Jorge Valdivieso Vásquez
Expediente 1129/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1129/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Jorge Valdivieso Vásquez
Actuaciones
- Principal
PRLA.1129/2018-6B*San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de octubre de dos mil diecinueve. 1. Se agrega oficio. Agréguese el oficio 1443, signado por el secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, al que anexa copia certificada del testimonio de la ejecutoria pronunciada el veinte de septiembre del año en curso, en el conflicto competencial 3/2019, suscitado entre el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, y este órgano jurisdiccional; de donde se deduce que el Tribunal Colegiado determinó que el órgano jurisdiccional citado en primer término, es el competente para conocer de la demanda de amparo promovida por el quejoso Jorge Valdivieso Vásquez; en consecuencia, envíese el acuse de recibo correspondiente. 2. Archivo. Por otra parte, como en la certificación de cuenta se hizo constar que en este expediente y en la caja de valores con que cuenta este Juzgado no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Por lo que, con fundamento en la fracción I del punto vigésimo del referido Acuerdo, transcurridos más de seis meses, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción. Háganse las anotaciones en la carátula del expediente, así como en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
+Pral. 1129/2018 6-B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese el oficio 2467, signado por el secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, mediante el cual informa que remitió a conflicto competencial el juicio al Tribunal Colegiado correspondiente, a efecto de que resuelva a qué órgano jurisdiccional corresponde conocer de la demanda de amparo, promovida por *********. Por otro lado, agréguese el oficio 11185/2018, signado por la secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en este municipio, mediante el cual informa que por acuerdo dictado el trece de este mes y año admitió a trámite el conflicto competencial planteado por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado con residencia en Salina Cruz, Oaxaca. Notifíquese. (...)
- Principal
NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. 1. Recepción de los autos y registro de la demanda. Agréguese el oficio 2269, signado por el juez Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo indirecto 492/2018, promovido por Jorge Valdivieso Vásquez, por propio derecho, contra actos del titular de la Secretaría de Salud de Oaxaca y otra autoridad; así como cinco copias de la demanda de amparo; en consecuencia, con las constancias que remite la autoridad oficiante, fórmese expediente, mismo que deberá quedar registrado con el número 1129/2018, debiendo identificarse el juicio con la carátula respectiva. 2. Antecedentes. En principio, debe destacarse que el acto que reclama el quejoso Jorge Valdivieso Vásquez en la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo indirecto 492/2018, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, lo hace consistir en la orden para descontar de su sueldo, prestaciones y aguinaldo, el quince por ciento de descuento por concepto de pensión alimenticia a favor de Florangel López Esteva, por parte del (1) titular de la Secretaría de Salud en el Estado Oaxaca, y la inminente ejecución del descuento, por parte del (2) encargado o pagador habilitado de recursos humanos de la Secretaría de Salud en Oaxaca. Al respecto, la referida autoridad para declinar la competencia aduce que se actualiza la hipótesis que establece el párrafo I del artículo 37 de la Ley de Amparo, que refiere que será competente para conocer de la demanda de amparo, el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución el acto reclamado, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado, ya que, en el caso, las órdenes de descuento del quince por ciento por concepto de pensión alimenticia, se hicieron por parte de la autoridad ordenadora, que lo es el titular de la Secretaría de Salud en Oaxaca. Por tanto, -dice la autoridad declinante-, que por exclusión correspondía conocer de la demanda de amparo a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, en el caso, a este Juzgado, toda vez que los actos reclamados tendrían ejecución material en el Estado de Oaxaca (sic). 3. Motivos para no aceptar la competencia. En el caso, este órgano jurisdiccional estima que no es factible aceptar la competencia, por razón de territorio, que se declina, atendiendo a que la orden de descuento del quince por ciento de pensión alimenticia no se hizo por parte del titular de la Secretaría de Salud en Oaxaca, misma que el quejoso Jorge Valdivieso Vásquez señaló como ordenadora, sino por una autoridad judicial. En efecto, de la copia simple que el referido quejoso adjuntó a su demanda, relativa a la determinación de veintidós de octubre de dos mil dieciocho (foja 13 a 17), dictada por el juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Juchitán, Oaxaca, dentro del incidente de cancelación de pensión alimenticia, deducido del expediente familiar 280/2008, se puede advertir lo siguiente: a) Que se consideró disuelto el vínculo matrimonial que unía a Jorge Valdivieso Vásquez y Florangel López Esteva; por ende, se condenó a la cancelación de la pensión alimenticia que percibía la demandada. b) En razón de ello, el referido juez Primero de lo Familiar ordenó que una vez que quedara firme esa resolución, se girara oficio al jefe de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud de Oaxaca, con la finalidad que dejara sin efecto el oficio 1035/2012, de treinta de abril de dos mil doce y, en su lugar, se efectuara a Jorge Valdivieso Vásquez el descuento del quince por ciento del sueldo y demás prestaciones que en forma quincenal percibía a favor de su menor hijo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que para determinar la competencia de un juez, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado, en vez de atender simplemente al señalamiento de una autoridad ejecutora. Dicha premisa se advierte de la lectura de la tesis 2a. XII/95, visible en la página 49, Tomo I, abril de 1995, Novena Época, Registro 200828, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente contenido: "COMPETENCIA, ACTO MATERIALMENTE EJECUTABLE. NO LO DETERMINA, NECESARIAMENTE, LA CIRCUNSTANCIA DE QUE PROVENGA DE UNA AUTORIDAD SEÑALADA COMO EJECUTORA. No todo acto proveniente de autoridad ejecutora, es ejecutable materialmente, por lo que si se pretende aplicar alguna de las hipótesis previstas en el artículo 36 de la Ley de Amparo, a efecto de fijar la competencia del Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo, debe examinarse la naturaleza del acto reclamado en vez de atenerse simplemente al señalamiento de una autoridad como ejecutora, pues puede darse el caso de que ésta, en cumplimiento de una resolución proveniente de una ordenadora, emita otra resolución que sólo sea declarativa; en tal caso, ante la ausencia de un acto que requiera ejecución material, debe estarse a lo ordenado en el artículo 36, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, y declarar la competencia en favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción residan las autoridades que hayan emitido los actos reclamados." Así que para fijar la litis, era necesario prevenir a la parte quejosa a fin de establecer a quién en específico reclamaba la orden de descuento, ya que en el capítulo del acto reclamado señaló al titular de la Secretaría de Salud en el Estado Oaxaca y otra autoridad, pero en la determinación que adjunta a su demanda, se advierte que quien emitió la orden y giró el oficio para que se efectuara el descuento, fue el juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Juchitán, Oaxaca (foja 16 vuelta), quien, precisamente, tiene residencia en el lugar donde el juez declinante ejerce jurisdicción. Por tanto, si se atiende a la naturaleza del acto reclamado, en vez de atenderse simplemente al señalamiento de las autoridades, el caso a estudio, no podría aplicarse la primera regla de competencia a que se refiere el artículo 37 de la Ley de Amparo. Aunado a ello, debe decirse que la ausencia de una formalidad, como es no señalar a una autoridad responsable que puede tener participación en el acto reclamado, si no es enmendada, podría tornar nugatorio el derecho del peticionario de acceder al juicio constitucional a través del órgano bajo cuya jurisdicción se trata de ejecutar el acto reclamado, situación que podría dificultarle contar con mejores medios y posibilidades de defensa, lo cual iría en contra del espíritu que irradia el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 30/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 250, Tomo III, Junio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 200588, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANALISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACION DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 de la ley de la materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el Juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición." Por otro lado, la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 458/2010, estableció las reglas para determinar la competencia cuando se impugna la resolución judicial que fija el monto de la pensión alimenticia provisional; al respecto, dijo que para determinar la competencia del juez de distrito, debe atenderse a, por lo menos, los siguientes supuestos: (I) que el juez de la causa se prevalga de un exhorto o despacho para conseguir la ejecución; (II) que la parte interesada se ocupe de hacer entrega del oficio de descuento a la parte patronal y así lo acredite ante el juez; (III) o bien, si la legislación procesal así lo autoriza, que el juez remita el oficio directamente al responsable de la fuente de trabajo, aun cuando la diligencia deba practicarse en un distrito judicial distinto de aquel en el que se sigue el juicio, siempre y cuando se encuentre dentro del territorio del Estado. En relación al último supuesto, que es similar al que interesa en el caso (que el juez remita el oficio directamente al responsable de la fuente de trabajo, aun cuando la diligencia deba practicarse en un distrito judicial distinto de aquel en el que se sigue el juicio, siempre y cuando se encuentre dentro del territorio del Estado), la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que sólo interviene una autoridad -la que giró el citado oficio-, por lo que la propia autoridad ordenadora también asumirá el carácter de ejecutora y, en este caso, era competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción reside la autoridad que emitió el acto reclamado. Los anteriores argumentos, se deducen de la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 145, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Registro 2001236, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA DETERMINAR LA COMPETENCIA CUANDO SE IMPUGNA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE FIJA EL MONTO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, dispone que será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora bien, si el acto reclamado es la orden de descuento al salario del porcentaje fijado como pensión alimenticia provisional, a llevarse a cabo por una dependencia o entidad del Estado en cumplimiento a la orden girada dentro de un juicio de alimentos que, a su vez, se instruye en un lugar distinto, ello no implica que pueda considerarse a dicho ente público como autoridad ejecutora, pues su intervención en el juicio se equipara a la de un particular que actúa como auxiliar en la administración de justicia. En consecuencia, para determinar la competencia del juez de distrito, debe atenderse a, por lo menos, los siguientes supuestos: (i) que el juez de la causa se prevalga de un exhorto o despacho para conseguir la ejecución; (ii) que la parte interesada se ocupe de hacer entrega del oficio de descuento a la parte patronal y así lo acredite ante el juez; (iii) o bien, si la legislación procesal así lo autoriza, que el juez remita el oficio directamente al responsable de la fuente de trabajo, aun cuando la diligencia deba practicarse en un distrito judicial distinto de aquel en el que se sigue el juicio, siempre y cuando se encuentre dentro del territorio del Estado. Si se trata del primer supuesto, el juez de distrito competente será el del lugar en que dicho exhorto se ejecute, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante, en tanto ordenadora, tiene un papel destacado, lo cierto es que la autoridad exhortada se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición, es quien enfrenta directamente al particular afectado. En el segundo caso, sólo interviene una autoridad -la que giró el citado oficio-, quien reúne tanto el carácter de ordenadora como de ejecutora, pues sólo se prevale de la gestión del gobernado en su carácter de auxiliar en la administración de justicia, por lo que será juez competente aquel en cuya jurisdicción reside la referida autoridad. Y en cuanto al último supuesto, también es la propia autoridad ordenadora quien asumirá el carácter de autoridad ejecutora, de ahí que será igualmente competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el juez de la causa." Aunado a lo anterior, del análisis de la demanda y los anexos que se adjuntaron a la misma, tampoco se advierte el lugar donde el quejoso se encuentra laborando actualmente, pues será en su lugar de trabajo donde se llevará a cabo, en su caso, la ejecución del acto que se reclama y que, de igual manera, servirá como indicador para establecer en qué lugar en específico se efectuará el descuento; de modo que no se puede soslayar la afirmación que haga el quejoso, para así establecer a quién en específico compete conocer del juicio, de acuerdo a la jurisdicción territorial. Es aplicable, por identidad jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 52/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 383, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época 2004166, con el rubro siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE." En ese contexto, como hasta ahora no se advierte que la orden de descuento del quince por ciento de pensión alimenticia que es, en sí, lo que reclama el quejoso Jorge Valdivieso Vásquez, se hubiera dictado por alguna autoridad que tenga residencia en la ciudad de Oaxaca, respetuosamente, hágase saber al órgano jurisdiccional declinante que este Juzgado, por el momento, no acepta la competencia que declina por razón de territorio; por lo cual, se ordena devolver el expediente al juez Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, para los efectos legales que estime conducentes. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y solicítese el acuse de recibo correspondiente. 4. Autorizados. Finalmente, téngase a la parte quejosa señalando como autorizados en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a Miguel Ángel Gordon Vásquez y Raymundo Villalobos Ordoñez; y dado el sentido de la resolución, se ordena notificarles por lista de acuerdos, conforme lo establecido en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Es aplicable al respecto, la tesis XXI.1o.P.A.50K,sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 1384, del tomo XXIV, diciembre de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro: "PROFESIONALES DEL DERECHO. PARA TENERLOS COMO AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE HAYAN REGISTRADO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, LA CÉDULA CORRESPONDIENTE EN EL SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO, ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O JUZGADOS DE DISTRITO". Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.
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