Jose Antonio Saenz de Miera Santana
Expediente 914/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 914/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 14/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Antonio Saenz de Miera Santana
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el oficio signado por el oficio III-1104/2021, signado por la Actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito (y anexo), mediante el cual informa que se declaró infundado el recurso de reclamación 2/2021, interpuesto por el quejoso José Antonio Sáenz de Miera Santana, en contra del diverso de quince de enero del actual, en el que desechó el recurso de queja hecho valer por dicho amparista en contra del auto de treinta de noviembre de dos mil veinte, dictado por este órgano jurisdiccional; de lo que el suscrito toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Como lo solicita la superioridad, acuse de recibo de las copias certificadas de todo lo actuado en el presente sumario constitucional, las cuales se ordena destruir; y, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el oficio III-94/2021, signado electrónicamente por la Actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, a través del cual comunica que por auto dictado por el presidente de dicho órgano colegiado el quince de enero del actual, se desechó por improcedente el medio de impugnación propuesto por la parte quejosa, en contra del auto de treinta de noviembre de dos mil veinte, dictado por este órgano jurisdiccional, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar. Por otro lado, este expediente es susceptible de destrucción transcurridos tres años contados a partir del presente auto, de con el artículo 21, inciso d, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General). Así mismo, se ordena fijar la anotación correspondiente en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA; Y, CÚMPLASE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de treinta de noviembre de dos mil veinte, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Finalmente, agréguese a los presentes autos el escrito de expresión de agravios signado por el quejoso José Antonio Sáenz de Miera Santana, mediante el cual, interpone recurso de queja en contra del auto dictado el treinta de noviembre de dos mil veinte, en el presente juicio de amparo 914/2020, por el cual se desechó su demanda de garantías. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 100 y 101 de la Ley de Amparo; ríndase el informe respectivo, manifestando que es cierto que el suscrito Juez Federal desechó la demanda de amparo, y remítase el original del aludido escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, conjuntamente con copia certificada de todo lo actuado en este expediente en que se provee, toda vez que no hay más partes a notificar. Asimismo, glósese para constancia copia del escrito de expresión de agravios. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA - DEBIÉNDOSE ENVIAR POR CORREO ELECTRÓNICO A LA ADMINISTRACIÓN DEL EDIFICIO LA LISTA A PUBLICAR, PARA QUE SE COLOQUE EN UN ESPACIO DE FÁCIL ACCESO PARA QUIEN ACUDA SIN CONTAR CON UNA CITA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 21 DEL ACUERDO GENERAL 21/2020; Y, CÚMPLASE.
- Principal
-- CAPTURA DE CITATORIO --- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE PROMOVENTE EL ACUERDO DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: San Andrés Cholula, Puebla, treinta de noviembre de dos mil veinte. CUESTIONES PRELIMINARES. Agréguese a los autos el escrito aclaratorio signado por el quejoso José Antonio Sáenz de Miera Santana, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de veintitrés de noviembre del año en curso; precisa el acto que combate en el presente sumario constitucional. Consecuentemente, ténganse a la parte quejosa dando cumplimiento al requerimiento efectuado. Por otra parte, se tienen a la vista las constancias que integran el juicio de amparo 1228/2019-C, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal del Sexto Circuito, promovido por José Antonio Sáenz de Miera Santana contra actos de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla (Laura Martínez Gámez), las que en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, constituyen un hecho notorio a fin de proveer lo que conforme a derecho corresponde. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama de la autoridad responsable: Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla, el auto de siete de noviembre del año en curso, dictado en la averiguación previa 1248/2015/SUR de su índice, en el que no acordó favorable la petición realizada por el quejoso, en la que solicitó por parte de dicha fiscal el cumplimiento de lo ordenado por el Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla, al abrir el proceso 40/2017, con motivo de la consignación de los hechos contenidos en la averiguación previa antes citada, esto es, "que realizará las gestiones a procurar la mediación." y, devolviera dicha indagatoria al citado juzgado. El quejoso asentó textualmente la respuesta de la fiscal responsable, en los siguientes términos: / Esto es, la averiguación previa 1248/2015/Sur que conoce la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla (Laura Martínez Gámez) se encuentra en archivo definitivo atento lo resuelto en la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del toca de revisión R-63/2020 en donde se resolvió que José Antonio Sáenz de Miera Santana tuvo conocimiento de la determinación de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, mediante la cual se resolvió el no ejercicio de la acción penal y se ordenó el archivo de la indagatoria en cita, por lo menos desde el veintitrés de agosto del año en cita, por lo que, tuvo posibilidad de inconformarse a partir de dicha fecha, sin embargo, no lo hizo, inconformándose hasta el tres de diciembre de dos mil diecinueve, es decir, fuera del término de quince días que prevé el artículo 30 ter del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, tornándose extemporánea dicha inconformidad. Siendo, que con el acto que reclama en esta instancia constitucional pretende nuevamente que la fiscal responsable regrese la indagatoria: 1248/2015/Sur al Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla, a quien le había sido consignada ésta y la regresó para agotar el procedimiento de mediación, sin embargo, la agente del Ministerio Público el veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, resolvió el no ejercicio de la acción penal y ordenó el archivo de la indagatoria con lo cual el aquí quejoso no se inconformó en el término que prevé el artículo 30 ter del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, lo que fue materia de estudio en la ejecutoria en cita, por lo que, este órgano jurisdiccional estima que en el caso, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de derechos fundamentales que se analiza, pues en la especie se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XI, en relación con la diversa X, ambos del artículo 61 de la Ley de Amparo (cosa juzgada) que disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; (.) De la lectura del artículo transcrito se infiere que el juicio de garantías resulta improcedente contra leyes o actos que hayan sido materia de otro juicio de amparo que causó ejecutoria, lo cual en términos del artículo 354 del Código Federal de Procedimientos Civiles constituye cosa juzgada, de modo tal, que no es factible realizar ningún examen relacionado con las cuestiones debatidas en el primer juicio de amparo, pues de hacerlo atentaría no sólo contra la técnica que rige esta materia, sino contra el principio de seguridad jurídica establecido en los artículos 14 y 17 de la Constitución General de la República. Para que exista cosa juzgada resulta necesario que, con anterioridad a la presentación de la demanda en análisis, se haya promovido otro juicio de garantías en el que se haya hecho un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas pretensiones y el propio acto reclamado, en que exista, por ende, identidad de partes, de objetos o cosas materia de los juicios de que se trate e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se hizo valer en ambas demandas. Es aplicable a lo anterior la tesis de jurisprudencia XX.95 K sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, de rubro y texto siguientes: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. REQUISITOS QUE SE NECESITAN PARA QUE OPERE LA. Para la existencia de cosa juzgada en el juicio de amparo, es necesario que con anterioridad se haya promovido otro juicio de garantías en el que se haya hecho un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa o causa de pedir; debiendo existir por ende, identidad de partes, de objetos o cosas materia de los juicios de que se trate e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer." Así como la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido siguientes: "COSA JUZGADA REFLEJA. DEBE ANALIZARSE DE OFICIO CUANDO EL JUZGADOR ADVIERTE SU EXISTENCIA AUNQUE NO HAYA SIDO OPUESTA COMO EXCEPCIÓN POR ALGUNA DE LAS PARTES. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 52/2011,(*) de rubro: "COSA JUZGADA. DEBE ANALIZARSE DE OFICIO CUANDO EL JUZGADOR ADVIERTE SU EXISTENCIA AUNQUE NO HAYA SIDO OPUESTA COMO EXCEPCIÓN POR ALGUNA DE LAS PARTES.", consideró que el deber del juzgador de analizar de oficio la cosa juzgada se justifica de manera central, a partir de la inmutabilidad y autoridad de las sentencias ejecutoriadas, ya que debe privilegiarse la certeza jurídica, frente al derecho de oposición de las partes; y porque la necesidad de la certeza es imperiosa en todo sistema jurídico, de tal suerte que lo decidido en la sentencia ejecutoriada es el derecho frente al caso resuelto, que no podrá volver a ser controvertido, evitándose con ello, la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Ahora bien, este criterio es aplicable, en lo conducente y de manera analógica, respecto de la institución de cosa juzgada refleja, en cuanto a que el análisis de oficio de ésta, debe realizarse cuando el juzgador advierta su existencia, ya sea porque se desprenda de autos o por cualquier otra circunstancia. Pues al margen de las diferencias de una y otra, lo relevante es que ambas obligan al tribunal que conoce del juicio posterior a no resolver lo que ya fue definido en un juicio previo, con la finalidad de evitar decisiones contradictorias sobre una misma cuestión, sobre la base de que debe privilegiarse la certeza jurídica frente al derecho de oposición de las partes." En la especie, se actualiza la causal de improcedencia en cita porque el promovente reclama el auto de siete de noviembre del año en curso, dictado en la averiguación previa 1248/2015/SUR del índice de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Investigación Metropolitana de la Fiscalía General del Estado de Puebla (Laura Martínez Gámez), en el que no acordó favorable su petición, en la que solicitó por parte de dicha fiscal el cumplimiento de lo ordenado por el Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla, al abrir el proceso 40/2017, con motivo de la consignación de los hechos contenidos en la averiguación previa antes citada, esto es, que realizará las gestiones a procurar la mediación "y devolviera la indagatoria", porque en la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, dentro del toca de revisión R-63/2020 en donde se resolvió que José Antonio Sáenz de Miera Santana tuvo conocimiento de la determinación de veinticuatro de julio de dos mil diecinueve, mediante la cual se resolvió el no ejercicio de la acción penal y se ordenó el archivo de la indagatoria en cita, por lo menos desde el veintitrés de agosto del año en cita, por lo que, tuvo posibilidad de inconformarse a partir de dicha fecha, sin embargo, no lo hizo, inconformándose hasta el tres de diciembre de dos mil diecinueve, es decir, fuera del término de quince días que prevé el artículo 30 ter del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, tornándose extemporánea dicha inconformidad. Entonces, dicha indagatoria ya se encuentra en archivo definitivo y, de examinar el acto que propone el peticionario de amparo -regresar la averiguación previa al Juez Cuarto de lo Penal de la ciudad de Puebla, quien en una consignación radicó la causa penal 40/2017 de su índice, devolviéndola para agotar el procedimiento de mediación-se vulneraría el principio de cosa juzgada, atento que existe ejecutoria respecto de la constitucionalidad de dicho acto -archivo de la averiguación previa-. Esto es así, pues la finalidad que se busca en la citada hipótesis es evitar la emisión de sentencias contradictorias y, especialmente, obtener el respeto de la cosa juzgada que podría vulnerarse si se promovieran tantos juicios de amparo al libre arbitrio de la parte quejosa en contra de un mismo acto, lo cual resulta contrario a lo consagrado en la garantía constitucional de seguridad jurídica. Así, lo resuelto en el primer juicio adquiere firmeza, por razones de legalidad, seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones de los tribunales de amparo, pues lo contrario implicaría desconocer la decisión previa adoptada, y más aún, avalar la coexistencia de resoluciones contradictorias, ante la probabilidad de que en una segunda controversia se concluya en sentido opuesto respecto de hechos ya examinados. Ilustra lo anterior, la siguiente tesis: "COSA JUZGADA. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ COMO CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO RELATIVO, ES COMPATIBLE CON EL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. Conforme al precepto y porción normativa señalados, el principio de cosa juzgada opera en el juicio de amparo para actualizar una causa de improcedencia cuando existiendo una ejecutoria dictada en un juicio constitucional previo, se promueva uno nuevo en el que exista identidad de quejosos, autoridades responsables y actos reclamados, aunque las violaciones reclamadas sean diversas; figura que no sólo se actualiza cuando en la sentencia se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, pues esta situación no puede desconocerse en un nuevo juicio constitucional; lo que es compatible con la garantía de seguridad jurídica, pues el propósito de la figura de la cosa juzgada es revelar las condiciones terminantes en que habrá de concluir un asunto jurisdiccional, con lo que se dotará de certeza jurídica a la decisión definitiva asumida y a los intervinientes en el juicio respecto de las consecuencias derivadas del caso, toda vez que el respeto a la decisión judicial constituye un pilar del estado de derecho como fin último de la impartición de justicia." Por lo que, es incuestionable que en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, en relación con la X, ambas de la Ley de Amparo y, en tales condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE DERECHOS FUNDAMENTALES. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL PROMOVENTE.
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