José Carlos Rios Martínez

Expediente 614/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 12 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
614/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
22/11/2018

Partes del expediente

  • José Carlos Rios Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto en el que este tribunal sobreseyó en el presente juicio de amparo promovido por******************** no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Supremo Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones II y III, del citado acuerdo, el presente expediente y el cuaderno original del incidente de suspensión son destruibles, una vez que trascurran cinco años, contados a partir de que se ordena su archivo, puesto que se dictó resolución en la que se sobreseyó en el amparo -en el expediente principal-; y por lo que hace a la suspensión provisional y definitiva, fue negada en ambas ocasiones. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, por no haber sido ofrecidos por las partes.

  2. Principal

    Visto el informe justificado que por conducto de su presidente remite la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Celaya, Guanajuato; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese al sumario para que obre como legalmente corresponde. Luego, respecto a la documental que anexó a su oficio la autoridad responsable, consistente en copia certificada de las constancias que integran el expediente laboral ***, promovido por el aquí quejoso ******, en contra de la persona moral denominada *******; con sustento en el numeral 119 de la ley de la materia, dicha probanza se tiene por ofrecida, admitida y desahogada por su propia naturaleza. Cabe destacar que de las constancias de referencia, así como de las que integran los presentes autos, se desprende que han cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior debido a que -en términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia aplicable también a este tipo de resoluciones- se precisa que los actos reclamados son: por una parte, la omisión de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de utilizar medidas de apremio para hacer cumplir sus mandatos, en cuanto a un requerimiento de informe realizado al Instituto Mexicano del Seguro Social (para que manifestara si entre los trabajadores dados de alta por la patronal, en el lapso precisado, se encuentra registrado algún trabajador de nombre *****, y en caso de que así fuera, proporcionara su fecha de alta y en su caso, de baja); y por la otra, del instituto en mención reclama la omisión en rendir el informe que le fue solicitado como prueba en el expediente laboral subyacente ***, del mencionado tribunal obrero. Puntualizado lo anterior, destacan los siguientes antecedentes: *****, demandó en la vía ordinaria laboral, de la persona moral denominada ******, el pago de diversas prestaciones, lo que originó el expediente laboral *** del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Celaya, Guanajuato (foja 83 y vuelta). El veinte de marzo de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el controvertido de origen, con la comparecencia de las partes actora y demandada, en la que, entre otras cosas, se señaló fecha para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, la que tuvo verificativo el dieciséis de abril de dos mil dieciocho, donde la persona moral demandada ofreció como prueba de su intención la documental consistente en el informe por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (para que manifestara si entre los trabajadores dados de alta por la patronal, en el lapso del dieciséis de mayo de dos mil diecisiete al dieciocho de octubre del mismo año, se encuentra registrado algún trabajador de nombre ******, y en caso de que así fuera, proporcionara su fecha de alta y en su caso, de baja); medio de convicción que fue admitido en acuerdo del diecisiete de abril del mismo año (fojas 93, 94 vuelta y 113). El nueve de mayo de dos mil dieciocho, la junta giró oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que a través de la subdelegación en Celaya, Guanajuato, rindiera el informe ofrecido como prueba por la parte demandada, sin hacer uso de medio de apremio alguno (foja 132). El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, el tribunal obrero ordenó girar oficio recordatorio al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que rindiera el informe de mérito; así mismo, el nueve de agosto de la presente anualidad, el aquí quejoso -por conducto de su apoderado-, presentó escrito ante la junta solicitando que se requiriera de nueva cuenta el informe multicitado a la autoridad administrativa de referencia, por lo que el día treinta del mismo mes y año, libró un nuevo comunicado requiriendo el medio de convicción reseñado (fojas 135, 136 y 138). El veinte de septiembre de dos mil dieciocho, el Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto del subdelegado en Celaya, Guanajuato, rindió el informe requerido, haciendo saber a la junta que en su sistema no encontró registro de las personas buscadas, bajo el patrón ****** .; informe que fue acordado el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, y notificado por estrados a las partes, el uno de octubre de dos mil dieciocho (fojas 139 y 140). En razón de lo anterior, es inconcuso que se actualiza la causal prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo deviene improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. El precepto legal enunciado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho fundamental exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Sustenta el anterior criterio la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Luego, si como quedó precisado, en el presente juicio se reclamó por una parte, la omisión de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de utilizar medidas de apremio para hacer cumplir sus mandatos, en cuanto a un requerimiento de informe realizado al Instituto Mexicano del Seguro Social; y por la otra, de esta autoridad administrativa reclamó la omisión en rendir el informe que le fue solicitado como prueba en el expediente laboral ***, del mencionado tribunal obrero; y de las constancias que integran dicho expediente (foja 139), se obtiene que el aludido informe fue rendido por el instituto de seguridad social requerido, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado (omisión), pues independientemente de que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje haya o no utilizado medios de apremio para realizar el requerimiento relativo, el Instituto Mexicano del Seguro Social cesó la omisión en la que había permanecido y actuó conforme a la pretensión del aquí quejoso, es decir, remitió a la junta el informe que fue ofrecido como prueba por la parte demandada. Es decir, la omisión reclamada del Instituto Mexicano del Seguro Social ha sido destruida en forma total e incondicional como si se hubiera concedido la protección constitucional; ya que desde el momento en que presentó el informe requerido, cesó la omisión reclamada. Luego, resulta innecesario analizar la omisión de utilizar medios de apremio por parte de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, pues su finalidad era que tras una eventual concesión del amparo, se le obligara a utilizarlos para requerir el multicitado medio de convicción (informe) y con ello lograr que el Instituto Mexicano del Seguro Social cesara en su propia abstención de rendirlo. Por ende, se concluye que el juicio deviene improcedente en términos del artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo; y, conforme a lo dispuesto por la fracción V, del numeral 63 de la propia Ley, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. En mérito de lo anterior, resulta innecesario llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Expedientes

  3. Incidental

    Único. Se niega la suspensión definitiva a *****, en términos de los considerandos primero y tercero de esta resolución.

  4. Principal

    Atento a que el (a) tercero (a) interesado (a) ********** o cualquiera de sus autorizados no comparecieron a este Juzgado el veintiséis y veintinueve de octubre del año en curso a notificarse personalmente del proveído o resolución de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho -no obstante de habérsele dejado oportunamente en el domicilio señalado en autos el respectivo aviso para ello, siendo inhábiles el veintisiete y veintiocho del mes y año citados-, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, le notifico el referido auto o resolución por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal, en punto de las nueve horas del treinta de octubre de dos mil dieciocho; y que en lo conducente establece: Visto el informe justificado que por conducto de su presidente remite la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Celaya, Guanajuato; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese al sumario para que obre como legalmente corresponde. Luego, respecto a la documental que anexó a su oficio la autoridad responsable, consistente en copia certificada de las constancias que integran el expediente laboral 2975/2017/L1/CA/IND, promovido por el aquí quejoso **********, en contra de la persona moral denominada **********; con sustento en el numeral 119 de la ley de la materia, dicha probanza se tiene por ofrecida, admitida y desahogada por su propia naturaleza. Cabe destacar que de las constancias de referencia, así como de las que integran los presentes autos, se desprende que han cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior debido a que -en términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia aplicable también a este tipo de resoluciones- se precisa que los actos reclamados son: por una parte, la omisión de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de utilizar medidas de apremio para hacer cumplir sus mandatos, en cuanto a un requerimiento de informe realizado al Instituto Mexicano del Seguro Social (para que manifestara si entre los trabajadores dados de alta por la patronal, en el lapso precisado, se encuentra registrado algún trabajador de nombre **********, y en caso de que así fuera, proporcionara su fecha de alta y en su caso, de baja); y por la otra, del instituto en mención reclama la omisión en rendir el informe que le fue solicitado como prueba en el expediente laboral subyacente 2975/2017/L1/CA/IND, del mencionado tribunal obrero. Puntualizado lo anterior, destacan los siguientes antecedentes: 1. **********, demandó en la vía ordinaria laboral, de la persona moral denominada **********, el pago de diversas prestaciones, lo que originó el expediente laboral 2975/2017/L1/CA/IND del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Celaya, Guanajuato (foja 83 y vuelta). 2. El veinte de marzo de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el controvertido de origen, con la comparecencia de las partes actora y demandada, en la que, entre otras cosas, se señaló fecha para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, la que tuvo verificativo el dieciséis de abril de dos mil dieciocho, donde la persona moral demandada ofreció como prueba de su intención la documental consistente en el informe por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (para que manifestara si entre los trabajadores dados de alta por la patronal, en el lapso del dieciséis de mayo de dos mil diecisiete al dieciocho de octubre del mismo año, se encuentra registrado algún trabajador de nombre **********, y en caso de que así fuera, proporcionara su fecha de alta y en su caso, de baja); medio de convicción que fue admitido en acuerdo del diecisiete de abril del mismo año (fojas 93, 94 vuelta y 113). 3. El nueve de mayo de dos mil dieciocho, la junta giró oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que a través de la subdelegación en Celaya, Guanajuato, rindiera el informe ofrecido como prueba por la parte demandada, sin hacer uso de medio de apremio alguno (foja 132). 4. El veinticinco de junio de dos mil dieciocho, el tribunal obrero ordenó girar oficio recordatorio al Instituto Mexicano del Seguro Social, para que rindiera el informe de mérito; así mismo, el nueve de agosto de la presente anualidad, el aquí quejoso -por conducto de su apoderado-, presentó escrito ante la junta solicitando que se requiriera de nueva cuenta el informe multicitado a la autoridad administrativa de referencia, por lo que el día treinta del mismo mes y año, libró un nuevo comunicado requiriendo el medio de convicción reseñado (fojas 135, 136 y 138). 5. El veinte de septiembre de dos mil dieciocho, el Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto del subdelegado en Celaya, Guanajuato, rindió el informe requerido, haciendo saber a la junta que en su sistema no encontró registro de las personas buscadas, bajo el patrón **********; informe que fue acordado el veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, y notificado por estrados a las partes, el uno de octubre de dos mil dieciocho (fojas 139 y 140). En razón de lo anterior, es inconcuso que se actualiza la causal prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo deviene improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. El precepto legal enunciado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho fundamental exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Sustenta el anterior criterio la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Luego, si como quedó precisado, en el presente juicio se reclamó por una parte, la omisión de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de utilizar medidas de apremio para hacer cumplir sus mandatos, en cuanto a un requerimiento de informe realizado al Instituto Mexicano del Seguro Social; y por la otra, de esta autoridad administrativa reclamó la omisión en rendir el informe que le fue solicitado como prueba en el expediente laboral 2975/2017/L1/CA/IND, del mencionado tribunal obrero; y de las constancias que integran dicho expediente (foja 139), se obtiene que el aludido informe fue rendido por el instituto de seguridad social requerido, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado (omisión), pues independientemente de que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje haya o no utilizado medios de apremio para realizar el requerimiento relativo, el Instituto Mexicano del Seguro Social cesó la omisión en la que había permanecido y actuó conforme a la pretensión del aquí quejoso, es decir, remitió a la junta el informe que fue ofrecido como prueba por la parte demandada. Es decir, la omisión reclamada del Instituto Mexicano del Seguro Social ha sido destruida en forma total e incondicional como si se hubiera concedido la protección constitucional; ya que desde el momento en que presentó el informe requerido, cesó la omisión reclamada. Luego, resulta innecesario analizar la omisión de utilizar medios de apremio por parte de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, pues su finalidad era que tras una eventual concesión del amparo, se le obligara a utilizarlos para requerir el multicitado medio de convicción (informe) y con ello lograr que el Instituto Mexicano del Seguro Social cesara en su propia abstención de rendirlo. Por ende, se concluye que el juicio deviene improcedente en términos del artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo; y, conforme a lo dispuesto por la fracción V, del numeral 63 de la propia Ley, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. En mérito de lo anterior, resulta innecesario llevar a cabo la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta minutos del veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Expedientes.

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