José Juan Hernández Acosta
Expediente 173/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 24 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 173/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 28/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- José Juan Hernández Acosta y Otros.
- José Juan Hernández Acosta
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia dictada en este asunto, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal e incidental son susceptibles de destrucción, conforme lo establece el numeral 20, fracciones I y III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, al haberse sobreseído este juicio de amparo y negado la suspensión definitiva. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente expediente principal e incidental, lo cual, deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Finalmente, se califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica a la parte quejosa, por oficio a las demás partes. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Incidental
Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de junio de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 173/2023-II; Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, el trece de febrero de dos mil veintitrés, y turnado el mismo día, a éste órgano jurisdiccional, *******, por sí y en su carácter de propietario del negocio ******* (*******), solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados. Segundo. Tramitación del incidente. Previa aclaración de la demanda, mediante auto de uno de marzo del año en curso, se admitió a trámite la demanda de mérito, se ordenó aperturar el presente incidente de suspensión; les fue solicitado sus informes previos a las autoridades responsables; y se señalaron día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual se verificó el ocho de marzo y diez de abril de dos mil veintitrés, difiriéndose para el día de hoy, respecto de las autoridades faltantes. Considerando Primero. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que los actos reclamados tienen ejecución en el lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Existencia de los actos reclamados. La Gobernadora y el Secretario General de Gobierno, ambos del Estado de Chihuahua, residentes en la ciudad del mismo nombre, fueron omisos en rendir sus informes previos, a pesar de que les fueron oportunamente requeridos, tal como se desprende de los acuses postales relativos, por ende, con sustento en el artículo 142 de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos que les fueron atribuidos. Tercero. Consideración previa. En el caso, la parte quejosa, reclama lo siguiente: El decreto LXVII/APLIM/0440/2022 I. P. O., por el cual se establece una tarifa de inspección anual a los establecimientos que realicen actividades comerciales, industriales o de prestación de servicios en locales de propiedad privada o pública, cuyos giros sean la venta de bebidas alcohólicas o la prestación de servicios que incluyan el expendio de dichas bebidas, siempre y cuando se efectúen total o parcialmente con el público en general. Indicado lo previo, se tiene que para el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados, el artículo 128 de la Ley de Amparo, en sus fracciones I y II, establece como requisitos que el quejoso la solicite (lo que implica ostentar un interés indiciario para ello) y que con su concesión no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Además, conforme al artículo 138, primer párrafo, de la Ley de Amparo, promovida la suspensión del acto reclamado, a fin de resolver sobre dicha medida cautelar, el órgano jurisdiccional deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. Cuarto. Se resuelve sobre la suspensión definitiva. En la especie se tiene que a los actos legislativos relativos a la norma arriba acotada, reclamados a las autoridades señaladas como responsables, les reviste el carácter de consumados, contra los cuales no es posible otorgar la suspensión definitiva, pues ello implicaría otorgarle efectos restitutorios a dicha medida cautelar, los cuales son exclusivos de la sentencia de fondo que, en su caso, se pronuncie en el juicio principal. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia II.3o. J/37, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 51 del Tomo 60, Diciembre de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, que dice: ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo. Además, contra los actos legislativos no procede conceder la suspensión definitiva, pues la materia de la suspensión, tratándose de amparo contra leyes, en su caso, la constituye la ejecución del ordenamiento legal que se impugne, pues éste es materia de estudio del juicio principal. Aunado a lo anterior, es aplicable la tesis que sustentó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 775 del Tomo X, Julio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: SUSPENSIÓN CONTRA UNA LEY. Es improcedente conceder la suspensión contra la expedición de leyes, porque la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas leyes, y no éstas en sí, y su inconstitucionalidad, que es lo que puede perjudicar a los quejosos, es materia del fondo del amparo y no del incidente de suspensión. Por ende, se niega la suspensión definitiva solicitada. Por lo expuesto y fundado, en términos del artículo 146, de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por *******, por sí y en su carácter de propietario del negocio ******* (*******), contra los actos atribuidos a las autoridades precisadas en los considerandos segundo y tercero de esta resolución incidental. Notifíquese por lista electrónica; por oficio a las autoridades responsables respecto a las cuales se emitió esta resolución y al agente del Ministerio Público adscrito. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de junio de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 173/2023-II, promovido por *******, por sí y en su carácter de propietario del negocio ******* (*******), contra actos del Congreso y la Gobernadora Constitucional, ambos del Estado de Chihuahua. Resultando Primero. Demanda de amparo. Por escrito recibido el trece de febrero de dos mil veintitrés, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, turnado a este juzgado el mismo día, *******, por sí y en su carácter de propietario del negocio ******* (*******) demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua, y otras autoridades. Segundo. Derechos constitucionales que la parte quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos fundamentales contemplados en los artículos 1º, 13, 14, 16 y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. En acuerdo de catorce de febrero de dos mil veintitrés, se registró la demanda bajo el consecutivo 173/2023-II y se mandó aclarar en los términos ahí indicados; a la postre, al haberse desahogado la prevención que fue formulada, en auto de uno de marzo del año en curso, se admitió a trámite, se pidieron a las autoridades señaladas como responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación al Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que la parte quejosa reclamó lo siguiente, de las autoridades que a continuación se apuntan: Del Congreso del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre: la aprobación y expedición del Decreto LXVII/APLIM/0440/2022 I P.O., por el que se aprobó de Ley de Ingresos del Municipio Juárez, Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés; en particular el artículo 82, que dispone la tarifa de inspección anual contenida en los apartados 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4, 5, 7, 8 y 9, de dicho numeral. De la Gobernadora del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre: la promulgación del ordenamiento legal descrito. Del Secretario General de Gobierno del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre: su publicación. Del Presidente, Ayuntamiento, Directora General de Desarrollo Urbano, Director General de Protección Civil, Tesorera, Directora de Ingresos, así como de la Dirección de Regulación Comercial, todos del Municipio de Juárez, con sede en esta ciudad: la inaplicación de la normatividad impugnada. Tercero. Existencia de los actos reclamados La Tesorera (foja 69), Directora de Ingresos (foja 69), Presidente, como tal y en representación del Ayuntamiento (foja 77), todos del Municipio de Juárez, con sede en esta ciudad, aceptaron el acto que les fue reclamado, consistente en la inaplicación de la normatividad reclamada. Por su parte, la Directora General de Desarrollo Urbano (foja 40), el Director General de Protección Civil (foja 64) y el Director de Regulación Comercial (foja 81), todos del Municipio de Juárez, con sede en esta ciudad, al rendir sus informes justificados, negaron la existencia del acto que les fue reclamado; y al efecto, adujeron que no está dentro de sus facultades el establecer costos con relación a las inspecciones o verificaciones físicas en los establecimientos y por ende, no han requerido pago alguno a la parte quejosa por tal concepto. Además, no existen pruebas con relación a ello, es decir, que demuestren que las responsables en cita aplicaron a la parte quejosa las normas del decreto que refuta de ilegal; por ende, debe tenerse como existente el acto que les fue reclamado, consistente en la inaplicación de la normatividad reclamada. Apoya lo anterior, la tesis pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, del Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, editado en julio de 1994, registro 211004, de contendido: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe. Por su parte, el Congreso (foja 83), la Gobernadora (foja 100) y el Secretario General de Gobierno (foja 104), todos del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad del mismo nombre, aceptaron su intervención en el decreto aquí reclamado; por lo que, se tienen por ciertos los actos que a cada uno les fueron reclamados, precisados en el considerando segundo de esta sentencia. Además, la existencia de los ordenamientos legales reclamados, se tiene por acreditada, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la publicación oficial de los mismos, por tratarse de normas generales, abstractas e impersonales que no están sujetas a prueba, sino que son presupuesto y materia propia de conocimiento de este juzgado, en términos de lo dispuesto por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a los cuales, las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no son objeto de prueba, sino que basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo, como acontece en este asunto. Es aplicable la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, página 260, del siguiente tenor: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no pueda argüir desconocerlo. Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, tomo 65, registro 233090, página 15, que estatuye: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. Cuarto. Actualización de hipótesis de improcedencia y el consecuente sobreseimiento del asunto. Previo al análisis de los conceptos de violación, procede revisar si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, que procede de oficio y es previa al estudio fondo del asunto, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, en el caso, se actualiza una hipótesis de improcedencia, como se pondrá de manifiesto enseguida; cuya materialización obliga a este juzgado Constitucional a decretar el sobreseimiento del presente asunto. El artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. La causa de improcedencia en análisis señala la imposibilidad de analizar en el juicio de amparo una ley que, aunque vigente, no cause perjuicio a la parte quejosa por el sólo hecho de encontrarse en vigor; sino que para originar tal vulneración, como presupuesto de legitimación para ejercer la acción constitucional en concreto, precisa de un acto posterior de aplicación, para entonces irrumpir en la esfera jurídica concreta del gobernado, causándole un perjuicio; en efecto, es ello lo que lo legitima para acudir ante la instancia constitucional. Así, la figura del interés prevista en el numeral de que se trata se relaciona íntimamente con el principio de instancia de parte agraviada que establece el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, según el cual el acto que se reclama de la autoridad responsable, debe causar un perjuicio a la persona que solicita la protección constitucional, pues dicho precepto, dispone: Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. El numeral transcrito, presupone que, para la procedencia del juicio de amparo, debe existir previamente un derecho legítimamente tutelado que, cuando es transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. De ahí que considerando que el punto jurídico a resolver está relacionado con la noción de interés jurídico requerido para la procedencia del juicio de amparo, conviene referir que, como lo ha señalado la Primera Sala del Alto Tribunal Nacional, para que pueda afirmarse que quien lo promueve cuenta con este tipo de interés, debe acreditar plenamente la existencia de un derecho subjetivo anterior al acto reclamado, así como la afectación de ese derecho por parte de la autoridad. De manera que, el interés jurídico, es el derecho que le asiste a un particular para reclamar algún acto violatorio de sus derechos fundamentales; es decir, se trata de un derecho subjetivo protegido legalmente que se ve afectado por un acto de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular, en sus derechos o intereses. Así, el Alto Tribunal ha considerado, reiteradamente, que el interés jurídico, reputado como un derecho reconocido por la ley, no es sino el derecho subjetivo, esto es, una facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho. El derecho subjetivo consiste, entonces, en la facultad de exigir a otro una determinada conducta que puede consistir en dar, hacer o no hacer. Anteriores argumentos, que dieron origen a la jurisprudencia 1ª/J.168/2007 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 225, tomo XXVII, Enero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de texto y rubro siguiente: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Por otra parte, el interés jurídico debe comprobarse su afectación fehaciente, sin que pueda inferirse de presunciones; lo que se colige de la jurisprudencia 2a./J. 16/94 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 82, Octubre de 1994, página 17, de rubro y texto siguientes: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Ahora bien, los artículos 103 y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen: Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite. I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, y III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.). De los preceptos transcritos, se desprende, entre otras cosas, que el juicio de amparo es procedente contra normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos en la Norma Fundamental o en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Asimismo, uno de los principios rectores del juicio de amparo, en términos de la fracción I del artículo 107 constitucional, es que dicha acción únicamente procede a instancia de "parte agraviada", lo que se traduce en la exigencia de que la norma o el acto reclamado debe generar una afectación a un interés jurídico o legítimo de la parte quejosa. Tratándose del amparo contra leyes, este requisito de afectación puede generarse en dos posibles momentos, a saber: a) por su sola entrada en vigor y b) con motivo de su primer acto de aplicación. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido los conceptos de normas autoaplicativas y normas heteroaplicativas, con el propósito de clasificar e identificar los escenarios en que una norma puede generar una afectación a los particulares y la oportunidad para impugnarla en amparo. Conforme a dicha clasificación, a) las normas autoaplicativas son aquéllas que con su sola entrada en vigor, causan una afectación al particular, sin necesidad de que exista acto de materialización posterior alguno. Por otro lado, b) las normas heteroaplicativas son aquéllas que no generan un perjuicio, sino hasta que se suscita un acto concreto de aplicación de la norma. Asimismo, el Máximo Tribunal de nuestro país adoptó un concepto para diferenciar dichas normas: individualización incondicionada. Sobre lo anterior, el citado Tribunal estableció que dicho principio es consubstancial a las normas autoaplicativas, es decir, las que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, dado que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, generan perjuicio al gobernado desde el inicio de su vigencia, en razón a que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. En ese sentido, señaló que el principio de individualización incondicionada permite determinar con mayor objetividad la procedencia del amparo contra leyes, puesto que habilita al juzgador a conocer, en cada caso, si los efectos de la disposición legal reclamada ocurren en forma condicionada o incondicionada; siendo dicha condición la realización de un acto necesario para que la ley adquiera individualización. Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia P./J. 55/97 (9ª), visible en la página 5, Tomo VI, Constitucional Común, Julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 198200, del rubro y texto: LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Por tanto, cuando las obligaciones derivadas de la ley que nazcan con ella misma -al margen de que no se actualice condición alguna- se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada. En cambio, cuando las obligaciones que impone el mandato legal no surjan en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiera para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se estará en presencia de una ley heteroaplicativa o de individualización condicionada. Asimismo es menester destacar que, tratándose de las normas heteroaplicativas, el acto concreto de aplicación de las mismas puede efectuarse de las siguientes formas: a) de manera directa, por una autoridad; b) por parte de un particular que actúe por mandato expreso de la ley; o bien, c) cuando el agraviado se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de una autoridad. Además, debe precisarse que no cualquier acto de aplicación de una ley heteroaplicativa puede dar pauta para impugnar su inconstitucionalidad en amparo; es decir, debe tratarse del primer acto de aplicación que afecte al gobernado en su interés jurídico, ya que, de lo contrario, se vulneraría el principio de instancia de parte agraviada, contenido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, al entrar al análisis de una ley que no ha causado ningún perjuicio al promovente. Sirve de apoyo la tesis aislada P. XCVII/95 (9ª), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 200276, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Noviembre de 1995, página 92, que versa: LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA QUE SEA PROCEDENTE SU IMPUGNACION, EL ACTO DE APLICACION DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU INTERES JURIDICO. El análisis gramatical y sistemático de los artículos 73, fracción VI, in fine y 4o. de la Ley de Amparo, permite colegir que no cualquier acto de aplicación de la ley reclamada puede ser impugnado en el juicio de garantías, sino que es una exigencia ineludible que la acción constitucional se ejercite con motivo del primer acto de aplicación que afecte al gobernado, en su interés jurídico, pues de lo contrario se vulneraría el principio de "instancia de parte agraviada", contenido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, al entrar al análisis de una ley que no ha podido causar ningún perjuicio al promovente. Aunado a lo anterior, el Más Alto Tribunal ha sentado el criterio de que el acto de aplicación de una ley heteroaplicativa debe ser, necesariamente, real y actual; en otras palabras, no deben tratarse de actos futuros e inminentes, dado que ello implicaría analizar en abstracto la constitucionalidad de una norma que no causa perjuicio con su sola iniciación de vigencia, situación técnicamente inadecuada dentro del juicio de amparo. Acotado ello, se procede a analizar la naturaleza de los preceptos que se tildan de inconstitucionales relativos al decreto reclamado; mismos que, aunque del escrito de demanda se advierte que se reclaman en su carácter de autoaplicativo, se considera que a la parte quejosa -en primer lugar- no le asiste interés jurídico para combatirlos; y, en segundo lugar, que dichas porciones normativas no revisten el carácter de autoaplicativas, por los motivos que se expondrán. En efecto, la parte peticionaria del amparo reclama la inconstitucionalidad del Decreto LXVII/APLIM/0440/2022 I P.O., por el que se aprobó de Ley de Ingresos del Municipio Juárez, Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés; en particular el artículo 82, que dispone la tarifa de inspección anual contenida en los apartados 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4, 5, 7, 8 y 9, de dicho numeral. Tales disposiciones, son del siguiente contenido: La parte quejosa reclama dicha norma como autoaplicativa, al estimar que está vinculada a su cumplimiento y observancia desde el inicio de su vigencia, bajo el razonamiento de que realiza actividades comerciales con venta de bebidas alcohólicas. Ahora bien, la porción del decreto que nos ocupa, se trata de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, toda vez que el acto de aplicación de la norma que rige el derecho consagrado como inspección anual relativa al ejercicio fiscal dos mil veintitrés, se actualiza cuando se realice una inspección o se efectúe un pago por dicho concepto, o bien, que la autoridad correspondiente requiera del mismo con fundamento en los preceptos de la ley de ingresos para el Municipio Juárez, Estado de Chihuahua, para el período fiscalizador en cita que se reclamó. Y, no existe constancia en este asunto, que demuestre que alguno de dichos supuestos, se ha materializado. Inclusive, como se expuso en el considerando tercero de esta sentencia, las autoridades municipales señaladas como responsables, no han aplicado a la aquí parte quejosa, la normatividad combatida. Además, se insiste, la parte quejosa la reclamó con calidad de autoaplicativa, no heteroaplicativa. En este sentido, se repite, esa norma está condicionada a que se actualice el supuesto que menciona, para lo cual, en primer término, a) se requiere que se realice una inspección o b) que la autoridad correspondiente requiera del mismo con fundamento en los preceptos de la ley de ingresos para el Municipio Juárez; o bien, c) que se efectúe un pago por dicho concepto. Por lo que no será hasta que ocurra alguno de esos tres supuestos, cuando le generen un perjuicio real y actual a la parte quejosa; pues, dichas porciones normativas, no crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho en su perjuicio, sino que se requiere, para actualizarlo, de un acto diverso que condicione su aplicación; esto es, se trata de normas heteroaplicativas, mismas que, como ya se dijo, no generan una lesión, sino hasta que se suscita un acto concreto de aplicación. Al respecto, a su demanda, la parte quejosa acompañó como pruebas a) copia certificada de la licencia de funcionamiento en base al uso del suelo para establecimientos comerciales, de servicios e industriales, con número de control *******, de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, con data de renovación veintiuno de octubre de dos mil veinticuatro, expedida por la Directora General de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento Juárez, de la que se advierte como nombre del negocio "******* (*******)", actividad "salón de fiestas" y propietario *******; y b) copia simple de la credencial para votar, expedida por el Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral, a nombre de éste. A la primer documental, se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que fue expedida por un ente público con motivo y en ejercicio de sus funciones; y a la segunda, valor de indicio. Medios de convicción aportados, que resultan insuficientes para concluir que se haya aplicado a la parte quejosa, las normas que ataca de inconstitucionales y así, que se hubiese perfeccionando la hipótesis que haga procedente el amparo por haberle causado un perjuicio en sus derechos fundamentales; ya que, como se determinó, las normas contenidas en el decreto combatido son de naturaleza heteroaplicativa; además, no obstante el valor de las pruebas aportadas, no resultan suficientes para demostrar que a la parte quejosa, se le haya aplicado los supuestos del Decreto combatido. Lo anterior es así, toda vez que con la autorización de funcionamiento, se acredita únicamente la existencia del negocio y que se cuenta con autorización para funcionar con actividad de salón de fiestas; sin embargo, no justifica que el decreto reclamado le haya sido impuesto, se le practicara una inspección anual o se le exigiera el pago, de conformidad con la norma impugnada de inconstitucional. Por todo lo expuesto, como se precisó no puede establecerse que se acredita el acto de aplicación del Decreto que se reclama -que es de naturaleza heteroaplicativa-; pues como se anticipó, para que esto suceda, es necesario que acredite un acto realizado por la autoridad correspondiente, o bien, que se demuestre el pago que por dicho concepto se hubiese hecho, para implicar la posible afectación en la esfera de los derechos de funcionamiento de la parte quejosa. Sobre esas premisas, debe concluirse que la parte quejosa, fue omisa en aportar pruebas fehacientes que demostraran que se encuentra en el supuesto de aplicación de las disposiciones en cita; así como que las mismas la afectan de manera automática su esfera jurídica. En consecuencia, ha quedado de manifiesto que la parte quejosa no aportó medios de prueba idóneos para acreditar el interés jurídico y el acto de aplicación del Decreto LXVII/APLIM/0440/2022 I P.O., por el que se aprobó de Ley de Ingresos del Municipio Juárez, Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés, en particular el artículo 82, que dispone la tarifa de inspección anual contenida en los apartados 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3, 4, 5, 7, 8 y 9, de dicho numeral; pues no demostró algún acto en concreto con que se pueda determinar que se está causando perjuicio a su esfera jurídica, pues la sola vigencia de la porción normativa de que se trata, no genera un perjuicio cierto y directo, sino que se requiere para actualizarlo de un acto diverso que condicione su aplicación. En resumen, se concluye que la sola entrada en vigor de la norma reclamada, en las porciones normativas a que se ha hecho referencia, no afecta la esfera jurídica de la parte quejosa, toda vez que es necesaria la realización de un acto para que las hipótesis que prevé adquieran individualización, esto es, la existencia de un acto concreto de aplicación para que se actualice su perjuicio, dada su naturaleza heteroaplicativa, no autoaplicativa, como adujo aquélla; circunstancia que, como se explicó, no se acreditó. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis número 1a.CCLXXXI/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial y su Gaceta, libro 8, julio de 2014, tomo I, que dice: INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVAS Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO. Para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, existe la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas en función de las posibilidades de afectación de una norma general. Desde la Novena Época, el criterio de clasificación de ambos tipos de normas gira alrededor del concepto de "individualización incondicionada", con el cual se ha entendido la norma autoaplicativa como la que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto. Si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa. Así, el criterio de individualización incondicionada es formal, esto es, relativo o dependiente de una concepción material de afectación que dé contenido a ambos tipos de normas, pues sin un concepto previo de agravio que tome como base, por ejemplo, al interés jurídico, interés legítimo o interés simple, dicho criterio clasificador no es apto por sí mismo para determinar cuándo una ley genera perjuicios por su sola entrada en vigor o si se requiere de un acto de aplicación. Por tanto, dada su naturaleza formal, el criterio clasificador es adaptable a distintas concepciones de agravio. Así pues, en el contexto de aplicación de las nuevas reglas reguladoras del juicio de amparo se preserva la clasificación de normas autoaplicativas y heteroaplicativas, para determinar la procedencia del juicio de amparo contra leyes, ya que dada su naturaleza formal, es suficiente desvincular el criterio rector -de individualización incondicionada- del concepto de interés jurídico y basarlo en el de interés legítimo. Un concepto de agravio más flexible, como el de interés legítimo, genera una reducción del espacio de las leyes heteroaplicativas y es directamente proporcional en la ampliación del espacio de leyes autoaplicativas, ya que existen mayores posibilidades lógicas de que una ley genere afectación por su sola entrada en vigor, dado que sólo se requiere constatar una afectación individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente relevante, siempre que esté tutelada por el derecho objetivo y, en caso de obtener el amparo, pueda traducirse en un beneficio para el quejoso. No obstante, si se adopta el estándar de interés jurídico que requiere la afectación a un derecho subjetivo y excluye el resto de afectaciones posibles, ello lógicamente generaría una ampliación del ámbito de las leyes heteroaplicativas, pues reduce las posibilidades de afectación directa de esas normas con su mera entrada en vigor y las condiciona a un acto de aplicación que afecte un derecho subjetivo del quejoso. De esta forma, los jueces de amparo deben aplicar el criterio clasificador para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando hayan precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo o jurídico. En las relatadas condiciones, es que opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y, por ende, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sin que sea preciso efectuar mayor pronunciamiento al respecto, en virtud de que es innecesario analizar alguna otra causa de improcedencia, así como los conceptos de violación formulados en la demanda; lo primero porque aun de resultar fundada, el sentido de esta determinación en nada variaría; y, lo segundo, porque la declaración de sobreseimiento, impide analizarlos. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de 1998, Novena Época, página 414, que dice: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Así como la jurisprudencia 1028, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Materia Común, Octava Época, página 708, que establece: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente. Finalmente, el sobreseimiento que se decreta no impide a la parte quejosa en posterior oportunidad, acudir al juicio de amparo a efecto de impugnar los preceptos que tilda de inconstitucionales, pero esto, cuando en realidad se apliquen en su perjuicio. Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia número 2a./J. 67/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 104, tomo X, julio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO CAUSA PERJUICIO AL QUEJOSO, DEBE SOBRESEERSE POR LA LEY, SIN QUE ELLO IMPIDA AL PROMOVENTE IMPUGNARLA EN LA OPORTUNIDAD EN QUE SE APLIQUE EN SU PERJUICIO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de una disposición con motivo del primer acto de aplicación debe demostrar que lo perjudica; si éste no existe debe decretarse el sobreseimiento por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V, y 74, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, pero el sobreseimiento en los términos indicados no le impide volver a impugnar la ley o reglamento cuando en realidad se le aplique en su perjuicio. Por lo anteriormente expuesto, fundado y considerado, con apoyo en los artículos 61, 63, 73, primer párrafo, 74, 75, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *******, por sí y en su carácter de propietario del negocio ******* (*******), por los razonamientos precisados en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese 1) mediante oficio a las responsables y al agente del Ministerio Público adscrito 2) así como por lista electrónica a la parte quejosa, al haberse emitido esta sentencia en su propia fecha. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado de autos, se advierte que en la fecha en que se actúa se encuentra programada la audiencia incidental del presente asunto. Sin embargo, existe imposibilidad jurídica para celebrarla, toda vez que no se han recibido los informes previos de las autoridades responsables, Gobernadora y Secretario General de Gobierno, ambos del Estado de Chihuahua, residentes en la ciudad del mismo nombre y tampoco se cuenta con las piezas postales relativas a los oficios mediante los cuales les fueron requeridos, motivo por el que deviene incertidumbre jurídica de la notificación de este incidente. Diferimiento Consecuentemente, se difiere la citada audiencia y en su lugar se fijan las nueve horas con cinco minutos del veinte de junio de dos mil veintitrés. Notificación Finalmente, notifíquese este proveído por lista a las partes, inclusive a las autoridades responsables, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, de rubro: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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