José Juan Mélendez Lazcano

Expediente 746/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 26 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
746/2022
Año
2022
Actuaciones
26
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • José Juan Mélendez Lazcano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito presentado por por el licenciado ***, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual, se le tiene planteando incidente de nulidad de notificaciones en contra de la notificación personal realizada a la parte quejosa, relativa a la sentencia de fecha veintiuno de julio de la presente anualidad. En atención a lo anterior, de conformidad con los artículos 67 y 68 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, para que dentro de un término de tres días, manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes. Por lo que, una vez que transcurra dicho termino para las partes, provéase lo conducente. Informa transición a expediente electrónico Atento a lo establecido en el artículo 3, fracciones III y XII, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace saber a las partes, que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso; así como en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna. Del mismo modo, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Notifíquese por lista electrónica; mediante oficio a las responsables y personalmente al agente del Ministerio Público adscrito. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Reyna Jazmín Valenzuela Martínez. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia que se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 34, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés. El expediente principal es destruible dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Valoración de cuadernos incidentales En cuanto a los cuadernos relativos al incidente de suspensión, el original es conservable, de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso b), del citado acuerdo; mientras que, el duplicado es destruible, de conformidad con el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, y que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, conforme al cual ya no es necesario tramitar incidente de suspensión duplicado. Disposiciones generales de archivo De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.

  3. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo********************/********************22-II, promovido por ********************, contra actos del Administrador Desconcentrado de Recaudación de Rentas de Chihuahua "2" del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. Resultando Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós y turnado a este juzgado el día hábil posterior, veinticinco de los mismos; ********************, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Administrador Desconcentrado de Recaudación de Rentas de Chihuahua "2" del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad. Segundo. Derechos constitucionales que la parte quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos fundamentales contemplados en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. A través de acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, se registró la demanda bajo el consecutivo********************/********************22-II y se mandó aclarar en los términos ahí precisados; a la postre, el cinco de septiembre de dos mil veintidós, una vez que fue suplida esa deficiencia, se admitió a trámite, se pidió a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Cuarto. ******************** vista para ampliación de demanda. En proveído de siete de octubre de dos mil veintidós, se otorgó vista a la parte quejosa, para que, de ser así su deseo, ampliara su demanda de amparo en los términos ahí indicados. Ulteriormente, en auto de quince de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo por ampliada la demanda de amparo. Quinto. Notificación a las partes de la adscripción a este juzgado de la actual Titular. Mediante proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó notificar mediante lista el oficio SEADS/69********************/********************22, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual informó que fue acordada la adscripción de la ***, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, para que, de estimarlo prudente, procedieran con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; de lo que las partes tuvieron conocimiento desde el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, sin que hayan efectuado manifestación alguna al respecto. Sexto. Segunda vista para ampliación de demanda. Después, en auto de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, se otorgó a la parte accionante del amparo nueva vista para ampliar su demanda de amparo, de así desearlo. En consecuencia, en acuerdo de quince de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo por ampliada la demanda de amparo, respecto de las autoridades y actos novedosos ahí precisados. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación al Acuerdo General número 3/********************13 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que la parte quejosa reclamó lo siguiente: I. De la Aduana de Ciudad Juárez, con sede en esta ciudad: El acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera ******************** y acta de Hechos ********************, ambos de siete de mayo de dos mil dieciocho; todo lo actuado en el referido procedimiento administrativo, particularmente la resolución determinante de crédito fiscal en materia de comercio exterior de diecinueve de julio de dos mil dieciocho, el embargo ejecutado del vehículo automotor marca ********************, línea ********************, modelo ********************, tipo ********************, color ********************, número de identificación vehicular ********************, así como, el embargo ejecutado del bien inmueble que se ubica en calle ********************, número ********************, fraccionamiento ********************, etapa ********************, en esta ciudad. II. Del Administrador Desconcentrado de Recaudación de Rentas de Chihuahua "2" del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad: -El embargo ejecutado en su contra respecto al bien ubicado en calle ********************, número ********************, fraccionamiento ********************, etapa ********************, en esta ciudad, respecto al procedimiento administrativo de ejecución. - La solicitud de anotación preventiva a la Jefa del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial Bravos, del inmueble identificado con la inscripción ********************, folio ********************, libro 564******************** de la sección ********************. III. De la Jefa del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad: -La inscripción de la anotación preventiva en cita, al inmueble ya indicado. IV. De la Verificadora, Notificadora y Ejecutora de la Desconcentrada de Recaudación de Chihuahua "2", con sede en esta ciudad: Todas las notificaciones que le practicó en el referido asunto; y de forma destacada, el acta circunstanciada de catorce de febrero de dos mil veintidós, el acta de embargo del bien inmueble en comento, la notificación de requerimiento de pago de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve y la notificación de quince de febrero de dos mil veintidós. V. De la ejecutiva de cuenta adscrita a la Desconcentrado de Recaudación de Rentas de Chihuahua "2" del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad: La constancia de notificación relativa a la fecha determinada para el remate del inmueble. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, pues así se desprende de las constancias que integran los autos. Las documentales remitidas y de las que aquéllos se deducen, cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y ********************2 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por servidores públicos, dotados de fe pública, en ejercicio de sus funciones. Cuarto. Improcedencia del juicio. Previo al análisis de los conceptos de violación, procede revisar si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, que procede de oficio y es previa al estudio fondo del asunto, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es evidente para este juzgado que, en el caso, se surten dos causas de improcedencia, como se demostrará a continuación. (1) Primero, respecto del acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera ******************** de siete de mayo de dos mil dieciocho, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 1********************, todos de la Ley de Amparo; normas que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] Artículo 17. el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 1********************. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. En términos de lo antes transcrito se advierte que el plazo genérico para demandar la acción constitucional será de quince días. Ese plazo, tiene como excepciones las siguientes: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición; b) Cuando se reclamen actos tengan por efecto o puedan tener por efecto afectar derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y c) Cuando los actos impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Al respecto, el referido plazo empezara a contar 1. Al día siguiente en que surta efectos la notificación al quejoso del acto reclamado, conforme a la ley aplicable; 2. Al día siguiente al que tuvo conocimiento el quejoso o 3. Se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, con excepción de cuando se reclamen normas de carácter general autoaplicativas, en cuyo caso, se empezará a computar a partir del día de su entrada en vigor. Así, en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente si no se promueve dentro de los plazos previstos en la propia Ley. Ahora bien, en el caso, como ya se ha dicho, la parte quejosa se duele del acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera ******************** de siete de mayo de dos mil dieciocho, reclamado a la Aduana de Ciudad Juárez (y de diversos actos, deducidos directamente de éstos, que se analizarán más adelante). Sin embargo, como se desprende de dichas constancias, tal acto fue hecho del conocimiento del aquí quejoso, al propio momento de su emisión; pues tal acta de inicio de procedimiento, surgió con motivo de que, el siete de mayo de dos mil dieciocho, al tratar de cruzar la frontera de la ciudad de El Paso, Texas, en Estados Unidos de Norteamérica, hacia esta localidad, específicamente, en el puente internacional ********************, a bordo del vehículo automotor marca ********************, línea ********************, modelo ********************, tipo ********************, color ********************, número de identificación vehicular ********************, el aquí quejoso, no pudo acreditar que ese automóvil contara con placas extranjeras o documento comprobatorio en vigor, ni que él residiera en el extranjero. Y, en ese momento, el quejoso firmó tal acta, se identificó con licencia de conducir de la cual se dejó copia y señaló como domicilio, el ubicado en calle ********************, en esta ciudad. De modo que, tuvo conocimiento de dicho acto desde el propio momento de su emisión, es decir, desde el siete de mayo de dos mil dieciocho. Ante esta perspectiva, es inconcuso, que la presentación de la demanda que nos ocupa fue, en exceso, extemporánea, pues únicamente contaba con quince días, a partir de que tuvo conocimiento de ello, para interponerla. Es así, la demanda de amparo fue presentada de forma extemporánea, en tanto que se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós; en la que, evidentemente, ya había transcurrido el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sin que se advierta que el referido acto reclamado, se ubique dentro de los supuestos de excepción al plazo general, pues no se reclamó el proceso de extradición, actos que pudieran afectar derechos agrarios representando a una población ejidal o comunal, o actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En virtud de lo antes expuesto, al haberse actualizado la causa de improcedencia del juicio de amparo respecto de dicho acto, prevista en el artículo 61, fracción XIV, con relación a los diversos 17 y 1********************, todos de la Ley de Amparo; con fundamento en el 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, al respecto, al haberlo consentido tácitamente la parte quejosa. (2) Enseguida, los restantes actos aquí reclamados, como ya se dijo, emanaron directamente del analizado en el apartado anterior, es decir, se dedujeron a partir de acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera ********************, pues las restantes actuaciones aquí reclamadas a las autoridades responsables, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, surgieron dentro de dicho procedimiento y en su ejecución, o con motivo de ésta. En efecto, como ya se expuso, la aquí parte quejosa tuvo conocimiento, de forma personal y directa, del inicio del referido procedimiento administrativo, desde el momento de su emisión; tal como se hizo constar en el apartado previo. Dicho acto, como también se analizó, devino extemporáneo, pues no fue combatido dentro del periodo que para tal efecto otorga la Ley de Amparo; de modo que dicho acto, fue consentido por la parte quejosa. Ahora, respecto de los diversos actos reclamados en este asunto, este órgano federal estima que se derivan de forma directa del consentimiento tácito que efectuó la parte quejosa del acto consistente en el inicio del aludido procedimiento Administrativo, al haberse desahogado dentro del mismo, en su ejecución o con motivo de ésta. Así, en el caso se actualiza la causal de improcedencia en los artículos 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que es del siguiente contenido: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.) En ese sentido, para saber cuándo se trata de un acto consentido se debe atender necesariamente a las fracciones XIII y XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues en ellas se prevén los dos supuestos en los que se actualiza ese consentimiento; a) el primero que se trata del consentimiento expreso o por manifestaciones de voluntad que lo entrañen y b) el segundo referente al consentimiento tácito, entendiéndose por éste cuando no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos, es decir, de los indicados en el diverso artículo 17 de la citada ley. No obstante, respecto de los actos consentidos -en cualquiera de los dos supuestos aludidos en el párrafo previo- puede deducirse el sobreseimiento respecto de diversos reclamados, derivados directamente de aquéllos. Para el análisis de la citada causal de improcedencia, relativa a actos derivados de otros consentidos, se estima necesario tener en consideración que el artículo 217 de la citada ley, establece lo siguiente: Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus Salas, pero no lo será la de ellas para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. La jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Como se aprecia de la anterior transcripción, el citado precepto legal vincula como obligatoria para esta autoridad jurisdiccional, entre otras, la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, los Plenos de Circuito y los Tribunales Colegiados. En ese sentido, este órgano jurisdiccional estima que la causa de improcedencia advertida ha sido establecida principalmente por la jurisprudencia de los tribunales colegiados y del máximo tribunal del país, por lo que es indispensable tener en consideración tales precedentes para la resolución del asunto, y muy particularmente, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que estableció cuáles son los supuestos que deben reunirse para que se actualice la hipótesis de improcedencia en estudio. En uno de los criterios más destacados, se establecieron como supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se promueva contra actos derivados de otros consentidos, los siguientes: I. La existencia de un acto anterior consentido, y II. La existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél, esto es, que carezca de autonomía e individualidad respecto del consentido. Por tanto, son precisamente esos parámetros los que se utilizaran para justificar el citado motivo de improcedencia. Entonces, para que exista este consentimiento del acto origen del reclamado, debe tratarse de uno que sea susceptible de impugnarse en el juicio de amparo y que cause perjuicio al quejoso, porque esa afectación a su interés jurídico es la que lo legitima para acudir a la vía constitucional. Asimismo, sólo puede considerarse que un acto reclamado deriva de otro que la ley repute como consentido, cuando el segundo sea una consecuencia legal, forzosa o directa del primero, siempre que el quejoso hubiese podido impugnarlo, sea porque estuviera legitimado para hacerlo o porque el juicio de amparo procediera contra él. Siguiendo tales parámetros, para constatar la actualización de la causal de improcedencia en estudio, es necesario precisar, en lo que interesa, que el acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera ******************** de siete de mayo de dos mil dieciocho, como fue analizado en el apartado previo, fue consentido, pues el quejoso no lo combatió oportunamente. Luego, los restantes actos reclamados, consistentes en el acta de Hechos ********************, de fecha siete de mayo de dos mil dieciocho; todo lo actuado en el referido procedimiento administrativo, particularmente la resolución determinante de crédito fiscal en materia de comercio exterior de diecinueve de julio de dos mil dieciocho; el embargo ejecutado del vehículo automotor ya indicado; el embargo ejecutado del bien inmueble de referencia; la solicitud de anotación preventiva a la Jefa del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial Bravos, del inmueble identificado con la inscripción ********************, folio ********************, libro 564******************** de la sección ******************** y su realización; así como las notificaciones practicadas al aquí quejoso dentro de ese procedimiento administrativo; se deducen de forma directa y necesaria, del acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera ******************** de siete de mayo de dos mil dieciocho, pues su realización devino precisamente de la instauración del mismo. Y, tal como se acotó, es relevante para tales actos, el hecho de que el diverso del que devinieron, no fue combatido de forma oportuna por el aquí quejoso, pues a pesar de que fue emitido desde el siete de mayo de dos mil dieciocho, éste presentó su demanda, como ya se destacó, hasta el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Por ende, tales actos, derivados directamente del diverso consentido, ya indicado, deben necesariamente seguir la misma suerte que éste, al carecer de independencia y naturaleza propia, pues, como ya se ha expuesto, son consecuencia directa del mismo. Así, la trascendencia de que el peticionario del amparo haya consentido el Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera ********************, radica en que ello imposibilita a este órgano jurisdiccional para analizar la constitucionalidad de los actos derivados del mismo. Es así, el que no se analice la constitucionalidad del acto generador, ocasiona que no sea jurídicamente posible verificar las consecuencias de éste, pues, se insiste, dependen directamente de aquél, al formar parte del procedimiento administrativo en materia aduanera, cuyo inicio conoció el quejoso de forma personal e inmediata, y consintió. En virtud de lo antes expuesto, al haberse actualizado la causa de improcedencia del juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XIV, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto de tales actos, con fundamento en el 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 61, 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ********************, por las razones asentadas en el considerando cuarto de este fallo. Notifíquese: 1) mediante oficio a las responsables (que se envíen vía acelerada) y al agente del Ministerio Público adscrito; 2) a la quejosa en el usuario electrónico propuesto; 3) así como por lista electrónica. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***, hoy veintiuno de julio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    VISTA LA RAZON DEL ACTAURIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE FECHA VEINTIUNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EL CUAL A LA LETRA DICE: Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo********************/********************22-II, promovido por ********************, contra actos del Administrador Desconcentrado de Recaudación de Rentas de Chihuahua "2" del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad, y otras autoridades. Resultando Primero. Demanda de amparo. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós y turnado a este juzgado el día hábil posterior, veinticinco de los mismos; ********************, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Administrador Desconcentrado de Recaudación de Rentas de Chihuahua "2" del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad. Segundo. Derechos constitucionales que la parte quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con los actos reclamados se vulneraron en su perjuicio los derechos fundamentales contemplados en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. A través de acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, se registró la demanda bajo el consecutivo********************/********************22-II y se mandó aclarar en los términos ahí precisados; a la postre, el cinco de septiembre de dos mil veintidós, una vez que fue suplida esa deficiencia, se admitió a trámite, se pidió a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Cuarto. ******************** vista para ampliación de demanda. En proveído de siete de octubre de dos mil veintidós, se otorgó vista a la parte quejosa, para que, de ser así su deseo, ampliara su demanda de amparo en los términos ahí indicados. Ulteriormente, en auto de quince de noviembre de dos mil veintidós, se tuvo por ampliada la demanda de amparo. Quinto. Notificación a las partes de la adscripción a este juzgado de la actual Titular. Mediante proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, se ordenó notificar mediante lista el oficio SEADS/69********************/********************22, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Ejecutiva de la Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual informó que fue acordada la adscripción de la ***, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, para que, de estimarlo prudente, procedieran con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; de lo que las partes tuvieron conocimiento desde el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, sin que hayan efectuado manifestación alguna al respecto. Sexto. Segunda vista para ampliación de demanda. Después, en auto de dieciocho de enero de dos mil veintitrés, se otorgó a la parte accionante del amparo nueva vista para ampliar su demanda de amparo, de así desearlo. En consecuencia, en acuerdo de quince de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo por ampliada la demanda de amparo, respecto de las autoridades y actos novedosos ahí precisados. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación al Acuerdo General número 3/********************13 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que la parte quejosa reclamó lo siguiente: I. De la Aduana de Ciudad Juárez, con sede en esta ciudad: El acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera ******************** y acta de Hechos ********************, ambos de siete de mayo de dos mil dieciocho; todo lo actuado en el referido procedimiento administrativo, particularmente la resolución determinante de crédito fiscal en materia de comercio exterior de diecinueve de julio de dos mil dieciocho, el embargo ejecutado del vehículo automotor marca ********************, línea ********************, modelo ********************, tipo ********************, color ********************, número de identificación vehicular ********************, así como, el embargo ejecutado del bien inmueble que se ubica en calle ********************, número ********************, fraccionamiento ********************, etapa ********************, en esta ciudad. II. Del Administrador Desconcentrado de Recaudación de Rentas de Chihuahua "2" del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad: -El embargo ejecutado en su contra respecto al bien ubicado en calle ********************, número ********************, fraccionamiento ********************, etapa ********************, en esta ciudad, respecto al procedimiento administrativo de ejecución. - La solicitud de anotación preventiva a la Jefa del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial Bravos, del inmueble identificado con la inscripción ********************, folio ********************, libro 564******************** de la sección ********************. III. De la Jefa del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad: -La inscripción de la anotación preventiva en cita, al inmueble ya indicado. IV. De la Verificadora, Notificadora y Ejecutora de la Desconcentrada de Recaudación de Chihuahua "2", con sede en esta ciudad: Todas las notificaciones que le practicó en el referido asunto; y de forma destacada, el acta circunstanciada de catorce de febrero de dos mil veintidós, el acta de embargo del bien inmueble en comento, la notificación de requerimiento de pago de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve y la notificación de quince de febrero de dos mil veintidós. V. De la ejecutiva de cuenta adscrita a la Desconcentrado de Recaudación de Rentas de Chihuahua "2" del Servicio de Administración Tributaria, con sede en esta ciudad: La constancia de notificación relativa a la fecha determinada para el remate del inmueble. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, pues así se desprende de las constancias que integran los autos. Las documentales remitidas y de las que aquéllos se deducen, cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y ********************2 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por servidores públicos, dotados de fe pública, en ejercicio de sus funciones. Cuarto. Improcedencia del juicio. Previo al análisis de los conceptos de violación, procede revisar si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, que procede de oficio y es previa al estudio fondo del asunto, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, es evidente para este juzgado que, en el caso, se surten dos causas de improcedencia, como se demostrará a continuación. (1) Primero, respecto del acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera ******************** de siete de mayo de dos mil dieciocho, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 1********************, todos de la Ley de Amparo; normas que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] Artículo 17. el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 1********************. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. En términos de lo antes transcrito se advierte que el plazo genérico para demandar la acción constitucional será de quince días. Ese plazo, tiene como excepciones las siguientes: a) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición; b) Cuando se reclamen actos tengan por efecto o puedan tener por efecto afectar derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; y c) Cuando los actos impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Al respecto, el referido plazo empezara a contar 1. Al día siguiente en que surta efectos la notificación al quejoso del acto reclamado, conforme a la ley aplicable; 2. Al día siguiente al que tuvo conocimiento el quejoso o 3. Se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, con excepción de cuando se reclamen normas de carácter general autoaplicativas, en cuyo caso, se empezará a computar a partir del día de su entrada en vigor. Así, en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente si no se promueve dentro de los plazos previstos en la propia Ley. Ahora bien, en el caso, como ya se ha dicho, la parte quejosa se duele del acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera ******************** de siete de mayo de dos mil dieciocho, reclamado a la Aduana de Ciudad Juárez (y de diversos actos, deducidos directamente de éstos, que se analizarán más adelante). Sin embargo, como se desprende de dichas constancias, tal acto fue hecho del conocimiento del aquí quejoso, al propio momento de su emisión; pues tal acta de inicio de procedimiento, surgió con motivo de que, el siete de mayo de dos mil dieciocho, al tratar de cruzar la frontera de la ciudad de El Paso, Texas, en Estados Unidos de Norteamérica, hacia esta localidad, específicamente, en el puente internacional ********************, a bordo del vehículo automotor marca ********************, línea ********************, modelo ********************, tipo ********************, color ********************, número de identificación vehicular ********************, el aquí quejoso, no pudo acreditar que ese automóvil contara con placas extranjeras o documento comprobatorio en vigor, ni que él residiera en el extranjero. Y, en ese momento, el quejoso firmó tal acta, se identificó con licencia de conducir de la cual se dejó copia y señaló como domicilio, el ubicado en calle ********************, en esta ciudad. De modo que, tuvo conocimiento de dicho acto desde el propio momento de su emisión, es decir, desde el siete de mayo de dos mil dieciocho. Ante esta perspectiva, es inconcuso, que la presentación de la demanda que nos ocupa fue, en exceso, extemporánea, pues únicamente contaba con quince días, a partir de que tuvo conocimiento de ello, para interponerla. Es así, la demanda de amparo fue presentada de forma extemporánea, en tanto que se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós; en la que, evidentemente, ya había transcurrido el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sin que se advierta que el referido acto reclamado, se ubique dentro de los supuestos de excepción al plazo general, pues no se reclamó el proceso de extradición, actos que pudieran afectar derechos agrarios representando a una población ejidal o comunal, o actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En virtud de lo antes expuesto, al haberse actualizado la causa de improcedencia del juicio de amparo respecto de dicho acto, prevista en el artículo 61, fracción XIV, con relación a los diversos 17 y 1********************, todos de la Ley de Amparo; con fundamento en el 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, al respecto, al haberlo consentido tácitamente la parte quejosa. (2) Enseguida, los restantes actos aquí reclamados, como ya se dijo, emanaron directamente del analizado en el apartado anterior, es decir, se dedujeron a partir de acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera ********************, pues las restantes actuaciones aquí reclamadas a las autoridades responsables, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, surgieron dentro de dicho procedimiento y en su ejecución, o con motivo de ésta. En efecto, como ya se expuso, la aquí parte quejosa tuvo conocimiento, de forma personal y directa, del inicio del referido procedimiento administrativo, desde el momento de su emisión; tal como se hizo constar en el apartado previo. Dicho acto, como también se analizó, devino extemporáneo, pues no fue combatido dentro del periodo que para tal efecto otorga la Ley de Amparo; de modo que dicho acto, fue consentido por la parte quejosa. Ahora, respecto de los diversos actos reclamados en este asunto, este órgano federal estima que se derivan de forma directa del consentimiento tácito que efectuó la parte quejosa del acto consistente en el inicio del aludido procedimiento Administrativo, al haberse desahogado dentro del mismo, en su ejecución o con motivo de ésta. Así, en el caso se actualiza la causal de improcedencia en los artículos 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que es del siguiente contenido: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.) En ese sentido, para saber cuándo se trata de un acto consentido se debe atender necesariamente a las fracciones XIII y XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues en ellas se prevén los dos supuestos en los que se actualiza ese consentimiento; a) el primero que se trata del consentimiento expreso o por manifestaciones de voluntad que lo entrañen y b) el segundo referente al consentimiento tácito, entendiéndose por éste cuando no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos, es decir, de los indicados en el diverso artículo 17 de la citada ley. No obstante, respecto de los actos consentidos -en cualquiera de los dos supuestos aludidos en el párrafo previo- puede deducirse el sobreseimiento respecto de diversos reclamados, derivados directamente de aquéllos. Para el análisis de la citada causal de improcedencia, relativa a actos derivados de otros consentidos, se estima necesario tener en consideración que el artículo 217 de la citada ley, establece lo siguiente: Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus Salas, pero no lo será la de ellas para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. La jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Como se aprecia de la anterior transcripción, el citado precepto legal vincula como obligatoria para esta autoridad jurisdiccional, entre otras, la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, los Plenos de Circuito y los Tribunales Colegiados. En ese sentido, este órgano jurisdiccional estima que la causa de improcedencia advertida ha sido establecida principalmente por la jurisprudencia de los tribunales colegiados y del máximo tribunal del país, por lo que es indispensable tener en consideración tales precedentes para la resolución del asunto, y muy particularmente, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que estableció cuáles son los supuestos que deben reunirse para que se actualice la hipótesis de improcedencia en estudio. En uno de los criterios más destacados, se establecieron como supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se promueva contra actos derivados de otros consentidos, los siguientes: I. La existencia de un acto anterior consentido, y II. La existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél, esto es, que carezca de autonomía e individualidad respecto del consentido. Por tanto, son precisamente esos parámetros los que se utilizaran para justificar el citado motivo de improcedencia. Entonces, para que exista este consentimiento del acto origen del reclamado, debe tratarse de uno que sea susceptible de impugnarse en el juicio de amparo y que cause perjuicio al quejoso, porque esa afectación a su interés jurídico es la que lo legitima para acudir a la vía constitucional. Asimismo, sólo puede considerarse que un acto reclamado deriva de otro que la ley repute como consentido, cuando el segundo sea una consecuencia legal, forzosa o directa del primero, siempre que el quejoso hubiese podido impugnarlo, sea porque estuviera legitimado para hacerlo o porque el juicio de amparo procediera contra él. Siguiendo tales parámetros, para constatar la actualización de la causal de improcedencia en estudio, es necesario precisar, en lo que interesa, que el acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera ******************** de siete de mayo de dos mil dieciocho, como fue analizado en el apartado previo, fue consentido, pues el quejoso no lo combatió oportunamente. Luego, los restantes actos reclamados, consistentes en el acta de Hechos ********************, de fecha siete de mayo de dos mil dieciocho; todo lo actuado en el referido procedimiento administrativo, particularmente la resolución determinante de crédito fiscal en materia de comercio exterior de diecinueve de julio de dos mil dieciocho; el embargo ejecutado del vehículo automotor ya indicado; el embargo ejecutado del bien inmueble de referencia; la solicitud de anotación preventiva a la Jefa del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial Bravos, del inmueble identificado con la inscripción ********************, folio ********************, libro 564******************** de la sección ******************** y su realización; así como las notificaciones practicadas al aquí quejoso dentro de ese procedimiento administrativo; se deducen de forma directa y necesaria, del acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera ******************** de siete de mayo de dos mil dieciocho, pues su realización devino precisamente de la instauración del mismo. Y, tal como se acotó, es relevante para tales actos, el hecho de que el diverso del que devinieron, no fue combatido de forma oportuna por el aquí quejoso, pues a pesar de que fue emitido desde el siete de mayo de dos mil dieciocho, éste presentó su demanda, como ya se destacó, hasta el veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Por ende, tales actos, derivados directamente del diverso consentido, ya indicado, deben necesariamente seguir la misma suerte que éste, al carecer de independencia y naturaleza propia, pues, como ya se ha expuesto, son consecuencia directa del mismo. Así, la trascendencia de que el peticionario del amparo haya consentido el Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera ********************, radica en que ello imposibilita a este órgano jurisdiccional para analizar la constitucionalidad de los actos derivados del mismo. Es así, el que no se analice la constitucionalidad del acto generador, ocasiona que no sea jurídicamente posible verificar las consecuencias de éste, pues, se insiste, dependen directamente de aquél, al formar parte del procedimiento administrativo en materia aduanera, cuyo inicio conoció el quejoso de forma personal e inmediata, y consintió. En virtud de lo antes expuesto, al haberse actualizado la causa de improcedencia del juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XIV, se impone sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto de tales actos, con fundamento en el 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 61, 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ********************, por las razones asentadas en el considerando cuarto de este fallo. Notifíquese: 1) mediante oficio a las responsables (que se envíen vía acelerada) y al agente del Ministerio Público adscrito; 2) a la quejosa en el usuario electrónico propuesto; 3) así como por lista electrónica. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***, hoy veintiuno de julio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

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