Jose Antonio Ramirez Berra
Expediente 1020/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 29 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1020/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 02/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Antonio Ramirez Berra
- Victoria Eugenia Fierro Briseño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el plazo general de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra del acuerdo dictado el veintiocho de abril de dos mil diecisiete, mediante el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo, transcurrió del once al treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, sin que se hayan inconformado con el citado proveído. En consecuencia, en términos del artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar la prueba documental que remitió la autoridad responsable Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvasele el anexo I, y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contadas a partir de la notificación del presente proveído, se sirva acusar de recibo. Apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción IV del punto vigésimo primero del ordenamiento en cita, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectiva, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Finalmente, se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Incidental
San Andrés Cholula, Puebla, primero de junio de dos mil diecisiete. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso José Antonio Ramírez Berra, en atención a su contenido, se provee lo siguiente: Toda vez que no existe ningún impedimento legal para conservar el billete de depósito N 788342, devuélvase el mismo, debidamente endosado a favor del quejoso, previa identificación y razón de recibo que otorgue en autos. En el entendido de que la devolución se realizará, por estrictas razones de seguridad y control, los días miércoles de cada semana de diez a trece horas, debiendo acompañar dos copias de una identificación oficial para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia que en caso de no hacerlo en el plazo de dos años, computado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, prescribirá a favor del Erario Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación.
- Principal
CAPTURA CITATORIO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA VICTORIA EUGENIA FIERRO BRISEÑO LA RESOLUCIÓN DE VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de abril de dos mil diecisiete. Vista, la certificación de esta fecha y el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que mediante proveído de dieciocho de abril de dos mil diecisiete, se dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que la responsable ha dado al fallo protector, desahogando la misma en relación a éste, únicamente la parte quejosa, tal como se advierte del escrito con el que se da cuenta; por lo que procede analizar si la ejecutoria constitucional fue acatada por la autoridad responsable con los elementos que obran en autos. Para ello, en principio es necesario indicar que en la sentencia dictada el treinta de septiembre de dos mil dieciséis (fojas 152 a 171), se sobreseyó en parte y se concedió en lo demás el amparo a la parte quejosa, para el efecto de que el Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, realizara lo siguiente: Deje sin efectos el acuerdo que dictó el treinta de mayo de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 369/2012. Dicte un nuevo acuerdo en el que purgue los vicios formales destacados, siguiendo los lineamientos precisados en la presente resolución, y con plenitud de jurisdicción, bajo su más estricta responsabilidad, resuelva lo procedente conforme a derecho. Se hace extensiva la concesión del amparo por lo que respecta a los actos de ejecución al no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia directa de la resolución controvertida, en la que se incluye el acto de ejecución, de acuerdo con la jurisprudencia 88, sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, registro 917622, página 70, que dice:." Inconforme con la anterior determinación el quejoso interpuso recurso de revisión (foja 245), del cual le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, quien en el toca R-385/2016 (fojas 272 a 305), resolvió lo siguiente: "PRIMERO.- Se modifica en la materia el fallo recurrido. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Antonio Ramírez Berra, contra el acto reclamado a las autoridades citadas en el resultando primero de esta resolución, a excepción del Director del Periódico Oficial del Estado de Puebla, consistente en la inconstitucionalidad del artículo 371, fracción III, del código adjetivo de la materia. TERCERO.- Para los efectos precisados en el considerando noveno de la resolución que se revisa, la Justicia de la Unión ampara y protege a José Antonio Ramírez Berra, contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero de esta resolución, a excepción del reclamado a la responsable denominada como Director del Periódico Oficial del Estado de Puebla, en términos del considerando sexto de la presente ejecutoria." Motivo por el cual, en auto de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo al juez responsable (fojas 306 309). Ahora bien, mediante oficio 1615 de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete (fojas 326 a 330), el Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, remitió copia certificada de la resolución de la misma fecha dictada en la causa penal 369/2012 de su índice, de la que se advierte que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos el auto combatido de treinta de mayo de dos mil dieciséis; sin embargo, reiteró la orden de reaprehensión contra el aquí quejoso José Antonio Ramírez Berra con fundamento en lo dispuesto en los artículos 371, fracción III y 375 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, bajo el argumento de que contra el mismo ya se dictó sentencia, y está sujeto a prisión preventiva en el diverso proceso 35/2015 del índice del Juzgado de lo Penal de Cholula, Puebla, por el delito de fraude especifico . No obstante, en la sentencia dictada en el presente juicio de amparo el treinta de septiembre de dos mil dieciséis, se estableció que el juez responsable aplicó incorrectamente el artículo 371, fracción III del Código Procesal de la Materia, ya que el quejoso no se encuentra en dicha hipótesis (que haya garantizado su libertad personal por sí mismo), pues fue un tercero garante quien exhibió la caución; aunado a que debía de explicar la aplicación del diverso numeral 372 del mismo Código, sin que lo haya hecho. Por lo que en auto de treinta de marzo de dos mil diecisiete, no se tuvo al juez responsable dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y se le solicitó nuevamente el mismo, precisándose que debería evitar incurrir en las deficiencias antes precisadas; además de dejar insubsistente la resolución reclamada de treinta de mayo de dos mil dieciséis, dictada en la causa penal 369/2012 de su índice, así como la diversa de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, con la que pretendió dar cumplimiento (fojas 331 y 332). Así, por oficio 1829 de cinco de abril de dos mil diecisiete (fojas 335 a 338), el Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, remitió copia certificada de la resolución de la misma fecha, dictada en la causa penal 369/2012 de su índice, de la que se advierte que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo realizó lo siguiente: - Dejó sin efectos el auto combatido de treinta de mayo de dos mil dieciséis, así como la diversa resolución de veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, con la que pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mediante los cuales había ordenado la reaprehensión del aquí quejoso José Antonio Ramírez Berra, y hecho efectiva la garantía que había exhibido para garantizar su libertad personal. - Con la libertad de jurisdicción que le fue concedida, estableció que con fundamento en los artículos 366, fracción I, 367 y 371, fracción III, éste último en relación con el diverso 372, fracción I, todos del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, había dos causales para poder revocar la libertad del aquí quejoso José Antonio Ramírez Berra, debido que por una dejó de firmar el libro de los procesados que gozan de su libertad y, la otra, por instruírsele diversa causa penal siendo 35/2015 del índice del Juzgado de lo Penal de Cholula, Puebla, por el delito de fraude específico. Sin embargo, con fundamento en el artículo 369, fracciones I y II del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, requirió al representante legal de Primero Fianzas, Sociedad Anónima de Capital Variable, para que en el término de veinte días presentara ante su presencia a su fiado, aquí quejoso José Antonio Ramírez Berra, tiempo que consideró suficiente para que el representante legal de dicha afianzadora realizara los trámites y pudiera presentar a su fiado; con el apercibimiento que de no hacerlo así, haría efectiva la póliza de fianza 1443857 por la cantidad de $40,000.00 (cuarenta mil pesos cero centavos moneda nacional), que exhibió para garantizar las obligaciones procesales con motivo de la causa que se sigue en su contra; asimismo, ordenaría su reaprehensión. Para lo cual, giró oficio al Coordinador General Jurídico de la Secretaría de Fianzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, para que ordenara a quien corresponda dejara sin efectos el oficio 7336 y no hacer efectiva la referida póliza de fianza. Por otro lado, mediante similar 1923 de once de abril de dos mil diecisiete (fojas 342 a 346), el juez de la causa, remitió a esta autoridad copia certificada de los acuses que giró al Fiscal General del Estado de Puebla y Director General de la Agencia Estatal de Investigación, por los cuales les comunicó que dejaran sin efectos la orden de aprehensión, que había girado contra el aquí quejoso. Documental que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo tiene pleno valor probatorio. Por otro lado, agréguese a los autos el escrito de la parte quejosa con el que se da cuenta, mediante el cual desahoga la vista otorgada en auto de dieciocho de abril de dos mil diecisiete, en el sentido de que la ejecutoria de amparo no está cumplida ya que el juez de la causa, en auto de cinco de abril de dos mil diecisiete, refiere que se le instruye el diverso proceso penal 35/2015 del índice del Juzgado de lo Penal de Cholula, Puebla, siendo ese número de proceso erróneo; que comunicó al juez responsable su imposibilidad para presentarse a firmar el libro de control de procesados en libertad provisional, por haber sido detenido y recluido en el Centro de Reinserción Social Regional de San Pedro Cholula, Puebla; que contrario a lo que establece el juez de la causa, el artículo 350 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Puebla, establece los requisitos para ser puesto en libertad bajo caución, así como que es incorrecto que el juez refiera que el numeral 367 del ordenamiento legal en cita establezca las causales para revocar la libertad provisional. Que fue erróneo que el juez del proceso haya citado el artículo 371, fracción III del código procesal de la materia para revocarle su libertad personal, pues refiere no se encuentra sujeto a reclusión preventiva, además de que la responsable no lo justifica con documento o constancia alguna. Que el juez de la causa aplica incorrectamente el artículo 369, fracción I del código procesal de la materia, ya que no se le ha llamado a comparecer ante el juez, además de que la afianzadora tendría que manifestar su imposibilidad de presentar al quejoso, aunado de que el término de veinte días que el juez de la causa le otorga a la afianzadora resulta arbitrario, al no motivar porque considera que es tiempo suficiente para presentar al aquí quejoso, ya que pudo haber concedido un plazo hasta de treinta días. Y, finalmente, refiere que el apercibimiento que realiza el juez responsable para el caso de que el quejoso no se presente ante él, y como consecuencia le revocaría su libertad personal, es violatorio de garantías pues con ello se está obstruyendo el procedimiento. Manifestaciones que resultan infundadas, ya que como se indicó anteriormente, la autoridad responsable sí da cumplimiento a los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, pues como se evidenció, dejó sin efectos la orden de reaprehensión del aquí quejoso y no se advierte que haya girado una nueva orden en contra del amparista, aplicando el artículo 371, fracción III del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, dispositivo legal que en la ejecutoria de amparo se dijo no era el correcto por ser un supuesto diferente al en que se encuentra el quejoso (debido a que fue un tercero quien garantizó la libertad personal del amparista). Asimismo, respecto del error en la cita del proceso que refiere el quejoso, efectivamente es uno diverso, es el 351/2015; sin embargo, ello pudo haber sido por un error mecanográfico de quien redactó dicho proveído, que no trasciende al fondo del asunto, pues el juez del proceso sí precisa el delito, así como el agraviado y ante qué juzgado. Igualmente, se advierte que el juez del proceso aplicó correctamente el artículo 367 del código procesal de la materia, pues en éste se explica que se le harán saber al acusado las causas de revocación de la libertad personal; aunado a que el amparista confesó haber sido detenido y recluido en el Centro de Reinserción Social de San Pedro Cholula, Puebla, por lo que en el momento de ordenar la reaprehensión del mismo, sí lo estuvo; de ahí lo infundado de su alegación. Asimismo, el juez de la causa requiere a la afianzadora para que dentro del término de veinte días presente ante él al quejoso, ello con fundamento en el artículo 369, fracciones I y II del referido código procesal de la materia, bajo el argumento de que dicho término lo consideró suficiente para que el representante legal de la afianzadora realizara los trámites y presentara a aquél; lo cual es ajustado a derecho pues de autos no se advierte alguna causa por la cual dentro de dicho término la afianzadora puede manifestar al juez su posibilidad o imposibilidad para presentar a su fiado; aunado a que el referido numeral establece un término hasta de treinta días, siendo el término máximo, pero no necesariamente tiene que darse el mismo a la afianzadora requerida; es decir, puede dársele un término más corto como en el caso acontece. Por otro lado, se precisa que la concesión de amparo fue por vicios de forma del acto reclamado (falta de fundamentación y motivación), motivo por el cual todo lo concerniente al fondo del asunto, no es materia del presente sumario constitucional, sino de un nuevo acto reclamado de la autoridad responsable, por lo que la parte quejosa tiene a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía que considere pertinente. Atento a lo expuesto, al haberse cumplido los extremos a que se contrae la ejecutoria amparadora, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio signado por el Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla y anexo, visto su contenido, téngase a la referida autoridad manifestando haber desahogado el requerimiento formulado en auto de diez de abril pasado y por ende haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. En consecuencia, con el contenido del oficio y anexo de cuenta, así como con el diverso oficio y anexo incorporado en el proveído antes citado, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, para que manifieste lo que a su derecho e interés convenga; apercibida que de no realizar manifestación alguna sobre el particular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo con los elementos que obran en autos y con los diversos aportados por la autoridad oficiante. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Quedan 25 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes
- JOSE ANTONIO MUÑOZ MOCTEZUMA y Otros.365/2018
- JOSE ANTONIO MUÑOZ MOCTEZUMA y Otros.763/2018
- Jose Antonio Naranjo Lopez705/2018
- Jose Antonio Nemecio Valencia Martinez1149/2017
- Jose Antonio Ortigoza Neri1003/2022
- Jose Antonio Ramirez Berra542/2017
- Jose Antonio Ramirez de Ita794/2020
- Jose Antonio Rojas Paredes633/2018
- Jose Antonio Ruiz Sanchez1045/2022
- Jose Antonio Ruiz Sanchez109/2023
- Jose Antonio Ruiz Sanchez882/2022
- Jose Antonio Ruiz Sanchez934/2022