José Carlos Bolaños Juárez

Expediente 538/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 19 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
538/2020
Año
2020
Actuaciones
19
Última actuación
02/02/2022

Partes del expediente

  • José Carlos Bolaños Juárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio firmado por el secretario de acuerdos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 53 de esta ciudad, a través del cual acusa recibo del propio 15277/2021, con el que le fueron devueltos dos tomos de pruebas que adjuntó a su informe con justificación.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, se deprende que mediante proveído de uno de julio del año en curso, se ordenó el archivo definitivo del presente asunto (al declararse firme la negativa del amparo emitida). Atento a ello, y al resultar innecesaria la retención de las constancias que la autoridad responsable magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 53 de esta ciudad remitió como sustento a su informe justificado, devuélvanse a su lugar de origen.

  3. Principal

    Visto el estado de autos y en atención a que transcurrió el término legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la sentencia dictada en el presente asunto, en la cual se negó el amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2do, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. Asimismo, en atención al sentido de la sentencia resulta innecesario hacer el cómputo para el resto de las partes, toda vez que en la misma se negó el amparo; por tanto, dicha resolución no les causa perjuicio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Archivo y valoración del expediente Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso a) y 21, inciso c) de la disposición administrativa en cita, el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN, una vez que transcurran tres años, -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que en el expediente principal se dictó sentencia en la que se negó el amparo, de lo que deberá conservarse la sentencia; mientras que en el incidente de suspensión es susceptible de DESTRUCCIÓN en un plazo de tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, ya que se negó a la parte quejosa la medida cautelar provisional y definitiva. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), de la normatividad en consulta, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado.

  4. Principal

    SENTENCIA DEFINITIVA Celaya, Guanajuato, a ocho de junio de dos mil veintiuno. Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 538/2020, promovido por ***, por propio derecho, en contra de actos del magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito 53, con sede en esta ciudad y actuario de su adscripción; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el quince de octubre de dos mil veinte fojas 1 a 9 del juicio de amparo, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, turnada a este juzgado el mismo día, ***, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de actos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 53, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, que hizo consistir en: "IV. ACTOS RECLAMADOS: Lo constituye el proveído de fecha 23 veintitrés de septiembre de 2020 dos mil veinte, así como el acta circunstanciada de fecha 18 dieciocho de septiembre de 2020 dos mil veinte; ambos dictados dentro del juicio ordinario agrario, identificado con el expediente número ***, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 53, con sede en esta ciudad de Celaya, Guanajuato [.] Por consiguiente, se impugna la determinación antes señalada para efecto de que se restituya la posesión de la parcela identificada con el número ***, la cual cuenta con una superficie de 7-84-39.21 hectáreas, ubicada en el núcleo denominado Roque II, de este municipio de Celaya, Guanajuato, al quejoso o en su defecto, que únicamente se me conceda sacar la cosecha de este ciclo agrícola, consistente en el sembradío de sorgo del cual el quejoso realizó todos los gastos de semilla, ferticidas, órdenes de riego, insumos y mucho trabajo; lo anterior, toda vez que de no concederme sacar la siembra de este ciclo agrícola me causarían daños de imposible reparación, pues es de las cosechas de donde obtengo los recursos económicos para vivir con mi familia (hijos y sus familias), pues de toda la vida nos hemos dedicado a la siembra y trabajo de esa parcela y no es justo que me dejen en estado de indefensión ante este acto ilegal e arbitrario, además de que no se cumplió con lo dispuesto por la Ley Agraria, y se actuó con notorio favoritismo a una de las partes (actora). Actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 5 y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de dieciséis de octubre de dos mil veinte, esta potestad registró la demanda con el número 538/2020-I, y requirió al promovente para que narrara cronológicamente y pormenorizadamente los antecedentes de los actos reclamados, así como la fecha en que le fueron notificadas las determinaciones reclamadas. Cumplido que fue el requerimiento, por auto de veintiocho de octubre de dos mil veinte (fojas 39 a 41 del juicio de amparo), se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación, quien no formuló pedimento; se ordenó el emplazamiento del tercero interesado, quien se apersonó al juicio. Finalmente, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró -previo diferimiento-, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; el Acuerdo General 3/20131 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; pues uno de los actos reclamados tuvo ejecución en esta ciudad; lugar donde ejerce jurisdicción este juzgado federal ante quien se presentó la demanda. SEGUNDO. Fijación de la litis. De acuerdo al análisis integral de la demanda, así como de las constancias de este juicio, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación2, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", se tiene como acto reclamado: ? El auto de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, emitido dentro del juicio agrario *** del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 53, con sede en esta ciudad, por el cual se tuvo por ejecutada en sus términos la sentencia definitiva y se ordenó el archivo del expediente. ? El acta de entrega de posesión de la parcela materia del juicio de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, ocurrida en el referido juicio agrario. Las autoridades señaladas como responsables son: 1 Relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. 2 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de abril de dos mil cuatro, tomo XIX, página 255. 1. Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 53, con sede en Celaya, Guanajuato. 2. Actuario del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 53, con sede en Celaya, Guanajuato. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El magistrado y actuario del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 53, con sede en esta ciudad fojas 48 y 49, al rendir su respectivo informe justificado, aceptaron la existencia de los actos reclamados; en consecuencia, deben tenerse por ciertos tales actos, pues las manifestaciones de las autoridades responsables constituyen una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Cobra aplicación en el caso, la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Además, la certeza de los actos debatidos se robustece con las constancias que el magistrado responsable exhibió a este sumario, las que conforma el expediente agrario número *** de su índice; documental con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° de este último ordenamiento, al haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones y tratarse de constancias relativas a un procedimiento en materia agraria tramitado por y ante autoridad jurisdiccional. CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Los antecedentes más destacados de los actos reclamados, cuyos datos se obtienen de las constancias que obran en autos, son los siguientes: 1. Por escrito presentado ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, *** promovió juicio en contra del delegado del Registro Agrario Nacional y de ***, en los términos siguientes fojas 1 a 9 tomo I de pruebas: "PRESTACIONES: I. Del Delegado del Registro Agrario Nacional, reclamo la Nulidad de la Expedición del Certificado Parcelario No. ***, expedido a favor del C. ***, en fecha 27 de febrero del año 2014. II. De ese H. Tribunal Unitario Agrario, solicito se me reconozca como nuevo titular ejidatario en sustitución de mi finado Padre el C. ***. III. Del C. *** reclamo la nulidad del Certificado Parcelario No. ***, que le fue expedido por la Delegación del Registro Agrario Nacional en fecha 27 de febrero del 2014. IV. Del C. J***, reclamo la Entrega Física y Material de la Parcela identificada como No. *** Celaya, Gto., con una superficie de *** 2. El veintinueve de junio de dos mil quince, el tribunal unitario agrario (en ese entonces con sede en Guanajuato capital), admitió a trámite la demanda de que se trata, la registró con el número de expediente *** y con copia simple de ella y sus anexos ordenó correr traslado a los demandados para que formularan su contestación; en el propio acto señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia de ley (fojas 19 a 20 tomo I de pruebas). 3. En la audiencia de uno de junio de dos mil dieciséis, el actor ratificó su escrito inicial de demanda; el demandado ***, produjo su contestación, mediante ocurso exhibido en ese acto procesal; asimismo, dedujo acción reconvencional, en los términos siguientes folios 36 a 50 tomo I de pruebas: 1. La acción de nulidad de la supuesta lista de sucesión del 30 de agosto del año 2013 en relación con el certificado parcelario número *** respecto a la parcela materia del juicio en la que aparece como heredero la contraparte levantada ante la fe del notario público 1 de Comonfort, Guanajuato. 2. La acción de nulidad de la supuesta ratificación en contenido y firma realizada al parecer por mi padre ante notario público el día 2 de septiembre de 2013 respecto a la ineficaz lista de sucesión antes señalada. 3.- La cancelación en su protocolo de ratificaciones del licenciado *** titular de la Notaría Pública número ***, del Partido Judicial de Comonfort, Guanajuato, respecto a la supuesta ratificación del documento referida en el punto inmediato anterior. 4.- De forma subsidiaria, se ejerce la acción de prescripción adquisitiva en lo atinente a la parcela en disputa identificada con el número ***, Guanajuato, con una superficie de *** hectáreas. Asimismo, se pide que se llame a juicio en su calidad de tercero interesado, al licenciado *** en su calidad de titular de la Notaría Pública número ***, del Partido Judicial de Comonfort, Guanajuato, con domicilio en ***, a consecuencia de las prestaciones de la 1 a la 3. 4. La magistrada ordenó dar vista a la parte actora en el principal con la reconvención, quien produjo su contestación en la continuación de la audiencia realizada el treinta de agosto de dos mil dieciséis fojas 55 a 58 del tomo I de pruebas, mediante escrito que quedó glosado a fojas 59 a 65, ídem. 5. Seguida la secuela del juicio de mérito, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11 pronunció sentencia el diecisiete de abril de dos mil dieciocho, en la que determinó fojas 591 a 612 tomo I de pruebas: PRIMERO.- Resultaron improcedentes las pretensiones opuestas en vía reconvencional por ***, de conformidad con los argumentos vertidos en la parte considerativa de la presente resolución; en consecuencia, se absuelve a *** y a *** Notario Público número *** del Partido Judicial de Comonfort, Guanajuato, de las prestaciones reclamadas por su contrario. SEGUNDO.- Han resultado procedentes las prestaciones deducidas en vía principal por ***, en términos de lo expuesto en la parte considerativa de la presente sentencia; por ende se declara la nulidad del certificado parcelario número ***, expedido por el Registro Agrario Nacional en favor de *** y se reconoce como nuevo titular en calidad de ejidatario a *** en sustitución de su finado padre ***. TERCERO.- En virtud de lo anterior, gírese oficio al Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado, para que inscriba el presente fallo, realice las anotaciones e inscripciones correspondientes, cancele el certificado parcelario número ***, expedido a nombre de *** y de conformidad con la lista de sucesión de fecha treinta de agosto de dos mil trece, ratificada ante Notario Público el dos de septiembre de dos mil trece, expida el correspondiente a favor de *** que le ampare los derechos de la parcela identificada con el número *** con una superficie de *** hectáreas, ubicada en *** Celaya, Guanajuato, en la calidad de ejidatario. CUARTO.- Se condena a *** a la entrega física y material de la parcela identificada con el número *** con una superficie de *** hectáreas, ubicada en el núcleo ejidal denominado ***, Guanajuato, a favor de ***, concediéndole para tal efecto un término de quince días, contados a partir de que surta efectos la notificación de la presente sentencia, apercibido que de no hacerlo se hará uso de los medios de apremio, de conformidad con el artículo 191 de la Ley Agraria y 59 del Código Federal de Procedimientos Civiles. QUINTO.- Con copia certificada de la presente resolución notifíquese personalmente a las partes en el domicilio procesal que hayan señalado en autos; anótese en el libro de gobierno que se lleva en este Tribunal, ejecútese y en su oportunidad archívese el expediente en que se actúa como asunto total y definitivamente concluido. CÚMPLASE." 6. Inconforme con la anterior resolución, ***, parte demandada en el juicio agrario, promovió el juicio de amparo directo 490/2018 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito; por su parte, ***, actor principal en el controvertido subyacente, figuró como quejoso adhesivo en el mencionado juicio de amparo, donde se resolvió mediante ejecutoria de once de octubre de dos mil dieciocho fojas 681 a 697 tomo II de pruebas: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***, quejoso en lo principal, en contra del acto que reclamó de la magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, que hizo consistir en la sentencia de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, dictada en el juicio agrario ***. SEGUNDO. Se declara sin materia la demanda de amparo adhesivo promovida por ***, en contra del acto que reclamó de la magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, que hizo consistir en la sentencia de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, dictada en el juicio agrario ***. Notifíquese .... 7. Por auto de treinta de octubre de dos mil dieciocho, el magistrado responsable tuvo por recibido el expediente *** del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11 en Guanajuato, Guanajuato, ello en cumplimiento a lo determinado en el acuerdo del Tribunal Superior Agrario por el que se reubicó al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 53, en Celaya, Guanajuato, como nueva sede, y modificó la competencia de los tribunales de la materia en comento, ubicados en Guanajuato capital y en Querétaro, Querétaro; por tanto, el magistrado responsable ordenó la radicación del juicio subyacente registrado ahora con número ***, y ordenó la ejecución de sentencia (ojas 698 a 700 tomo II de pruebas. 8. Posteriormente, José Carlos Bolaños Ortega, en su calidad de tercero ajeno a juicio auténtico, promovió juicio de amparo indirecto fojas 712 a 723 y 748 a 752 ídem, en el que reclamó: . la totalidad de las actuaciones verificadas dentro del juicio ordinario agrario, identificado con el expediente número ***, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 53, con sede en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, promovido por el señor Gustavo Bolaños Juárez sobre acción de nulidad de lista de sucesión y otras prestaciones en contra del señor ***, cuyo asunto tuvo como antecedente el expediente número ***, radicado ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 11, de la ciudad de Guanajuato, Guanajuato, comprendiéndose la sentencia emitida por el tribunal agrario señalado en último término, así como el procedimiento de ejecución de dicho fallo en torno consistente en la orden de desalojo de la parcela identificada con el número *** del Ejido de Roque *** La demanda tocó conocer a este juzgado de distrito, la cual se radicó bajo el expediente ***, y culminó con la sentencia de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, donde en su resolutivo único se sobresee en el juicio de amparo fojas 788 a 796 ídem. Determinación que fue confirmada dentro del amparo en revisión administrativo ***, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito foja 816 ídem. 9. Por escrito signado por el tercero interesado Gustavo Bolaños Juárez, solicitó la ejecución de sentencia y se ordenó la entrega de la posesión de la parcela *** del municipio de Celaya, Guanajuato, con una superficie de *** hectáreas; el que fue acordado de conformidad el nueve de septiembre de dos mil diecinueve fojas 822 ídem. 10. Mediante escrito presentado el dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, comparecieron *** y *** , en su carácter de Presidente y Tesorero del Comisariado del *** del municipio de Celaya, Guanajuato, a promover incidente de oposición a la ejecución de la sentencia agraria, donde defienden la parcela *** del ejido denominado *** de Celaya, Guanajuato, como propiedad originaria del ejido que representan fojas 823 a 828 ídem. 11. Por acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, el tribunal agrario determinó que no ha lugar a admitir el incidente de oposición a la ejecución de la sentencia pronunciada en ese juicio fojas 842 ídem. 12. Inconformes con la anterior determinación, *** y ***, promovieron el juicio de amparo indirecto *** del que tocó conocer a este juzgado de distrito, y culminó con la sentencia de diecisiete de enero de dos mil veinte, donde en su resolutivo único se negó el amparo fojas 920 a 924 ídem. Determinación que fue confirmada dentro del amparo en revisión administrativo ***, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito foja 947 ídem. 13. Por escrito signado por el tercero interesado Gustavo Bolaños Juárez, solicitó la ejecución de sentencia (oja 953 del tomo II de pruebas; y por auto de ocho de septiembre de dos mil veinte se ordenó la entrega de la posesión de la *** del ejido denominado Roque II, del municipio de Celaya, Guanajuato, con una superficie de 7*** hectáreas al citado tercero con todo lo sembrado, para lo cual se giró oficio al director de la Policía Municipal de esta ciudad, para que auxiliara al actuario en la diligencia respectiva, para lo cual se fijó el dieciocho de septiembre del año en curso, para su verificativo (oja 954 ídem. 14. El dieciocho de septiembre de dos mil veinte, tuvo verificativo la diligencia de ejecución de sentencia, en la que se entregó la posesión de la parcela *** del ejido denominado Roque II, del municipio de Celaya, Guanajuato, con una superficie de *** hectáreas a la parte actora en el juicio de origen *** fojas 961 a 966 del tomo II. 15. Por auto de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Tribunal Unitario Agrario responsable acordó, en lo conducente lo siguiente foja 967, ídem: VISTA la cuenta que antecede, para promover respecto del acta circunstanciada de ejecución de sentencia presentada por el licenciado ***, actuario adscrito a este Tribunal Unitario Agrario del Distrito 53, de la que se desprende que la sentencia de fecha diecisiete de abril de dos mil dieciocho fue ejecutada en todos sus términos. Derivado de lo anterior, este Tribunal ACUERDA: PRIMERO. Téngase recibida el acta circunstanciada de cuenta, mándese al engrosamiento de los autos del expediente que nos ocupa, para que surta sus efectos legales procedentes. SEGUNDO. Se tiene ejecutada en sus términos la sentencia de fecha diecisiete de abril de dos mil dieciocho, de conformidad con el artículo 191 de la Ley Agraria. TERCERO. En consecuencia, dado que no quedan actuaciones pendientes por realizar, háganse las anotaciones de estilo en el libro de Gobierno y ARCHÍVESE EL EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTAL Y DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO; así mismo, al haber concluido las actuaciones judiciales, quedan a disposición de los interesados los documentos que se hubieran exhibido durante la substanciación del procedimiento, previa copia certificada que de ellos se deje en autos y la toma de razón correspondiente; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley Agraria. LÍSTESE Y CÚMPLASE . La determinación anterior y el acta de entrega de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, constituyen los actos reclamados. QUINTO. Causal de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, procede examinar la causa de improcedencia que plantea el tercero interesado, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 1583, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y texto: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." El tercero interesado Gustavo Bolaños Juárez fojas 73 a 75 señaló de manera dogmática que si en el presente juicio de amparo se pretende impugnar el proveído de dieciocho de septiembre de dos mil veinte por el que se declaró cumplida la sentencia y se ordenó archivar el expediente como asunto totalmente concluido, el presente amparo es improcedente, porque ese auto es solo una consecuencia de lo resuelto en el juicio de amparo directo administrativo ***; sin embargo, omitió señalar con exactitud cuál causal de improcedencia pretende invocar, además de que el suscrito juzgador no advierte la existencia de alguna causa de improcedencia, por lo que no puede avocarse al estudio de las diversas causales que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 2a/.J. 137/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 365, del tomo XXIV, octubre de 2006, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL 3 Quinta Época, del Apéndice de 1985, Parte VIII, página 262. ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. SEXTO. Análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados. Los conceptos de violación son infundados. En el único conceptos de violación se refiere, en esencia, que los actos reclamados son violatorios de los derechos fundamentales del quejoso contenidos en los artículos 1, 5, 14 de la norma fundamental, 8, apartado 1, 17, apartado 1, 21, aparatados 1 y 2, 24 y 25, apartado 1, de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y 191 de la Ley Agraria, que prevén que para emitir un acto de privación en contra del gobernado, tratándose de propiedades y posesiones, es menester que se le otorgue previamente la oportunidad de defenderse, lo cual implica el acceso a la tutela judicial y que se le brinde las debidas garantías en torno a las formalidades esenciales del procedimiento, tales como el derecho de alegar, probar e impugnar. Que en la especie la garantía de audiencia y debido proceso no fueron respetadas por las autoridades responsables, pues el quejoso es afectado con la determinación de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, al favorecer a la parte contraria, pues no se llevó a cabo el debido proceso de ejecución como lo dispone el ordinal 191 de la Ley Agraria, dado que nunca se concedió al quejoso audiencia para que propusiera alguna fianza para que garantizara la entrega de la parcela, únicamente se le concedió un término de quince días para la entrega física de la misma. Finalizó que no se señaló una indemnización justa como lo dispone el ordinal 21 apartado 2 de la Convención Americana sobre Derecho Humanos, por todos los gastos, esfuerzos y trabajo realizados para sacar adelante la cosecha. Los conceptos de violación son infundados. En primer lugar, porque de los antecedentes destacados, así como del análisis oficioso del juicio de origen se advierte que sí se salvaguardó en favor del quejoso José Carlos Bolaños Juárez, las garantías de audiencia, defensa y legalidad reconocidas por los artículos 14 y 16 constitucionales, pues fue emplazado a juicio, incluso dio contestación a la demanda y propuso la reconvención, por lo que estuvo en aptitud de emprender la defensa de sus intereses lo cual así hizo. Además, se estima, que en términos del artículo 191 de la Ley Agraria4, los tribunales agrarios están obligados a proveer a la eficaz e inmediata ejecución de sus sentencias y a ese efecto podrán dictar todas las medidas necesarias, incluidas las de apremio, en la forma y términos que, a su juicio, fueren procedentes. 4 Artículo 191.- Los tribunales agrarios están obligados a proveer a la eficaz e inmediata ejecución de sus sentencias y a ese efecto podrán dictar todas las medidas necesarias, incluidas las de apremio, en la forma y términos que, a su juicio, fueren procedentes, sin contravenir las reglas siguientes: I. Si al pronunciarse la sentencia estuvieren presentes ambas partes, el tribunal las interrogará acerca de la forma que cada una proponga para la ejecución y procurará que lleguen a un avenimiento a ese respecto; y II. El vencido en juicio podrá proponer fianza de persona arraigada en el lugar o de institución autorizada para garantizar la obligación que se le impone, y el tribunal, con audiencia de la parte que obtuvo, calificará la fianza o garantía según su arbitrio y si la aceptare podrá conceder un término hasta de quince días para el cumplimiento y aún mayor tiempo si el que obtuvo estuviera conforme con ella. Si transcurrido el plazo no hubiere cumplido, se hará efectiva la fianza o garantía correspondiente. Si existiera alguna imposibilidad material o jurídica para ejecutar una sentencia relativa a tierras de un núcleo de población, la parte que obtuvo sentencia favorable podrá aceptar la superficie efectivamente deslindada, en cuyo caso la sentencia se tendrá por ejecutada, dejándose constancia de tal circunstancia en el acta que levante el actuario. En caso de inconformidad con la ejecución de la parte que obtuvo sentencia favorable, se presentarán al actuario los alegatos correspondientes, los que asentará junto con las razones que impidan la ejecución, en el acta circunstanciada que levante. Dentro de los quince días siguientes al levantamiento del acta de ejecución, el tribunal del conocimiento dictará resolución definitiva sobre la ejecución de la sentencia y aprobará el plano definitivo." En ese contexto, se concluye que el precepto indicado sustenta la imperiosa necesidad jurídica de que la sentencia agraria sea plenamente cumplida, y que el tribunal agrario que la emitió esté constreñido a vigilar, de oficio, que las partes la acaten, a proveer su eficaz e inmediata ejecución, a fijar sus alcances, a determinar quiénes están vinculados con su acatamiento, y en su momento, a emitir la resolución fundada y motivada que la declare cumplida. Lo que en el caso sucedió, pues desde el diecisiete de abril de dos mil dieciocho, se emitió la sentencia definitiva en la que se condenó al aquí quejoso, entre otras cosas, a la entrega física y material de la parcela identificada con el número *** con una superficie de *** ubicada en el núcleo ejidal denominado ***, a favor de ***, concediéndole para tal efecto un término de quince días. Resolución que quedó firme, con la negativa del amparo directo *** del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, promovido por el aquí quejoso; de ahí que el término de quince días otorgado a la parte demandada, aquí quejoso, para que diera cumplimiento a la sentencia, transcurrió en demasía, por lo que se estima legal que el Tribunal Agrario ordenara la entrega de la posesión de la parcela *** del ejido denominado ***, Guanajuato, con una superficie de *** hectáreas a la parte actora; lo cual se materializó mediante diligencia de dieciocho del citado mes y año; siendo que por auto de veintitrés de septiembre del presente año, declaró cumplida la sentencia, decretando el archivo del expediente agrario. De ahí que, se insiste, se estime apegado a Derecho, que el Tribunal Agrario haya ordenado ejecutar la sentencia, pues el objetivo de esta (la cual está firme), es que se cumpla en su totalidad, aun en contra de la oposición de la parte perdedora; y debe actuar con mayor energía la autoridad, cuando la parte demandada incurre en rebeldía al resistirse a dar cumplimiento a una sentencia. Sin que proceda, en términos del artículo 191 de la Ley Agraria, conceder audiencia a la parte perdedora para que propusiera alguna fianza para garantizar la entrega de la parcela, como lo pretende el peticionario de amparo, pues tal derecho debe interpretarse si ambas partes estuvieren presentes al pronunciarse la sentencia, para que el tribunal, con audiencia de la parte que obtiene sentencia favorable, califique la fianza o garantía según su arbitrio, lo que no ocurrió en el juicio de origen, pues no estuvieron presentes las partes en la emisión de la sentencia; de ahí que no procede conceder término a la parte demandada para que ofreciera fianza para cumplir con la sentencia. En efecto, del análisis del artículo 191, fracciones I y II, de la Ley Agraria, se obtiene que las medidas necesarias que tienen obligación de dictar los tribunales agrarios son aquellas relacionadas con la eficaz e inmediata ejecución de las sentencias que pronuncian, entre las que no puede comprenderse la citación a las partes para que comparezcan ante dichos tribunales y las mismas lleguen a una composición amigable respecto a dicha ejecución; de ser así, se contravendría el principio de inmediatez en que está inspirado el citado precepto. Lo que conduce a determinar que la procuración del avenimiento, a que se refiere tal dispositivo, es obligatoria para los tribunales agrarios, siempre y cuando, antes de pronunciarse la sentencia, exista petición de alguna o ambas partes de estar presentes en la fecha en que se pronuncie. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la tesis XI.2o.19 A, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoprimer Circuito, consultable a página 1213, tomo XV, mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 191 DE LA LEY AGRARIA. CUANDO LAS PARTES DESEEN ESTAR PRESENTES EN EL MOMENTO DE DICTAR SENTENCIA, DEBEN HACERLO DEL CONOCIMIENTO DEL TRIBUNAL AGRARIO, PARA QUE SE CUMPLAN LAS HIPÓTESIS PREVISTAS EN EL MENCIONADO NUMERAL. Del análisis del artículo 191, fracción I, de la Ley Agraria, se obtiene que las medidas necesarias que tienen obligación de dictar los tribunales agrarios son aquellas relacionadas con la eficaz e inmediata ejecución de las sentencias que pronuncian, entre las que no puede comprenderse la citación a las partes para que comparezcan ante dichos tribunales y las mismas lleguen a una composición amigable respecto a dicha ejecución; de ser así, se contravendría el principio de inmediatez en que está inspirado el citado precepto, encontrando sustento en la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues de lo contrario la eficaz e inmediata ejecución de las sentencias estaría precedida del dictado de un proveído para hacer comparecer a las partes, a efecto de dictar el fallo y avenirlas, lo que implicaría imponer a los tribunales de la materia una obligación diversa a la establecida en la ley; lo que de ninguna manera impide a las partes, antes del dictado de la sentencia, hacer del conocimiento del tribunal su deseo de estar presentes en la fecha en que vaya a dictarse la sentencia, a fin de que puedan convenir en la forma de su ejecución y así el tribunal poder interrogarlas acerca de la forma en que cada una proponga, procurando el avenimiento al respecto; lo que conduce a determinar que la procuración del avenimiento es obligatoria para los tribunales agrarios, siempre y cuando, antes de pronunciarse la sentencia, exista petición de alguna o ambas partes de estar presentes en la fecha en que se pronuncie. De ahí que si, en el juicio de origen, transcurrió en demasía el término que le fue otorgado al aquí quejoso, para que hiciera entrega de la parcela, tal como fue condenada en la sentencia definitiva, es correcto que la autoridad responsable ordenara de inmediato su ejecución, lo cual se materializó en diligencia de dieciocho de septiembre de dos mil veinte. Sin que en el presente amparo proceda emitir pronunciamiento a la indemnización que solicita la parte quejosa; dado que tal petición no fue parte del periodo de ejecución de sentencia. En tal sentido, se estima, que las determinaciones reclamadas no son violatorias de los derechos fundamentales del quejoso. En consecuencia, al resultar infundados los motivos de disentimiento, lo procedente es negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La justicia federal no ampara ni protege a ***, en contra de los actos de las autoridades que se precisaron en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia.

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