Jose Antonio Ruiz Sanchez
Expediente 109/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 109/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 16/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Antonio Ruiz Sanchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran contra el acuerdo dictado el quince de mayo de dos mil veintitrés, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del diecinueve de mayo al quince de los corrientes, sin que lo hayan hecho. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), en vigor a partir del día siguiente hábil (ocho de junio de dos mil veintitrés) se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo, no es de relevancia documental, y es conservable y susceptible de ser transferido cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, a los depósitos documentales dependientes del área coordinadora de archivos de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, ello, en términos del artículo 17, fracción III, inciso a), en relación con el artículo 9, del capítulo segundo del acuerdo general señalado. En cuanto al cuaderno original único del incidente de suspensión, en virtud que se concedió la medida cautelar definitiva, se decreta que es conservable y susceptible de ser transferido, cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, a los depósitos documentales dependientes del área coordinadora de archivos de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, ello, en términos del artículo 17, fracción III, inciso b), en relación con el artículo 9, del capítulo segundo del acuerdo general señalado. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable como justificación a su informe, se ordena devolver al Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, copia certificada de la causa penal 297/2013-7 de su índice (anexo I); sin que sea necesario requerir el acuse de recibo respectivo, toda vez que la autoridad en mención se encuentra dentro del lugar de residencia de este juzgado Federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar el oficio respectivo, para que se cerciore que en el acuse de recibo de dicha misiva, se haga constar la entrega del documento descrito. En diverso aspecto, en virtud de que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, se deja a disposición de la parte quejosa en la Secretaría de este juzgado, el billete de depósito N 951456 expedido por el Banco del Bienestar, por la cantidad de $ 23,000.00 (veintitrés mil pesos, cero centavos, moneda nacional), que exhibió para que surtiera efectos la medida cautelar definitiva concedida en autos, el cual se ordena devolverle previa toma de razón de recibo que se deje en autos. En el entendido que, por estrictas razones de seguridad y control, la devolución ordenada sólo se hará los días martes y jueves de cada semana, de doce treinta a trece treinta horas, por así permitirlo las labores de este órgano jurisdiccional, debiéndose acompañar identificación oficial y vigente, y copia simple de la misma, para los efectos legales correspondientes. Con el apercibimiento que, de no comparecer a recoger la mencionada garantía en el plazo de dos años, computado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, ésta prescribirá a favor del Erario Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación. Por otra parte, intégrese a los autos el escrito signado electrónicamente por Álvaro Segovia Cruz, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por el quejoso José Antonio Ruíz Sánchez, por medio del cual solicita la devolución del billete de depósito antes descrito; al respecto, dígasele que se esté a lo acordado en párrafos que anteceden. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido en la etapa de ejecución de sentencia. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, por oficio a las autoridades responsables, diversas terceras interesadas y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de mayo de dos mil veintitrés.********************Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, en proveído de cuatro de mayo de dos mil veintitrés, a efecto que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo; sin que las partes lo hubiesen hecho.********************En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad encargada del cumplimiento, con los elementos que obran en autos.********************I. Antecedentes.********************Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el treinta de marzo de dos mil veintitrés, se concedió el amparo solicitado por ********************para el efecto que, una vez que adquiriera firmeza dicha resolución y le fuera requerido su cumplimiento, el 1. Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, realizara lo siguiente:********************"NOVENO. Efectos de la concesión del amparo.********************En términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************de forma lisa y llana, para el efecto de que el Juez Tercero de lo Penal del distrito judicial de Puebla, Puebla, una vez que quede firme esta sentencia y se requiera su cumplimiento dentro del plazo que para tal propósito se establezca, realice lo siguiente dentro de la causa penal ********************, de su índice:********************1. Deje insubsistente el auto de formal prisión dictado el once de enero de dos mil veintitrés, en contra de ********************por su probable responsabilidad en la comisión del delito de peculado, previsto y sancionado por los artículos 428, fracción I y 429, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I, del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla (denominación vigente en la época de los hechos), y 69, inciso Q), del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, en agravio de la Procuración y Administración de Justicia y el Estado;********************2. Con base en los razonamientos indicados en el considerando anterior de este fallo, dicte una nueva resolución relativa a la situación jurídica del peticionario de amparo, en la que determine que con el caudal probatorio que obra en esa causa penal, no se acreditaron en su totalidad los elementos del cuerpo del delito de peculado; y, por tanto, decrete auto de libertad por falta de elementos para procesar en favor de ********************.********************3. Notifique dicha determinación a las partes e informe a la autoridad penitenciaria su resolución, a fin de que no identifique administrativamente al quejoso; y,********************4. Remita a éste órgano de control constitucional las constancias que justifiquen el cumplimiento de la sentencia protectora."********************La resolución protectora emitida el treinta de marzo de dos mil veintitrés, causó ejecutoria el veintiuno de abril del mismo año, por lo que en esa fecha, se requirió su cumplimiento.********************Así, mediante oficios 1095/2023/SER-NON y 1118/2023/SEC-NON, el Juez Tercero de lo Penal de Puebla, Puebla, ********************, informó el cumplimiento dado al fallo protector, por lo que, con dichos comunicados se dio vista a las partes, para que manifestaran lo que a su derecho e interés legal conviniera respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable.********************II. Análisis del cumplimiento de la ejecutoria de amparo.********************Como se hizo mención, el Juez Tercero de lo Penal de Puebla, Puebla, ********************, a través de los oficios 1095/2023/SER-NON y 1118/2023/SEC-NON, remitió copias certificadas de la resolución de veintisiete de abril del año en curso, dictada dentro de la causa penal ********************, de su índice, así como de las constancias de notificación relativas y del acuse de recibo del oficio 1096/2023/SEC-NON, dirigido a la Directora del Centro Penitenciario de Puebla; documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; y, analizado su contenido, se aprecia que, en cumplimiento a los efectos de la protección constitucional concedida en este juicio de amparo indirecto, la autoridad encargada del cumplimiento realizó lo siguiente:********************1. Dejó insubsistente el auto de formal prisión dictado el once de enero de dos mil veintitrés, en contra de ********************por su probable responsabilidad en la comisión del delito de peculado, previsto y sancionado por los artículos 428, fracción I y 429, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I, del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla (denominación vigente en la época de los hechos), y 69, inciso Q), del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, en agravio de la Procuración y Administración de Justicia y el Estado;********************2. El veintisiete de abril del año en curso, dictó una nueva resolución en la que decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar en favor de ********************por no haberse acreditado en su totalidad los elementos del cuerpo del delito de peculado;********************3. Notificó dicha determinación a las partes e informó a la autoridad penitenciaria su resolución, a través del oficio 1096/2023/SEC-NON, a fin de que no identifique administrativamente al quejoso; y,********************4. Remitió a éste órgano de control constitucional las constancias con las que justificó el cumplimiento de la sentencia protectora.********************III. Fallo cumplido.********************Atento a lo expuesto, al haberse satisfecho los extremos a que se contrae la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo.********************III. Integración al expediente físico.********************Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido en la etapa de ejecución del fallo protector.******************** Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, por oficio a las autoridades responsables, a las autoridades terceras interesadas y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio 1095/2023/SER-NON signado por la autoridad responsable Juez Tercero de lo Penal del distrito judicial de Puebla, por medio del cual informa las gestiones llevadas a cabo para dar cumplimiento a la ejecutoria constitucional dictada en este sumario constitucional, pues remite copia certificada de la resolución de veintisiete de abril del año en curso, dictada en la causa penal 297/2013-7 de su índice; sin embargo, omitió adjuntar copia certificada del acuse de recibo del oficio girado a la Directora del Centro Penitenciario de Puebla [a fin de que no identifique administrativamente a ***, así como de las constancias de notificación realizadas a las partes de la mencionada resolución. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al juez de lo penal responsable para que, en el plazo de veinticuatro horas, contado a partir de su legal notificación, envíe a este juzgado de Distrito copia certificada de las constancias aludidas en el párrafo precedente; en la inteligencia que subsisten los apercibimientos decretados en auto de veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Finalmente, en términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar la presente determinación al expediente impreso, dada la importancia de su contenido en la etapa de ejecución del fallo protector. Notifíquese por oficio a la autoridad requerida; electrónicamente a la parte quejosa; y, por lista a las demás partes.Así lo acordó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Romina Ortiz Avila, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. Miguel Ojeda En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].
- Principal
V I S T O S; los autos para resolver el juicio de amparo indirecto número 109/2023 del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por ********************; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el uno de febrero de dos mil veintitrés, mediante buzón judicial, y remitido el mismo día por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos indicados en la demanda de derechos fundamentales. La parte quejosa narró, bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes; y señaló como garantías y derechos fundamentales violados, los contenidos en los artículos 14, 16, 21 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, 8 y 9, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; así como 9 y 10, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. SEGUNDO. Radicación y admisión de la demanda. Por acuerdo dictado el dos de febrero del año en curso, este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla registró y radicó la demanda con el número de juicio de amparo indirecto 109/2023, se admitió a trámite -con incidente de suspensión-; se requirieron los informes justificados a las autoridades responsables; y, se dio la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. TERCERO. Parte tercera interesada. En cumplimiento al citado proveído admisorio, el tres de febrero del presente año, se emplazó -mediante oficio- con el carácter de autoridad tercera interesada, al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Tercero de lo Penal del distrito judicial de Puebla, Puebla (foja 22), en términos del artículo 5, fracción III, inciso e), de la ley de la materia. Asimismo, el ocho de febrero de dos mil veintitrés, se emplazó -mediante oficio- a la Fiscalía General del Estado de Puebla, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo (foja 34). CUARTO. Cita para audiencia. Continuada la secuela procesal, en auto de veintisiete de febrero del año que transcurre, se fijó fecha y hora, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desarrolló al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia y territorio, pues se reclaman actos atribuidos a autoridades de esa materia (penal), con ejecución dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión de los informes justificados, se advierte que el quejoso ******************** reclama lo siguiente: - Del 1. Juez Tercero de lo Penal del distrito judicial de Puebla, Puebla. a) El auto de formal prisión dictado en su contra el once de enero de dos mil veintitrés, en el proceso penal ********************, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de peculado, previsto y sancionado por los artículos 428, fracción I y 429, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I, del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla (denominación vigente en la época de los hechos), y 69, inciso Q), del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, en agravio de la Procuración y Administración de Justicia y el Estado; y, - De la 2. Directora del Centro Penitenciario de Puebla. b) La ejecución del indicado auto de término constitucional, consistente en la identificación administrativa del indiciado. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados- precisados en el considerando que antecede- a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe justificado Fojas 1 Juez Tercero de lo Penal del distrito judicial de Puebla, Puebla. Aceptó. 27. 2 Directora del Centro Penitenciario de Puebla. Negó. 24. El 1. Juez Tercero de lo Penal del distrito judicial de Puebla, Puebla aceptó la existencia de la resolución reclamada; por lo que dicho acto se tiene plenamente probado. Certeza que se corrobora con la copia certificada de la causa penal ******************** (anexo I), misma que fue remitida por la autoridad judicial responsable en apoyo de su informe, la cual tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2 -por tratarse de una documental pública-. Por su parte, la autoridad ejecutora 2. Directora del Centro Penitenciario de Puebla, negó el acto a ella atribuido, consistente en la ejecución del auto de formal prisión combatido; sin embargo, su negativa se desvirtúa, ya que por la naturaleza de las funciones que tiene encomendadas, es factible que ejecute la resolución de mérito, habida cuenta que en el quinto punto resolutivo de la resolución reclamada, el juez responsable ordenó girarle oficio a la autoridad penitenciaria a efecto que identificara administrativamente al hoy quejoso. Por tanto, se establece la certeza de dicho acto. CUARTO. Ponderaciones previas. I. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia, no obstante haber sido integradas -algunas de ellas- con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, y con el decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles; publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintiuno. II. Normas aplicables. La causa penal de la que deriva el acto reclamado, se tramita conforme al sistema de justicia penal mixto, por lo cual, es evidente que no le son aplicables las disposiciones que regulan el sistema de justicia penal de corte acusatorio, adversarial y oral. En consecuencia, para verificar la constitucionalidad de los actos reclamados se debe atender al texto anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a lo previsto en el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla (vigente en la época de los hechos). III. Suplencia de la queja. En el presente asunto, rige el principio de suplencia de la queja, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, ya que el quejoso tiene el carácter de inculpado en la causa penal de origen. QUINTO. Oportunidad de la presentación de la demanda. Dada la naturaleza jurídica del acto combatido -auto de formal prisión-, esto es, que se trata de una determinación emitida dentro de un procedimiento en forma de juicio, la demanda de amparo debe presentarse dentro del plazo genérico de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, dado que no se actualiza ninguna excepción al mismo. Plazo que debe computarse acorde a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución que reclame. Entonces, al señalar el artículo 48 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla que los términos judiciales se contarán desde el día siguiente al de la fecha de notificación, se concluye que las notificaciones en el procedimiento penal surten efectos el mismo día en que se efectúan. Ahora bien, de las copias certificadas del proceso ********************, se advierte que el auto de formal prisión reclamado fue notificado al procesado -aquí quejoso- el veintitrés de enero de dos mil veintitrés (foja 538 vuelta del anexo I) y a su defensor particular, el once de los referidos mes y año (foja 525 vuelta del anexo I); Por tanto, el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo comenzó a transcurrir a partir del día siguiente al en que se practicó la última notificación, esto es, la realizada al hoy quejoso, por ser la que le genera mayor beneficio; ello, con la finalidad de maximizar su protección y posibilitar un acceso integral a la jurisdicción constitucional, de conformidad con el principio pro persona contenido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa tesitura, el aludido plazo transcurrió del veinticuatro de enero al catorce de febrero, todos del año en curso, previo descuento de los sábados y domingos que mediaron en ese lapso, así como del seis de febrero de dos mil veintitrés; todos por haber sido inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo, y 74, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo. De ahí que, si la demanda de amparo se presentó el uno de febrero de dos mil veintitrés, mediante buzón judicial, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, resulta evidente que su promoción fue oportuna. SEXTO. Procedencia del juicio de amparo indirecto. Las partes no hicieron valer la existencia de alguna causal de inviabilidad, y el suscrito juzgador no advierte que se actualice una de las hipótesis contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Entonces, el juicio de derechos fundamentales resulta procedente y debe analizarse el acto reclamado, a efecto de resolver sobre la inconstitucionalidad planteada por la parte quejosa. Asimismo, la vía indirecta es procedente acorde con lo establecido en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues el auto de formal prisión afecta el derecho sustantivo de la libertad, siendo dicha afectación de imposible reparación, pues constituye una condición para someter al quejoso formal y materialmente a proceso. SÉPTIMO. Antecedentes del acto reclamado. Para una mejor comprensión del asunto, conviene narrar los antecedentes del acto reclamado que derivan de las copias certificadas del proceso ******************** (anexo I), que remitió el juez responsable en apoyo a su informe de ley -ya valorado con anterioridad-; al tenor siguiente: 1. El dieciocho de julio de dos mil doce, la agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección General para la Atención de los Delitos Relacionados con Servidores Públicos Mesa Tres, inició la averiguación previa ********************, con motivo de la recepción del oficio sin número signado por el agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Agencias del Ministerio Público Metropolitana Sur, designado para el estudio de las averiguaciones previas y su determinación de archivo, mediante el cual remitió copias certificadas de la diversa averiguación previa ********************, poniendo del conocimiento de la representante social las irregularidades advertidas en esta última indagatoria que pudieran ser constitutivas de delito (fojas 3 y 4 folio azul del anexo I). 2. Una vez que la autoridad investigadora llevó a cabo las diligencias que consideró necesarias, el diecisiete de julio de dos mil trece, ejerció acción penal en contra de ********************, como probable responsable de los delitos cometido en la administración de justicia y en otros ramos del poder público y peculado, previstos y sancionados por los artículos 421, fracción VI, 423, 428, fracción I y 429, en relación con los diversos 11, 13, 17 y 21, fracción I, del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla (vigente en la época de los hechos), y 69, inciso Q), del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, en agravio de la Procuración y Administración de Justicia (fojas 367 a 373 folio azul del anexo I). 3. El veintisiete de julio de dos mil trece, el entonces Juez Séptimo de lo Penal del distrito judicial de Puebla, recibió la indagatoria; la radicó con el número de causa penal ********************; y, libró orden de aprehensión en contra del aquí quejoso ********************, como probable responsable del delito cometido en la administración de justicia y en otros ramos del poder público, previsto y sancionado por los artículos 421, fracción VI y 423; y peculado, previsto y sancionado por los numerales 428, fracción I y 429; ambos ilícitos relacionados con los diversos 11, 13, 17 y 21, fracción I, todos del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla (vigente en la época de los hechos), y el último con el 69, inciso Q), del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla; en agravio de la Procuración y Administración de Justicia (fojas 374 a 384 folio azul del anexo I). 4. El nueve de septiembre de dos mil veintidós, el hoy quejoso compareció ante el juez de la causa (actualmente Juez Tercero de lo Penal del distrito judicial de Puebla, Puebla), bajo los efectos de la suspensión definitiva concedida en el incidente derivado el juicio de amparo 939/2022 del índice del Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, por lo que el juez responsable ordenó examinarlo en preparatoria y, dentro del término constitucional, resolver su situación jurídica (foja 405 folio azul del anexo I). En razón de lo anterior, a las trece horas con quince minutos del mismo día (nueve de septiembre de dos mil veintidós), se recibió la declaración preparatoria del aquí quejoso, en presencia del defensor particular ********************, que libremente designó; se le hicieron de su conocimiento las prerrogativas constitucionales consagradas en su favor; se reservó su derecho a emitir declaración en relación con los hechos que se le atribuyen; y, solicitó la duplicidad del término constitucional para que se resolviera su situación jurídica (fojas 436 a 440 folio azul del anexo I). 5. El quince de septiembre de dos mil veintidós, el Juez Tercero de lo Penal del distrito judicial de Puebla, Puebla, decretó auto de formal prisión o preventiva, en contra de ********************, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de: cometido en la administración de justicia y en otros ramos del poder público y peculado, previstos y sancionados por los artículos 421, fracción VI, 424, 428, fracción I y 429, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I, del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla (denominación vigente en la época de los hechos), y 69, inciso Q), del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, en agravio de la Procuración y Administración de Justicia (fojas 448 a 455 folio azul del anexo I). 6. Inconforme con esa resolución, el procesado, aquí promovió juicio de amparo, mismo que correspondió conocer a este Juzgado Federal, radicado bajo el número 1045/2022; por lo que, una vez sustanciado el procedimiento, el treinta de noviembre de dos mil veintidós, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto que el juez responsable realizara lo siguiente: "NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************, para el efecto de que el Juez Tercero de lo Penal del distrito judicial de Puebla, Puebla, una vez que quede firme esta sentencia y se requiera su cumplimiento dentro del plazo que para tal propósito se establezca, realice lo siguiente dentro de la causa penal ********************, de su índice: 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión dictado el quince de septiembre de dos mil veintidós, en contra de ********************, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de: cometido en la administración de justicia y en otros ramos del poder público y peculado, previstos y sancionados por los artículos 421, fracción VI, 424, 428, fracción I y 429, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I, del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla (denominación vigente en la época de los hechos), y 69, inciso Q), del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, en agravio de la Procuración y Administración de Justicia. 2. En su lugar, dicte otra resolución en la que: 2.1. Por una parte, con base en los razonamientos indicados en el apartado A del considerando anterior, declare actualizada la figura jurídica de la prescripción únicamente por cuanto hace al delito cometido en la administración de justicia y en otros ramos del poder público, con las consecuencias legales que deriven de ello. 2.2. Por otro lado, atendiendo a los lineamientos establecidos en el apartado B del considerando que antecede, con plenitud de jurisdicción, resuelva la situación jurídica del peticionario de amparo por cuanto hace al delito de peculado, la cual deberá estar debidamente fundada y motivada, y podrá ser emitida en el mismo sentido de la aquí reclamada o en sentido diverso, pero en el primer caso, deberá purgar los vicios que le afectan y que fueron destacados en esta sentencia; esto es: a. Precisará las disposiciones de carácter general que le conceden competencia para emitir dicha determinación, y las razones por las que considera actualizado este aspecto. b. En el apartado relativo al cuerpo del delito: i) realizará el estudio de cada uno de los elementos que lo integran; ii) especificará con qué pruebas -de las que obran en la indagatoria- tuvo por acreditados cada uno de ellos; y, iii) precisará qué valor probatorio otorga a tales medios de convicción de forma individualizada, así como qué aspectos relevantes se desprenden de los mismos y que resultan útiles para demostrar los componentes del delito que nos ocupa. c. Deberá realizar por separado el análisis correspondiente al cuerpo del delito y a la probable responsabilidad del indiciado, cerciorándose que su narrativa guarde un orden y técnica jurídica, evitando introducir aspectos relativos a la probable responsabilidad en el análisis del cuerpo del delito, y viceversa; de tal manera que el quejoso esté en condiciones de distinguir con claridad los argumentos lógicos-jurídicos, así como las probanzas, en los que la autoridad responsable sustente la acreditación de cada uno de esos extremos y, tenga oportunidad de ejercer una adecuada defensa. d. Deberá expresar con claridad las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ejecución del delito; en la inteligencia que deberá explicar en qué consiste la conducta que le atribuye al activo, la forma en que la realizó, así como el lugar y fecha en que acontecieron los hechos. e. En el apartado relativo a la probable responsabilidad, deberá motivar el grado y forma de participación del aquí quejoso en la comisión del ilícito que se le imputa, para lo cual deberá establecer cuál fue la conducta específica desplegada con la que se actualizó aquél [teniendo en cuenta que el delito de peculado requiere y presupone que el sujeto activo reciba de manera autónoma y con potestad de hecho los bienes objeto del ilícito para que así esté en aptitud de disponer de ellos y distraerlos de su objeto]; así como expresar las pruebas con las que lo tuvo por acreditado, otorgándoles el valor demostrativo que corresponda. 3. Notifique dicha determinación a las partes; y, 4. Remita a éste órgano de control constitucional las constancias que justifiquen el cumplimiento de la sentencia protectora." Sentencia que causó ejecutoria por auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintidós, por lo que, en esa data, fue requerido su cumplimiento (fojas 477 a 480 folio azul del anexo I). 7. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el once de enero de dos mil veintitrés, el juez responsable dejó insubsistentes los autos de formal prisión de quince de septiembre y veintiocho de diciembre, ambos de dos mil veintidós, así como el diverso de tres de enero de dos mil veintitrés; y, en su lugar, emitió un nuevo auto de término constitucional, en el cual: a) Por una parte, declaró extinta la acción persecutoria por prescripción únicamente en relación con el delito cometido en la administración de justicia y en otros ramos del poder público, previsto y sancionado por los artículos 421, fracción VI y 423, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I, del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, dictando en consecuencia, auto de libertad a favor de ********************; y, b) Por otra, dictó auto de formal prisión en contra de ********************, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de peculado, previsto y sancionado por los artículos 428, fracción I y 429, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I, todos del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla y 69, inciso q) del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, en agravio de la Procuración y Administración de Justicia y el Estado (fojas 514 a 525 folio azul del anexo I). La indicada resolución -en la porción precisada en el inciso b)- constituye el acto reclamado en esta vía de control constitucional. OCTAVO. Estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. El estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, se analiza a la luz de los conceptos de violación, sin necesidad de transcribirlos, pues no existe precepto en la Ley de Amparo que obligue a ello. Resulta aplicable la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Ahora bien, resulta conveniente apuntar que es obligación de todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquéllos previstos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable en lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona. El nuevo mandato contenido en el dispositivo 1º de la Constitución General de la República, implica que los derechos fundamentales reconocidos en ella, deben ser complementados con los que se contengan en los diversos tratados internacionales, conjunto normativo que permite determinar el marco jurídico dentro del que debe realizarse el llamado control de convencionalidad. Luego, las autoridades judiciales, entre otras, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar, los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, a pesar de las disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior. El parámetro de análisis de este tipo de control, se integra por los derechos humanos: - Contenidos en la Constitución Federal (con fundamento en el artículo 1º), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación. - Reconocidos en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. - Los tratados competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, establecida en el texto de los mismos o mediante jurisprudencia de la Corte. - Criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consagrados en las sentencias en las que el Estado Mexicano haya sido o no, parte. Así, corresponde al suscrito Juez de Distrito determinar si el acto reclamado, vulnera o no, algún derecho fundamental de la parte quejosa. Es fundado y suficiente para conceder el amparo y la protección de la justicia federal solicitados, uno de los conceptos de violación formulados, aunque para declararlo así, deba suplirse la deficiencia de la queja -en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo-, pues se advierte que la resolución reclamada contiene un vicio de fondo, que transgrede el artículo 19 Constitucional, que regula los requisitos de fondo para la emisión de un auto de formal prisión. Al respecto, es menester precisar que de la interpretación de los artículos 74, 75, 76, 79, último párrafo, de la Ley de Amparo, a la luz de los principios y derechos fundamentales consagrados en los numerales 1 y 17, en especial en su nuevo tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es factible concluir que aun cuando puedan existir vicios formales en el acto reclamado, debe privilegiarse el estudio de fondo del asunto, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio. Aunado a ello, se tiene que la nueva sistemática del juicio de amparo exige que se prefiera resolver íntegramente el asunto de fondo, para así evitar postergar innecesariamente su resolución definitiva y, de esta manera, cumplir con el derecho a una justicia pronta y expedita, maximizando así la efectividad del juicio de amparo para remediar violaciones a derechos humanos. Se insiste, de la interpretación de la redacción del último párrafo del artículo 79 de la Ley de Amparo, se obtiene que en asuntos en los que proceda la suplencia de la queja -como en el que se resuelve-, dicha institución sólo podrá operar por violaciones procesales o formales cuando se advierta que en el acto reclamado no exista un vicio de fondo; de manera que -como se señaló- de concurrir, se debe privilegiar el estudio de tal vicio. En la especie, como ya se adelantó, existe un vicio de fondo, que excluye el análisis de las cuestiones procesales y de forma (las cuales, adicionalmente, ya fueron analizadas en diverso juicio de amparo 1045/2022, de esté índice, como fue precisado en el punto 6 del considerando anterior; por lo que, al menos, las primeras constituyen cosa juzgada para efectos de este controvertido), ya que no se comparte el razonamiento del juez penal responsable en el sentido que, con el caudal probatorio recabado por la autoridad ministerial investigadora, quedaron acreditados los elementos que integran el cuerpo de delito de peculado, atribuido al demandante constitucional. Como se puntualizó, el acto reclamado consiste en el auto de formal prisión dictado en contra del quejoso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de peculado, previsto y sancionado por los artículos 428, fracción I y 429, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I, todos del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla. Al respecto, el juez de la causa indicó que los elementos que configuran el cuerpo del delito de peculado, son los siguientes: "a) Que el sujeto activo tenga la calidad de servidor público; b) Que para usos ajenos distraiga de su objeto dinero, valores, fincas o cualquiera otra cosa perteneciente al Estado, Municipio o a un Organismo Descentralizado o a un particular; c) Que por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa." Señaló, que la actividad del Ministerio Público inició con la denuncia formulada mediante oficio sin número de fecha veintinueve de junio de dos mil doce, signado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección de Agencias del Ministerio Público Metropolitana Sur (********************), a la que adjuntó copia certificada de la averiguación previa ********************, toda vez que de su análisis advirtió irregularidades que pudieran ser constitutivas del delito de peculado. También indicó que ******************** ********************, agente del Ministerio Público adscrito a la Visitaduría de Supervisión Técnica-jurídica, formuló denuncia contra ******************** ********************por los hechos que pudieran ser constitutivos del delito de peculado y los que resultaren, derivado del expediente administrativo ********************. Enseguida, describió las diligencias que analizó de las actuaciones que integran las copias certificadas de la averiguación previa número ******************** [a las que otorgó pleno valor probatorio en términos de lo señalado por el artículo 196 del Código Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado], en los términos siguientes: "1. Con fecha veintiséis de diciembre de dos mil once, comparece el C. ********************en calidad de defensor particular del probable responsable a fin de solicitar a la agente de ministerio público se sirva fijar el monto de la caución a fin de garantizar la reparación del daño, así como por concepto de las obligaciones procesales a fin de gozar de su libertad caucional. 2. En seguida y en la misma fecha el Agente del Ministerio Público Investigador Adscrito a la Agencia Especializada en Delitos Culposos Oriente Segundo Turno fija el monto de la caución que deberá exhibir el acusado ********************, bajo los siguientes conceptos: la cantidad de $250,000.00 a fin de garantizar la reparación del daño, misma que se desglosa de la siguiente manera: $120,000.00 (Ciento veinte mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de daño material, $80,000.00 (Ochenta mil pesos 00/100 m.n.) por daño moral y $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M. N.) por gastos funerarios, así como también se fija la cantidad de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) a efecto de garantizar las obligaciones personales del inculpado y efectos de procedimientos relativos a la situación jurídica. 3. En auto de fecha 26 veintiséis de diciembre del año 2011 obra en actuaciones comparecencia del garante ********************, exhibiendo en efectivo la cantidad de $350,000 a efecto de que el C. ********************, pudiera gozar de su libertad por la comisión del delito de HOMICIDIO CULPOSO. 4. Con fecha 26 de diciembre del año 2011 se realiza diligencia de fe de dinero así como el oficio 2741, dirigido al Director General Administrativo de la Procuraduría General de Justicia por el cual se remiten las fichas de depósito CIE número ********************por la cantidad de $250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) que garantiza el pago de la Reparación del Daño y ********************por la cantidad de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 .M.N.). 5. Con fecha 27 veintisiete de diciembre del año 2011 dos mil once la licenciada ********************. Agente del ministerio público en funciones del titular adscrito a la Agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos Culposos Oriente Segundo Turno remite la indagatoria a la mesa de trámite de la multicitada agencia a efecto de que en su oportunidad se determine en la indagatoria lo que a derecho corresponda. 6. Con fecha 30 treinta de enero de 2012, comparece el garante ********************, por el que autoriza le sea entregada al señor ******************** la cantidad de $120,000.00 (Ciento veinte mil pesos 00/100 M.N.) asimismo solicita se devuelva el remanente de dicha caución. 7. Con esa misma fecha (30 treinta de enero del año 2012 dos mil doce) el licenciado ******************** acordó girar oficio al DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVO a fin de que ordene a quien corresponda se sirva hacer la devolución de la cantidad de la cantidad de $120,000.00 al C. ********************, asimismo acordó la devolución de la cantidad de $230,000.00 AL C. ******************** remanente de la caución que le fue remitida mediante oficio 2741 de fecha 27 de diciembre de 2011." Refirió que las diligencias descritas, sirven de base para el análisis del cuerpo del delito de peculado; y, por cuanto a las circunstancias de modo, lugar y tiempo, aseguró que en autos se encuentra acreditado lo siguiente: "(.) se debe precisar que el activo ******************** ******************** ******************** en funciones de Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa de Trámite Matutina de la Agencia del Ministerio Especializada en Delitos Culposos Número Tres Oriente, la cual se encuentra en la planta baja del inmueble ubicado en prolongación de la 16 oriente esquina con Libramiento a Tehuacán, Colonia México 68, de esta ciudad de Puebla, Puebla, en cumplimiento de sus funciones y un recinto oficial como lo es la Mesa de Trámite Matutina de la Agencia del Ministerio Especializada en Delitos Culposos Número Tres Oriente de la entonces Procuraduría General del Estado, recibió en ejercicio de sus funciones la Averiguación Previa número ********************, en la que se encontraba asegurada en virtud de la investigación de un delito la garantía caucional multicitada, en la que obran entre otras constancias el acuerdo que a la letra dice: (.) acuerdo del que se advierte que siendo las 11:27 once horas con 27 veintisiete minutos del día 30 treinta de enero de 2012 dos mil doce, el activo ******************** ********************ordena y firma un acuerdo por el cual indebidamente distrae de su objeto jurídico y legal correspondiente el concepto de obligaciones personales, por la cantidad de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) exhibida a favor del activo ********************, por motivo de la investigación del delito de homicidio a título de culpa, numerario que fuera asegurado e ingresado a la cuenta bancaria oficial de la Procuraduría General del Estado, correspondiente a la Institución bancaria denominada Bancomer, y que se deriva de la garantía caucional exhibida mediante las fichas de depósito CIE ********************por la cantidad de $250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) que garantiza la Reparación del Daño y ********************por la cantidad de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.) y mediante el referido acuerdo de fecha 30 treinta de enero del año dos mil doce, mismo que obra a foja 167 del original de la causa, distrajo y modifica el objeto legal correspondiente al mismo, es decir no obstante que contando con la preparación profesional y jurídica del cargo que ostentaba contrario a derecho ordena un acuerdo en el que modifica el destino y específicamente ordena la devolución del remanente al exhibiente ******************** ******************** por la cantidad de $230,000.00 (Doscientos Treinta mil pesos 00/100 M.N) bajo el concepto de remanente, no obstante que el mismo fuera exhibido de origen por el garante bajo los siguientes conceptos a efecto de garantizar las obligaciones procesales la cantidad de $100,000.00 (Cien mil pesos 00/100 M.N.), $80,000.00 (Ochenta mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de reparación del daño moral y $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de pago de gastos funerarios de la víctima ********************, actuar que ejecuta fácticamente con la misma fecha treinta de enero del año 2012 dos mil doce mediante oficios números 107 y 108 dirigidos al Director General Administrativo de la entonces Procuraduría General de Justicia en la que le ordena en el primero hacer la entrega de $120,000.00 (Ciento veinte mil pesos 00/100 m.n.) a la víctima ******************** ******************** y en el segundo la entrega del remanente por la cantidad de $230,000.00 (Doscientos treinta mil pesos 00/100 M.N.) al garante ******************** ********************, circunstancias las anteriores por las que se encuentra debidamente acreditada la ejecución de una conducta típica, correspondiente al delito de peculado y que fue ejecutada el día 30 treinta de enero del año 2012 dos mil doce a las 11:27 once horas con veintisiete minutos, en las instalaciones de la Agencia del Ministerio Especializada en Delitos Culposos Número Tres Oriente, la cual se encuentra en la planta baja del inmueble ubicado en prolongación de la 16 oriente esquina con Libramiento a Tehuacán, Colonia México 68, de esta ciudad de Puebla, Puebla, donde el activo ******************** en funciones de Agente del Ministerio Público ordena y firma el oficio número 108 dirigido al Director General Administrativo, ordenando entre otras la devolución de la cantidad de $100,000.00 cien mil pesos, oficio en el que obra su firma, lo cual se acredita con las copias certificadas de la averiguación previa ********************.". Ahora bien, previo a explicar por qué esta autoridad estima que, en el caso específico, no se encuentran acreditados los elementos del cuerpo del delito de peculado, se estima oportuno traer a colación las consideraciones que sobre el tópico dilucidó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/97, en la que analizó si para la actualización de este tipo penal basta que se transmita al servidor público la tenencia material de los bienes o se requiere que éste ejerza sobre aquéllos una potestad autónoma. Al respecto, el máximo tribunal del país determinó que la figura típica de peculado exige que se distraiga de su objeto dinero, valores, fincas u otras cosas pertenecientes al Estado, al organismo descentralizado o a un particular; debiendo entenderse por "distraer", cambiar la finalidad jurídica del bien confiado, por lo que para que dicha distracción surja, se requiere que el servidor público reciba los bienes mediante alguna causa que implique guarda, conservación o custodia, es decir, que para que el servidor público pueda distraer de su objeto los bienes que recibe, cambiando la finalidad jurídica a la que están destinados, es necesario que ejerza sobre ellos una posesión autónoma con cierta potestad de hecho y no sólo su simple posesión momentánea. Indicó que ese órgano colegiado, en tesis anteriores, ha reconocido que para que se configure el delito de peculado se requiere que el sujeto activo reciba para su cuidado los bienes que distrae de su objeto, y que éstos estén dentro de su esfera material, lo que supone que los recibe con cierta posesión autónoma. Mencionó que, de acuerdo al bien jurídico que se tutela (que en el caso en específico recae en el interés que tiene la administración pública de que los bienes que constituyen su patrimonio y cuyo manejo tienen a su cargo servidores públicos, no se los apropien éstos con fines personales), para que se dé la distracción de los bienes a que se refiere el tipo penal de peculado, es indispensable que el servidor público ejerza sobre ellos potestad autónoma, la cual deriva en que tenga facultades para su libre disposición, para que así esté en aptitud de cuidarlos, manejarlos y en dado caso malversarlos. Lo anterior -refirió-, se traduce en que no cualquier posesión da lugar al delito de peculado, sino sólo cuando el servidor público tiene a su merced la cosa, pues ésta se encuentra dentro de su esfera material, con la posibilidad de disponer de ella fuera de la esfera de vigilancia del Estado, resultando indispensable que el sujeto activo tenga la posesión de la cosa de manera legal y autónoma y que en consecuencia, ésta haya salido de la esfera legal de custodia de su dueño. Estableció que el delito de peculado existe porque el sujeto activo tiene facultades de dominio sobre los bienes, facultades que derivan de la confianza impuesta por la ley como indispensable al cargo público ejercido por el sujeto activo, en razón de que para poder distraer estos bienes de su objeto es necesario ejercer sobre ellos una potestad que permita la autónoma capacidad de disposición material, pues de lo contrario sería imposible malversarlos del fin al que se destinan, y para el cual le fueron entregados. Precisó que la expresión "otra causa" utilizada en el tipo penal en estudio para referirse a la forma en que el servidor público debe recibir los bienes, además del depósito y la administración, atendiendo al bien jurídico que se tutela, debe entenderse como análoga o semejante a la administración o depósito, es decir, esa otra causa debe derivar en un acto por el cual el servidor público reciba la cosa con una obligación de guarda o tutela bajo su potestad jurídica, introduciendo el bien a su esfera de protección y consecuentemente, se está en posibilidad de distraerlo de su objeto, ejerciendo por tanto una potestad autónoma sobre él. Además, señaló que el peculado guarda similitud con el abuso de confianza, pues la previa tenencia de la cosa en este delito hace posible la disposición ilícita de la misma, así, el agente de ambos delitos realiza la acción de distraer de su objeto los bienes bajo su custodia, administración, o que se encuentran bajo su poder o potestad autónoma de disposición, por otra causa semejante a las anteriores. En consecuencia -argumentó-, que es posible establecer que tanto en el peculado como en el abuso de confianza, el sujeto activo tiene la posesión de los bienes, no en el sentido del derecho civil, sino en el de relación inmediata con ellos. La posesión en el peculado consiste no sólo en la autónoma capacidad de disposición material de la cosa, sino también en la potestad jurídica sobre la misma, aunque no exista la tenencia material de ella. Por tanto, determinó que la posesión en el delito de peculado debe entenderse como un poder autónomo sobre los bienes, sin ejecución a otra potestad para disponer de ellos, pues el sujeto activo sólo puede ser el funcionario público a quien le haya sido confiada por razón de su cargo la administración, percepción o custodia de caudales o efectos. Así, el objeto sobre el cual recae el delito debe serlo el caudal o efectos cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada al servidor público en razón del cargo y no basta la simple tenencia de esas cosas, ya que se requiere la facultad de disponer de ella, lo que implica cierta facultad otorgada al funcionario a causa de su función, para disponer de los bienes. Las mencionadas consideraciones, dieron lugar a la jurisprudencia 1a./J. 27/99, de rubro y texto siguientes: "PECULADO. EL DELITO TIPIFICADO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 223 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, NO SE CONFIGURA TRATÁNDOSE DE CAJEROS EN VIRTUD DE QUE NO EJERCEN SOBRE LOS BIENES QUE SE LES ENTREGAN FACULTADES DE DISPONIBILIDAD JURÍDICA. El delito de peculado a que se refiere el artículo 223, fracción I, del Código Penal Federal, requiere y presupone que el sujeto activo reciba de manera autónoma y con potestad de hecho los bienes objeto del ilícito para que así esté en aptitud de disponer de ellos y distraerlos de su objeto, pues sólo aquellos servidores públicos con facultades de disponibilidad jurídica sobre los bienes recibidos en razón de su cargo, pueden actualizar esa hipótesis, al encontrarse éstos dentro de su esfera de dominio; además porque de considerarse que con la sola posesión precaria se puede actualizar la hipótesis legal, sería innecesario el elemento constitutivo del delito, instituido por el legislador, consistente en que el servidor público reciba por razón de su cargo, en administración, depósito o por otra causa dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, al organismo descentralizado o algún particular; sino que hubiera bastado señalar que comete el delito de peculado el servidor público que distraiga los referidos bienes que recibe por razón de su cargo, resultando inútil precisar la calidad en que éstos se adquieren. En consecuencia, las personas que desempeñan el cargo de cajeros al servicio del Estado o de organismos públicos, técnicamente no pueden cometer esta clase de peculado, en virtud de que sobre los bienes que reciben, en este caso dinero, no ejercen una facultad de disposición, sino que sólo los poseen a título precario, habida cuenta que son recibidos momentáneamente con la obligación de entregarlo de inmediato a quien puede disponer del dinero, es decir, lo reciben en función de la naturaleza del trabajo que desempeñan y no porque se les hubiese encomendado en guarda, tutela o administración." No se soslaya que, en la ejecutoria de mérito se analizó el tipo penal de peculado previsto en la fracción I, del artículo 223 del Código Penal Federal, mientras que la resolución reclamada se refiere a ese mismo delito previsto en el artículo 428, fracción I, del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla; sin embargo, las consideraciones antes mencionadas, se estiman aplicables al caso concreto, pues la descripción típica se realizó en idénticos términos, aunado a que los elementos del cuerpo del delito desglosados por la autoridad responsable, son los mismos que fueron estudiados en la citada contradicción de tesis. Sentado lo anterior, a efecto de abordar el caso particular, cabe indicar que sobre el primer elemento del delito desglosado por el juez responsable, es evidente que el sujeto activo del delito de que se trata es aquél que la doctrina denomina como "calificado", porque sólo pueden incurrir en ese comportamiento ilícito los servidores públicos; sin embargo, no debe perderse de vista que, conforme a los elementos típicos estructurales antes desglosados, y además, de acuerdo a su naturaleza, objeto y bien jurídico tutelado, no cualquier servidor público es susceptible de tener esa responsabilidad criminal, si se tiene en cuenta que la distracción de los bienes, sólo es penalmente relevante cuando el funcionario público los ha recibido a título de administración, depósito, o alguna causa análoga, que implique desde luego la guarda y custodia del dinero, fincas, valores, etcétera; es decir, precisa que los bienes los reciba de manera autónoma y con potestad de hecho, y por tanto, para la integración del ilícito, es fundamental que la transferencia tenga esas características. En ese contexto, a efecto de comprobar el primero de los elementos apuntados -inciso a)-, la autoridad responsable estableció que, de conformidad con el artículo 124, fracción III, de la Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Puebla, se entiende por servidor público lo siguiente: "Servidores Públicos son las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, sea cual fuere la forma de su elección o nombramiento: III. En los organismos descentralizados, empresas de participación Estatal, Sociedades y Asociaciones asimiladas a estos;.". Mencionó que dicho elemento se encuentra debidamente acreditado con la documental pública consistente en copia certificada del oficio número ********************de primero de enero de dos mil ocho (sic, debe decir uno de enero de dos mil once), signado por el entonces Procurador General de Justicia del Estado (********************), correspondiente al nombramiento como agente del Ministerio Público que se otorgara a ******************** (foja 365 del anexo I), documental a la que otorgó pleno valor probatorio, al tenor del artículo 196 de la Ley Adjetiva de la materia; con la que llegó al convencimiento de que el activo del delito, en la época en que acontecieron los hechos, desempeñaba un empleo público y, por tanto, le asistía el carácter de servidor público. Sin embargo, para que el cuerpo del delito de peculado atribuido al quejoso, se actualizara en su justa dimensión, era menester que el primero de sus elementos -inciso a)- que el juez de primera instancia tuvo por comprobado, se sistematizara con el tercero -inciso c)-, cuyo tenor es el siguiente: "Que por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa". Ello es así, pues si no se actualiza esa específica calidad, no cobra vigencia el delito de peculado, esto es, podría configurarse diverso ilícito, pero no el referido, ya que como se ha relatado, la hipótesis típica exige que el objeto -en este caso, dinero- esté bajo el dominio del agente delictivo, con fines de administración, depósito o en condiciones semejantes, por razón de su cargo. Así, el acto de distracción a que alude la hipótesis del tipo, como medio comisivo, requiere y presupone que el agente del delito, con facultades legales, tenga a su disposición, libremente, los bienes pertenecientes al Estado, organismo público o particular, y por tanto, esté en aptitud de desviarlos, como antes se dijo, con plena libertad, en su provecho personal o en favor de un tercero. Esa particular situación -disponibilidad absoluta- exige que dichos bienes los tenga a su merced por virtud de un acto jurídico que le transmita la tenencia material de dichos bienes y la potestad sobre los mismos; de esto se sigue que, el simple detentador, aunque sea servidor público, no puede cometer ese acto de desvío o distracción, porque los bienes (dinero) los posee a título precario. En la especie, de las constancias que obran en la causa penal de origen, no se advierte que el hoy quejoso, en su carácter de agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada en Delitos Culposos Número Tres Oriente Mesa Matutina de la ciudad de Puebla, Puebla, siquiera hubiere recibido -en administración, en depósito o por otra causa análoga- el dinero que, a decir de la autoridad fue malversado; es decir, no está acreditado que haya tenido en algún momento la tenencia material y potestad sobre el mismo; que el numerario perteneciera al Estado; y, mucho menos, que el imputado, con la conducta que se le atribuye, haya cambiado la finalidad jurídica de aquél, para usos ajenos. Por lo anterior, contrario a lo aseverado por la autoridad responsable, con las pruebas recabadas por el agente investigador [a las que acertadamente les otorgó pleno valor probatorio, por tratarse de documentales públicas], específicamente, con la copia certificada de la averiguación previa ********************, con la que pretendió acreditar el segundo y tercero de los elementos del cuerpo del delito en estudio, no logra su cometido; y, para evidenciarlo, a continuación se relata lo que se advierte -en lo que aquí importa- de su análisis: 1. El veinticinco de diciembre de dos mil once, ********************, agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada en Delitos Culposos Número Tres Oriente Tercer Turno, inició la averiguación previa ********************, con motivo de una llamada telefónica en la que hicieron de su conocimiento el fallecimiento de una persona a consecuencia de haber sido atropellada (fojas 191 y 192 folio azul del anexo I); por lo que, en la misma fecha diverso fiscal decretó la detención y retención del inculpado ********************, como probable responsable en la comisión de los delitos de homicidio y daño en propiedad ajena culposos (fojas 239 a 248 folio azul del anexo I). 2. El veintiséis de diciembre de dos mil once, ********************, en funciones del agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada en Delitos Culposos Número Tres Oriente Segundo Turno, determinó procedente conceder la libertad provisional bajo caución al inculpado ********************, previo depósito de la cantidad en efectivo de $350,000.00 (trescientos cincuenta mil pesos, cero centavos, moneda nacional), para garantizar los siguientes conceptos: - $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos, cero centavos moneda nacional) para garantizar la reparación del daño; y, - $100,000.00 (cien mil pesos, cero centavos moneda nacional) para garantizar las obligaciones personales del inculpado y efectos del procedimiento relativos a su situación jurídica. (Foja 285 folio azul del anexo I). 3. El veintiséis de diciembre de dos mil once, compareció ******************** ante la agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada en Delitos Culposos Número Tres Oriente Segundo Turno (********************), en calidad de garante, a exhibir en efectivo la cantidad de $350,000.00 (trescientos cincuenta mil pesos, cero centavos, moneda nacional) para que el indiciado pudiera gozar de su libertad provisional bajo caución (foja 286 folio azul del anexo I). 4. El veintisiete de diciembre de dos mil once, la agente del Ministerio Público en funciones del titular adscrito a la Agencia Especializada en Delitos Culposos Número Tres Oriente Segundo Turno (********************) dictó un acuerdo en el que tuvo al garante ******************** exhibiendo en efectivo la cantidad de $350,000.00 (trescientos cincuenta mil pesos, cero centavos, moneda nacional) para que el indiciado ******************** pudiera gozar de su libertad provisional bajo caución, y determinó que por razón de la hora en la que actuaba, era procedente recibir el dinero en efectivo para realizar el depósito correspondiente en la institución bancaria el día hábil siguiente y, en su momento, remitir las fichas relativas al Director General Administrativo de la Procuraduría General de Justicia del Estado (foja 310 folio azul del anexo I). 5. En la propia fecha -veintisiete de diciembre de dos mil once-, la agente del Ministerio Público en funciones del titular adscrito a la Agencia Especializada en Delitos Culposos Número Tres Oriente Segundo Turno (********************) giró el oficio 2741 al Director General Administrativo de la Procuraduría General de Justicia del Estado, al que adjuntó las fichas de depósito ********************y********************la primera por la cantidad de $250,000.00 (doscientos cincuenta mil pesos, cero centavos moneda nacional), por concepto de garantía de la reparación del daño; y, la segunda por la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos, cero centavos moneda nacional) por concepto de garantía de las obligaciones personales del indiciado (foja 311 folio azul del anexo I). 6. El veintisiete de diciembre de dos mil once, el agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada en Delitos Culposos Número Tres Oriente Segundo Turno (******************** Tomás Titla Damián) ordenó remitir el original y duplicado de la averiguación previa ********************, a la Mesa de Trámite Especializada en Delitos Culposos Número Tres Oriente Mesa Matutina, con la finalidad que continuara conociendo de los hechos materia de la investigación y, en su oportunidad, determinara lo que conforme a derecho correspondiera; dejando a su disposición un automóvil que fue asegurado, en el depósito de vehículos de la Fiscalía General de Justicia (foja 312 folio azul del anexo I). 7. Aun cuando no se advierte la existencia de un acuerdo posterior en el que haya sido recibida la indagatoria de mérito por algún representante social, lo cierto es que sí se observa que las actuaciones subsecuentes fueron dictadas por el hoy quejoso ********************, en su carácter de agente del Ministerio Público Mesa de Trámite Matutina Especializada en Delitos Culposos Número Tres Oriente. 8. El treinta de enero de dos mil doce, ********************, en su carácter de agente del Ministerio Público Mesa de Trámite Matutina Especializada en Delitos Culposos Número Tres Oriente, recibió la comparecencia de ********************, quien se ostentó como albacea provisional de la víctima directa del delito de homicidio culposo, en la que medularmente refirió que se daba por pagado de la reparación del daño, a su entera satisfacción, otorgando el más amplio y cumplido perdón en favor del inculpado (fojas 330 y 331 folio azul del anexo I). 9. En la misma fecha -treinta de enero de dos mil doce- ********************, en su carácter de agente del Ministerio Público Mesa de Trámite Matutina Especializada en Delitos Culposos Número Tres Oriente, también recibió la comparecencia del garante ********************, en la cual hizo saber a la autoridad ministerial que autorizaba que le fuera entregada a la parte ofendida del delito la cantidad de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos, cero centavos, moneda nacional), por haber otorgado el perdón al inculpado; solicitando que el remanente de la caución exhibida, le fuera devuelto (fojas 332 y 333 folio azul del anexo I). 10. En auto de treinta de enero de dos mil doce, ********************, en su carácter de agente del Ministerio Público Mesa de Trámite Matutina Especializada en Delitos Culposos Número Tres Oriente, ordenó girar oficio al Director General Administrativo de la Fiscalía General del Estado de Puebla, a fin de que, a su vez, ordenara a quien correspondiera que hiciera la devolución de la cantidad de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos, cero centavos, moneda nacional) a ********************; y el monto de $230,000.00 (doscientos treinta mil pesos, cero centavos, moneda nacional) a ********************; cantidades que le habían sido remitidas a través de las fichas de depósito ********************y********************a través del oficio 2741 (foja 341 folio azul del anexo I). De la anterior relatoría se advierten cuestiones importantes que clarifican por qué este órgano de control constitucional estima que no se encuentran acreditados los elementos que integran el cuerpo del delito de peculado atribuido al hoy quejoso ********************, a saber: - No existe constancia que acredite que, por razón de su cargo como agente del Ministerio Público Mesa de Trámite Matutina Especializada en Delitos Culposos Número Tres Oriente, el indiciado ******************** hubiere recibido -material o jurídicamente- en administración, depósito u otra causa análoga, el numerario que se dice fue malversado [exhibido, en su momento, a favor de ********************, para que gozara de su libertad provisional bajo caución]; por el contrario, lo que se observa es que el veintisiete de diciembre de dos mil once, quien recibió en efectivo la cantidad de $350,000.00 (trescientos cincuenta mil pesos, cero centavos, moneda nacional), fue ********************, agente del Ministerio Público en funciones del titular adscrito a la Agencia Especializada en Delitos Culposos Número Tres Oriente Segundo Turno. - Que la mencionada cantidad en efectivo (relativa a una garantía caucional) recibida por la agente del Ministerio Público ********************, no la tenía encomendada legalmente en administración, depósito, o causa análoga, sino que la recibió en razón de sus funciones ministeriales y, por tanto, era una simple poseedora precaria, pues sobre dicho numerario no ejercía facultades de dominio; tan es así, que el dinero fue depositado en la cuenta bancaria de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, y las fichas de depósito relativas fueron enviadas al Director General Administrativo de dicha Procuraduría. - Que el agente del Ministerio Público de turno ordenó remitir el original y duplicado de la averiguación previa ********************, a la Mesa de Trámite Especializada en Delitos Culposos Número Tres Oriente Mesa Matutina, dejando a su disposición únicamente un automóvil que fue asegurado, no así cantidad de dinero alguna. - Que si bien el imputado en la época en la que se dijo sucedieron los hechos, era empleado de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, desempeñando el cargo de agente del Ministerio Público Mesa de Trámite Matutina Especializada en Delitos Culposos Número Tres Oriente de dicha institución, y que tuvo a su cargo el trámite de la averiguación previa ********************; lo cierto es que en la causa no se encuentra demostrado que aquél hubiera recibido dinero alguno en el desempeño de su trabajo, y por tanto, menos podría demostrarse que los montos que ordenó fueran devueltos al garante y al ofendido, hubieren entrado en su esfera jurídica con potestad autónoma para su administración, depósito o cualquier razón análoga. - Que no existe constancia de la que se advierta que el caudal que se dice malversado perteneciera al Estado, pues como se destacó, el mismo fue entregado por ******************** para garantizar la libertad provisional de ********************; sin que se aprecie determinación alguna en la que se hubiere hecho efectiva tal garantía y, por ende, hubiere entrado a las arcas públicas. Por todo lo anterior, sin prejuzgar sobre la legalidad del acuerdo dictado el treinta de enero de dos mil doce, en la averiguación previa ********************, en la que ********************, en su carácter de agente del Ministerio Público Mesa de Trámite Matutina Especializada en Delitos Culposos Número Tres Oriente, ordenó girar oficio al Director General Administrativo de la Fiscalía General del Estado de Puebla, a fin de que, a su vez, ordenara a quien correspondiera que hiciera la devolución de la cantidad de $120,000.00 (ciento veinte mil pesos, cero centavos, moneda nacional) al ofendido ********************, y el monto de $230,000.00 (doscientos treinta mil pesos, cero centavos, moneda nacional) al garante ********************; resulta que tal comportamiento podría ser constitutivo de otro delito o de responsabilidad, pero bajo ninguna razón legal podría configurarse el injusto de peculado. Se arriba a esa conclusión, pues ********************, en su carácter de agente del Ministerio Público Mesa de Trámite Matutina Especializada en Delitos Culposos Número Tres Oriente no tuvo en ningún momento la posibilidad de libre disposición sobre el numerario afecto, con la que debe contar el funcionario público como sujeto activo del delito de peculado. Entonces, si aquél ordenó la devolución del numerario por haberse otorgado el perdón al inculpado en la mencionada indagatoria, no podría hablarse de una "distracción" de su objeto [garantizar la libertad provisional bajo caución de un indiciado], porque no se hizo uso de él cambiando su finalidad jurídica, sino de la cancelación de ese objeto [que como ya se dijo, esta autoridad no prejuzga sobre la legalidad de esa actuación], y como consecuencia, la orden de devolución a quien lo había exhibido. Es así, pues se reitera, para que el sujeto activo pueda desviar de su objeto el bien que hubiere recibido por razón de su cargo perteneciente al Estado, se requiere que previamente se le hubiera transmitido la posesión derivada del bien y entonces éste pueda cambiar su finalidad jurídica, por tener facultades para su cuidado y manejo; lo que en la especie, no aconteció, pues el caudal nunca se introdujo en la esfera legal del entonces servidor público, por lo que no tuvo dominio sobre el mismo. En ese contexto, los medios de prueba recabados por la fiscalía no son reveladores de que el imputado haya recibido el monto de dinero exhibido como garantía en la averiguación previa ********************, y aun cuando en algún momento estuvo a cargo del trámite de tal indagatoria, ello no lo convirtió en administrador o depositario del numerario con plena autonomía de gestión, por lo que no estaba en posibilidad de cambiar la finalidad jurídica a la que estaba destinado. Consecuentemente, la conducta que atribuyó la autoridad responsable al hoy quejoso, consistente en haber ordenado y firmado un oficio en su carácter de agente del Ministerio Público, dirigido al Director General Administrativo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla para que hiciera la devolución del monto exhibido como garantía caucional en una de las averiguaciones previas que tramitaba en la época de los hechos, al garante y al ofendido; sencillamente, no encuadra en la descripción típica que prevé el artículo 428, fracción I del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, que contempla el delito de peculado; por consiguiente, no se acreditan el segundo y tercero de los elementos del cuerpo del aludido injusto. Así, al no actualizarse la mencionada hipótesis legal, resulta innecesario examinar la probable responsabilidad del inculpado, por no poder efectuarse en su contra juicio de reproche alguno. Por lo aquí expuesto, la resolución reclamada no se ajusta al derecho fundamental de exacta aplicación de la ley penal, consagrado en el artículo 14 de la Constitución Federal, que prohíbe la aplicación de la ley penal por analogía o mayoría de razón; estimar lo contrario, implicaría trastocar tal prerrogativa que tiene como finalidad la de proporcionar seguridad jurídica a los gobernados y evitar arbitrariedades gubernamentales. Es decir, conforme al derecho fundamental invocado, sólo pueden castigarse penalmente las conductas debidamente descritas en la legislación correspondiente como ilícitas y aplicarse las penas preestablecidas en la ley para sancionarlas, con el fin de salvaguardar la seguridad jurídica de las personas. Cierto, el contenido esencial del principio de legalidad en materia penal radica en que no puede sancionarse ninguna conducta ni imponerse pena alguna que no se encuentre establecida en la ley, lo que coincide propiamente con el denominado principio de legalidad de los delitos y las penas, frecuentemente expresado mediante el aforismo "nullum crimen, nulla poena, sine lege". Esto es, por más que una conducta resulte nociva para la sociedad y, por ende, revele la necesidad de ser penada, el Estado sólo podrá tomarla como razón para la aplicación de sanciones jurídico-penales si advirtió antes y de manera expresa tal circunstancia a los gobernados a través de la ley. Se trata, por tanto, de que el estado actúe con total sometimiento al imperio de la ley y dentro de sus límites, pero también de que los ciudadanos conozcan en todo momento cuáles serán las consecuencias de su conducta y el modo en que dichas consecuencias les van a ser aplicadas, con la absoluta seguridad de que si la ley no las establece, nunca podrán afectarles. Sustentan lo anterior, la tesis aislada sustentada por el Pleno, así como la jurisprudencia de la Primera Sala, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. ESTE DERECHO FUNDAMENTAL, CONTENIDO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SALVAGUARDA LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS. El derecho fundamental a la exacta aplicación de la ley penal tiene su origen en los principios nullum crimen sine lege (no existe un delito sin una ley que lo establezca) y nulla poena sine lege (no existe una pena sin una ley que la establezca), al tenor de los cuales sólo pueden castigarse penalmente las conductas debidamente descritas en la legislación correspondiente como ilícitas y aplicarse las penas preestablecidas en la ley para sancionarlas, con el fin de salvaguardar la seguridad jurídica de las personas, a quienes no puede considerárseles responsables penalmente sin que se haya probado que infringieron una ley penal vigente, en la que se encuentre debidamente descrito el hecho delictivo y se prevea la sanción aplicable." "PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. ANÁLISIS DEL CONTEXTO EN EL CUAL SE DESENVUELVEN LAS NORMAS PENALES, ASÍ COMO DE SUS POSIBLES DESTINATARIOS. El artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el derecho fundamental de exacta aplicación de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Este derecho fundamental no se limita a ordenar a la autoridad jurisdiccional que se abstenga de interpretar por simple analogía o mayoría de razón, sino que es extensivo al creador de la norma. En ese orden, al legislador le es exigible la emisión de normas claras, precisas y exactas respecto de la conducta reprochable, así como de la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito; esta descripción no es otra cosa que el tipo penal, el cual debe estar claramente formulado. Para determinar la tipicidad de una conducta, el intérprete debe tener en cuenta, como derivación del principio de legalidad, al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y unívoco en la labor de tipificación de la ley. Es decir, la descripción típica no debe ser de tal manera vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación. Así, el mandato de taxatividad supone la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea tal, que lo que es objeto de prohibición pueda ser conocido por el destinatario de la norma. Sin embargo, lo anterior no implica que para salvaguardar el principio de exacta aplicación de la pena, el legislador deba definir cada vocablo o locución utilizada al redactar algún tipo penal, toda vez que ello tornaría imposible la función legislativa. Asimismo, a juicio de esta Primera Sala, es necesario señalar que en la aplicación del principio de taxatividad es imprescindible atender al contexto en el cual se desenvuelven las normas, así como sus posibles destinatarios. Es decir, la legislación debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella. En este sentido, es posible que los tipos penales contengan conceptos jurídicos indeterminados, términos técnicos o vocablos propios de un sector o profesión, siempre y cuando los destinatarios de la norma tengan un conocimiento específico de las pautas de conducta que, por estimarse ilegítimas, se hallan prohibidas por el ordenamiento. El principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja, plural y altamente especializada como la de hoy en día, los tipos penales se configuren de tal manera que todos los gobernados tengan una comprensión absoluta de los mismos, específicamente tratándose de aquellos respecto de los cuales no pueden ser sujetos activos, ya que están dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy específicas, como ocurre con los tipos penales dirigidos a los miembros de las Fuerzas Armadas." En relatadas condiciones, al haberse trasgredido los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 19 constitucionales, en perjuicio del peticionario de amparo, lo procedente es conceder a ******************** el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto del auto de formal prisión dictado en su contra el once de enero de dos mil veintitrés, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de peculado; para los efectos que serán precisados en el considerando siguiente. Concesión que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado a la 2. Directora del Centro Penitenciario de Puebla, consistente en la identificación administrativa del quejoso, en virtud que no fue reclamado por vicios propios, sino como consecuencia directa de la resolución controvertida. Por último, ante la suplencia de la queja que operó en favor del quejoso para determinar lo anterior, resulta innecesario el estudio del resto de los motivos de disenso planteados en contra del auto de término constitucional, pues en nada mejorarán lo obtenido. NOVENO. Efectos de la concesión del amparo. En términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************, de forma lisa y llana, para el efecto de que el Juez Tercero de lo Penal del distrito judicial de Puebla, Puebla, una vez que quede firme esta sentencia y se requiera su cumplimiento dentro del plazo que para tal propósito se establezca, realice lo siguiente dentro de la causa penal ********************, de su índice: 1. Deje insubsistente el auto de formal prisión dictado el once de enero de dos mil veintitrés, en contra de ********************, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de peculado, previsto y sancionado por los artículos 428, fracción I y 429, en relación con los diversos 11, 13 y 21, fracción I, del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla (denominación vigente en la época de los hechos), y 69, inciso Q), del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, en agravio de la Procuración y Administración de Justicia y el Estado. 2. Con base en los razonamientos indicados en el considerando anterior de este fallo, dicte una nueva resolución relativa a la situación jurídica del peticionario de amparo, en la que determine que con el caudal probatorio que obra en esa causa penal, no se acreditaron en su totalidad los elementos del cuerpo del delito de peculado; y, por tanto, decrete auto de libertad por falta de elementos para procesar en favor de ********************. 3. Notifique dicha determinación a las partes e informe a la autoridad penitenciaria su resolución, a fin de que no identifique administrativamente al quejoso. 4. Remita a éste órgano de control constitucional las constancias que justifiquen el cumplimiento de la sentencia protectora. De conformidad con lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 77 de la Ley de Amparo, esta sentencia no surte efectos de manera inmediata; ello es así, pues el delito de peculado atribuido al demandante constitucional es considerado como grave por el artículo 69, inciso Q) del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado de Puebla. De ahí que no procede que los efectos de la concesión del amparo se cumplan de forma inmediata, sino hasta que quede firme la presente resolución y se requiera su cumplimiento. DÉCIMO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. DÉCIMO PRIMERO. Integración de la presente sentencia al expediente impreso. En términos de lo que dispone el párrafo séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 253 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales -adicionados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo-, se ordena integrar el presente fallo al expediente impreso, por tratarse de la resolución más relevante de este juicio. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 74, 75, 77 y 79 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, contra los actos reclamados consistentes en el auto de formal prisión dictado el once de enero de dos mil veintitrés, por el Juez Tercero de lo Penal del distrito judicial de Puebla, Puebla, en el proceso penal ********************; y su ejecución, atribuida a la Directora del Centro Penitenciario de la ciudad de Puebla; por las razones expuestas en el considerando octavo; y, para los efectos precisados en el diverso noveno de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando décimo de este fallo. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa; y, por oficio a las autoridades responsables, a las autoridades terceras interesadas y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.Así lo resolvió y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, ante la secretaria Romina Ortiz Avila, quien autoriza y da fe. Doy Fe. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) En la propia fecha se giraron los oficios correspondientes al tenor de la minuta que se anexa y se turnó el expediente a la Actuaría. Conste. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) La suscrita Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) La suscrita Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, hago constar y certifico que en la misma fecha en que se engrosó la sentencia que antecede se elaboró la versión electrónica de carácter público en la que se suprimieron los datos personales de las partes, en términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Doy fe. (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)En San Andrés Cholula, Puebla, a las diez horas con cuatro minutos del treinta de marzo de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el juicio de amparo indirecto 109/2023, promovido por ********************; con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, asistido de la secretaria Romina Ortiz Avila, que autoriza y da fe, procede a su celebración, sin la asistencia de las partes ni de su representante legítimo. A continuación, la secretaria hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan la demanda de amparo presentada por ********************; auto de dos de febrero de dos mil veintitrés (en el cual se radicó y admitió a trámite la demanda); e, informes justificados rendidos por las autoridades responsables; asimismo, certifica que transcurrió el plazo de ocho días concedido a las partes para que se impusieran del contenido de dichos informes, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. A lo anterior, el juez de Distrito acuerda: Ténganse por practicadas la relación de constancias y la certificación que anteceden, para los efectos legales conducentes. Enseguida, se abre el periodo de pruebas, en el que la secretaria da cuenta con la documental ofrecida por la autoridad responsable 1. Juez Tercero de lo Penal del distrito judicial de Puebla, Puebla, en apoyo a su informe de ley, consistente en copia certificada del proceso penal ********************, de su índice (anexo I). El juez de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admite la prueba relatada por la secretaria, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza; con lo anterior, se da por concluido este periodo. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que las partes no ejercieron ese derecho y que el agente del Ministerio Público Federal adscrito no formuló pedimento. A lo anterior, el juez de Distrito acuerda: se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos y, con fundamento en el artículo 124 de la Ley que rige al juicio de amparo, se da por concluido el periodo de referencia; por lo que, al no existir más promociones que acordar ni pruebas por desahogar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional y se procede a dictar: S E N T E N C I A
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