controversia respecto al contenido de la carpeta, aspecto que no ocurrió en la especie, toda vez que de los discos ópticos que remitió el órgano jurisdiccional responsable, no se pone de manifiesto que haya existido tal controversia, habida cuenta que de los mismos sólo se observa los cuestionamientos que efectuó la defensa sobre los medios de investigación a que hizo alusión la fiscalía, en la audiencia de vinculación a proceso que aquí se reclama. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 64/2011(9ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, Libro I, de Octubre de 2011, Tomo 2, página 993, del siguiente tenor: ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme a lo establecido por el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el juez de garantía está impedido para revisar la carpeta de investigación antes de dictar sus resoluciones, salvo que exista una controversia entre los intervinientes respecto al contenido de dicha carpeta; sin embargo, no puede considerarse que dicha limitante resulte extensiva para el juez de amparo tratándose del proceso penal acusatorio, para que éste pueda tener acceso a dicha carpeta de investigación, ya que esa facultad deriva de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, de ahí que sólo en el caso de que el juez de garantía hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, es que el juez federal podrá imponerse de la misma, pero solamente respecto de los datos que aquél haya tenido en cuenta a fin de dilucidar la controversia. Ello es así, porque de llegar a considerarse datos en que no se hubiera fundado la petición de una orden de aprehensión o que se hayan desahogado en la audiencia de vinculación a proceso, se vulneraría lo dispuesto por el último párrafo de la fracción V del apartado A del artículo 20 constitucional, en el sentido de que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; y con ello, el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda. Sentado lo anterior, el análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, se realizará a la luz del artículo 19 constitucional, del que se deduce que los requisitos que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso son la expresión de: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar la detención con un auto de vinculación a proceso. Por su parte el artículo 316, del Código de Nacional Penales del Estado de Chihuahua, para el mismo efecto precisa, además de los anteriores requisitos, los siguientes: I. Que se haya formulado imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. En este sentido, el código nacional previene que se entenderá que obran datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo; lo que pone de manifiesto la disminución del estándar probatorio, dado que no se trata de certeza sobre si se ha cometido el hecho delictivo, sino de que hayan indicios que puedan suponer su ejecución, según lo señala el Ministro José Ramón Cossío Díaz, en su libro "La investigación complementaria en el proceso penal acusatorio". Dicho lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente: A. Formulación de la imputación El quince de enero de dos mil diecisiete, con fundamento en el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el agente Ministerio Público formuló imputación en contra del accionante del amparo. B. Rendición de la declaración preparatoria del imputado o que se encuentre asentado su deseo de negarse a declarar. En las audiencias de formulación de imputación, el indiciado se acogió a su derecho de guardar silencio. C. De la investigación se desprendan los datos que establezcan: C.1. Que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y C.2. La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y finalmente. D. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. En ese orden de ideas, atendiendo a que de investigación se desprendan los datos que establezcan: C.1. Hecho que la ley señale como delito. Con relación a este tópico, es oportuno precisar que de la interpretación sistemática de los artículos 16, tercer párrafo, 19, primer párrafo y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se deduce que el Constituyente, en el dictado del auto de vinculación a proceso, no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues indica que debe justificarse, únicamente la existencia de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo", esto es, la probabilidad del hecho, no la probable responsabilidad, dado que el proveído de mérito, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Consecuentemente, en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del referido artículo 19, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión. Para tal efecto, este Tribunal de amparo debe constatar que el Juez de Control haya realizado un examen sobre el grado de racionabilidad, es decir, teniendo como factor principal, la duda razonable, para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad, esto es, si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas, la ponderación consistente en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa, la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario relativo a los datos aportados por ambas partes para el dictado de dicha vinculación. Apoya esta consideración por ananlogía, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25 (9a.), aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, de Febrero de 2012, Tomo 3, materia penal, página 1942, del siguiente tenor: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). De los artículos 16, tercer párrafo, 19, primer párrafo y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformados el dieciocho de junio de dos mil ocho, se advierte que el Constituyente, en el dictado del auto de vinculación a proceso, no exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, pues indica que debe justificarse, únicamente la existencia de "un hecho que la ley señale como delito" y la "probabilidad en la comisión o participación del activo", esto es, la probabilidad del hecho, no la probable responsabilidad, dado que el proveído de mérito, en realidad, sólo debe fijar la materia de la investigación y el eventual juicio. Consecuentemente, en el tratamiento metódico del llamado auto de vinculación a proceso, con el objeto de verificar si cumple con los lineamientos de la nueva redacción del referido artículo 19, no es necesario acreditar los elementos objetivos, normativos y subjetivos, en el caso de que así los describa el tipo penal, es decir, el denominado cuerpo del delito, sino que, para no ir más allá de la directriz constitucional, sólo deben atenderse el hecho o los hechos ilícitos y la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión; para ello, el Juez de Garantía debe examinar el grado de racionabilidad (teniendo como factor principal, la duda razonable), para concluir si se justifican o no los apuntados extremos, tomando en cuenta como normas rectoras, entre otras, la legalidad (si se citaron hechos que pueden tipificar delitos e información que se puede constituir como datos y no pruebas), la ponderación (en esta etapa, entre la versión de la imputación, la información que la puede confirmar y la de la defensa), la proporcionalidad, lo adecuado y lo necesario (de los datos aportados por ambas partes) para el dictado de dicha vinculación. El Juez de Control consideró que se encontraban actualizados hechos que la ley reputa como delito de Robo Calificado, a que se contraen los artículos 208, fracción I, 211, fracciones III y VI y 212, fracción II, del Código Penal para el Estado de Chihuahua, a partir de los siguientes datos de prueba: Datos de pruebas de cargo (recabadas por el Agente del Ministerio Público en la carpeta de investigación): Narrativa de hechos de trece de enero de dos mil diecisiete, emitida por los agentes de Seguridad Pública Municipal, *******, ******* y *******. Acta de entrevista a la víctima *******. Reconocimiento del indiciado por parte de la víctima al momento de su detención. Acta de investigación y aseguramiento del vehículo marca *******, *******, color *******, modelo *******. Aseguramiento del celular marca *******, color *******, número *******, con terminación *******. Acta de aseguramiento del arma de fuego, color *******, con un cargador negro y quince cartuchos. Denuncia por querella que realizó el señor *******, quien es el dueño del automotor Ford, Fusión. A partir de esos datos de prueba, los que valoró conforme a las reglas establecidas en el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Juzgador consideró que se encontraba acreditado a nivel presuntivo que sobre el celular marca *******, color *******, número *******, con terminación ******* y la cantidad de *******, propiedad de la víctima de nombre ******* se produjo un acto de apoderamiento, esto es, con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo, actualizándose de esta manera el delito que la ley prevé como robo calificado. Para tal efecto, confirió valor preponderante al dicho de la víctima, a nivel de evidencia, porque no sospechó falsedad en la declaración que hizo frente a los agentes captores al momento de que se presentó a reconocer a su agresor, a quien señaló como quien aproximadamente a las cuatro horas con cuarenta minutos del día trece de enero de dos mil diecisiete, le había quitado sus pertenencias sin su consentimiento ejerciendo violencia física; situación que no se contradijo por el acusado o su defensa, pues al darle la oportunidad de declarar, el indiciado optó por no hacerlo y en su defensa no se aportó dato de prueba que pudiera desvirtuar lo anterior. Lo considerado por el Juez es acertado, pues como bien refirió que de la investigación se deducían datos que permitían establecer que el indiciado cometió un hecho que la ley penal del Estado de Chihuahua tipifica como delito, debido a que la legislación sanciona a aquel que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena total o parcialmente, sin que le asista alguna excluyente de responsabilidad; razón por la que, en este aspecto, no se lesionaron los derechos del quejoso, porque la conducta que se le atribuye se encuentra regulada en la ley como delito. Para evidenciar el anterior aserto, es conveniente referirse a la naturaleza jurídica y elementos que integran al delito atribuido al quejoso, el cual fue encuadrado en los artículos 208, fracción I, 211, fracciones III y VI y 212, fracción II, del Código Penal de esta entidad federativa, que estatuyen: Artículo 208. A quien con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena total o parcialmente, se le impondrá: I. Cuando el valor de lo robado no exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, se impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa de treinta a cien veces el valor de dicha Unidad. Artículo 211. Además de las sanciones que correspondan conforme a los artículos anteriores, se aplicará prisión de uno a tres años, cuando el robo: [.] III. Se cometa quebrantando la fe o seguridad existente entre el sujeto activo y su víctima, en virtud de vínculos de trabajo, hospitalidad, servicio, o enseñanza, habidos entre ellos. [.] Vl. Se cometa con la intervención de dos o más personas. Artículo 212. Además de las sanciones que correspondan conforme a los artículos anteriores, se aplicarán de dos a diez años de prisión, cuando el robo: [.] II. Se cometa por medio de la violencia a las personas, sea física o moral, utilizándose arma de fuego u otro objeto de apariencia similar que produzca en la víctima coacción en su ánimo, o bien, empleándose arma blanca u otro instrumento punzo cortante o punzo penetrante. En otras palabras, conforme a la legislación sustantiva penal, comete el delito de robo, aquel que con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, se apodere de una cosa mueble ajena total o parcialmente; en ese orden, el delito con la agravante que se comenta se actualiza cuando concurren los siguientes hechos: Se cometa quebrantando la fe o seguridad existente entre el sujeto activo y su víctima, en virtud de vínculos de trabajo, hospitalidad, servicio, o enseñanza, habidos entre ellos. Se cometa con la intervención de dos o más personas. Se cometa por medio de la violencia a las personas, sea física o moral, utilizándose arma de fuego u otro objeto de apariencia similar que produzca en la víctima coacción en su ánimo, o bien, empleándose arma blanca u otro instrumento punzo cortante o punzo penetrante. Con relación al primero de los elementos descriptivos, el Juez responsable correctamente estimó acreditada la existencia de una acción de apoderamiento de un bien, con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo. En efecto, en la especie se relataron ante el Juez de Control datos de prueba que permiten establecer, a nivel de indicio, que *******, participó en la comisión del delito de robo calificado en perjuicio del señor *******, ya que el Juez refirió: "el día trece de enero del año dos mil diecisiete, aproximadamente a las cuatro horas con cuarenta minutos en la calle ******* frente a la negociación *******, usted ******* en conjunto con ******* y ******* se apoderaron de un teléfono celular de la marca *******, color *******, número de ******* en terminación ******* con valor de ******* y la cantidad de ******* propiedad de *******, haciendo uso de la violencia al coaccionar el ánimo de la víctima con una pistola tipo ******* conjuntamente esto con ******* ya que lo asistió (sic) para ver un vehículo marca *******, línea *******, modelo *******, con matrícula ******* y número de serie ******* conducido por ******* y retirarse a bordo del mismo". En este aspecto, es infundado el concepto de violación que señala el quejoso, en el que indica que el Juez no valoró que el denunciante manifiesta que el quejoso no se encontraba ejerciendo acción alguna en su contra y que sólo lo vio de lejos y que además tiene las características muy distintas de quien dijo que lo amagó con el arma de fuego. Se dice lo anterior, porque pese a que la participación que se atribuye al quejoso es en carácter de coautor del delito, ello no lo exime de su probable participación en el hecho, pues no es necesario que el activo se apodere personalmente del bien ajeno, sino que basta con que ayude, colabore y favorezca la conducta típica. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada XIX.2o.44 P, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, publicada en la página 1380, del Tomo XVI, Agosto de 2002, materia Penal, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor: ROBO EN GRADO DE PARTICIPACIÓN. PARA SU CONFIGURACIÓN NO ES NECESARIO QUE EL ACTIVO SE APODERE PERSONALMENTE DEL BIEN AJENO SIN EL CONSENTIMIENTO DE QUIEN LEGALMENTE PUEDA DISPONER DEL MISMO, PUES BASTA CON QUE AYUDE, COLABORE Y FAVOREZCA LA INFRACCIÓN DAÑOSA O CONDUCTA TÍPICA Y ANTIJURÍDICA DEL SUJETO ACTIVO PRINCIPAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN). Cuando el activo interviene en el acuerdo y preparación de la conducta ilícita de robo se actualiza la hipótesis a que se contrae el artículo 17, fracción I, del Código Penal del Estado de Michoacán, pues para que se tipifique dicha conducta no es necesario que la persona forzosamente se apodere personalmente del bien ajeno sin el consentimiento de quien legalmente pueda disponer del mismo, sino que basta que la conducta del agente esté vinculada con la concepción, preparación o ejecución del ilícito, o bien, que constituya auxilio o cooperación de cualquier especie de concierto previo o durante la misma ejecución del hecho, en términos de la fracción IV del propio ordenamiento citado, esto es, para que surja la participación es necesario que se aporte la cooperación en el hecho ajeno y en el interno o anímico, debe concurrir la conciencia y voluntad del propósito de ayudar, colaborar y favorecer la infracción dañosa o conducta típica y antijurídica del sujeto activo principal. Por otra parte, respecto a lo que se duele el quejoso, esto es, que la pistola objeto del delito no es arma de fuego y que en ningún momento se mencionó que él poseía dicho objeto, por ende, no debió actualizarse la calificativa contemplada en el artículo 208, fracción I, 211 y 212 del Código Sustantivo Penal de la materia, deviene infundada dicha afirmación, ya que el artículo 212, fracción II, es muy claro en su contenido que literalmente dice: Además de las sanciones que correspondan conforme a los artículos anteriores, se aplicarán de dos a diez años de prisión, cuando el robo: II. Se cometa por medio de la violencia a las personas, sea física o moral, utilizándose arma de fuego u otro objeto de apariencia similar que produzca en la víctima coacción en su ánimo, o bien, empleándose arma blanca u otro instrumento punzo cortante o punzo penetrante. En este contexto, lo que el legislador quiso decir, es que no importa que el arma empleada para el robo haya sido de juguete o de postas como es el caso, pues lo importante es el ánimo intimidatorio del sujeto activo, ya que con el solo hecho de que hubiese sido mostrada por el agresor bajo el falso supuesto de que era real, tal mecanismo o artificio, por sí solo, resulta suficiente para infundir en el pasivo el temor de ser lesionado, por construir un amago, amenaza o intimidación y por afectar la capacidad de oposición o resistencia del violentado, tal y como lo refiere la tesis que a continuación se detalla. Tesis aislada VI.2º.P.A 25 P., del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXIX, Enero de 2009, materia penal, página 2834, del siguiente tenor: ROBO CON VIOLENCIA MORAL. SE ACTUALIZA DICHA CALIFICATIVA AUN EN EL SUPUESTO DE QUE EL ARMA DE FUEGO UTILIZADA POR EL INCULPADO HUBIESE SIDO DE JUGUETE Y NO HAYA APUNTADO CON ELLA A LA VÍCTIMA DEL DELITO (LEGISLACIÓN PENAL DE SONORA). La violencia moral en el delito de robo prevista en la fracción I del artículo 308 del Código Penal para el Estado de Sonora se actualiza cuando el sujeto activo amaga o amenaza a una persona con un mal grave, presente o inmediato, capaz de intimidarlo, utilizando un medio idóneo o suficiente para hacerlo, razón por la cual, en la referida agravante no sólo debe atenderse al elemento eventualmente utilizado, sino también a la actitud intimidatoria que asume el agente; de lo anterior se sigue que aun en el supuesto de que el arma de fuego utilizada por el inculpado hubiese sido de juguete y no haya sido dirigida a dañar directamente la integridad física de las personas, en virtud de que no apuntó con ella a la víctima, resulta inconcuso que con tal actuar se actualiza la referida calificativa, toda vez que con el solo hecho de que hubiese sido mostrada por el sujeto activo bajo el falso supuesto de que era real, tal mecanismo o artificio, por sí solo, resulta suficiente para infundir en el pasivo el temor de ser lesionado, por constituir un amago, amenaza o intimidación y por afectar la capacidad de oposición o resistencia del violentado. En consecuencia, es correcta la determinación del Juez de Control respecto a la calificativa que otorgó al delito de robo contenido en el artículo 212, fracción II del Código Penal del Estado vigente, debido a que existe la posibilidad de que se utilizó un objeto de apariencia similar al de un arma de fuego, ejerciendo violencia física para cometer el hecho ilícito, además de que participaron más de dos personas (211 fracción VI) y quebrantando la fe o seguridad existente entre el activo y la víctima, en virtud del vínculo de servicio entre ellos (211 fracción III). De igual manera, queda evidenciado que ante el Juzgador responsable se relataron las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que tuvo por acreditado a nivel presuntivo que sobre el teléfono celular marca *******, de color ******* y la cantidad de *******, propiedad de *******, se ejecutó un acto de apoderación con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo, lo anterior, haciendo uso de un arma de fuego y donde participaron más de un agresor, siendo el día trece de enero del año en curso, en la calle ******* frente a la negociación *******. En esta virtud, este Juzgador estima correcta la consideración del responsable porque, la declaración de la víctima es prueba de cargo válida, la cual fue concatenada con los demás datos de prueba, consistentes en, la narrativa de hechos de trece de enero de dos mil diecisiete, emitida por los agentes de Seguridad Pública Municipal; acta de entrevista a la víctima *******, reconocimiento del indiciado por parte de la víctima al momento de su detención; acta de investigación y aseguramiento del vehículo marca *******, *******, color *******, modelo *******, aseguramiento del celular marca *******, color *******, número *******, con terminación *******; acta de aseguramiento del arma de fuego, color *******, con un cargador negro y quince cartuchos; y denuncia por querella que realizó el señor *******, quien es el dueño del automotor *******, *******. Los cuales se tratan de pruebas que han sido emitidas por quienes han tenido un conocimiento de los hechos imputados, sin que suponga necesariamente la invalidez de su testimonio, aunque sea un dato a valorar para determinar su credibilidad, lo cual se hará en su momento procesal oportuno. Datos de prueba que formaron convicción en el juez responsable, ya que en primer lugar la narrativa de hechos deriva de agentes policiales que procedieron en funciones de su deber, lo cual debe ser valorado como prueba indiciaria, que es coincidente con lo narrado por la propia víctima; de ahí que en este aspecto el auto de vinculación a proceso no lesiona los derechos del quejoso. En otras palabras, existe la probabilidad de que el acusado estuvo en el lugar de los hechos, participando en la comisión del ilícito, por ello se le debe dar crédito a lo declarado por la víctima, de quien no se advirtió falsedad en su declaración vertida ante los agentes captores, de ahí que lo manifestado por la víctima tiene especial relevancia probatoria, máxime que, en esta etapa del proceso no se requiere prueba plena de la comisión de esos hechos, para la correcta emisión del auto de vinculación a proceso, sino que basta con que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. A partir de tales razonamientos, resultan infundadas las alegaciones que formula el quejoso en torno a que resultó ilegal que se diera valor probatorio al solo dicho de la víctima, por tratarse de una declaración revestida de ilegalidad, pues como ya se analizó, esa declaración de cargo, tiene valor de indicio, pues en ella no se advierte el ánimo de falsedad, incluso, su narrativa fue corroborada con otros datos de prueba como ya se enfatizó en párrafos precedentes; en esta virtud, dada la particularidad del delito que se atribuyó al quejoso, en la etapa en que se encuentra el proceso penal, fue suficiente la imputación de la víctima para tener por acreditada la existencia del hecho configurativo del delito de robo calificado y, por ende, no le asiste razón. Ahora, al margen de determinar si las razones que dejó plasmadas el juez de la causa resultan o no correctas en este tópico, es necesario precisar que acorde con el artículo 19 constitucional, el estándar probatorio que se exige al Juez de Control para el dictado del auto de vinculación a proceso no es igual que el que se exige para el dictado de una sentencia, sino que es más laxo, sin que ello llegue al extremo de diluir el control judicial de los datos de prueba recabados por el agente del Ministerio Público para ejercer acción penal. En la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25 (9a.), publicada en la página 1942, Libro V, Tomo 3, febrero de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA)", el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito estableció que para dictar un auto de vinculación a proceso, el Juez de Control no necesita acreditar el cuerpo del delito ni justificar la probable responsabilidad del inculpado, sino únicamente atender al hecho ilícito y a la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. En esa medida, para la emisión del auto de vinculación a proceso, no deben ser objeto de valoración formal los elementos emanados de la investigación, sólo se requiere que el órgano acusador con datos idóneos, pertinentes, suficientes y legalmente obtenidos que obren en la carpeta correspondiente, establezca razonablemente la existencia del hecho imputado y la probabilidad de la participación del inculpado; es decir, que con un estándar bajo de prueba se pueda determinar que existe el hecho y que es probable que el imputado participó en él, además de la ponderación jurídica de que el hecho se tipifica como delito en la ley; sin que tales datos constituyan prueba fehaciente para ser tomados en cuenta al dictar la sentencia pues en ese caso únicamente se pueden tomar en consideración las que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio oral. De lo anterior, se concluye que para demostrar el estándar probatorio necesario en el juicio natural, sólo es necesario que el Ministerio Público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que el Juez estime idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. En resumen, como ha quedado determinado por la autoridad responsable, en esta etapa del procedimiento no es factible analizar los elementos subjetivos del ilícito en cuestión, sino únicamente los que se refieren al aspecto material. En efecto, como quien resintió el delito, es la víctima, con los datos de prueba que hasta esta etapa del juicio existen no es jurídicamente correcto determinar el elemento subjetivo del ilícito de que se trata, porque ello implicaría un anticipo en el análisis de la tipicidad en esta etapa, en lo atinente al examen de un elemento subjetivo del tipo que es propio de otra etapa del proceso penal; sin embargo, dado que el análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación a proceso se limita al estudio conceptual de los hechos, es decir, al examen de los elementos esenciales y comunes del concepto, desde la lógica formal. En esta tesitura, para quien resuelve resulta legal la consideración del Juez de Control, porque en este momento procesal, es suficiente tener como indicio que el activo despojó de sus pertenencias al pasivo, con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo; lo anterior, como resultado de una acción violenta y con una ventaja superior. Pues así, se tiene por acreditado tal componente del ilícito calificado y en el caso en concreto no existen datos que indiquen que el menoscabo en el patrimonio de la víctima fue por otro motivo. Es sustento de esta determinación por analogía, la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/2 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, que fue citada en líneas precedentes, del siguiente tenor: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO LA ACREDITACIÓN DEL REQUISITO "HECHO ILÍCITO" DEBE LIMITARSE AL ESTUDIO CONCEPTUAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). Este Tribunal Colegiado, en la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/25 (9a.), publicada en la página 1942, Libro V, Tomo 3, febrero de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EN SU DICTADO NO ES NECESARIO ACREDITAR EL CUERPO DEL DELITO (ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS) Y JUSTIFICAR LA PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO, SINO QUE SÓLO DEBE ATENDERSE AL HECHO ILÍCITO Y A LA PROBABILIDAD DE QUE EL INDICIADO LO COMETIÓ O PARTICIPÓ EN SU COMISIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA).", estableció que para dictar un auto de vinculación a proceso el Juez de garantía no necesita acreditar el cuerpo del delito ni justificar la probable responsabilidad del inculpado, sino únicamente atender al hecho ilícito y a la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, atento al artículo 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, por hecho ilícito no debe entenderse el anticipo de la tipicidad en esta etapa (acreditar los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo) con la ya de por sí reducción del estándar probatorio, sino que su actualización debe limitarse al estudio conceptual (acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto, desde la lógica formal), esto, a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio sobre el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo, no con pruebas, sino con datos; pues en esta fase inicial debe evitarse la formalización de los medios de prueba para no "contaminar" o anticipar juicio sobre el delito y su autor, y el Juez de garantía debe, por lo común, resolver sólo con datos. En las relatadas condiciones, con los datos de prueba que fueron puestos al conocimiento del Juez de Control se encuentra justificada la existencia de hechos que configuran el delito de robo calificado, previsto en el ordinal 208, fracción I, del Código Penal de Estado, en la hipótesis que se actualiza cuando quien con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo se apodere de una cosa mueble ajena total o parcialmente. Asimismo, este Juzgador Federal estima correcto que el Juez de la causa determinara que existían datos que le permitían concluir que los hechos se encontraban agravados en términos del artículo 211, fracción III y VI y 212, fracción II, de la legislación en cita, ya que se quebrantó la fe o seguridad existente entre el sujeto activo y su víctima, en virtud del vínculo de servicio habido entre ellos, además, se cometió con la intervención de más de dos personas y por medio de violencia física, utilizándose arma de fuego u objeto de apariencia similar que produjo en la víctima coacción en su ánimo. En efecto, no existió duda ni controversia respecto a que la acción que se ejerció privó a la víctima de sus pertenencias sin haber otorgado su consentimiento para ello; en tal tesitura, los hechos que le fueron imputados al quejoso, se cometieron empleando un arma de fuego; encima, superaban a la víctima en número de personas, y finalmente se tomó en consideración que según la narración de los agentes captores existen datos que permitían concluir que el activo se apoderó de un bien mueble propiedad de la víctima con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pudiera otorgarlo. Luego, como se estableció, para dictar un auto de vinculación a proceso el Juez de Control no necesita acreditar el cuerpo del delito ni justificar la probable responsabilidad del inculpado, sino únicamente atender al hecho ilícito y a la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. En esa medida, se estima correcto que el Juez de Control determinara la existencia de hechos constitutivos de delito, porque con los datos de prueba que reseñó en el auto de vinculación a proceso reclamado, acorde con la directriz constitucional, atendió correctamente el hecho ilícito, pues examinó el grado de racionabilidad, teniendo como factor principal, la duda razonable; hecho lo cual, concluyó que se justificaban los apuntados extremos, porque existían datos que permitían determinar la existencia de hechos configurativos del robo calificado, previsto en el artículo 208, fracción I, 211, fracciones III y VI y 212, fracción II, del Código Penal del Estado de Chihuahua, en la hipótesis que se actualiza cuando el activo se apodere de una cosa mueble ajena total o parcialmente con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo, quebrantando la fe o seguridad existente con la víctima, en virtud de vínculos de trabajo, hospitalidad, servicio, o enseñanza, habidos entre ellos, con la intervención de dos o más personas y por medio de la violencia a las personas, sea física o moral, utilizándose arma de fuego u otro objeto de apariencia similar que produzca en la víctima coacción en su ánimo, o bien, empleándose arma blanca u otro instrumento punzo cortante o punzo penetrante; de ahí que el Juez no lesionó los derechos del quejoso al considerar que de la investigación se desprendían datos que establecieron que se cometió un hecho que la ley señala como delito, porque en el tamiz constitucional que debe practicarse en esta etapa del proceso penal, este Juzgado de Distrito comparte la conclusión a la que arribó el responsable porque obran datos que permiten vislumbrar la existencia de hechos constitutivos del delito precisado. C2. Probabilidad de que el imputado participó en la comisión de los hechos que la Ley reputa como delitos Con relación a este elemento, es decir, a la probabilidad de que el imputado participó en la comisión de los hechos que la Ley reputa como delito, es necesario partir de que uno de los requisitos para el dictado del auto de vinculación a proceso es que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; por tanto, esta determinación debe dictarse únicamente a partir de los datos de investigación que refirió el Ministerio Público en la audiencia de vinculación a proceso y las pruebas que se desahogaron en ella -salvo los supuestos de excepción en donde esos datos se formalizan-; por ende, basta que existan indicios de que el ahora quejoso haya intervenido en los hechos que la ley prevé como delito. En este aspecto, el quejoso dijo que el Juez no valoró que el denunciante manifestó que el quejoso no se encontraba ejerciendo acción alguna en su contra y que sólo lo vio de lejos y que además tiene las características muy distintas de quien dijo que lo amagó con el arma de fuego. Empero, el Juez responsable consideró que se encontraba acreditada la probable participación del imputado en la comisión de los hechos que se identificaron en líneas previas, al considerar el conocimiento directo que hizo la víctima de nombre ******* ante los agentes aprehensores y que lo identificó plenamente como una de las personas que participó en el robo con violencia del que fue objeto el día trece de enero de dos mil diecisiete, aproximadamente a las cuatro horas con cuarenta minutos en la calle *******, frente a la negociación *******. Este Juzgado Federal comulga con la determinación de la autoridad responsable, porque con el dato de prueba que le aportó el agente del Ministerio Público y que se tomó en cuenta para la emisión del acto reclamado, permite establecer que aquél pudo haber realizado la conducta descrita por el delito, por sí mismo o con ayuda de alguien más, pues se ubicó en las circunstancias de lugar y ocasión; en consecuencia, esa colocación material en el lugar y época del delito permiten evidenciar su participación al menos hasta la etapa procesal que nos ocupa. En ese sentido, es infundado lo que se aduce en torno a que en el acto reclamado no se encuentra debidamente acreditada la responsabilidad, ya que en esta etapa del procedimiento, solamente debe existir la probabilidad de que el imputado haya intervenido en los hechos que se reputan como delito, sin que exista prueba plena de ello, porque tal calificativa corresponde realizarla en una fase distinta del proceso penal. D. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Asimismo, este resolutor tampoco advierte que se actualice alguna causa que extinga la acción penal o excluyente del delito; pues tal y como lo dijo el responsable, los hechos ocurrieron el trece de enero de dos mil diecisiete, y no en el año dos mil dieciséis, como lo argumentó la defensa, ya que si bien, en las denuncias y en las actas de reconocimientos de personas aparece la fecha dos mil dieciséis, es evidente que hubo un error al asentar dicha fecha; lo anterior es así, debido a que, por una parte, el Juez de Control determinó que no es posible que los agentes aprehensores pusieran a disposición a los detenidos ante la autoridad judicial un año después de haber cometido el hecho delictivo en flagrancia, y por la otra, existió el señalamiento de la víctima que refiere que los acontecimientos delictivos ocurrieron el trece de enero de dos mil diecisiete. A partir de las anteriores premisas, devienen infundados los argumentos que el quejoso vertió a manera de conceptos de violación, porque a diferencia de lo que sostiene el quejoso, el Juez fundó y motivó su resolución en la que concedió valor probatorio a las declaraciones de la víctima y de los agentes captores, quienes refirieron que el quejoso participó en la comisión del ilícito que nos ocupa, además cuando lo señalaron, éste no declinó responsabilidad y el quejoso no ofreció en la etapa procesal que nos atañe prueba que desvirtuara su dicho, asimismo, como se ha señalado en multicitadas ocasiones, la etapa de vinculación a procesos únicamente determina la probabilidad de su responsabilidad. Asimismo, es infundado lo que aduce el quejoso en torno a que debe prevalecer el principio de presunción de inocencia; así se sostiene, cuenta habida que tal presunción ordena a los jueces impedir en la mayor medida posible la aplicación de medidas que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena; por ende, el Juzgador responsable respetó dicho principio, pues si se encuentra vinculado a un proceso penal, es con el propósito de que el Fiscal pueda demostrar legalmente su culpabilidad y, en su caso, el aquí quejoso desvirtúe las imputaciones que se le han formulado, a lo largo del juicio, sin que en la etapa en que éste se encuentra se le haya sancionado con pena alguna; todo lo cual pone de relieve que el aludido principio de inocencia se ha respetado. En ese orden de ideas, al resultar jurídicamente ineficaces los conceptos de violación estudiados y no advertirse queja deficiente que suplir, se impone negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******* contra el acto del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con morada en esta localidad, consistente en el auto de vinculación a proceso dictado el veinte de enero de dos mil diecisiete, en la causa penal *******. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a la tercera interesada y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; así como, mediante oficio a la autoridad responsable y al representante social que interviene en el proceso penal de origen. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hasta el día de hoy, treinta de junio de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos para que conste como corresponda el oficio del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, por medio del cual remite la constancia de emplazamiento efectuado el veintidós de marzo pasado, al tercero interesado *******, lo anterior con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; quince de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el tercero interesado *******, no fue debidamente emplazado al presente juicio, ya que la autoridad responsable Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, realizó el emplazamiento conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y toda vez que dicha autoridad no actúa con jurisdicción propia, sino como autoridad auxiliar de este juzgado federal, en el presente juicio de amparo, debe decirse que la notificación al tercero interesado arriba citado debió realizarla en los términos que establece el capítulo IV "notificaciones" de la Ley de Amparo. En consecuencia, requiérase a la autoridad responsable antes mencionada, para que dentro del término de tres días computados legalmente, se sirva emplazar al tercero interesado *******, en los términos indicados y remita las constancias que así lo acrediten o manifieste la imposibilidad que tenga para hacerlo. Apercibido que de no dar cumplimiento con lo que este auto ordena, se le sancionará con una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, en términos de los artículos 236 y 237 de la Ley de Amparo, previstas en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia señalada para esta fecha y se fijan las diez horas del veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, para su desahogo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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