José Carlos Aguilar Acevedo

Expediente 351/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
351/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
23/06/2021

Partes del expediente

  • José Carlos Aguilar Acevedo

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que trascurrió el término para interponer recurso de queja en contra del auto de uno de junio de dos mil veintiuno en el que se desechó la demanda signada por ****; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita, se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21 del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el numeral en cita, toda vez que obran documentos originales que la parte quejosa allegó a su demanda de amparo, prevéngasele para dentro del plazo de noventa días, acuda a este juzgado a recogerlos; apercibida que de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente. Lo anterior, en el entendido de que, para su devolución, deberá agendar una cita conforme al sistema informático QR, consultable en la página del Consejo de la Judicatura Federal, la cual deberá ser de lunes a viernes entre las 13:00 y 18:00 horas.

  2. Principal

    A sus autos la constancia asentada por el actuario adscrito, de la que se desprende la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa el proveído de uno de los actuales; por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifíquese dicho acuerdo, el presente auto y los subsecuentes, aun los de carácter personal, por medio de lista. Notificación por lista la parte quejosa. Auto de uno de junio del dos mil veintiuno. Recepción y admisión de la demanda. Vista la demanda de cuenta formulada por ************ en contra de actos del juez Civil de Partido Especializado en Oralidad Familiar en Apaseo el Grande y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con el número 351/2021-III. Desechamiento. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que debe examinarse el escrito de demanda y, en caso de advertir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En ese sentido, el suscrito advierte que se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 fracciones XII y XXIII, esta última en relación con el 107, fracción VI de la Ley de amparo. Al respecto, a quejosa señala expresamente que como acto reclamado: Como antecedentes, al efecto, narra bajo protesta de decir verdad, en lo conducente: Finalmente, entre sus conceptos de violación expuso: "Es de explorado derecho y por regla general que el pago de un adeudo debe de hacerse en el domicilio del deudor, salvo que las partes convinieren otra cosa. En especie mi domicilio que el que suscribe quejoso rento desde el día 2 de enero del 2020 no es el domicilio de la demandada buscada en el juicio ****, como tampoco el quejoso soy parte en dicho juicio para haber convenido cosa alguna." Del análisis integral del texto copiado, se desprende que el acto de molestia se encuentra dirigido a una tercera persona; esto es, la premisa fundamental radica en que el acto del que se duele el promovente en esta instancia no va dirigido a él, sino a quien compareció y participó en el convenio que se pretende ejecutar como cosa juzgada. De tal modo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues para la procedencia del juicio de amparo no solo es necesario demostrar la existencia del acto reclamado, sino que además debe acreditarse que dicho acto afecte algún derecho tutelado por la ley, a favor del peticionario del amparo, esto es, que el acto de autoridad afecte su interés jurídico. En efecto, resulta indispensable que dicho interés se demuestre fehacientemente de conformidad con el artículo 107 fracción I de la Carta Magna, por ser un requisito sin el cual no es procedente la acción constitucional. Así lo prevé la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VI, Julio de 1997, página 401 de rubro: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. Ello, pues como se advierte de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, la parte demandada es una persona diversa al aquí quejoso, ya que a aquélla es a quien se dirigió el mandato, y por esa razón no lesionan los intereses jurídicos de la peticionaria de amparo. Apoya lo anterior por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en el apéndice de 1995, Séptima Época, tomo IV, parte TCC, página 336, que a la letra dice: "AUTO DE EXEQUENDUM. SI NO FUE DICTADO CONTRA EL QUEJOSO DEBE SOBRESEERSE EL AMPARO.- Aun cuando sea verdad que el auto de exequendum haya servido de antecedente para el embargo que el quejoso reclame ostentándose como tercero extraño al juicio, si también es cierto que ese auto no fue dictado en contra del peticionario del amparo, sino que ahí se ordenó embargar bienes de quien figuraba como demandado en el juicio del que emanan los actos combatidos, es indudable, por lo mismo, que el auto de referencia, por sí solo no lesiona los intereses jurídicos del quejoso y debe al respecto sobreseerse el amparo, por estarse en la hipótesis que contempla el artículo 73, fracción V, en relación con el 74, fracción III, ambos de la Ley Reglamentaria del Juicio Constitucional". Asimismo, resulta aplicable la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IX, abril de 1992, página 520, que a la letra reza: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR FALTA DE INTERES JURIDICO, CUANDO EL AUTO DE EXEQUENDO NO FUE DICTADO CONTRA EL QUEJOSO.- Aun cuando sea verdad que el auto de exequendum haya servido de antecedente para el embargo que el quejoso reclame, ostentándose como tercero extraño al juicio, si también es cierto que ese auto no fue dictado en contra del peticionario del amparo, sino que ahí se ordenó embargar bienes de quien figuraba como demandado en el juicio del que emanan los actos combatidos, es indudable, por lo mismo, que el auto de referencia, por sí solo no lesiona los intereses jurídicos del quejoso y debe al respecto sobreseerse en el amparo, por estarse en la hipótesis que contempla el artículo 73, fracción V, en relación con el 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo". No es óbice que, por regla general, el interés jurídico es una cuestión que debe ser dilucidada en sentencia, dado que éste puede probarse durante la tramitación del juicio; sin embargo, existen supuestos en los que es clara la inexistencia de la titularidad del derecho afectado, como en el caso, que se trata de un acto de autoridad dirigido a una persona que no es el peticionario, por lo que resulta manifiesta e indudable la actualización de la causal Sirve como orientación, por mayoría de razón, la jurisprudencia 2ª./J. 57/2017, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 43, tomo II, página 1078, junio de dos mil diecisiete, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." Es cierto que su queja versa en torno al eventual acto de molestia o privativo en el domicilio que aduce posee; empero esa circunstancia, tal como lo hizo valer en su narración, podrá demostrarla en alguna otra diligencia que eventualmente pudiera ocurrir (en el entendido de que, acorde con lo narrado, ya se verificó una diligencia previa en la que el fedatario verificó parte de los antecedentes aquí narrados) lo que torna al acto reclamado como futuro e incierto, en contra de los cuales es improcedente el juicio de amparo, ello, en razón de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el juicio de amparo procede contra actos no existentes aún, pero de cuya realización se tenga plena certeza, por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados. Lo antes expuesto se justifica porque la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie, por las razones expuestas. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1384, tomo XXXVI del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que es del rubro y tenor literal siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE. El juicio de amparo es improcedente contra actos futuros que sólo deben considerarse como probables." Asimismo, orienta la tesis V.2º.36 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, página 642, septiembre de mil novecientos noventa y seis, de rubro: "EMBARGO SOBRE BIENES AJENOS, PROBABLE EJECUCION DE. ES UN ACTO FUTURO E INCIERTO. AMPARO IMPROCEDENTE." Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia contempladas en las fracciones XII y XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción VI, de la ley de la materia, con fundamento en el arábigo 113 del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda. Pronunciamiento respecto de las documentales exhibidas. Luego, por lo que hace a las documentales que adjuntó el quejoso a su demanda de amparo, guárdense en sobre cerrado que se glose al sumario. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que indica. Ahora, dado que la parte quejosa no proporcionó dato alguno con el que se acredite que la persona que autoriza, tiene facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12, de la Ley de Amparo (el número de registro de la cédula profesional en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); se le tiene como autorizada únicamente en términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto se salve dicha situación. Habilitación de días y horas para realizar notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

  3. Principal

    Recepción y admisión de la demanda. Vista la demanda de cuenta formulada por ************ en contra de actos del juez Civil de Partido Especializado en Oralidad Familiar en Apaseo el Grande y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con el número 351/2021-III. Desechamiento. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que debe examinarse el escrito de demanda y, en caso de advertir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En ese sentido, el suscrito advierte que se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 fracciones XII y XXIII, esta última en relación con el 107, fracción VI de la Ley de amparo. Al respecto, a quejosa señala expresamente que como acto reclamado: Como antecedentes, al efecto, narra bajo protesta de decir verdad, en lo conducente: Finalmente, entre sus conceptos de violación expuso: "Es de explorado derecho y por regla general que el pago de un adeudo debe de hacerse en el domicilio del deudor, salvo que las partes convinieren otra cosa. En especie mi domicilio que el que suscribe quejoso rento desde el día 2 de enero del 2020 no es el domicilio de la demandada buscada en el juicio ****, como tampoco el quejoso soy parte en dicho juicio para haber convenido cosa alguna." Del análisis integral del texto copiado, se desprende que el acto de molestia se encuentra dirigido a una tercera persona; esto es, la premisa fundamental radica en que el acto del que se duele el promovente en esta instancia no va dirigido a él, sino a quien compareció y participó en el convenio que se pretende ejecutar como cosa juzgada. De tal modo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues para la procedencia del juicio de amparo no solo es necesario demostrar la existencia del acto reclamado, sino que además debe acreditarse que dicho acto afecte algún derecho tutelado por la ley, a favor del peticionario del amparo, esto es, que el acto de autoridad afecte su interés jurídico. En efecto, resulta indispensable que dicho interés se demuestre fehacientemente de conformidad con el artículo 107 fracción I de la Carta Magna, por ser un requisito sin el cual no es procedente la acción constitucional. Así lo prevé la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VI, Julio de 1997, página 401 de rubro: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. Ello, pues como se advierte de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, la parte demandada es una persona diversa al aquí quejoso, ya que a aquélla es a quien se dirigió el mandato, y por esa razón no lesionan los intereses jurídicos de la peticionaria de amparo. Apoya lo anterior por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia emitida por el Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en el apéndice de 1995, Séptima Época, tomo IV, parte TCC, página 336, que a la letra dice: "AUTO DE EXEQUENDUM. SI NO FUE DICTADO CONTRA EL QUEJOSO DEBE SOBRESEERSE EL AMPARO.- Aun cuando sea verdad que el auto de exequendum haya servido de antecedente para el embargo que el quejoso reclame ostentándose como tercero extraño al juicio, si también es cierto que ese auto no fue dictado en contra del peticionario del amparo, sino que ahí se ordenó embargar bienes de quien figuraba como demandado en el juicio del que emanan los actos combatidos, es indudable, por lo mismo, que el auto de referencia, por sí solo no lesiona los intereses jurídicos del quejoso y debe al respecto sobreseerse el amparo, por estarse en la hipótesis que contempla el artículo 73, fracción V, en relación con el 74, fracción III, ambos de la Ley Reglamentaria del Juicio Constitucional". Asimismo, resulta aplicable la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IX, abril de 1992, página 520, que a la letra reza: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR FALTA DE INTERES JURIDICO, CUANDO EL AUTO DE EXEQUENDO NO FUE DICTADO CONTRA EL QUEJOSO.- Aun cuando sea verdad que el auto de exequendum haya servido de antecedente para el embargo que el quejoso reclame, ostentándose como tercero extraño al juicio, si también es cierto que ese auto no fue dictado en contra del peticionario del amparo, sino que ahí se ordenó embargar bienes de quien figuraba como demandado en el juicio del que emanan los actos combatidos, es indudable, por lo mismo, que el auto de referencia, por sí solo no lesiona los intereses jurídicos del quejoso y debe al respecto sobreseerse en el amparo, por estarse en la hipótesis que contempla el artículo 73, fracción V, en relación con el 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo". No es óbice que, por regla general, el interés jurídico es una cuestión que debe ser dilucidada en sentencia, dado que éste puede probarse durante la tramitación del juicio; sin embargo, existen supuestos en los que es clara la inexistencia de la titularidad del derecho afectado, como en el caso, que se trata de un acto de autoridad dirigido a una persona que no es el peticionario, por lo que resulta manifiesta e indudable la actualización de la causal Sirve como orientación, por mayoría de razón, la jurisprudencia 2ª./J. 57/2017, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 43, tomo II, página 1078, junio de dos mil diecisiete, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable." Es cierto que su queja versa en torno al eventual acto de molestia o privativo en el domicilio que aduce posee; empero esa circunstancia, tal como lo hizo valer en su narración, podrá demostrarla en alguna otra diligencia que eventualmente pudiera ocurrir (en el entendido de que, acorde con lo narrado, ya se verificó una diligencia previa en la que el fedatario verificó parte de los antecedentes aquí narrados) lo que torna al acto reclamado como futuro e incierto, en contra de los cuales es improcedente el juicio de amparo, ello, en razón de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el juicio de amparo procede contra actos no existentes aún, pero de cuya realización se tenga plena certeza, por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados. Lo antes expuesto se justifica porque la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce de su derecho fundamental violado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie, por las razones expuestas. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta e inminente. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1384, tomo XXXVI del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que es del rubro y tenor literal siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE. El juicio de amparo es improcedente contra actos futuros que sólo deben considerarse como probables." Asimismo, orienta la tesis V.2º.36 C, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, página 642, septiembre de mil novecientos noventa y seis, de rubro: "EMBARGO SOBRE BIENES AJENOS, PROBABLE EJECUCION DE. ES UN ACTO FUTURO E INCIERTO. AMPARO IMPROCEDENTE." Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia contempladas en las fracciones XII y XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción VI, de la ley de la materia, con fundamento en el arábigo 113 del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda. Pronunciamiento respecto de las documentales exhibidas. Luego, por lo que hace a las documentales que adjuntó el quejoso a su demanda de amparo, guárdense en sobre cerrado que se glose al sumario. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para recibir notificaciones el que indica. Ahora, dado que la parte quejosa no proporcionó dato alguno con el que se acredite que la persona que autoriza, tiene facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el artículo 12, de la Ley de Amparo (el número de registro de la cédula profesional en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); se le tiene como autorizada únicamente en términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto se salve dicha situación. Habilitación de días y horas para realizar notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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