José Juan Soto Santillán

Expediente 257/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 22 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
257/2021
Año
2021
Actuaciones
22
Última actuación
21/10/2021

Partes del expediente

  • José Juan Soto Santillán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en el presente asunto se sobreseyó por una parte y por otra se negó el amparo y protección de la justicia federal. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. En cuanto a los incidentes de suspensión, toda vez que se otorgó la suspensión provisional el incidente de suspensión original es depurable, en el que deberán conservarse la demanda, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y este auto; de conformidad con el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Finalmente, el duplicado del incidente deberá ser destruido una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido de conformidad con el artículo 20, del citado Acuerdo General. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  2. Principal

    SentenciaCiudad Juárez, Chihuahua; treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Visto para resolver el juicio de amparo 257/2021-II, por el licenciado ******* en representación de ******* en su calidad de defensor público federal. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el nueve de abril de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta localidad, turnado a este juzgado el mismo día, ******* en representación de ******* en su calidad de defensor público federal, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades, de quienes se reclamó lo siguiente: 1.- H. CONGRESO DE LA UNIÓN; reclamo la expedición del DECRETO, de fecha 19 de febrero de 2021, por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación, en especial por contrariar lo dispuesto por los artículos 1°, 14, 16, 17, 19, 20 y 22 de la Constitución, al contener disposiciones que atentan contra la dignidad del ser humano, al criminalizar la pobreza, trasgredir la libertad personal al anticipar una pena a un sujeto investigado, y la falta de sustento jurídico, practico, y de fondo de las reformas, ante la ausencia de estudios para llegar a la convicción de la modificación de específicamente por el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación. 2.- C. PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; reclamo la promulgación, publicación y ejecución del Derecho por el que se da el DECRETO, de fecha 19 de febrero de 2021, por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación, en especial por contrariar lo dispuesto por los artículos 1°, 14, 16, 17, 19, 20 y 22 de la Constitución, al contener disposiciones que atentan contra la dignidad del ser humano, al criminalizar la pobreza, trasgredir la libertad personal al anticipar una pena a un sujeto investigado, y la falta de sustento jurídico, practico, y de fondo de las reformas, ante la ausencia de estudios para llegar a la convicción, de la modificación de específicamente por el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación. 3.- C. SECRETARIO DE GOBERNACIÓN; reclamo, el refrendo, firma y publicación del DECRETO, de fecha 19 de febrero de 2021, por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación, en especial por contrariar lo dispuesto por los artículos 1°, 14, 16, 17, 19, 20 y 22 de la Constitución, al contener disposiciones que atentan contra la dignidad del ser humano, al criminalizar la pobreza, trasgredir la libertad personal al anticipar una pena a un sujeto investigado, y la falta de sustento jurídico, practico, y de fondo de las reformas, ante la ausencia de estudios para llegar a la convicción, de la modificación de específicamente por el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación. 4.- C. DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN; reclamo, la publicación del DECRETO, de fecha 19 de febrero de 2021, por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación, en especial por contrariar lo dispuesto por los artículos 1°, 14, 16, 17, 19, 20 y 22 de la Constitución, al contener disposiciones que atentan contra la dignidad del ser humano, al criminalizar la pobreza, trasgredir la libertad personal al anticipar una pena a un sujeto investigado, y la falta de sustento jurídico, practico, y de fondo de las reformas, ante la ausencia de estudios para llegar a la convicción, de la modificación de específicamente por el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación. EJECUTORA 5.- JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO ADSCRITO AL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL, EN FUNCIONES DE JUEZ DE CONTROL, con domicilio conocido en ciudad Juárez; reclamo la emisión del auto de vinculación a proceso dictado en contra de mi representado en fecha uno de abril de dos mil veintiuno, por su probable participación en la comisión de los hechos que la ley señala como delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas nacionales, previsto por el artículo 83, fracción II, de la Ley Federal de Armas de fuego y Explosivos; portación de armas de fuego sin licencia, prevista en el artículo 81, con la agravante del penúltimo párrafo de ese numeral, de la ley federal en la materia; posesión de cartuchos para armas de fuego del uso exclusivo previsto y sancionado por el artículo 83 quat, fracción II, de la multicitada ley, y contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio con su variante de metanfetamina, previsto por el artículo 195, primer párrafo, del Código Penal Federal, y la determinación que impone la media cautelar de prisión preventiva, así como la afectación del aumento de la pena impuesta a los delitos de portación de armas de fuego sin licencia y posesión de cartuchos de arma de fuego del uso exclusivo por los cuales está investigado a mi defendido, los artículos 1°, 14, 16, 17, 19, 20 y 22 de la Constitución, al contener disposiciones que atentan contra la dignidad del ser humano, al criminalizar la pobreza, trasgredir la libertad personal al anticipar una pena a un sujeto investigado, y la falta de sustento jurídico, practico, y de fondo de las reformas, ante la ausencia de estudios para llegar a la convicción, de la modificación de específicamente por el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y los aumentos de las penas de prisión de las disposiciones de la Ley Federales de Armas de Fuego y Explosivos (sic). Segundo. Derechos constitucionales que la parte peticionaria del amparo estimó violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados, los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 19, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. En proveído de trece de abril de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, se ordenó emplazar al tercero interesado, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. Cuarto. Escisión de la demanda de amparo y firmeza de esa determinación. En proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, por las consideraciones ahí vertidas, se impuso dividir los actos de la demanda de amparo que originó este asunto, en los siguientes términos: (.) En el caso en concreto, de los actos reclamados por el promovente de la demanda de amparo se desprende que aquéllos atribuidos a las autoridades foráneas, consisten medularmente en el proceso legislativo de la normatividad reclamada, así como su acto de aplicación, endilgado al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Acusatorio Adscrito al Centro de Justicia en esta ciudad, en funciones de Juez de Control, consistente en la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva; actos que, evidentemente, guardan una estrecha relación, al deducirse éste último del cambio legislativo que aduce el accionante del amparo, resulta inconstitucional. Por otra parte, el quejoso, reclama el auto de vinculación emitido en su contra, atribuido al Juez señalado como responsable; empero, se estima que el mismo no guarda relación lógica con los diversos actos combatidos. En efecto, aunque los actos reclamados al Juez responsable nacieron a la vida jurídica de un mismo hecho, no tienen relación entre sí, toda vez que, la imposición de la medida cautelar se deduce directamente del cambio normativo que reclama el quejoso, esto es, de su aplicación; mientras que, el auto de vinculación a proceso, independiente de aquéllos, debe estudiarse si fue emitido en apego a los lineamientos establecidos en el artículo 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la diversa normatividad respectiva; sin que, se insiste, su análisis guarde vínculo alguno con los diversos actos aquí reclamados. De tal forma, al tratarse de actos reclamados distintos, desvinculados entre sí, lo conducente es hacer una separación de ellos a fin de que sean analizados en juicios de amparo diferentes, con el propósito de emitir una sentencia congruente respecto de cada uno de ellos. (.) Por lo tanto, se ordena la separación de los actos reclamados, en la inteligencia que, deberán ventilarse en este juicio, ********************/2021 (1) el proceso legislativo del decreto por el que se reformó el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno; así como su acto de aplicación, consistente en la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, reclamada al Juez responsable. Mientras que, (2) el auto de vinculación a proceso, tendrá que ventilarse en uno diverso, igualmente, del índice de este órgano jurisdiccional, a efecto de garantizar a la parte quejosa una pronta impartición de justicia, debido a que ya se tiene conocimiento del mismo. (.) De modo que, en este asunto, únicamente habrá de resolverse respecto al proceso legislativo de la normatividad reclamada, así como su acto de aplicación, endilgado al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Acusatorio Adscrito al Centro de Justicia en esta ciudad, en funciones de Juez de Control, consistente en la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva. Mientras que, en el diverso juicio 618/2021-II, del índice de este juzgado de Control Constitucional, habrá de resolverse por lo que hace al auto de vinculación a proceso emitido en contra del quejoso. Lo anterior, pues la determinación en comento, quedó firme en proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, ya que ninguna de las partes, dentro del término con que contaban para ello, la combatieron. Quinto. Acreditación de credenciales como licenciado en Derecho del defensor del imputado. Mediante proveído de catorce de junio dos mil veintiuno, se solicitó al Juez responsable que remitiera las certificaciones respectivas en torno a si el defensor del imputado, cuenta con las credenciales pertinentes para ejercer como licenciado en Derecho, a efecto de tener la certeza de que el derecho fundamental del quejoso a ser defendido por un perito en Derecho, fue respetado. Ello, pues de conformidad con la Contradicción de Tesis 405/2017, en concatenación con la Contradicción 1/2020, emitidas por la Primera Sala del Más Alto Tribunal, en la audiencia inicial del procedimiento penal acusatorio, el defensor del imputado debe acreditar su calidad de licenciado en derecho y el Juez de Control debe verificar dicha actuación, obligación que constituye una garantía en forma de regla que permite aseverar que el derecho de ser defendió por licenciado en Derecho, fue respetado. Al respecto, en proveído de uno de abril de dos mil veintiuno, se tuvo al Juez responsable cumpliendo la solicitud que se le efectuó, pues remitió copia certificada de la cédula profesional del licenciado ******* defensor público federal del aquí quejoso. De manera que, tal como se acotó en dichos autos, ha quedado evidenciado que el profesional en comento sí cuenta con las credenciales atinentes que lo avalan como perito en Derecho; de tal suerte que, la prerrogativa constitucional del aquí quejoso, de contar con una defensa técnica adecuada, por parte de un licenciado en Derecho, está colmada. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que el quejoso reclamó lo siguiente, de las autoridades señaladas a continuación: 1. A la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores del Congreso de la Unión: la expedición del decreto por el que se reformó el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación; publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. 2. Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: la promulgación y publicación del referido decreto. 3. De la Secretaría de Gobernación: el refrendo, firma y publicación del referido decreto. 4. Del Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación: la publicación del referido decreto. 5. Del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en funciones de Juez de Control: la ejecución y primer acto la aplicación del reformado artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a través de la audiencia celebrada uno de abril de dos mil veintiuno, dictada en autos de la causa penal *******, incoada en contra del aquí quejoso, a través de la cual le impuso la medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa. Tercero. Certeza de los actos reclamados. En los informes rendidos por las Cámaras de Diputados (foja 80) y Cámara de Senadores (foja 91) del Congreso de la Unión, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos (foja 95), Secretaría de Gobernación (foja 66) y Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación (foja 72), todos con sede en la Ciudad de México, reconocieron la participación que tuvieron -cada uno, dentro del ámbito de sus atribuciones- en la emisión de los actos combatidos, precisando particularmente en qué consistió su intervención. En consecuencia, se tienen por ciertos los actos atribuidos a dichas autoridades. Es aplicable la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, página 231del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Conviene agregar que los actos relativos al proceso legislativo de creación de las normas se acreditan plenamente, sin necesidad de prueba, en términos de lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de los cuales se obtiene que las leyes no son objeto de prueba. Al respecto, se cita jurisprudencia por contradicción de tesis 65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 260, del Tomo XII, Agosto de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Común, Novena Época, con registro digital 191452, del rubro y texto siguientes: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. Asimismo, son cierto el acto atribuido por el accionante del amparo al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, en funciones de Juez de Control (foja 54), pues al rendir su informe con justificación, así lo aceptó. En efecto, tal responsable reconoció la certeza del acto de aplicación de la norma combatida que se le atribuye, esto es, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, derivada del decreto de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y diversas disposiciones, impuesta en la audiencia inicial verificada el uno de abril de dos mil veintiuno. Lo previo, encuentra sustento en la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, tomo VI, materia común, página 231, que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. De igual forma, el Juez responsable remitió copia certificada de la transcripción de la audiencia inicial, de la que la imposición de la medida cautelar en comento, se deduce; documental que posee valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Asimismo, el Juez responsable envió copia certificada del registro de audio y video de la audiencia inicial, constante en un disco compacto, al que se reconoce valor probatorio en términos de los numerales invocados supra líneas, del Código Federal de Procedimientos Civiles, además del diverso artículo 210-A, de tal codificación. Al respecto, cabe precisar que la información contenida en el disco compacto de referencia, también se valora como una prueba documental pública, la cual se tuvo por desahogada desde el momento en que fue remitida por la autoridad responsable, sin necesidad de fijar una audiencia especial para su desahogo; y a fin de brindar certeza jurídica a las partes, se ordenó dar vista oportunamente con ella y con el contenido del informe justificado emitido. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 455/2012, visible en la página 703, Libro XXIII, Tomo 1, Agosto de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. Por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia del acto atribuido por el quejoso, a la autoridad en cita. Cuarto. Análisis de hipótesis de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Cuarto. Análisis de hipótesis de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Improcedencia del juicio respecto del refrendo y publicación del Decreto combatido Respecto del acto reclamados al Secretario de Gobernación y al Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, con sede en la Ciudad de México, consistentes en el refrendo y publicación del decreto tildado de inconstitucional, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso numeral 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.) Del primero de los preceptos invocados, se desprende que el juicio de amparo será improcedente cuando así resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, diversa de las descritas en su numeral 61; mientras que, del segundo precepto, se advierte que cuando se reclamen normas generales, las autoridades que hayan intervenido en el refrendo o publicación del decreto promulgatorio, únicamente tendrán el carácter de responsables en el juicio de amparo, cuando la quejosa impugne tales actos por vicios propios. En el caso, la parte quejosa reclama de las citadas autoridades, el refrendo y publicación del Decreto reclamado, descrito en el considerando segundo; sin embargo, su impugnación no se realizó por vicios propios, es decir, con motivo de las intervenciones individuales de esas autoridades en el proceso legislativo de tal ordenamiento legal. De ahí que, con relación al refrendo y publicación del Decreto reclamado, atribuido al Secretario de Gobernación y al Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación, con sede en la Ciudad de México, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la tesis aislada I.7o.A.374 A, que sustentó el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1411, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, mayo de 2005, materia Administrativa, Novena Época, con registro digital 178540, del tenor siguiente: AMPARO CONTRA LEYES. SI SE ATRIBUYE A UNA AUTORIDAD LA FALTA DE REFRENDO DE UNA LEY, Y NO SE HACEN VALER CONCEPTOS DE VIOLACIÓN TENDENTES A DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE DICHA CONDUCTA OMISIVA, DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO. Si la parte quejosa reclama la inconstitucionalidad del decreto por el que se creó o reformó una ley, señalando como autoridad responsable a una secretaría de Estado, a la cual atribuyó la falta de refrendo respectivo, pero no esboza razonamiento alguno para demostrar por qué tal conducta omisiva vulnera algún precepto constitucional; o en su defecto, que el decreto respectivo debió ser refrendado por el órgano del Estado al que se le imputa la omisión, y no por autoridad diversa, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 116, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, y con fundamento en el diverso numeral 74, fracción III, del ordenamiento legal en cita, debe declararse el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto en lo que a tal acto y autoridad se refiere, sin que tengan aplicación los diversos criterios sustentados por el Poder Judicial Federal, en el sentido que de proceder los argumentos de inconstitucionalidad de fondo de una ley, también debe concederse el amparo contra su promulgación, refrendo y publicación; lo anterior tomando en consideración que si el acto reclamado se hizo consistir en la no participación del procedimiento legislativo, consecuentemente, se debieron formular conceptos de violación específicos e independientes de las cuestiones de fondo propuestas. No se analiza hipótesis de improcedencia Luego, la Cámara de Senadores, con sede en la Ciudad de México, refiere que en la especie se actualiza una hipótesis de improcedencia, dado que, aduce, el quejoso no sufrió afectación alguna en su esfera jurídica, con motivo de su intervención en el proceso legislativo del Decreto aquí reclamado; omitiendo, además de esbozar razonamiento alguno en torno a tal idea, acotar el numeral que contiene la referida causal que, aduce, se actualiza en el caso. Tales manifestaciones no constituyen un argumento lógico jurídico de la autoridad, mediante el cual se explique por qué razón se actualiza la causal que aduce -y que omite invocar-. En efecto, el contenido de la ley y su interpretación jurídica, por sí mismo, no resuelve problemas en particular, sino que dadas sus características requiere de un análisis lógico para saber si las circunstancias fácticas encuadran en sus prescripciones, lo cual requiere, al menos, un mínimo razonamiento que explique la forma en que los hechos se ubican en el supuesto normativo -además, por supuesto, de invocarse éste- pues sin esa justificación la exposición aislada de la idea se aprecia como una mera enunciación de una hipótesis de improcedencia, sin significado jurídico alguno. La sola alusión de la actualización de una causa de improcedencia, sin invocar el numeral respectivo ni razonamiento jurídico alguno, por regla general, no obliga a los tribunales que conozcan del juicio de amparo a escrutar todas las posibles razones por las cuales la acción intentada podría resultar inejercitable y el juzgador no puede avocarse al análisis oficioso de causas que no se adviertan de manera palpable, ante la variedad de posibles interpretaciones de las disposiciones que sustentaron la petición de improcedencia. En esa medida, si en el presente asunto, la referida autoridad se concretó a señalar que "el quejoso no sufrió afectación alguna en su esfera jurídica, con motivo de su intervención en el proceso legislativo del Decreto aquí reclamado", es evidente que no argumentó su dicho. Por tanto, al haber aducido una causa de improcedencia que no es de obvia y objetiva constatación, no bastaba que la autoridad responsable señalara de manera dogmática que se actualiza esa causa de improcedencia para avocarse a su estudio, sino que era su carga que expusiera los argumentos lógico jurídicos por los cuales consideraba que en el caso tal supuesto se actualizaba, así como, por supuesto, el numeral que la contempla. Luego, al no haberse hecho así, este órgano considera que la autoridad responsable no cumplió con su mínima carga procesal que permita analizar la causal de improcedencia que alegó y, ante ello, esta Juzgadora Federal no se encuentra obligada a analizarla. Sustenta las anteriores consideraciones -por identidad jurídica y de razones- la jurisprudencia 2a./J. 137/2006, aprobada por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXIV, de octubre de 2006, página 365, del siguiente tenor: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aún sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio. Quinto. Procedencia e innecesaria transcripción de conceptos de violación. Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan la actualización de diversa hipótesis de improcedencia, ni quien suscribe advierte que se actualice alguna, por lo que, se procede al análisis de los conceptos de violación expresados por el quejoso, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, según lo determinado en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Sexto. Examen constitucional de los actos reclamados. Previo a efectuar el análisis de los actos aquí combatidos, se considera oportuno acotar que en este asunto opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, en virtud de la especial situación en que se encuentra el aquí quejoso, esto es, en su carácter de imputado en la causa penal que se instruye en su contra, siempre que ello le resulte benéfico. Es aplicable, por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRILDE 2013). Así, se procederá al estudio del proceso legislativo del decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación; publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno; el cual, refiere la parte quejosa, es contrario a los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 1, 14, 16, 17, 19, 20 y 22 Constitucionales, bajo los motivos de disenso siguientes: a) Aduce que el decreto se expidió sin haberse sustentado en un estudio real, profesional y estadístico, que lo convierte en un acto inconstitucional. b) Que se viola el debido proceso legislativo, al no haberse realizado el estudio de diversos factores para tener legitimidad al modificar el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. c) Que se vulnera el derecho al acceso de información, porque el proceso legislativo del decreto impugnado no se encuentra publicado en las páginas de internet oficiales del Congreso de la Unión, Secretaría General de Servicios Parlamentarios, ni de la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis del Congreso de la Unión. d) Que se emitió dos años después de la reforma del artículo 19 Constitucional, lo cual deja un abismo social infranqueable, avalando así un sigilo legislativo. e) Que se viola la formalidad reconocida en la reforma penal de doce de abril de dos mil diecinueve, pues el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no señala cuáles actos en específico en materia de armas de fuego y explosivos ameritan prisión preventiva oficiosa, derivando con ello, un incremento desmesurado en la imposición de penas. De inicio, conviene precisar que el artículo 167, del Código Nacional de Procedimientos Penales, reformado mediante decreto de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, establece: Artículo 167. Causas de procedencia El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código. En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión preventiva. El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. Las leyes generales de salud, secuestro, trata de personas, delitos electorales y desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como las leyes federales para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, armas de fuego y explosivos, y contra la delincuencia organizada, establecerán los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa de conformidad con lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal, de la manera siguiente: I. Homicidio doloso previsto en los artículos 302 en relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323; II. Genocidio, previsto en el artículo 149 Bis; III. Violación prevista en los artículos 265, 266 y 266 Bis; IV. Traición a la patria, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126; V. Espionaje, previsto en los artículos 127 y 128; VI. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; VII. Sabotaje, previsto en el artículo 140, párrafo primero; VIII. Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145; IX. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204 y Pederastia, previsto en el artículo 209 Bis; X. Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter; XI. Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero; XII. Abuso o violencia sexual contra menores, previsto en los artículos 261 en relación con el 260; XIII. Feminicidio, previsto en el artículo 325; XIV. Robo a casa habitación, previsto en el artículo 381 Bis; XV. Ejercicio abusivo de funciones, previsto en las fracciones I y II del primer párrafo del artículo 220, en relación con su cuarto párrafo; XVI. Enriquecimiento ilícito previsto en el artículo 224, en relación con su séptimo párrafo, y XVII. Robo al transporte de carga, en cualquiera de sus modalidades, previsto en los artículos 376 Ter y 381, fracción XVII. Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Fiscal de la Federación, de la siguiente manera: I. Contrabando y su equiparable, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 102 y 105, fracciones I y IV, cuando estén a las sanciones previstas en las fracciones II o III, párrafo segundo, del artículo 104, exclusivamente cuando sean calificados; II. Defraudación fiscal y su equiparable, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 108 y 109, cuando el monto de lo defraudado supere 3 veces lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, exclusivamente cuando sean calificados, y III. La expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 Bis del Código Fiscal de la Federación, exclusivamente cuando las cifras, cantidad o valor de los comprobantes fiscales, superen 3 veces lo establecido en la fracción III del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación. El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad o bien, cuando exista voluntad de las partes para celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, siempre que se trate de alguno de los delitos en los que sea procedente dicha forma de solución alterna del procedimiento. La solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Fiscalía o de la persona funcionaria en la cual delegue esa facultad. Si la prisión preventiva oficiosa ya hubiere sido impuesta, pero las partes manifiestan la voluntad de celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato, el Ministerio Público solicitará al juez la sustitución de la medida cautelar para que las partes concreten el acuerdo con el apoyo del Órgano especializado en la materia. En los casos en los que la víctima u ofendido y la persona imputada deseen participar en un Mecanismo Alternativo de Solución de Controversias, y no sea factible modificar la medida cautelar de prisión preventiva, por existir riesgo de que el imputado se sustraiga del procedimiento o lo obstaculice, el o la Juez de Control podrá derivar el asunto al Órgano especializado en la materia, para promover la reparación del daño y concretar el acuerdo correspondiente. Se procede a analizar enseguida los conceptos de violación aducidos en el ocurso de amparo, en términos del artículo 76 de la Ley de la materia, del que se advierte que el órgano jurisdiccional puede examinar de manera individual o conjunta los conceptos de violación vertidos por la parte gobernada, en el orden propuesto o en uno diverso. Ilustra además lo anterior, la tesis 2o. J/5, publicada en el tomo III del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de dos mil dieciséis, materia común, Décima Época y número de registro 2011406, cuyo rubro dice: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. Así, es ineficaz el argumento planteado en el inciso d). En efecto, es verdad el hecho de que el artículo segundo transitorio del decreto publicado el doce de abril de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se reformó el citado artículo de la Ley Fundamental, estableció que para los efectos a que se refería el segundo párrafo del citado precepto, el Congreso de la Unión, en un lapso de noventa días siguientes a la publicación en el Diario Oficial de la Federación, debía realizar las adecuaciones normativas necesarias para incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y demás ordenamientos correspondientes las hipótesis delictivas a que se refiere el artículo 19 Constitucional. Sin embargo, ningún perjuicio le causa al quejoso el hecho de que la autoridad legislativa haya excedido el lapso determinado para la publicación del decreto tildado de inconstitucional, pues de ninguna manera, una disposición legal puede tener vigencia antes de su publicación. Entonces, el hecho que, dentro de ese año, diez meses y siete días no se haya publicado el decreto reformatorio del numeral 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, únicamente trae consigo que ni al quejoso, ni a la sociedad en general, le sean aplicadas las disposiciones adheridas dentro de ese periodo. De esta suerte, en casos como el presente, en nada trasciende que no se haya acatado el periodo indicado para realizar las adecuaciones necesarias al mencionado artículo, por retraso en la referida fase del proceso legislativo, como tampoco es relevante el número de días que transcurran entre aquella fecha y en la que materialmente se realizó la publicación de la ley, puesto que para el gobernado la norma existe sólo hasta que se publique legalmente. Lo anterior, porque la imposición de prisión preventiva oficiosa en delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, entre otros, estaba condicionada de manera expresa por el Constituyente, a que se realizaran las adecuaciones normativas necesarias para incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y demás ordenamientos correspondientes las hipótesis delictivas a que se refiere el artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Federal, reformado el doce de abril de dos mil diecinueve. Sin que pase desapercibido el contenido de la jurisprudencia 1a./J. 33/2020 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo III, Décima Época, registro digital 2022058, página 2709, de rubro y texto siguientes: PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA EN DELITOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, PETROLÍFEROS Y PETROQUÍMICOS, ASÍ COMO EN MATERIA DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS DE USO EXCLUSIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS. SU APLICACIÓN ESTÁ CONDICIONADA A QUE SE CUMPLA LO ORDENADO EN EL ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE DECLARA REFORMADO EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 12 DE ABRIL DE 2019. Hechos: Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos, consistentes en determinar si la reforma al segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Federal, que incorporó los señalados ilícitos al catálogo respecto de los que procede imponer la medida cautelar, era exigible a partir de que inició su vigencia, al día siguiente de su publicación en el medio oficial, o si estaba condicionada a que el Congreso de la Unión adecuara el texto del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que regula su procedencia, como lo ordenó el artículo segundo transitorio del decreto. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que en atención a que la regla sobre reformas y adiciones a la Constitución Federal, es que comiencen a regir el día de su publicación y, por excepción, en fecha posterior cuando el Constituyente así lo determine en disposiciones transitorias, se concluye que el artículo segundo transitorio del decreto en cita se traduce en un mandato constitucional para que la legislación procesal secundaria precise cuáles de todos los delitos en esas materias ameritarán la imposición de la prisión preventiva oficiosa. Justificación: Dado que las respectivas leyes especiales prevén una diversidad de tipos penales, además, porque cumplir la condición que impone la disposición transitoria implica no vulnerar la regla de excepcionalidad respecto del principio de presunción de inocencia que rige el señalado instituto cautelar. Jurisprudencia en la que se estableció que el artículo segundo transitorio del decreto en cita, se traducía en un mandato constitucional para que la legislación procesal secundaria en cuestión, armonizara su contenido con el del artículo 19 Constitucional, reformado el doce de abril de dos mil diecinueve; momento en el cual, serían exigibles sus pautas. En efecto, dicho criterio se encuentra dirigido en el sentido de que, para que se pudiera imponer prisión preventiva de manera oficiosa, respecto de los delitos cometidos (entre otros) en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, era necesario que ello fuera adicionado al catálogo de delitos que prevé el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como de los que ameritan la imposición de tal medida cautelar, como lo establece el segundo transitorio del decreto por el que se declaró reformado el numeral 19 de la Constitución Federal. Ya que, de otra forma, se vulneraría la regla de excepcionalidad respecto del principio de presunción de inocencia que rige el señalado instituto cautelar; es decir, que dicha medida cautelar no fuera aplicada de manera oficiosa, hasta que no estuviera regulada por la ley secundaria correspondiente. Contrario sería que, su vigencia hubiera comenzado antes de los noventa días que estableció el decreto por el que se reformó el artículo 19 Constitucional. Por lo anterior, las tesis de rubros: "REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. NO REQUIEREN DE VACATIO LEGIS Y ANTE LA AUSENCIA DE DISPOSICIÓN EXPRESA SOBRE SU FECHA DE ENTRADA EN VIGOR, DEBE ESTARSE A LA DE SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, SALVO QUE POR SU CONTENIDO NO SEAN EXIGIBLES DE MANERA INMEDIATA", "NORMAS CONSTITUCIONALES. POR REGLA GENERAL REQUIEREN DE REGULACIÓN A TRAVÉS DE LEYES SECUNDARIAS, SIN QUE EL LEGISLADOR PUEDA APARTARSE DEL ESPÍRITU DE AQUÉLLAS" y "ARTÍCULOS TRANSITORIOS. FORMAN PARTE DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO RESPECTIVO Y SU OBSERVANCIA ES OBLIGATORIA", que invoca la promotora de amparo en su demanda, en nada le benefician a su pretensión, sino que, por el contrario, apoyan el razonamiento de este órgano de control constitucional. Por otro lado, son infundados los conceptos de violación sintetizados en los incisos a) y b); ello, porque contrario a lo que refiere la accionante del amparo, el decreto sí se encuentra sustentado en un estudio real, profesional y estadístico. Se afirma lo anterior, porque de las páginas oficiales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativo.aspx?q=jo1MZB7Tk4MkDjL7X1mKvTb7F1rJhccKWNyKwbTmNE5PUuAtq HR2vjZrDnDwgt3O), así como del Senado de la República (https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/110573), se visualiza que el veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, senadores del Grupo Parlamentario Morena, presentaron iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma y Deroga Diversas Disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y del Código Nacional de Procedimientos Penales. En cuya exposición de motivos, en lo que refiere al uso de armas de fuego y explosivos, se puntualizó: En cuanto a los delitos que involucran el uso de armas de fuego y explosivos, se tiene que, de acuerdo con el Estudio Mundial sobre el Homicidio, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en América Latina predomina el uso de armas de fuego para cometer homicidios. Refiere tal estudio que "las armas de fuego son las que se usan más, dado su elevado nivel de letalidad, y dan cuenta de cuatro de cada 10 homicidios a nivel global. Por su parte, el Tratado sobre el Comercio de Armas, ratificado por México el 25 de septiembre de 2013, insta a todos los estados a aplicar medidas nacionales eficaces para prevenir, combatir y eliminar el tráfico ilícito y el comercio no regulado de armas convencionales, en cumplimiento de sus obligaciones y compromisos internacionales. En nuestro país, en el transcurso de la última década, las armas de fuego han sido utilizadas en más de la mitad de los homicidios cometidos. Es una realidad que los grupos delictivos emplean este tipo de armas para asolar comunidades y regiones, asesinando, secuestrando o asaltando, sin que las corporaciones policiacas tengan la capacidad para repeler tales agresiones, dada las características superiores del armamento de aquéllos, el cual, se ha constatado, es de alto poder: granadas, fusiles, ametralladoras, entre otros. La capacidad del Estado mexicano se ha visto significativamente mermada para combatir este tipo de ilícitos, pues si bien los operativos son cada vez más frecuentes, no tienen la eficacia que deberían, lo que ocasiona que las redes de tráfico ilegal de armas operen prácticamente en la impunidad, y se constituyan en peligrosas organizaciones delincuenciales, altamente estructuradas y dotadas de un buen número de armas, como las de las mafias de narcotraficantes. Así, hemos de señalar, es necesario robustecer los mecanismos de control de armamento, mediante el endurecimiento de las leyes que sancionan los delitos en materia de armas de fuego y explosivos, como la legislación federal que se plantea reformar mediante la presente iniciativa. Asimismo, en el Dictamen con Proyecto de Decreto de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, por el que se Reforma y Adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como Reformas, Adiciones y en su caso Derogaciones, a diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y de la Ley De Vías Generales de Comunicación (https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?q=jo1MZB7Tk4MkDjL7X1mKvTb7F1rJhccKWNyKwbTmNE6b2NckQwjfbXYz5+ifdfhOoColOE9ztCo+bvOn1CFnpQ), elaborado por las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda, de la Cámara de Senadores de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, y por lo que hace al delito que atañe en el caso particular, se planteó, entre otras cosas, lo siguiente: "Los delitos cometidos por medio de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y Fuerza Aérea van en incremento día a día. El flujo de municiones y armas de fuego ilegales hacia nuestro país se origina en Estados Unidos, más de 213 mil armas entran a México cada año por medio del mercado negro. El total estimado de armas de fuego de particulares tanto lícitas como ilícitas en 2017 fue de 1,680,900. La tasa estimada de posesión civil de armas de fuego (tanto lícitas como ilícitas) por cada 100 habitantes en 2017 fue de 12,90. La incidencia delictiva con armas de fuego, publicada en el portal de datos abiertos, señala que en la Ciudad de México existe un incremento de homicidios dolosos cometidos con arma de fuego. En el primer trimestre de 2016 se cometieron 110 homicidios por armas de fuego, en el mismo periodo de 2017 fueron 170. El primer trimestre de 2018 se registraron 215 casos y en ese lapso de 2019 se matricularon 289. En el primer trimestre de 2016, el registro de los casos por lesiones con armas de fuego fue de 330, cifra que se incrementó un 48% en el mismo periodo de 2019, es decir, fueron registrados 485 casos. El robo a conductores y pasajeros de automóviles, cometido mayormente con armas de fuego pasó de 291 casos en el primer trimestre de 2016 a 1,009 casos. En el mismo periodo de 2019 el aumento fue de casi 250%. La información difundida se desglosó de los siguientes datos consolidados por año. . El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública 2019 (ENVIPE), especificó que de los 18.9 millones de delitos presenciales de 2018, en el 32.2% de ellos los delincuentes portaban arma de fuego. También señaló que la comisión de delitos de armas de fuego en 2018 fue la más alta desde 2014. En cuanto a los estados de la república en los cuales se cometen delitos con armas de fuego o blanca, se destaca que ocupa el primer lugar el Estado de México con 67%, le sigue la Ciudad de México con 56.5%, Tabasco con 53.1 %, Puebla con 45%, Sinaloa con 39.5%, Nuevo León 38.8%, Baja California 38.2%, Quintana Roo 37.9%, Tamaulipas 36.9% y, por último, Chiapas con el 36.4%. Durante el primer semestre del año 2019, se contabilizaron 7 mil 381 averiguaciones previas y carpetas de investigación por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, es decir, la posesión o portación de las armas reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea sin que hayan sido registradas previamente en el Registro Federal de Armas de la Secretaría de la Defensa Nacional. Al realizar un comparativo con el mismo periodo del año anterior se puede observar que las investigaciones por violaciones a la referida ley aumentaron en un 4.4%, ya que entre enero y junio de 2018 se registraron 7,071. Lo anterior, con base en las cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Algunas noticias que refieren datos relevantes declarados por las diversas autoridades mexicanas: El Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego Explosivos de Estados Unidos (AFT), señala que por año ingresan a México 200 mil armas de fuego. No obstante, el titular de la SEDENA, Luis Cresencio Sandoval, indicó que las fuerzas federales mexicanas lograron asegurar 193 mil 413 armas, estas provienen, en la última década, en un 70% de Estados Unidos y el resto de otros países como España, Italia y Austria. El titular de la SEDENA señaló que los principales puntos donde el tráfico de armas se da con mayor frecuencia en ambas fronteras, como San Diego-Tijuana, El Paso, Ciudad Juárez, Laredo- Nuevo Laredo, McAllen-Reynosa y Brownsville-Matamoros. Con base en la información de la ATF, hasta agosto de 2019 se han registrado 133 mil 753 licencias para la venta de armas de fuego, de las cuales 22 mil 689 se otorgaron en cuatro estados fronterizos con nuestro país: California, Arizona, Nuevo México y Texas23. Por último, el mismo Secretario agregó que en los últimos 10 años, secretarías o fiscalías reportaron 12 mil 573 armas de forma ilegal y que del 2009 al 2019 ingresaron 2 millones de armas por tráfico ilegal desde el extranjero a México". Así, se procedió a la discusión del dictamen elaborado, mediante sesión de veintinueve de julio de dos mil veinte, quedando aprobado, en lo general, el proyecto de Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como reformas, adiciones y, en su caso, derogaciones a diversas disposiciones; por lo que se procedió a remitir el mismo a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 Constitucional. Ahora bien, del "Dictamen de la Comisión de Justicia de la Minuta con Proyecto de Decreto por el que se Reforma y Adiciona el Artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación", elaborado por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, se advierte que, en el estudio de la metodología -particularmente de los delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea- se expuso lo siguiente: De acuerdo con los artículos 7o y 8o de la Ley Federal de propiedad de armas de fuego varía en los diferentes Estados, algunos permiten la propiedad de diferentes tipos de armas de fuego a civiles, estas mismas armas, en otros Estados sólo están permitidas para uso militar. Es importante señalar que la palabra civil se relaciona a la persona que posee el arma, quien no pertenece al sector castrense, y el uso de dicha palabra no tiene que ver con un atributo de la personalidad jurídica, en este caso, su estado civil. Los delitos cometidos por medio de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y Fuerza Aérea van en incremento día a día. El flujo de municiones y armas de fuego ilegales hacia nuestro país se origina en Estados Unidos, más de 213 mil armas entran a México cada año por medio del mercado negro. La incidencia delictiva con armas de fuego, publicada en el portal de datos abiertos, señala que en la Ciudad de México existe un incremento de homicidios dolosos cometidos con arma de fuego. En el primer trimestre de 2016 se cometieron 110 homicidios por armas de fuego, en el mismo periodo de 2017 fueron 170. El primer trimestre de 2018 se registraron 215 casos y en ese lapso de 2019 se matricularon 289. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública 2019 (ENVIPE), especificó que de los 18.9 millones de delitos presenciales de 2018, en el 32.2% de ellos los delincuentes portaban arma de fuego. También señaló que la comisión de delitos de armas de fuego en 2018 fue la más alta desde 2014. Durante el primer semestre del año 2019, se contabilizaron 7 mil 381 averiguaciones previas y carpetas de investigación por violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, es decir, la posesión o portación de las armas reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea sin que hayan sido registradas previamente en el Registro Federal de Armas de la Secretaría de la Defensa Nacional. El SAT, indicó que entre el 2007 y hasta febrero del año pasado, se intentó ingresar por alguna de las 49 aduanas establecidas en el territorio nacional alrededor de 70,000 cartuchos y cargadores para armas de fuego, además de unas 700 armas. El SESNSP detalló que, en los años 2016, 2017 y 2018, las indagatorias iniciadas en el periodo enero-agosto fueron 400, 515 y 559, respectivamente. La proporción de ellas que asienta el uso de armas es de 23, 26.2 y 21.5%, respectivamente. Asimismo, que el trece de octubre de dos mil veinte, la Diputada Federal del Grupo Parlamentario de Morena, Martha Patricia Ramírez Lucero, con fundamento en el artículo 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, solicitó a Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, recibir la reserva de modificación del párrafo quinto (lo correcto, es cuarto) del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a efecto de suprimir del citado numeral el párrafo que contenía: "Para los efectos de este artículo, también se considerarán cometidos con medios violentos los delitos que utilicen objetos que tengan la apariencia, forma o configuración de un arma de fuego o explosivos funcionales o no y que sirvan para amagar o intimidar a la víctima". Reserva que fue admitida en la misma fecha, por mayoría de votos de las y los diputados, de modo que se ordenó devolver el dictamen de referencia al Senado de la República, para los efectos del inciso e) del artículo 72 Constitucional. Posteriormente, en sesión de dieciséis de febrero de dos mil veintiuno, los integrantes de las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Segunda de la Cámara de Senadores, se sumaron a la modificación propuesta por la colegisladora y se allanaron al Proyecto aprobado por el Pleno de la Cámara de Diputados el trece de octubre de dos mil veinte, toda vez que coincidieron en que incorporar la conducta equiparable a los delitos cometidos con armas réplica en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que amerite la implementación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, implicaba la creación de un tipo penal que no fue adicionado por el Constituyente Permanente en el artículo 19 de la Constitución Federal. Así, se sometió a consideración y, en su caso, aprobación del Pleno de la Cámara de Senadores, el "PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 167 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, DE LA LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS COMETIDOS EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DE LA LEY GENERAL DE SALUD, DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DE LA LEY DE VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN". Por lo que, el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se determinó aprobado con 62 votos a favor; 36 en contra y cero abstenciones, el decreto impugnado de inconstitucional y se ordenó remitir al Ejecutivo Federal. Finalmente, el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, quedó publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que en este juicio se reclama. De la anterior relatoría, se puede observar que tanto la Cámara de Diputados, como la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, realizaron un estudio con base en estadísticas para determinar el impacto que tiene consigo el uso ilegal de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como el incremento de delitos que ha sufrido el país en los últimos años, bajo un esquema de comparación -con otros países- y con lo acontecido año con año en el Estado Mexicano, determinando que las cifras de delitos que incluyen el uso de dichas armas, no han disminuido, sino por el contrario, se encuentran en aumento. Asimismo, se advierte que las cifras en las que se basó el análisis realizado, proviene de diversos organismos federales e internacionales, como lo son el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a través de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública; la Secretaría de Defensa Nacional; el Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, entre otros. También, se advierte que a efecto de no ir más allá de lo contemplado por el artículo 19 Constitucional, en la reforma de doce de abril de dos mil dieciocho, suprimieron el párrafo que hacía referencia a las armas de fuego simuladas (que se gestó con motivo de la solicitud de reserva propuesta por la Diputada Federal del Grupo Parlamentario de Morena, Martha Patricia Ramírez Lucero, misma que, en la propia fecha de su presentación, fue admitida). De ahí que se cumplió con la exigencia contenida en el decreto que reformó el artículo 19 Constitucional, en el sentido de realizar el estudio de diversos factores para la legitimidad de la modificación del precepto 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Pues si bien, de la exposición de motivos que dio origen a la reforma constitucional en materia penal, entre otras cuestiones, el constituyente destacó la libertad personal como un derecho fundamental que se entiende como la ausencia de restricciones temporales, privaciones, detenciones o encarcelamientos injustificados, lo cual no solo está garantizado en la Constitución, sino también en los tratados internacionales de los cuales nuestro país es parte, asentó que dicho derecho fundamental no es absoluto, pues admite modalidades y limitaciones a su ejercicio, siempre y cuando sea proporcional y razonable; de ahí que el segundo párrafo del artículo 19 de la Ley Fundamental, dé luz para establecer qué delitos ameritan prisión preventiva oficiosa y, el decreto por el que se modifica el artículo impugnado, únicamente obedece a una primera reforma constitucional. En otro aspecto, es infundado el concepto de violación e), en el que arguye el quejoso que se viola la formalidad reconocida en la reforma penal de doce de abril de dos mil diecinueve, pues el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no señala cuáles actos, en específico, en materia de armas de fuego y explosivos, ameritan prisión preventiva oficiosa, derivando con ello, aducen, en un incremento desmesurado en la imposición de penas. A efecto de acreditar el anterior aserto, es preciso invocar enseguida el contenido de los artículos transitorios del DECRETO por el que se declara reformado el Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de abril de dos mil diecinueve: Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Para los efectos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 19, materia de este Decreto, el Congreso de la Unión, en un lapso de 90 días siguientes a la publicación en el Diario Oficial de la Federación, deberá realizar las adecuaciones normativas necesarias para incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y demás ordenamientos correspondientes las hipótesis delictivas a que se refiere el artículo 19. Tercero. Entrando en vigor el presente Decreto, los delitos en materia de corrupción tratándose de aquellos correspondientes a enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, entrarán en vigor a partir del nombramiento que realice el Titular de la Fiscalía General de la República respecto de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción. Cuarto. La prisión preventiva oficiosa, deberá evaluarse para determinar la continuidad de su aplicación, a partir de los cinco años cumplidos de la vigencia del presente Decreto. En el lapso señalado en el párrafo anterior, se deberá evaluar conforme a los criterios del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la eficacia de esta medida cautelar, y la eficiencia del sistema penal acusatorio, mediante informes emitidos, por el gobierno federal y los gobiernos de las entidades federativas, tomando en cuenta a los poderes judiciales respectivos, así como a las fiscalías o procuradurías correspondientes, y organismos de protección de los derechos humanos, y que deberá contener, al menos, los siguientes elementos: 1. Desempeño eficaz de las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso; 2. Eficacia de las medidas cautelares aplicadas; 3. Creación y desempeño de instancias de atención integral de víctimas; 4. Implementación de sistemas de información criminal y de judicialización; 5. Resultado de la aplicación de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, y 6. Los avances de la implementación de elementos críticos como la capacitación de los operadores de los poderes judiciales y del Ministerio Público, policía de investigación, policía preventiva, peritos, entre otros. Los parámetros para la medición de la eficacia en la implementación de los elementos críticos serán dispuestos por la ley correspondiente. Quinto. La aplicación de las normas relativas al artículo 19 en los supuestos delictivos materia del presente Decreto, se harán conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución. De dichos numerales, no se desprende que el legislador, en momento alguno, haya acotado que la reforma que se debía generar en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales (y demás ordenamientos correspondientes a las hipótesis delictivas a que se refiere el artículo 19 Constitucional), con motivo de dicho Decreto, debían especificarse todos los actos que en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo de las fuerzas armadas nacionales, debían ameritar prisión preventiva oficiosa. Máxime, cuando el propio artículo en comento, de la Constitución, determina que todos los delitos en la materia de que se trata -con relación a artefactos bélicos de uso exclusivo de las instituciones armadas del país- ameritan prisión preventiva oficiosa. Y, la adición que se plasmó en el numeral 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su tercer párrafo, resulta en idénticos términos a la forma en que se encuentra redactado el texto del segundo párrafo del artículo 19 de la propia carta marga. Ello, como se demuestra enseguida: Segundo párrafo del artículo 19 Constitucional: Tercer párrafo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales: (.) El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. Por tanto, si en el propio dispositivo constitucional -reformado mediante Decreto de doce de abril de dos mil diecinueve- se determinó que todos los delitos en materia de armas de fuego y explosivos, relacionados con artefactos bélicos de uso exclusivo de las instituciones armadas del país, ameritaban prisión preventiva oficiosa; no era imperativo para el legislador establecer todas y cada una de las conductas delictivas establecidas en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos relacionados con artefactos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y Fuerza Aérea, pues para ello bastó que en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se hiciera alusión a que ameritaban prisión preventiva oficiosa, aquéllos delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo de las instituciones armadas del país, tal y como se plasmó en el artículo 19 Constitucional. De modo que, adverso al sentir del quejoso, la normatividad aquí reclamada no vulnera el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de abril de dos mil diecinueve. Ante lo previo, no se puede afirmar que la modificación del referido artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, traiga consigo un incremento en la aplicación de penas, pues la modificación a tal numeral obedece en su literalidad a lo estatuido en el propio artículo 19 Constitucional -reformado desde el año dos mil diecinueve- con motivo del diverso Decreto previamente invocado; además de que, se insiste, el propio texto constitucional aduce que los delitos relacionados con artefactos bélicos de uso exclusivo de las corporaciones armadas del país, merecen la imposición oficiosa de la medida de que se trata. Finalmente, es infundado el argumento identificado bajo el inciso c), relativo a que el proceso legislativo del decreto impugnado no se encuentra publicado en las páginas de internet oficiales del Congreso de la Unión, Secretaría General de Servicios Parlamentarios ni de la Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis del Congreso de la Unión, pues de una consulta de las páginas oficiales, se encuentran publicadas, las iniciativas presentadas en los sitios web: (https://www.senado.gob.mx/64/diario_de_los_debates/documento/3022.), los dictámenes de primera lectura de veintinueve de julio de dos mil veinte (https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/110573.) y dieciséis de febrero de este año (https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/115409); así como el dictamen de aprobación y discusión de dieciocho siguiente (https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/115467.). Con lo que se tiene por acreditado que el proceso legislativo se encuentra debidamente publicado y consultable en cuanto a la exposición de motivos, justificación de la adecuación de la norma, discusión, debate, modificaciones al decreto, hasta llegar a su aprobación. Sin que pase desapercibido que no se publicó en tales sitios web (aunque sí en el sitio electrónico de los Diputados del partido Morena, como se advierte del siguiente enlace: https://diputadosmorena.org.mx/intervencion-en-tribuna-de-la-diputada-martha-patricia-ramirez-lucero-integrante-del-grupo-parlamentario-de-morena-para-presentar-su-reserva-al-articulo-167-codigo-nacional-de-procedimientos-penales/), la solicitud de reserva presentada el trece de octubre de dos mil veinte, por la Diputada Federal del Grupo Parlamentario del partido Morena, Martha Patricia Ramírez Lucero, en la que, solicitó a la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la modificación del cuarto del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a efecto de suprimir del citado numeral, la oración que contenía: "Para los efectos de este artículo, también se considerarán cometidos con medios violentos los delitos que utilicen objetos que tengan la apariencia, forma o configuración de un arma de fuego o explosivos funcionales o no y que sirvan para amagar o intimidar a la víctima". Reserva que, como previamente se indicó, fue admitida en la misma fecha, por mayoría de votos. Empero, tal omisión no trasciende a ninguna violación, ya que la solicitud de reserva en comento, cumplió con el fin buscado por la diputada que la propuso, que fue la de ser aprobada por el pleno, a efecto de remitirse al Ejecutivo Federal, y que se prescindiera, del enunciado previamente citado, en la reforma al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De modo que -al haberse publicado en el Decreto reclamado, el artículo en cuestión, como finalmente fue aprobado, esto es, prescindiendo del párrafo que propuso la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, fuera eliminado- de acuerdo a los antecedentes ya relatados, se insiste, ello no trascendió a representar violación alguna. Por lo que, el hecho de que el proceso legislativo no esté totalmente publicado en la página del Congreso de la Unión, al faltar únicamente la solicitud de reserva ya indicada, carece de relevancia jurídica, ya que ese vicio no vulnera de modo fundamental a la norma con la que culminó el procedimiento legislativo del Decreto aquí combatido por el quejoso. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 94/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, agosto de 2001, registro digital 188907, página 438, de contenido siguiente: VIOLACIONES DE CARÁCTER FORMAL EN EL PROCESO LEGISLATIVO. SON IRRELEVANTES SI NO TRASCIENDEN DE MANERA FUNDAMENTAL A LA NORMA. Dentro del procedimiento legislativo pueden darse violaciones de carácter formal que trascienden de manera fundamental a la norma misma, de tal manera que provoquen su invalidez o inconstitucionalidad y violaciones de la misma naturaleza que no trascienden al contenido mismo de la norma y, por ende, no afectan su validez. Lo primero sucede, por ejemplo, cuando una norma se aprueba sin el quórum necesario o sin el número de votos requeridos por la ley, en cuyo caso la violación formal trascendería de modo fundamental, provocando su invalidez. En cambio cuando, por ejemplo, las comisiones no siguieron el trámite para el estudio de las iniciativas, no se hayan remitido los debates que la hubieran provocado, o la iniciativa no fue dictaminada por la comisión a la que le correspondía su estudio, sino por otra, ello carece de relevancia jurídica si se cumple con el fin último buscado por la iniciativa, esto es, que haya sido aprobada por el Pleno del órgano legislativo y publicada oficialmente. En este supuesto los vicios cometidos no trascienden de modo fundamental a la norma con la que culminó el procedimiento legislativo, pues este tipo de requisitos tiende a facilitar el análisis, discusión y aprobación de los proyectos de ley por el Pleno del Congreso, por lo que si éste aprueba la ley, cumpliéndose con las formalidades trascendentes para ello, su determinación no podrá verse alterada por irregularidades de carácter secundario. Por lo anterior, no resultan aplicables los criterios de rubros: "MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 260, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO. SU IMPOSICIÓN POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO NO ESTÁ CONDICIONADA A REQUERIMIENTO NI APERCIBIMIENTO PREVIOS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIÓN DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)", "MEDIDAS DE APREMIO PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 104, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. PARA QUE SU IMPOSICIÓN SEA LEGAL, DEBE MEDIAR APERCIBIMIENTO, POR REGLA GENERAL" y "LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LA INMUNIDAD DE LOS LEGISLADORES SE EXTIENDE A LA INTERVENCIÓN DE PERSONAS CONVOCADAS POR LAS LEGISLATURAS A UN EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, POR VIRTUD DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD", invocados por el aquí quejoso, como aplicables al caso sujeto a análisis. Ello, porque en el presente asunto se examinó la constitucionalidad del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y los criterios citados, invocados por la parte quejosa en el ocurso de amparo, hacen referencia a medidas de apremio e imposición de multas, así como a la inmunidad que se hace extensiva a las personas convocadas por las legislaturas a un ejercicio de democracia participativa; de ahí que no guarden relación alguna con el presente asunto. En ese sentido, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso, contra el acto reclamado consistente en el proceso legislativo del decreto por el que se reformó el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación; publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno. Negativa que se hace extensiva al acto de aplicación consistente en la imposición al quejoso de la medida cautelar prisión preventiva oficiosa dentro de la causa penal de origen, por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción II, en relación con el numeral 11, inciso b) de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en audiencia de uno de abril de dos mil veintiuno; al no haberse reclamado por vicios propios. Es aplicable, por analogía, y aplicada en sentido contrario, la jurisprudencia XXI.1o.P.A. J/8 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 51, febrero de 2018, tomo III, Décima Época, registro digital 2016219, página 1217, del tenor siguiente: AMPARO CONTRA LEYES O REGLAMENTOS. EL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO RESPECTO DEL PRECEPTO IMPUGNADO, NO IMPIDE ANALIZAR SU ACTO DE APLICACIÓN SI SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. La vinculación en el estudio de una ley o reglamento en relación con su acto de aplicación se actualiza cuando la inconstitucionalidad de éste se hace derivar de la propia norma controvertida. Sin embargo, si en la demanda de amparo se tilda de inconstitucional un ordenamiento de observancia general, pero al mismo tiempo su acto de aplicación se combate por vicios propios, salvo que se conceda la protección de la Justicia de la Unión respecto de la norma jurídica, habrá obligación de examinar y pronunciarse en torno a la legalidad planteada de dicho acto, ya que el análisis respectivo es autónomo por no guardar vinculación alguna con el estudio efectuado en relación con el ordenamiento legal impugnado. Por ende, si se decreta el sobreseimiento en el juicio por lo que se refiere a la ley o reglamento impugnado, esta determinación no impide al órgano de control constitucional abordar los conceptos de violación que fueron propuestos con el objeto de demostrar los vicios propios del acto de aplicación de la norma controvertida, acorde con la obligación que deriva de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo abrogada, de redacción similar a los diversos 74 y 75 de la vigente. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por *******, con relación a la autoridad responsable y acto reclamado precisado en el cuarto considerando, ab initio, de esta sentencia. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *******, con relación a los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el considerando sexto de esta sentencia, por las razones ahí esgrimidas. Notifíquese.Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días, establecido en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, para recurrir el auto de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, mediante el cual se escindió la demanda de amparo que originó este asunto, en los siguientes términos: Por lo tanto, se ordena la separación de los actos reclamados, en la inteligencia que, deberán ventilarse en este juicio, **********/2021 (1) el proceso legislativo del decreto por el que se reformó el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno; así como su acto de aplicación, consistente en la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, reclamada al Juez responsable. Mientras que, (2) el auto de vinculación a proceso, tendrá que ventilarse en uno diverso, igualmente, del índice de este órgano jurisdiccional, a efecto de garantizar a la parte quejosa una pronta impartición de justicia, debido a que ya se tiene conocimiento del mismo. (El nuevo asunto, es el juicio de amparo **********-2021-II, del índice de este juzgado). Por lo tanto, se declara que dicho auto ha causado estado, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que en la fecha en que se actúa se encuentra programada la audiencia constitucional. Sin embargo, existe imposibilidad jurídica para celebrarla, toda vez que a través de auto de veinticinco de agosto en el presente juicio de amparo, se ordenó la separación de juicios, por lo que no ha iniciado a transcurrir para las partes, el termino de cinco días para que, de ser su deseo, impugnen dicha determinación. Consecuentemente, de conformidad con el artículo 115, de la Ley de Amparo, se difiere la citada audiencia y en su lugar se fijan las nueve horas con diez minutos del treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Finalmente, notifíquese este proveído por lista a las partes, inclusive a las autoridades con esa calidad, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***. Doy fe.

Quedan 18 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano