Jose Antonio Ramirez Berra

Expediente 542/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
542/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
26/06/2017

Partes del expediente

  • Jose Antonio Ramirez Berra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de junio de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del auto de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, en el que se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de mérito ha quedado firme para todos los efectos legales procedentes; razón por la cual, quedan sin efecto las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión. En ese sentido, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Ahora bien, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por otro lado, respecto al original del incidente de suspensión, en virtud de que este órgano jurisdiccional concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años. Así mismo, por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete. En primer lugar, vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a la tercera interesada Victoria Eugenia Fierro Briseño para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones personales en la ciudad de Puebla o en esta ciudad; en ese sentido, con fundamento en los artículos 27, fracción II y 29 de la Ley de Amparo, se ordena realizar todas las notificaciones por lista de acuerdos a la parte tercera interesada, aun las de carácter personal. Por otra parte, visto el estado procesal de los presentes autos, en específico, de las constancias remitidas por la autoridad responsable 1. Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, en apoyo a su informe justificado, se advierte la actualización de las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVIII y XXII de la Ley de Amparo, que conducen a decretar el sobreseimiento del presente juicio de derechos fundamentales fuera de la audiencia constitucional. Lo anterior es así, con base en las consideraciones y razonamientos que más adelante se expresan; en tal sentido, no resulta necesario esperar a que llegue la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, ya que en este sumario constitucional se actualizan causas de improcedencia notorias e indudables, de manera que, con ningún medio de convicción podrían desvirtuarse. Ahora bien, conviene establecer que en el caso que nos ocupa se tiene que José Antonio Ramírez Berra, por su propio derecho, mediante escrito presentado el nueve de mayo de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, remitido por cuestión de turno el mismo día a este Juzgado de Distrito, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra los actos que atribuyó a las autoridades responsables 1. Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, 2. Fiscal General del Estado de Puebla y 3. Director General de la Agencia Estatal de Investigación de Puebla, que hizo consistir en: "IV. ACTOS RECLAMADOS.- Lo es la omisión por parte del Juez Quinto Penal del Distrito Judicial de Puebla de notificar al suscrito la orden de comparecencia contenida en el auto de fecha cinco de abril de dos mil dieciséis, dentro del proceso 369/2012, conforme a lo dispuesto por el artículo 369 fracción I del Código de Procedimientos en materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. b) El auto de fecha cinco de abril de dos mil dieciséis, dictado por la Juez Quinto Penal de la Ciudad de Puebla, dentro del proceso 369/2012 por el que le requiere al Representante legal de Primero Fianzas, Sociedad Anónima de Capital Variable para que en el término de veinte días presente al suscrito ante el Juez Quinto Penal del Distrito Judicial de Puebla sin especificar cuál será el motivo de la comparecencia y o presentación ante el Juez. c) El acto inminente de ejecutar la reaprehensión del suscrito quejoso JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ BERRA. d) El acto futuro inminente de hacer efectiva la póliza de fianza 1443857 por la cantidad de $40,000.00 (Cuarenta mil pesos cero centavos moneda nacional) que exhibió la afianzadora Primero Fianzas, Sociedad Anónima de Capital Variable, para garantizar las obligaciones procesales del suscrito quejoso." (fojas 3 y 4). Luego, mediante proveído de diez de mayo pasado se admitió a trámite la demanda de amparo; con incidente de suspensión, se requirió a las autoridades responsables sus informes justificados; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita (fojas 25 a 27); se ordenó el emplazamiento del Agente del Ministerio Público adscrito al juzgado responsable y a Victoria Eugenia Fierro Briseño, en su carácter de terceros interesados, lo cual aconteció el once (foja 40) y dieciséis de mayo de dos mil diecisiete (fojas 41 y 42), respectivamente. En ese sentido, por cuestión de orden, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo, como de la revisión de los informes justificados, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama: a) El auto de cinco de abril de dos mil diecisiete, dictado en el proceso 369/2012 del índice del 1. Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, por el que requiere al representante legal de la persona moral denominada "Primero Fianzas, Sociedad Anónima de Capital Variable" para que en el plazo de veinte días presentara al procesado, aquí quejoso José Antonio Ramírez Berra, ante el Juzgado Quinto Penal del Distrito Judicial de Puebla; b) La omisión de notificar al procesado, aquí quejoso, el auto de cinco de abril de dos mil diecisiete, dictado en el proceso 369/2012 del índice del 1. Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla; c) La orden de reaprehensión en su contra en el proceso penal 369/2012 del índice del 1. Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla; y, d) Hacer efectiva la póliza de fianza 1443857 por la cantidad de $40,000.00 (cuarenta mil pesos, cero centavos, moneda nacional) que exhibió la afianzadora "Primero Fianzas, Sociedad Anónima de Capital Variable", para garantizar las obligaciones procesales del quejoso. En primer lugar, referente a los actos reclamados a la autoridad responsable ordenadora 1. Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, consistentes en: c) La orden de reaprehensión en contra del quejoso en el proceso penal 369/2012 de su índice; y, d) Hacer efectiva la póliza de fianza 1443857 por la cantidad de $40,000.00 (cuarenta mil pesos, cero centavos, moneda nacional) que exhibió la afianzadora "Primero Fianzas, Sociedad Anónima de Capital Variable", para garantizar las obligaciones procesales del quejoso. Al rendir su informe justificado negó la existencia de dichos actos. Lo que se corrobora con la documental remitida por la autoridad responsable, 1. Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla consistente en copia certificada de constancias diversas del proceso penal 369/2012 de su índice, a la cual se le concede pleno valor probatorio en términos de lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, de la que se advierte que el cinco de abril de dos mil diecisiete, el Juez responsable requirió al representante legal de la persona moral denominada "Primero Fianzas, Sociedad Anónima de Capital Variable" para que en el plazo de veinte días presentara al procesado, aquí quejoso José Antonio Ramírez Berra, ante el Juzgado Quinto Penal del Distrito Judicial de Puebla. Así mismo, que el doce de mayo de dos mil diecisiete, la representante legal de la persona moral denominada "Primero Fianzas, Sociedad Anónima de Capital Variable", presentó al quejoso ante el Juzgado responsable. Por otra parte, respecto al acto reclamado a las autoridades responsables 2. Fiscal General del Estado de Puebla (foja 20) y 3. Director General de la Agencia Estatal de Investigación de Puebla (foja 21), consistente en la ejecución de la orden de reaprehensión girada en contra del quejoso, al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los mismos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, se impone sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, sin necesidad de esperar la celebración de la audiencia constitucional. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." En diverso aspecto, referente al acto reclamado a la autoridad responsable 1. Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, que se hizo consistir en: b) La omisión de notificar al procesado -aquí quejoso- el auto de cinco de abril de dos mil diecisiete, dictado en el proceso 369/2012 de su índice. Esta juzgadora advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo que a la letra dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" De tal disposición se colige que, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones judiciales respecto de las cuales la ley conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, siempre y cuando el quejoso no sea tercero extraño al juicio natural. Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO." Ahora bien, la parte quejosa acude ante este órgano jurisdiccional a reclamar la omisión de notificarle el auto de cinco de abril de dos mil diecisiete, dictado en el proceso 369/2012 del índice del 1. Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla (fojas 31 a 34). Por tanto, tal acto es susceptible de ser impugnado a través de la vía incidental, conforme a los artículos 46, fracción XIV y 349 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, que establecen: "Artículo 46.- Son aplicables a las notificaciones, además, las siguientes disposiciones. (.) XIV.- Salvo lo dispuesto en la fracción XI, las notificaciones hechas contra lo dispuesto en esta sección, serán nulas, siendo responsable de los daños y perjuicios que por la nulidad se causen, la persona que hizo la notificación, a quien se impondrá además, una multa de uno a cinco días de salario mínimo." "Artículo 349.- Las cuestiones que se propongan durante la tramitación de un juicio de Defensa Social y que no sean de las especificadas en los Capítulos anteriores, se resolverán en la forma que establecen las fracciones siguientes: I.- Cuando la cuestión sea de obvia resolución y las partes no solicitaren prueba, el Juez resolverá de plano. II.- Las cuestiones que, a juicio del Juez, no puedan resolverse de plano o aquéllas en que hubiere de recibirse prueba, se substanciarán por cuerda separada y del modo que expresan los artículos siguientes. III.- Hecha la promoción, se dará vista de ella a las partes, para que contesten dentro de los dos días siguientes al de la notificación. IV.- Si el Juez lo creyere conveniente o alguna de las partes lo pidiere, citará a una audiencia que se verificará dentro de los tres días siguientes. V.- Durante el término a que se refiere la fracción anterior, así como en la audiencia, se recibirán las pruebas. Concurran o no las partes, el Juez fallará desde luego el incidente, y contra el fallo que se dicte procede apelación, sin que este recurso suspenda el procedimiento." De la transcripción del artículo 46, fracción XIV del Código procesal en cita, se advierte que, salvo lo dispuesto en la fracción XI, las notificaciones hechas contra lo dispuesto en la Sección Quinta del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla titulada: "NOTIFICACIONES, CITACIONES Y TÉRMINOS JUDICIALES", serán nulas, siendo responsable de los daños y perjuicios que por la nulidad se causen, la persona que hizo la notificación. De igual forma, el segundo de los artículos transcritos establece las reglas que deben observarse tratándose de cuestiones susceptibles de ser resueltas vía incidental propuestas durante la tramitación de un juicio de Defensa Social y que no sean de las especificadas en los capítulos anteriores a la Sección Quinta del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla titulada: "incidentes no especificados", lo que lleva a concluir que para controvertir notificaciones practicadas u omitidas en procesos penales, debe combatirse dicho acto a través del incidente de nulidad de notificación, previsto en los artículos 46, fracción XIV, y 349 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla. En consecuencia, la acción constitucional ejercida respecto del acto atribuido al Juez responsable, deviene notoriamente improcedente, pues previo a la tramitación del juicio de garantías, la parte quejosa debió hace valer el incidente de nulidad de notificaciones, el cual, de resultar fundado, tendría el efecto de nulificar dicho acto reclamado. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia VI.1o.P. J/47 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMAN AUTOS DE TRÁMITE QUE SE EMITEN DURANTE EL PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL Y/O SU NOTIFICACIÓN, POR NO AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye un auto de trámite y/o su correspondiente notificación durante la secuela procesal, el juicio de garantías es improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque dichos actos pueden ser modificados, revocados o nulificados; respecto del primero, mediante el recurso de revocación previsto en el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social y, en relación con el segundo, mediante el incidente de nulidad de notificación contemplado en los diversos artículos 46, fracción XIV y 349 del mismo ordenamiento legal; medios de impugnación ordinarios que deben agotarse previamente al intentarse el juicio de garantías, para así cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo." Así mismo, cabe precisar que la parte accionante del amparo no se encuentra en ninguna de las excepciones previstas en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b), c) y d), en la medida de que es el procesado en la causa penal de origen, por lo que, sí estaba obligado a agotar el medio de defensa ordinario que prevé la legislación secundaria (incidente de nulidad). En ese sentido, al no haber agotado el aludido medio de defensa, no se respetó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, de modo que respecto del acto reclamado al 1. Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla en la presente instancia, consistente en la omisión de notificar al procesado el auto de cinco de abril de dos mil diecisiete, dictado en el proceso 369/2012 de su índice; y, por consiguiente, se encuentra plenamente acreditada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, se insiste que el aludido acto señalado debió ser impugnado a través del incidente de nulidad antes referido, tomando en cuenta que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos u orden de arresto; máxime que, como ya se dijo, el aquí inconforme es procesado en la causa penal del que deriva dicho acto reclamado, tal como se advierte de las constancias que fueron remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado y, por consiguiente, no le asiste el carácter de tercero extraño al procedimiento. En consecuencia, en el caso es dable afirmar que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo, fracción XVIII; lo que conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional respecto al acto reclamado analizado en líneas precedentes. En diverso aspecto, por cuanto hace al acto reclamado del 1. Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, consistente en: a) El auto de cinco de abril de dos mil diecisiete, dictado en el proceso 369/2012 de su índice, por el que requiere al representante legal de la persona moral denominada "Primero Fianzas, Sociedad Anónima de Capital Variable", para que en el plazo de veinte días presente al quejoso ante el Juzgado Quinto Penal del Distrito Judicial de Puebla. La suscrita Jueza de Distrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII de la Ley de Amparo, que a la letra dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo [.]" En la citada causa de improcedencia, el legislador tomó en consideración que, en ocasiones, aun cuando subsiste en el mundo jurídico el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvierte -al haber sido modificado el entorno dentro del cual se emitió-, si fuera el caso concluir que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se haya estimado violada, o bien, ningún efecto jurídico podría tener la sentencia amparadora que, en su caso, se dictare. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que resultó la prerrogativa susceptible de reparación se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado; o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente haya impedido que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En ese tenor, de las copias certificadas que remitió el Juez responsable en apoyo a su informe justificado, documentales a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se tiene que: 1. El cinco de abril de dos mil diecisiete (fojas 31 a 33), el Juez responsable dictó un auto en el cual requirió al representante legal de la persona moral "Primero Fianzas, Sociedad Anónima de Capital Variable", para que en el plazo de veinte días, presentara al procesado -aquí quejoso- José Antonio Ramírez Berra ante el Juzgado a su cargo a reanudar la firma en el libro de procesados que están en libertad caucional, con el apercibimiento que de no hacerlo, se haría efectiva la póliza de fianza 1443857 por la cantidad de $40,000.00 (cuarenta mil pesos, cero centavos, moneda nacional), exhibida a efecto de garantizar las obligaciones procesales del quejoso, y se ordenaría su reaprehensión. 2. El doce de mayo del año en curso, la representante legal de la persona moral "Primero Fianzas, Sociedad Anónima de Capital Variable", en cumplimiento al auto de cinco de abril de dos mil diecisiete, dictado en el proceso penal 369/2012 del índice del Juez responsable, presentó al procesado -aquí quejoso- José Antonio Ramírez Berra ante el Juzgado Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla a reanudar su firma en el libro de procesados que están en libertad caucional. En efecto, obra agregada en autos el acta de comparecencia de doce de mayo de dos mil diecisiete (foja 36), del quejoso José Antonio Ramírez Berra, ante el Juzgado Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla que, en lo que interesa, dispone: "[.] y en ese acto presenta a su fiado JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ BERRA, quien se encuentra debidamente identificado en autos y no se le toman generales por ya constar en los mismos; que es todo lo que tiene que manifestar...". De lo que se advierte que si bien, la citada orden de presentar ante el Juez responsable al procesado -aquí quejoso- José Antonio Ramírez Berra de cinco de abril de dos mil diecisiete, tiene el carácter de un acto que formalmente subsiste; lo cierto es, que su objeto o materia se agotó, pues el propósito de ésta, precisamente, era lograr la comparecencia del quejoso a fin de que se pusiera a disposición de la autoridad responsable y reanudara sus obligaciones procesales, que en el caso se tradujeron en reanudar su firma en el libro de control de las personas que están en libertad bajo caución, lo que en la especie, como se observa de la diligencia de referencia, ya aconteció. Así las cosas, pese a que el acto reclamado de cinco de abril de dos mil diecisiete subsiste, pues de autos no se advierte que el Juez responsable expresamente lo haya dejado sin efectos, lo cierto es que en la propia diligencia llevada a cabo el doce de mayo de dos mil diecisiete, se logró la comparecencia del quejoso, tal como fue ordenada en el auto reclamado -cinco de abril de dos mil diecisiete-; por lo que, los resultados legales de éste ya no pueden lesionar la esfera jurídica de dicho quejoso, pues resulta inconcuso que ya tuvo verificativo, lo que trae como consecuencia que formalmente subsista el acto combatido, pero su objeto o materia ya dejó de existir, al haberse materializado. Bajo esa tesitura, de concederse la protección constitucional solicitada, ésta carecería de efectos realizables, en razón de que no es posible considerar que pudiera otorgarse el amparo solicitado para que el Juez responsable deje insubsistente el auto reclamado, cuando el objeto de éste, es decir, la comparecencia del procesado, ya se llevó a cabo. Por lo anterior, se reitera que el objeto o materia del presente juicio de garantías ha dejado de existir, circunstancia que lleva a concluir que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia invocada, lo que hace improcedente este juicio de amparo. En ese sentido, con fundamento en los artículos 61, fracciones XVIII y XXII, en relación con el diverso 63, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, respecto de los actos antes citados y por los motivos expuestos. Cabe indicar que las causas de improcedencia invocadas de ninguna manera podrían ser desvirtuadas con prueba alguna que pudieran rendir las partes, y el resultado del fallo aun celebrando la audiencia constitucional tendría que ser emitido siempre en el mismo sentido, además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de lo expuesto, se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las nueve horas con veinte minutos del nueve de junio de dos mil diecisiete; comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de mayo de dos mil diecisiete. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el informe justificado de la autoridad responsable 1. Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla con el que se da cuenta, para que surta los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Así mismo, con fundamento en el artículo 119, en relación con el diverso 123, ambos de la Ley de la materia, téngasele ofreciendo como pruebas las documentales que acompaña al oficio de cuenta, las cuales se desahogan dada su propia y especial naturaleza. Por otra parte, resulta un hecho notorio para la suscrita de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo que en el cuaderno incidental 542/2017-C derivado del presente controvertido constitucional, en interlocutoria de quince de mayo de dos mil diecisiete se recibió el informe previo que rindió la responsable 1. Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, quien entre las constancias que remitió como apoyo a su informe envió la comparecencia de doce de mayo de dos mil diecisiete, en la que el Representante Legal de la Afianzadora Primero Fianzas, Sociedad Anónima de Capital Variable presentó a su fiado, aquí quejoso José Antonio Ramírez Berra. En ese sentido, ya que la suscrita considera necesaria dicha constancia para resolver el presente juicio de amparo, dedúzcase copia certificada de la constancia correspondiente a que se hizo alusión en el párrafo que antecede y agréguese al presente sumario, para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Incidental

    En San Andrés Cholula, Puebla, a las nueve horas con veinticinco minutos del quince de mayo de dos mil diecisiete, hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia incidental dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 542/2017 (foja diez), María Eugenia Gómez Villanueva, jueza Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante el Secretario Rafael Torres Campos, la declaró abierta con fundamento en el artículo 131 de la Ley de Amparo abrogada, sin asistencia de las partes. A continuación, el Secretario hace relación de las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan: la copia de la demanda de amparo presentada por José Antonio Ramírez Berra (fojas 1 a 8) y auto de diez de mayo de dos mil diecisiete (fojas 9 a 16). Así mismo, el secretario da cuenta con el informe previo de la autoridad responsable 1. Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla y anexo que al mismo acompaña. A lo anterior, la Jueza acuerda: Téngase por practicada la relación de constancias, para los efectos legales conducentes y, con fundamento en el artículo 132 de la Ley de Amparo abrogada, ténganse por rendido el informe previo con que dio cuenta el secretario y respecto al anexo que acompaña, agréguese el mismo el cual será tomado en consideración en el momento procesal oportuno. Enseguida, se abre el periodo de pruebas, en el que el Secretario hace constar que la autoridad responsable 1. Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla ofreció como prueba de su parte la documental que anexó a su informe previo con el que se dio cuenta, y que las demás partes no elementos probatorios; y la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 131 de la Ley de Amparo abrogada, téngase como pruebas de la autoridad responsable la documental que anexó a su informe previo, la cual se tiene por admitida y desahogada, dada su propia y especial naturaleza y por perdido el derecho de las demás partes para ofrecer pruebas; por lo que se da por concluido este periodo. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló, y la agente del Ministerio Público de la Federación no exhibió pedimento. A lo anterior, la Jueza acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes de formular alegatos de su parte. Enseguida, al no existir más promociones que acordar, pruebas por desahogar, ni diligencia alguna pendiente que practicar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia incidental, y se procede a dictar la siguiente I N T E R L O C U T O R I A: V I S T O S; para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo número 542/2016-C, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por José Antonio Ramírez Berra; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Demanda y trámite del incidente de suspensión. Mediante proveído de diez de mayo de dos mil diecisiete, en cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal, se tramitó el incidente de suspensión propuesto por José Antonio Ramírez Berra, se requirió el informe previo a las autoridades responsables, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental, cuyas dos primeras etapas se desarrollaron al tenor del acta que antecede y se resolvió lo relativo a la suspensión provisional solicitada; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla es legalmente competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión a que se refiere el expediente, en función de que este órgano jurisdiccional está conociendo el juicio de amparo indirecto del que deriva el mismo, aunado a que la ejecución de los actos reclamados son atribuidos a autoridades con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional . SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 131 de la Ley de Amparo abrogada , se precisa que, atendiendo a la naturaleza de la autoridad señalada como responsable, el acto reclamado en el presente asunto es: el auto de cinco de abril de dos mil diecisiete dictado en los autos del proceso penal 369/2012 de la estadística del Juzgado Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla y, la orden de reaprehensión dictada en el citado proceso penal. TERCERO. Existencia o inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método, en la interlocutoria de la suspensión de los actos reclamados, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, analizar si resulta procedente conceder a la parte quejosa la medida cautelar solicitada. Ahora bien, la parte quejosa atribuye los actos reclamados - que quedaron precisados en el considerando que antecede - a las autoridades responsables siguientes: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe Foja 1. 1. Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Niega respecto de la orden de reaprehensión y manifiesta la certeza del auto de cinco de abril de dos mil diecisiete 28 2 2. Fiscal General del Estado de Puebla. Niega 25 3. 3. Director General de la Agencia Estatal de Investigación en el Estado de Puebla. Niega 26 CUARTO. Improcedencia de la Medida Cautelar. Respecto al auto de cinco de abril de dos mil diecisiete dictado en los autos del proceso penal 369/2012, atento a que el acto señalado es meramente declarativo y, en virtud de que en el mismo la autoridad responsable se limitó a evidenciar una situación determinada, pero sin modificar una existente, resulta improcedente conceder la suspensión definitiva solicitada. Apoya a lo anterior la tesis aislada sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, la cual aparece publicada en la página 15, tomo 163-168, sexta parte, materia común, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyos texto y rubro dicen: ACTOS DECLARATIVOS, SUSPENSION IMPROCEDENTE CONTRA LOS. Aun cuando la sentencia reclamada sea definitiva, la misma es meramente declarativa si la autoridad responsable se limita a evidenciar una situación jurídica determinada, pero sin que se modifiquen situaciones o derechos existentes y, por lo tanto, de tal sentencia no se deriva ningún acto de ejecución, sino actos meramente declarativos que se ejecutan desde la fecha en que se hace la declaración, resultando en consecuencia improcedente la suspensión que en su contra se pida, pues tales actos quedan fuera del alcance jurídico de ella. Además, la medida cautelar solicitada no podría tener como efecto dejar insubsistente el acto reclamado, ya que es un efecto restitutorio que sólo la sentencia amparadora que, en su caso se emita dentro del juicio de derechos fundamentales del que deriva este incidente, podría tener. Ahora, por cuanto hace a la orden de reaprehensión reclamada, las autoridades responsables señaladas, al rendir su respectivo informe previo, negaron la existencia de los actos que se les reclaman, sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa. En tales condiciones, ante la inexistencia de los aludidos actos reclamados a las mencionadas autoridades responsables, lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada. Al respecto, la fracción III del artículo 124 de la Ley de Amparo abrogada, señala que la suspensión se decretará cuando sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen a la parte agraviada con la ejecución de los actos reclamados. De lo anterior se sigue que, al no existir la orden de reaprehensión y su inminente ejecución reclamados a las referidas autoridades responsables, no pueden existir daño o perjuicio de difícil reparación para la parte quejosa, por consiguiente al no encontrarse satisfecho el requisito a que se refiere el artículo y fracción antes citados; lo procedente es negar la suspensión definitiva solicitada ante la inexistencia de los actos reclamados a las citadas autoridades responsables. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO. El informe previo debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. No pasa inadvertido, para quien esto resuelve que la autoridad responsable 1. Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, al rendir su informe, haya manifestado que el treinta de mayo de dos mil dieciséis, giró orden de reaprehensión en contra del quejoso José Antonio Ramírez Berra, al haber incumplido con la obligación de firmar el libro de gobierno relativo a los procesados que se encuentran en libertad provisional bajo caución, pues también informó que el cinco de abril de dos mil diecisiete dejó sin efectos dicho mandado; y, que el doce de mayo de dos mil diecisiete la Afianzadora Primero Fianzas Sociedad Anónima de Capital Variable, presentó a su fiado José Antonio Ramírez Berra, a efecto de reanudar la firma en el libro de gobierno de los procesados en libertad bajo caución, máxime que la autoridad al rendir su informe previo, negó la existencia del acto reclamado. Por lo expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por José Antonio Ramírez Berra, en términos del considerando cuarto de esta interlocutoria y por las autoridades responsables 1. Juez Quinto de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, 2. Fiscal General del Estado de Puebla y, 3. Director General de la Agencia Estatal de Investigación en el Estado de Puebla.

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