Jose Cano Guerrero
Expediente 730/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 730/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Jose Cano Guerrero
Actuaciones
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio remitido por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, mediante el cual informa que aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por **********. En tal virtud, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.
- Principal
Vista la demanda constitucional presentada por **************, contra actos del Sistema de Administración Tributaria en Nuevo Laredo, Tamaulipas, así como agentes aduanales adscritos a esa dependencia gubernamental, por considerarlos violatorios de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 14 y 16 constitucionales. Fórmese expediente y regístrese con el número 730/2017. Con relación al libelo constitucional, se provee: Del ocurso de cuenta emerge que la parte agraviada reclama de los Agentes aduanales adscritos al Servicio de Administración Tributaria con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la desposesión, aseguramiento y embargo del vehículo de motor -con características descritas en el escrito de cuenta-, actos ejecutados el cinco de julio del actual año en el puente número uno de Nuevo Laredo, Tamaulipas; bien mueble respecto del cual aduce el agraviado detenta la propiedad. Ahora bien, con apoyo con lo dispuesto en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, se declara legalmente incompetente (por cuestión de territorio) para conocer de la demanda constitucional en trato; asimismo considera que debe remitirse al Juzgado de Distrito en turno en el Estado Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo. Lo anterior, en razón de que las cuestiones de competencia son de orden público, previo, especial y oficioso pronunciamiento, en virtud de que el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o de las partes. En apoyo se invoca la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 309 del tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, cuyo rubro y texto son: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso." Ciertamente, el artículo 37 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis del numeral transcrito se obtienen tres hipótesis, en relación con la competencia de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo, a saber: 1. El párrafo primero reproduce el principio genérico de que será competente para conocer del juicio el Juez de Distrito del lugar en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o haya ejecutado el acto reclamado. 2. La segunda hipótesis se refiere a que, cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces que ejerza jurisdicción en el lugar, a prevención. 3. La tercera hipótesis establece que, cuando el acto reclamado no exige ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. En la especie, se actualiza la primera de las hipótesis descritas, puesto que el impetrante de la tutela federal señaló como reclamo la desposesión, aseguramiento y embargo del vehículo de motor -descritO en el ocurso de demanda-, actos ejecutados el cinco de julio del actual año en el puente número uno de Nuevo Laredo, Tamaulipas. De lo anterior, resulta evidente que lo reclamado tiene una ejecución material y ésta consiste esencialmente en toda actuación tendente a la desposesión, aseguramiento y embargo del aludido mueble; actos que se ejecutaron por las autoridades señaladas como responsables en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde se ubicó el vehículo de motor al momento de su aseguramiento. Por otra parte, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, estatuye, en lo que ahora interesa: "XIX. DECIMONOVENO CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Abasolo, Antiguo Morelos, Bustamante, Casas, El Mante, Gómez Farías, Güemez, Hidalgo, Jaumave, Jiménez, Llera, Mainero, Miquihuana, Nuevo Morelos, Ocampo, Padilla, Palmillas, San Carlos, San Nicolás, Soto la Marina, Tula, Victoria, Villagrán y Xicoténcatl. Los juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el municipio de Nuevo Laredo." En mérito de ello, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo que se acuerda, es aquel que ejerza jurisdicción en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, pues es en donde tuvieron ejecución los actos reclamados; por tanto, de conformidad con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quienes ejercen jurisdicción en tal lugar, son los Jueces de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en la ciudad de Nuevo Laredo. En consecuencia, con apoyo con lo dispuesto en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este tribunal se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda constitucional presentada por José Cano Guerrero, contra actos del Sistema de Administración Tributaria en Nuevo Laredo, Tamaulipas, así como agentes aduanales adscritos a esa dependencia gubernamental; por tanto, se ordena remitir el original de la demanda de amparo y sus respectivas copias, al Juez de Distrito en el Estado de Tamaulipas, en turno, con residencia en Nuevo Laredo, previa formación del cuaderno de antecedentes que se deje en este Juzgado; hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y solicitar el acuse de recibo de estilo. Es orientadora la tesis I.1º. 44 A., emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1299, tomo XIV, agosto de dos mil uno del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO." Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Por otra parte, se le señalando como domicilio procesal la lista que se fije en los estrados de este Juzgado por así haberlo solicitado el promovente, y como autorizado en los términos restringidos a que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Luis Huizache Guerrero y Mónica Patricia Cano Guerrero, por no haber proporcionado mayores datos que justifiquen que la autorizada cuente con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, como su número de cédula profesional o de registro ante el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral. Finalmente, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal.
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