Jose Antonio Saenz de Miera Santana

Expediente 970/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
970/2018
Año
2018
Actuaciones
16
Última actuación
07/03/2019

Partes del expediente

  • Jose Antonio Saenz de Miera Santana

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    (publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE SEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: (...) San Andrés Cholula, Puebla, seis de marzo de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos el escrito signado por el quejoso José Antonio Sáenz de Miera Santana, a través del cual pretende interponer recurso de reclamación en contra del acuerdo dictado el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, por el suscrito Juez Federal; sin embargo, con fundamento en el artículo 104 de la Ley de Amparo (aplicado a contrario sentido), en relación con el similar 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desecha su promoción por notoriamente improcedente. Se explica; el recurso de reclamación se encuentra previsto por el numeral 104 de la Ley de Amparo, en los términos siguientes: "Artículo 104. El recurso de reclamación es procedente contra los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los presidentes de sus salas o de los tribunales colegiados de circuito. Dicho recurso se podrá interponer por cualquiera de las partes, por escrito, en el que se expresan agravios, dentro del término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la resolución impugnada." [Lo subrayada y resaltado no es de origen.] Conforme al precepto citado, el recurso de reclamación procede contra los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los presidentes de sus salas o de los tribunales colegiados de circuito; no obstante, en este caso, el auto de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, que pretende impugnar la parte quejosa, fue dictado por el suscrito Juez Federal; de ahí que, ese recurso sea improcedente. Por otra parte, el numeral 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, dispone: "Artículo 57. Los tribunales no admitirán nunca incidentes, recursos o promociones notoriamente maliciosos o improcedentes. Los desecharán de plano, sin necesidad de mandarlos hacer saber a las otras partes, ni dar traslado, ni formar artículo." [Lo subrayada y resaltado no es de origen.] Esto es, ese artículo -aplicado de forma supletoria, de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Amparo- faculta al suscrito Juez Federal para desechar de plano (no admitir) recursos notoriamente improcedentes, como en el caso acontece, y con ello evitar desgastar el aparato judicial, en aras de una pronta y expedita administración de justicia, garantía que a su vez, se encuentra prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, se insiste, no es posible acordar de conformidad el escrito firmado por el quejoso José Antonio Sáenz de Miera Santana, mediante el cual interpone recurso de reclamación en contra del acuerdo dictado el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, Finalmente, se ordena devolver al archivo el presente asunto, en cumplimiento a lo ordenado en auto de catorce de diciembre de dos mil dieciocho. (...)

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de marzo de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos el escrito signado por el quejoso José Antonio Sáenz de Miera Santana, a través del cual pretende interponer recurso de reclamación en contra del acuerdo dictado el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, por el suscrito Juez Federal; sin embargo, con fundamento en el artículo 104 de la Ley de Amparo (aplicado a contrario sentido), en relación con el similar 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desecha su promoción por notoriamente improcedente. Se explica; el recurso de reclamación se encuentra previsto por el numeral 104 de la Ley de Amparo, en los términos siguientes: "Artículo 104. El recurso de reclamación es procedente contra los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los presidentes de sus salas o de los tribunales colegiados de circuito. Dicho recurso se podrá interponer por cualquiera de las partes, por escrito, en el que se expresan agravios, dentro del término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la resolución impugnada." [Lo subrayada y resaltado no es de origen.] Conforme al precepto citado, el recurso de reclamación procede contra los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los presidentes de sus salas o de los tribunales colegiados de circuito; no obstante, en este caso, el auto de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, que pretende impugnar la parte quejosa, fue dictado por el suscrito Juez Federal; de ahí que, ese recurso sea improcedente. Por otra parte, el numeral 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, dispone: "Artículo 57. Los tribunales no admitirán nunca incidentes, recursos o promociones notoriamente maliciosos o improcedentes. Los desecharán de plano, sin necesidad de mandarlos hacer saber a las otras partes, ni dar traslado, ni formar artículo." [Lo subrayada y resaltado no es de origen.] Esto es, ese artículo -aplicado de forma supletoria, de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Amparo- faculta al suscrito Juez Federal para desechar de plano (no admitir) recursos notoriamente improcedentes, como en el caso acontece, y con ello evitar desgastar el aparato judicial, en aras de una pronta y expedita administración de justicia, garantía que a su vez, se encuentra prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, se insiste, no es posible acordar de conformidad el escrito firmado por el quejoso José Antonio Sáenz de Miera Santana, mediante el cual interpone recurso de reclamación en contra del acuerdo dictado el veinticuatro de enero de dos mil diecinueve, Finalmente, se ordena devolver al archivo el presente asunto, en cumplimiento a lo ordenado en auto de catorce de diciembre de dos mil dieciocho.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de enero de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos, con el oficio III-403/2019 signado por la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con el que comunica que por acuerdo de Presidencia de veintidós de enero de dos mil diecinueve, determinó que el proveído de nueve de enero del presente año, por el que desechó por extemporáneo el recurso de revisión hecho valer por el quejoso, quedó firme al no haber sido recurrido por el inconforme. Consecuentemente, acúsese el recibo de estilo correspondiente al Tribunal de revisión, glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos originales al tribunal de revisión, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como concluido. Ahora, como del estado que guardan los autos del presente juicio de garantías, aparece que en proveído de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, este órgano de control constitucional ordenó reservar acordar lo relativo al escrito presentado por el quejoso José Antonio Sáenz de Miera Santana, con el que promueve incidente de nulidad de actuaciones y notificaciones, hasta en tanto se contara con los autos originales del juicio de garantías, y como el día de hoy se tuvo por recibido el oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con el que, entre otras cosas, devolvió los autos originales del presente sumario constitucional, se provee: En primer término, es menester señalar que el incidente de nulidad de notificación dentro del juicio de garantías se encuentra previsto por el artículo 68 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 68. Antes de la sentencia definitiva las partes podrán pedir la nulidad de notificaciones en el expediente que la hubiere motivado, en la siguiente actuación en que comparezcan. Dictada la sentencia definitiva, podrán pedir la nulidad de las notificaciones realizadas con posterioridad a ésta, en la siguiente actuación que comparezcan. (.)." El numeral transcrito dispone que antes de la sentencia definitiva las partes podrán pedir la nulidad de notificaciones en la siguiente actuación en que comparezcan; lo mismo se advierte en cuanto a la nulidad de las notificaciones realizadas con posterioridad a ésta, donde la expresión "siguiente actuación", se refiere a la promoción o escrito en el que se ponga de manifiesto que el interesado conocía la actuación que impugna de nula, y en virtud de que no se señala término para ello, debe estarse al artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, que prevé que cuando la ley no señale término para la práctica de algún acto judicial o para el ejercicio de un derecho hay que estar al de tres días el cual, en atención al artículo 18 de la Ley de Amparo, debe computarse a partir del día siguiente al en que el promovente del incidente de nulidad tuvo conocimiento o se hizo sabedor de la notificación que tilda de ilegal. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos lo localización, rubro y texto son: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LA SIGUIENTE ACTUACIÓN EN QUE SE COMPAREZCA A PRESENTAR EL INCIDENTE RESPECTIVO, DEBE LLEVARLA A CABO EL INTERESADO DENTRO DEL TÉRMINO DE 3 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 297, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, CONTADO A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE TUVO CONOCIMIENTO O SE OSTENTÓ SABEDOR DE LA ACTUACIÓN QUE TILDA DE IRREGULAR. Para efectos del artículo 68, primer párrafo, de la Ley de Amparo, la expresión "en la siguiente actuación en que comparezcan", debe entenderse como la primera intervención en alguna diligencia, audiencia, ratificación o, incluso, la presentación de una promoción y, en general, cualquier acto procesal en que tenga intervención la parte afectada en el procedimiento judicial, en la que se evidencie o desprenda el conocimiento de la resolución presuntamente mal notificada. Ahora, si bien la Ley de Amparo no señala término para la presentación del incidente de nulidad de notificaciones en la siguiente actuación en que comparezcan las partes, el legislador estableció en su artículo 2o. que, a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, los principios generales de derecho. De ahí que, al ser de aplicación supletoria el código aludido, debe atenderse a su artículo 297, fracción II, que prevé que cuando la ley no señale término para la práctica de algún acto judicial o para el ejercicio de un derecho hay que estar al de 3 días el cual, en atención al artículo 18 de la Ley de Amparo, debe computarse a partir del día siguiente al en que el promovente del incidente de nulidad tuvo conocimiento o se hizo sabedor de la notificación que tilda de ilegal." En ese tenor, el ordinal transcrito establece dos supuestos de procedencia del incidente de nulidad de notificación; a saber: a) Cuando se demande la nulidad de las notificaciones previas al dictado de la sentencia en el juicio de amparo; y, b) Dictada la sentencia, las partes podrán pedir la nulidad de las notificaciones realizadas con posterioridad a tal evento, es decir, al dictado de la sentencia. En ambos supuestos, la nulidad deberá pedirse en la siguiente actuación en que comparezca quien solicite la nulidad. En el asunto que se estudia, se tiene que el quejoso José Antonio Sáenz de Miera Santana, pretende la nulidad de actuaciones y notificaciones llevadas a cabo dentro del procedimiento, las cuales fueron realizadas previo al dictado de la sentencia; e incluso pretende la nulidad de la notificación relativa a la resolución definitiva. De ahí que la incidencia planteada resulta improcedente, ya que ninguna de las hipótesis enunciadas en los incisos a) y b) que anteceden se actualizan en el caso. Pues en términos de los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, según el ordinal 2º, la sentencia dictada en este asunto causó ejecutoria (fojas 92 y 93). Por lo que la misma, de conformidad con los artículos 354 y 355 del código procesal en cita adquirió la calidad de cosa juzgada y en su contra no procede medio de defensa alguno, en virtud de que constituye una verdad legal. Además el quejoso, también promovió recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este sumario constitucional, el cual fue desechado por extemporáneo (foja 161). Es así, porque la cuestión analizada, adquirió la calidad de cosa juzgada con el dictado de la sentencia definitiva, la cual, se insiste, adquirió firmeza el catorce de diciembre de dos mil dieciocho, cuando causó ejecutoria; además de que, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro de la revisión R-13/2019, declaró firme el auto de nueve de enero de dos mil diecinueve, por el que desechó por extemporáneo el recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa, por lo que no puede ser modificada, destruida o alterada mediante un instrumento accesorio como lo es el incidente de nulidad que nos ocupa, pues de hacerlo, se permitiría un estado de incertidumbre respecto de las resoluciones emitidas en las contiendas constitucionales. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 30/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES, INCIDENTE DE. NO PROCEDE CONTRA ACTUACIONES PRACTICADAS CON ANTERIORIDAD AL DICTADO DE LA SENTENCIA EJECUTORIA. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado que la cosa juzgada constituye la verdad legal y que por ende, en su contra no cabe admitir recurso ni prueba alguna, porque de aceptarse lo contrario se destruiría la firmeza que corresponde a la sentencia ejecutoria. De lo que se sigue que en toda controversia jurisdiccional que ha concluido con dicha sentencia cierra toda posibilidad de procedencia del incidente de nulidad de actuaciones, respecto de las practicadas con anterioridad a la emisión de dicho fallo, ya sea en primera instancia, en segunda o durante la tramitación de la etapa de ejecutorización; y que así mismo las actuaciones de una fase del proceso sólo se pueden impugnar mediante dicho incidente, mientras no se concluya cada periodo procesal, pues no puede destruirse la firmeza que ha adquirido el juicio a través de un simple incidente de naturaleza accesoria al pleito principal, toda vez que la única manera de atacar ese tipo de resoluciones es a través de los recursos que establece la ley o del juicio de amparo, en su caso." Así, se insiste, el dictado de la sentencia de amparo hace improcedente el incidente de nulidad respecto de notificaciones practicadas antes del dictado de dicha resolución culminatoria, y, las posteriores, porque ésta ya ha quedado firme. Orienta el criterio de la suscrita la tesis aislada sustentada por el VI.1o.A.12 K, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que señala: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. QUEJA INFUNDADA CONTRA EL AUTO DEL JUEZ DE DISTRITO QUE NIEGA LA TRAMITACIÓN DEL INCIDENTE RESPECTIVO, PUES CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO YA DICTÓ SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA RESULTA IMPROCEDENTE PLANTEARLO EN CONTRA DE DILIGENCIAS PRACTICADAS CON ANTERIORIDAD A DICHA EJECUTORIA. El pronunciamiento de la ejecutoria de segunda instancia elimina toda posibilidad de procedencia del incidente de nulidad de notificaciones, respecto de las practicadas con anterioridad a la emisión de ese fallo; de ahí que resulte infundada la queja interpuesta contra el acuerdo del Juez de Distrito por el que se denegó la tramitación de esa cuestión incidental, mediante la que se pidió la nulidad de la notificación correspondiente al proveído en el que se ordenó la remisión de los autos al Tribunal Colegiado para la sustanciación del recurso de revisión en contra de la sentencia pronunciada en la audiencia constitucional. Al efecto, en forma primordial debe tenerse en cuenta que al momento de promover dicho incidente ya se había emitido sentencia definitiva ejecutoriada, razón por la cual, atendiendo al momento procesal del juicio de amparo, es inconcuso que resultaba improcedente plantear la nulidad de una notificación verificada con antelación a la ejecutoria mencionada. Sostener lo contrario implicaría aceptar que la institución de cosa juzgada puede ser destruida mediante un incidente de naturaleza accesoria al juicio principal. Por consiguiente, en esa etapa del procedimiento ya sólo podía plantearse la nulidad de notificaciones practicadas con posterioridad a la sentencia de segunda instancia. Esta autoridad no desatiende que los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-; sin embargo, tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional. Es aplicables la jurisprudencia 2a./J. 98/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio" En virtud de lo sostenido, con fundamento en el artículo 68 de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente el incidente de nulidad de actuaciones y notificaciones promovido por el quejoso José Antonio Sáenz de Miera Santana, respecto de las notificaciones y actuaciones dictadas en el juicio de amparo 970/2018 de esta estadística, y que refiere le fueron realizadas por lista, en virtud de que éstas se realizaron antes del dictado de la sentencia y, las posteriores, porque, ésta ya quedó firme, en tanto que, el incidente se promovió con posterioridad a tales eventos; por lo que dichas actuaciones siguen rigiendo en los presentes autos en relación a sus efectos y consecuencias. Finalmente, devuélvase al archivo el presente asunto, en cumplimiento al proveído de catorce de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 92 a 93).

  4. Principal

    CAPTURA AVISO- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE VEINTICUATRO DE ENERO DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de enero de dos mil diecinueve. Intégrese a sus autos, con el oficio III-403/2019 signado por la Actuaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con el que comunica que por acuerdo de Presidencia de veintidós de enero de dos mil diecinueve, determinó que el proveído de nueve de enero del presente año, por el que desechó por extemporáneo el recurso de revisión hecho valer por el quejoso, quedó firme al no haber sido recurrido por el inconforme. Consecuentemente, acúsese el recibo de estilo correspondiente al Tribunal de revisión, glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la remisión de los autos originales al tribunal de revisión, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese este asunto como concluido. Ahora, como del estado que guardan los autos del presente juicio de garantías, aparece que en proveído de veintitrés de enero de dos mil diecinueve, este órgano de control constitucional ordenó reservar acordar lo relativo al escrito presentado por el quejoso José Antonio Sáenz de Miera Santana, con el que promueve incidente de nulidad de actuaciones y notificaciones, hasta en tanto se contara con los autos originales del juicio de garantías, y como el día de hoy se tuvo por recibido el oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, con el que, entre otras cosas, devolvió los autos originales del presente sumario constitucional, se provee: En primer término, es menester señalar que el incidente de nulidad de notificación dentro del juicio de garantías se encuentra previsto por el artículo 68 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 68. Antes de la sentencia definitiva las partes podrán pedir la nulidad de notificaciones en el expediente que la hubiere motivado, en la siguiente actuación en que comparezcan. Dictada la sentencia definitiva, podrán pedir la nulidad de las notificaciones realizadas con posterioridad a ésta, en la siguiente actuación que comparezcan. (.)." El numeral transcrito dispone que antes de la sentencia definitiva las partes podrán pedir la nulidad de notificaciones en la siguiente actuación en que comparezcan; lo mismo se advierte en cuanto a la nulidad de las notificaciones realizadas con posterioridad a ésta, donde la expresión "siguiente actuación", se refiere a la promoción o escrito en el que se ponga de manifiesto que el interesado conocía la actuación que impugna de nula, y en virtud de que no se señala término para ello, debe estarse al artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, que prevé que cuando la ley no señale término para la práctica de algún acto judicial o para el ejercicio de un derecho hay que estar al de tres días el cual, en atención al artículo 18 de la Ley de Amparo, debe computarse a partir del día siguiente al en que el promovente del incidente de nulidad tuvo conocimiento o se hizo sabedor de la notificación que tilda de ilegal. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos lo localización, rubro y texto son: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LA SIGUIENTE ACTUACIÓN EN QUE SE COMPAREZCA A PRESENTAR EL INCIDENTE RESPECTIVO, DEBE LLEVARLA A CABO EL INTERESADO DENTRO DEL TÉRMINO DE 3 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 297, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, CONTADO A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE TUVO CONOCIMIENTO O SE OSTENTÓ SABEDOR DE LA ACTUACIÓN QUE TILDA DE IRREGULAR. Para efectos del artículo 68, primer párrafo, de la Ley de Amparo, la expresión "en la siguiente actuación en que comparezcan", debe entenderse como la primera intervención en alguna diligencia, audiencia, ratificación o, incluso, la presentación de una promoción y, en general, cualquier acto procesal en que tenga intervención la parte afectada en el procedimiento judicial, en la que se evidencie o desprenda el conocimiento de la resolución presuntamente mal notificada. Ahora, si bien la Ley de Amparo no señala término para la presentación del incidente de nulidad de notificaciones en la siguiente actuación en que comparezcan las partes, el legislador estableció en su artículo 2o. que, a falta de disposición expresa, se aplicarán supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, los principios generales de derecho. De ahí que, al ser de aplicación supletoria el código aludido, debe atenderse a su artículo 297, fracción II, que prevé que cuando la ley no señale término para la práctica de algún acto judicial o para el ejercicio de un derecho hay que estar al de 3 días el cual, en atención al artículo 18 de la Ley de Amparo, debe computarse a partir del día siguiente al en que el promovente del incidente de nulidad tuvo conocimiento o se hizo sabedor de la notificación que tilda de ilegal." En ese tenor, el ordinal transcrito establece dos supuestos de procedencia del incidente de nulidad de notificación; a saber: a) Cuando se demande la nulidad de las notificaciones previas al dictado de la sentencia en el juicio de amparo; y, b) Dictada la sentencia, las partes podrán pedir la nulidad de las notificaciones realizadas con posterioridad a tal evento, es decir, al dictado de la sentencia. En ambos supuestos, la nulidad deberá pedirse en la siguiente actuación en que comparezca quien solicite la nulidad. En el asunto que se estudia, se tiene que el quejoso José Antonio Sáenz de Miera Santana, pretende la nulidad de actuaciones y notificaciones llevadas a cabo dentro del procedimiento, las cuales fueron realizadas previo al dictado de la sentencia; e incluso pretende la nulidad de la notificación relativa a la resolución definitiva. De ahí que la incidencia planteada resulta improcedente, ya que ninguna de las hipótesis enunciadas en los incisos a) y b) que anteceden se actualizan en el caso. Pues en términos de los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, según el ordinal 2º, la sentencia dictada en este asunto causó ejecutoria (fojas 92 y 93). Por lo que la misma, de conformidad con los artículos 354 y 355 del código procesal en cita adquirió la calidad de cosa juzgada y en su contra no procede medio de defensa alguno, en virtud de que constituye una verdad legal. Además el quejoso, también promovió recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este sumario constitucional, el cual fue desechado por extemporáneo (foja 161). Es así, porque la cuestión analizada, adquirió la calidad de cosa juzgada con el dictado de la sentencia definitiva, la cual, se insiste, adquirió firmeza el catorce de diciembre de dos mil dieciocho, cuando causó ejecutoria; además de que, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro de la revisión R-13/2019, declaró firme el auto de nueve de enero de dos mil diecinueve, por el que desechó por extemporáneo el recurso de revisión hecho valer por la parte quejosa, por lo que no puede ser modificada, destruida o alterada mediante un instrumento accesorio como lo es el incidente de nulidad que nos ocupa, pues de hacerlo, se permitiría un estado de incertidumbre respecto de las resoluciones emitidas en las contiendas constitucionales. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 30/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES, INCIDENTE DE. NO PROCEDE CONTRA ACTUACIONES PRACTICADAS CON ANTERIORIDAD AL DICTADO DE LA SENTENCIA EJECUTORIA. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado que la cosa juzgada constituye la verdad legal y que por ende, en su contra no cabe admitir recurso ni prueba alguna, porque de aceptarse lo contrario se destruiría la firmeza que corresponde a la sentencia ejecutoria. De lo que se sigue que en toda controversia jurisdiccional que ha concluido con dicha sentencia cierra toda posibilidad de procedencia del incidente de nulidad de actuaciones, respecto de las practicadas con anterioridad a la emisión de dicho fallo, ya sea en primera instancia, en segunda o durante la tramitación de la etapa de ejecutorización; y que así mismo las actuaciones de una fase del proceso sólo se pueden impugnar mediante dicho incidente, mientras no se concluya cada periodo procesal, pues no puede destruirse la firmeza que ha adquirido el juicio a través de un simple incidente de naturaleza accesoria al pleito principal, toda vez que la única manera de atacar ese tipo de resoluciones es a través de los recursos que establece la ley o del juicio de amparo, en su caso." Así, se insiste, el dictado de la sentencia de amparo hace improcedente el incidente de nulidad respecto de notificaciones practicadas antes del dictado de dicha resolución culminatoria, y, las posteriores, porque ésta ya ha quedado firme. Orienta el criterio de la suscrita la tesis aislada sustentada por el VI.1o.A.12 K, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que señala: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. QUEJA INFUNDADA CONTRA EL AUTO DEL JUEZ DE DISTRITO QUE NIEGA LA TRAMITACIÓN DEL INCIDENTE RESPECTIVO, PUES CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO YA DICTÓ SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA RESULTA IMPROCEDENTE PLANTEARLO EN CONTRA DE DILIGENCIAS PRACTICADAS CON ANTERIORIDAD A DICHA EJECUTORIA. El pronunciamiento de la ejecutoria de segunda instancia elimina toda posibilidad de procedencia del incidente de nulidad de notificaciones, respecto de las practicadas con anterioridad a la emisión de ese fallo; de ahí que resulte infundada la queja interpuesta contra el acuerdo del Juez de Distrito por el que se denegó la tramitación de esa cuestión incidental, mediante la que se pidió la nulidad de la notificación correspondiente al proveído en el que se ordenó la remisión de los autos al Tribunal Colegiado para la sustanciación del recurso de revisión en contra de la sentencia pronunciada en la audiencia constitucional. Al efecto, en forma primordial debe tenerse en cuenta que al momento de promover dicho incidente ya se había emitido sentencia definitiva ejecutoriada, razón por la cual, atendiendo al momento procesal del juicio de amparo, es inconcuso que resultaba improcedente plantear la nulidad de una notificación verificada con antelación a la ejecutoria mencionada. Sostener lo contrario implicaría aceptar que la institución de cosa juzgada puede ser destruida mediante un incidente de naturaleza accesoria al juicio principal. Por consiguiente, en esa etapa del procedimiento ya sólo podía plantearse la nulidad de notificaciones practicadas con posterioridad a la sentencia de segunda instancia. Esta autoridad no desatiende que los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-; sin embargo, tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional. Es aplicables la jurisprudencia 2a./J. 98/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio" En virtud de lo sostenido, con fundamento en el artículo 68 de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente el incidente de nulidad de actuaciones y notificaciones promovido por el quejoso José Antonio Sáenz de Miera Santana, respecto de las notificaciones y actuaciones dictadas en el juicio de amparo 970/2018 de esta estadística, y que refiere le fueron realizadas por lista, en virtud de que éstas se realizaron antes del dictado de la sentencia y, las posteriores, porque, ésta ya quedó firme, en tanto que, el incidente se promovió con posterioridad a tales eventos; por lo que dichas actuaciones siguen rigiendo en los presentes autos en relación a sus efectos y consecuencias. Finalmente, devuélvase al archivo el presente asunto, en cumplimiento al proveído de catorce de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 92 a 93).

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