Jose Carlos Castro Fonseca
Expediente 460/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 26 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 460/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 28/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jose Carlos Castro Fonseca
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Por este medio se tiene por notificada a la parte quejosa, respecto del proveído de veintiocho de julio de dos mil veintidós, que a la letra dice:Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en determinación de catorce de julio pasado se requirió a la parte quejosa lo siguiente: "[.] Por tanto, previo a requerir a las autoridades responsables, y en su caso, hacer efectivo algún apercibimiento; requiérase a la parte peticionaria de la tutela federal para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, informe si la menor fue inoculada con la primera dosis de la vacuna precitada, ya sea el pasado treinta de junio en el Hospital Materno Infantil de Irapuato, Guanajuato, o bien, en distinta fecha y sede. En la inteligencia de que de no haber acontecido lo anterior, deberá informar el motivo de ello, y en su caso, justificarlo fehacientemente. Se apercibe a la parte promovente que de ser omisa en contestar el presente requerimiento, o de no haber realizado los actos conducentes para inocular al infante, o bien, de no acreditar el impedimento justificado para ello, se entenderá que hay desinterés para que su vacunación y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables; lo que, en su caso, traerá como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia de este asunto. [.]" Sin embargo, no obstante encontrarse notificada la parte quejosa de lo anterior (según constancia actuarial de veinte de los actuales), ha sido omisa en atender el requerimiento; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento ahí contenido, y se entiende que hay desinterés para que la infante quejosa directa *************** sea vacunada y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables. Lo anterior, trae como consecuencia la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. [.]" En relación con el citado supuesto, esto es, que la parte quejosa consintió el acto que reclama, éste impide examinar la constitucionalidad de un acto o norma general cuando ha mediado consentimiento del promovente, entendido como la expresión de conformidad que se evidencia a través de signos externos inequívocos. De manera que ese consentimiento no puede presumirse ni inducirse, sino que debe constar de forma indubitable. La anterior regla deriva del principio de certidumbre jurídica que busca evitar que la quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer la voluntad que externó libre y espontáneamente para patentizar su conformidad con los efectos normativos del acto reclamado de modo que es indispensable que concurran los elementos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha precisado1: a. La existencia del acto o ley reclamados b. Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Ello, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y del que, por tanto, no se han ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. Tal aceptación implica que el quejoso exprese, de manera clara e indiscutible, que está de acuerdo con el acto de autoridad, que lo aprueba o que da su anuencia respecto de sus consecuencias, o bien, que ejecute actos voluntarios que supongan ese consentimiento. Sentada la premisa normativa, es menester citar porqué se considera actualizada la causal de improcedencia aludida: En relación con el requisito identificado como a) relativo a la existencia de la omisión reclamada, debe decirse que se actualiza en la especie, pues al menos a la fecha de la presentación de la demanda (veintiuno de abril pasado), el grupo etario de entre cinco y once años al que pertenece la menor de edad aquí quejosa (nacida el veinte de julio de dos mil quince -siete años al día de hoy-) no era considerada en la política nacional de vacunación como susceptible de ser inoculada. Con lo que, para esta etapa procesal, se tiene por existente a la fecha de presentación de la demanda el acto reclamado, consistente en la omisión de aplicar el esquema completo a la menor quejosa de identidad reservada de iniciales ************* de la vacuna Pfizer-BioNtech contra el virus SARS-CoV2, comúnmente conocido como COVID-19, ante el riesgo de que pueda enfermar gravemente, o incluso, perder la vida. Pues como se dijo, al momento de la interposición del ocurso constitucional que nos ocupa, el grupo etario al que pertenece la menor quejosa no era considerado como susceptible de ser vacunado. Y aun cuando a la presente fecha ese grupo etario ya fue incluido en el documento denominado "Política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", versión 10.0, de quince de junio de dos mil veintidós2, la cual constituye un hecho notorio de conformidad con los artículos 88 y 210- A del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; no existe certeza de que, al menos a la aquí quejosa, ya le fuera aplicado el esquema de vacunación completo. Por otro lado, el requisito identificado como b), también está satisfecho, pues con la omisión de la parte quejosa de atender el requerimiento de catorce de los actuales, se entiende que hay desinterés para que la infante quejosa directa sea vacunada y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables. Lo anterior, pone de manifiesto que la parte quejosa externó su conformidad de que a la infante directa quejosa no le fueran aplicadas las dosis de la vacuna preventiva COVID-19 Pfizer-BioNtech. 2 http://vacunacovid.gob.mx/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/2022.01.25-PNVx_COVID.pdf Por tanto, se sobresee en el presente juicio fuera de audiencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que la causal de improcedencia invocada se configura de manera manifiesta e indudable y con ningún elemento podría desvirtuarse, resultando innecesario esperar la fecha de audiencia para decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. La anterior determinación se toma, debido a que a nada práctico conduciría continuar el asunto hasta el dictado de sentencia, en la que se determinaría lo mismo, en la medida en que se impusieron cargas procesales a la parte quejosa y fueron incumplidas; inclusive, se podría llegar al extremo de un fallo protector cuyo cumplimiento fuera irrealizable, debido a la falta de intención de quien promovió esta instancia. Atento a lo anterior, resulta innecesario celebrar la audiencia constitucional fijada para las once horas con cincuenta y tres minutos del veintinueve de los actuales.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en determinación de catorce de julio pasado se requirió a la parte quejosa lo siguiente: "[.] Por tanto, previo a requerir a las autoridades responsables, y en su caso, hacer efectivo algún apercibimiento; requiérase a la parte peticionaria de la tutela federal para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, informe si la menor fue inoculada con la primera dosis de la vacuna precitada, ya sea el pasado treinta de junio en el Hospital Materno Infantil de Irapuato, Guanajuato, o bien, en distinta fecha y sede. En la inteligencia de que de no haber acontecido lo anterior, deberá informar el motivo de ello, y en su caso, justificarlo fehacientemente. Se apercibe a la parte promovente que de ser omisa en contestar el presente requerimiento, o de no haber realizado los actos conducentes para inocular al infante, o bien, de no acreditar el impedimento justificado para ello, se entenderá que hay desinterés para que su vacunación y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables; lo que, en su caso, traerá como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia de este asunto. [.]" Sin embargo, no obstante encontrarse notificada la parte quejosa de lo anterior (según constancia actuarial de veinte de los actuales), ha sido omisa en atender el requerimiento; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento ahí contenido, y se entiende que hay desinterés para que la infante quejosa directa *************** sea vacunada y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables. Lo anterior, trae como consecuencia la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. [.]" En relación con el citado supuesto, esto es, que la parte quejosa consintió el acto que reclama, éste impide examinar la constitucionalidad de un acto o norma general cuando ha mediado consentimiento del promovente, entendido como la expresión de conformidad que se evidencia a través de signos externos inequívocos. De manera que ese consentimiento no puede presumirse ni inducirse, sino que debe constar de forma indubitable. La anterior regla deriva del principio de certidumbre jurídica que busca evitar que la quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer la voluntad que externó libre y espontáneamente para patentizar su conformidad con los efectos normativos del acto reclamado de modo que es indispensable que concurran los elementos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia ha precisado1: a. La existencia del acto o ley reclamados b. Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Ello, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y del que, por tanto, no se han ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. Tal aceptación implica que el quejoso exprese, de manera clara e indiscutible, que está de acuerdo con el acto de autoridad, que lo aprueba o que da su anuencia respecto de sus consecuencias, o bien, que ejecute actos voluntarios que supongan ese consentimiento. Sentada la premisa normativa, es menester citar porqué se considera actualizada la causal de improcedencia aludida: En relación con el requisito identificado como a) relativo a la existencia de la omisión reclamada, debe decirse que se actualiza en la especie, pues al menos a la fecha de la presentación de la demanda (veintiuno de abril pasado), el grupo etario de entre cinco y once años al que pertenece la menor de edad aquí quejosa (nacida el veinte de julio de dos mil quince -siete años al día de hoy-) no era considerada en la política nacional de vacunación como susceptible de ser inoculada. Con lo que, para esta etapa procesal, se tiene por existente a la fecha de presentación de la demanda el acto reclamado, consistente en la omisión de aplicar el esquema completo a la menor quejosa de identidad reservada de iniciales ************* de la vacuna Pfizer-BioNtech contra el virus SARS-CoV2, comúnmente conocido como COVID-19, ante el riesgo de que pueda enfermar gravemente, o incluso, perder la vida. Pues como se dijo, al momento de la interposición del ocurso constitucional que nos ocupa, el grupo etario al que pertenece la menor quejosa no era considerado como susceptible de ser vacunado. Y aun cuando a la presente fecha ese grupo etario ya fue incluido en el documento denominado "Política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2, para la prevención de la COVID-19 en México", versión 10.0, de quince de junio de dos mil veintidós2, la cual constituye un hecho notorio de conformidad con los artículos 88 y 210- A del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles; no existe certeza de que, al menos a la aquí quejosa, ya le fuera aplicado el esquema de vacunación completo. Por otro lado, el requisito identificado como b), también está satisfecho, pues con la omisión de la parte quejosa de atender el requerimiento de catorce de los actuales, se entiende que hay desinterés para que la infante quejosa directa sea vacunada y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables. Lo anterior, pone de manifiesto que la parte quejosa externó su conformidad de que a la infante directa quejosa no le fueran aplicadas las dosis de la vacuna preventiva COVID-19 Pfizer-BioNtech. 2 http://vacunacovid.gob.mx/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/2022.01.25-PNVx_COVID.pdf Por tanto, se sobresee en el presente juicio fuera de audiencia de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que la causal de improcedencia invocada se configura de manera manifiesta e indudable y con ningún elemento podría desvirtuarse, resultando innecesario esperar la fecha de audiencia para decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, intitulada: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. La anterior determinación se toma, debido a que a nada práctico conduciría continuar el asunto hasta el dictado de sentencia, en la que se determinaría lo mismo, en la medida en que se impusieron cargas procesales a la parte quejosa y fueron incumplidas; inclusive, se podría llegar al extremo de un fallo protector cuyo cumplimiento fuera irrealizable, debido a la falta de intención de quien promovió esta instancia. Atento a lo anterior, resulta innecesario celebrar la audiencia constitucional fijada para las once horas con cincuenta y tres minutos del veintinueve de los actuales.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, resulta un hecho notorio para esta potestad conforme al artículo 208 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, que de las páginas oficiales del Gobierno Federal y de la Secretaria de Salud del estado de Guanajuato, se desprende que partir del cuatro de los actuales comenzó la vacunación Pfizer-BioNTech en esta ciudad respecto a los menores dentro del rango de cinco a once años (en donde se encuentran la infante aquí quejosa). Asimismo, conforme a la misiva con folio 9995, el apoderado legal de la Secretaria de Salud del estado de Guanajuato, informó que la directa accionante debía comparecer a las dieciséis horas del treinta de junio de dos mil veintidós, en las instalaciones del Hospital Materno Infantil de Irapuato, ubicado en Vialidad Interior, Malvas 367, colonia Revolución de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, para la aplicación de la primera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech; lo que se ordenó informar a la parte interesada. Por tanto, previo a requerir a las autoridades responsables, y en su caso, hacer efectivo algún apercibimiento; requiérase a la parte peticionaria de la tutela federal para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, informe si la menor fue inoculada con la primera dosis de la vacuna precitada, ya sea el pasado treinta de junio en el Hospital Materno Infantil de Irapuato, Guanajuato, o bien, en distinta fecha y sede. En la inteligencia de que de no haber acontecido lo anterior, deberá informar el motivo de ello, y en su caso, justificarlo fehacientemente. Se apercibe a la parte promovente que de ser omisa en contestar el presente requerimiento, o de no haber realizado los actos conducentes para inocular al infante, o bien, de no acreditar el impedimento justificado para ello, se entenderá que hay desinterés para que su vacunación y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables; lo que, en su caso, traerá como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia de este asunto. Lo que precede releva la posible actualización de una causal de improcedencia, por lo cual se torna necesario recabar los medios de convicción conducentes para constatar su actualización. En apoyo a lo expuesto se invoca la jurisprudencia 1a./J. 163/2005, visible en la página 319 del Semanario Judicial de la Federación, tomo XXIII, enero de 2006, Novena Época, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto." Visto el estado que guardan los presentes autos, resulta un hecho notorio para esta potestad conforme al artículo 208 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, que de las páginas oficiales del Gobierno Federal y de la Secretaria de Salud del estado de Guanajuato, se desprende que partir del cuatro de los actuales comenzó la vacunación Pfizer-BioNTech en esta ciudad respecto a los menores dentro del rango de cinco a once años (en donde se encuentran la infante aquí quejosa). Asimismo, conforme a la misiva con folio 9995, el apoderado legal de la Secretaria de Salud del estado de Guanajuato, informó que la directa accionante debía comparecer a las dieciséis horas del treinta de junio de dos mil veintidós, en las instalaciones del Hospital Materno Infantil de Irapuato, ubicado en Vialidad Interior, Malvas 367, colonia Revolución de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, para la aplicación de la primera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech; lo que se ordenó informar a la parte interesada. Por tanto, previo a requerir a las autoridades responsables, y en su caso, hacer efectivo algún apercibimiento; requiérase a la parte peticionaria de la tutela federal para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, informe si la menor fue inoculada con la primera dosis de la vacuna precitada, ya sea el pasado treinta de junio en el Hospital Materno Infantil de Irapuato, Guanajuato, o bien, en distinta fecha y sede.
- Principal
Por este medio se tiene por notificada a la parte quejosa, respecto del proveído de catorce de julio de dos mil veintidós que a la letra dice:Visto el estado que guardan los presentes autos, resulta un hecho notorio para esta potestad conforme al artículo 208 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, que de las páginas oficiales del Gobierno Federal y de la Secretaria de Salud del estado de Guanajuato, se desprende que partir del cuatro de los actuales comenzó la vacunación Pfizer-BioNTech en esta ciudad respecto a los menores dentro del rango de cinco a once años (en donde se encuentran la infante aquí quejosa). Asimismo, conforme a la misiva con folio 9995, el apoderado legal de la Secretaria de Salud del estado de Guanajuato, informó que la directa accionante debía comparecer a las dieciséis horas del treinta de junio de dos mil veintidós, en las instalaciones del Hospital Materno Infantil de Irapuato, ubicado en Vialidad Interior, Malvas 367, colonia Revolución de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, para la aplicación de la primera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech; lo que se ordenó informar a la parte interesada. Por tanto, previo a requerir a las autoridades responsables, y en su caso, hacer efectivo algún apercibimiento; requiérase a la parte peticionaria de la tutela federal para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, informe si la menor fue inoculada con la primera dosis de la vacuna precitada, ya sea el pasado treinta de junio en el Hospital Materno Infantil de Irapuato, Guanajuato, o bien, en distinta fecha y sede. En la inteligencia de que de no haber acontecido lo anterior, deberá informar el motivo de ello, y en su caso, justificarlo fehacientemente. Se apercibe a la parte promovente que de ser omisa en contestar el presente requerimiento, o de no haber realizado los actos conducentes para inocular al infante, o bien, de no acreditar el impedimento justificado para ello, se entenderá que hay desinterés para que su vacunación y, por ende, su consentimiento respecto de la omisión reclamada a las autoridades responsables; lo que, en su caso, traerá como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia de este asunto. Lo que precede releva la posible actualización de una causal de improcedencia, por lo cual se torna necesario recabar los medios de convicción conducentes para constatar su actualización. En apoyo a lo expuesto se invoca la jurisprudencia 1a./J. 163/2005, visible en la página 319 del Semanario Judicial de la Federación, tomo XXIII, enero de 2006, Novena Época, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto." Visto el estado que guardan los presentes autos, resulta un hecho notorio para esta potestad conforme al artículo 208 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, que de las páginas oficiales del Gobierno Federal y de la Secretaria de Salud del estado de Guanajuato, se desprende que partir del cuatro de los actuales comenzó la vacunación Pfizer-BioNTech en esta ciudad respecto a los menores dentro del rango de cinco a once años (en donde se encuentran la infante aquí quejosa). Asimismo, conforme a la misiva con folio 9995, el apoderado legal de la Secretaria de Salud del estado de Guanajuato, informó que la directa accionante debía comparecer a las dieciséis horas del treinta de junio de dos mil veintidós, en las instalaciones del Hospital Materno Infantil de Irapuato, ubicado en Vialidad Interior, Malvas 367, colonia Revolución de la ciudad de Irapuato, Guanajuato, para la aplicación de la primera dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech; lo que se ordenó informar a la parte interesada. Por tanto, previo a requerir a las autoridades responsables, y en su caso, hacer efectivo algún apercibimiento; requiérase a la parte peticionaria de la tutela federal para que dentro del plazo de tres días legalmente computado, informe si la menor fue inoculada con la primera dosis de la vacuna precitada, ya sea el pasado treinta de junio en el Hospital Materno Infantil de Irapuato, Guanajuato, o bien, en distinta fecha y sede.
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