Jorge Ulies Galvez Gomez y Otros.

Expediente 734/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 8 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
734/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Jorge Ulies Galvez Gomez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    pral 734/2023 mesa 6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Estados de autos. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación de cuenta que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia engrosada el trece de octubre de dos mil veintitrés, en la que se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, sin que se haya interpuesto el aludido recurso contra dicho fallo. 1.1. Causa ejecutoria la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2. Requerimiento de cumplimiento de sentencia. En consecuencia, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, solicítese a las autoridades responsables, 1) presidenta y 2) actuario de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, para que, dentro del plazo de tres días, cumplan en sus términos la ejecutoria de amparo. 2.1. Apercibimiento. Apercibidas que de no hacerlo así, sin causa justificada, se les impondrá multa por la cantidad de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los preceptos 258 y 238 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de este Décimo Tercer Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para seguir el trámite de inejecución. 3. Publicación de los datos personales. Por otro lado, toda vez que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con fundamento, en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto inicial y las demás resoluciones, estarán a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, la publicación de las referidas actuaciones se realizarán en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Se instruye a la secretaria encargada de este expediente, verifique que la versión pública de la resolución respectiva sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 4. Devolución de tomos anexos. Devuélvase a la autoridad responsable, presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, la copia certificada de diversas constancias del expediente ********************, que obran como tomos anexos I y II, relativos a este juicio. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO AVISO. - Número de expediente: 734/2023 Acuerdo: PRAL 734/2023 MESA 6 Vistos para resolver el juicio de amparo 734/2023, de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y turnada a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, 1) *****, 2) *****, 3) *****, 4) *****, 5) *****, 6) *****, 7) *****, 8) *****, 9) *****, 10) *****, 11) *****, 12) *****, 13) *****, 14) *****, 15) *****, 16) *****, 17) *****, 18) *****, 19) *****, 20) *****, 21) *****, 22) *****, 23) *****, 24) ***** y 25 *****, a través de su apoderado legal, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra un acto de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicios de los Poderes del Estado de Oaxaca y de otra autoridad; que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. La parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, e invocó como derecho fundamental vulnerado los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En proveído de uno de agosto de dos mil veintitrés se registró la demanda de amparo con el expediente 734/2023, y se previno a la parte quejosa en los términos ahí referidos. Por escrito de cuatro de agosto de este año la parte quejosa dio cumplimiento a dicha prevención y en auto de siete de agosto del año en curso se admitió la demanda de amparo, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; además, se ordenó emplazar como tercero interesado al Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, el que quedó emplazado el nueve de agosto de este año y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 61, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza laboral y el acto se reclama a autoridades residentes en un lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Con base en lo anterior, se arriba a la conclusión que, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el juicio, se advierte que la parte quejosa reclama: De la 1) Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicios de los Poderes del Estado de Oaxaca y 2) actuario adscrito a dicha Junta: La falta de ejecución del laudo de catorce de marzo de dos mil diecinueve en el juicio laboral *****. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia(s) Común, tomo XI, abril de 2000, página 32, registro digital 192097, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir el informe justificado, las autoridades responsables, 1) presidenta y 2) actuario de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, aceptaron los actos atribuidos. Circunstancia que queda acreditada con las constancias que anexó la junta responsable relativas al juicio laboral ***** al rendir el informe justificado, y a la cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo. CUARTO. Causal de improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, al haberse analizado y valorado previamente todas las constancias que conforman este juicio, se concluye que no se actualiza alguna causa de improcedencia obvia y objetiva que deba estudiarse de oficio, ni se advierte que las partes hubieran hecho valer alguna, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. QUINTO. Concepto de violación. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, en aras de salvaguardar el principio de economía; máxime que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello; como así lo ilustra la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, página 830, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SEXTO. Estudio de fondo. Son fundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, en los cuales plantea que el acto reclamado vulnera en su perjuicio el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues hasta el momento no se ha logrado la ejecución del laudo de catorce de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral *****, pues se ha omitido dictar acuerdo en el que se señale fecha y hora para el desahogo de la diligencia de reinstalación y requerimiento de pago en ese juicio natural. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil". El citado precepto establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Estos cuatro atributos concernientes a la administración de justicia han sido explicados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 (registro digital 171257) del rubro siguiente: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES". El mencionado artículo consagra el derecho público subjetivo de acceso a la justicia, estableciendo a favor de los gobernados los siguientes principios: a) Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. b) Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. c) Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, d) Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Por otra parte, los numerales 1º y 96 de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca disponen: "Artículo 1o.- La presente Ley es de observancia general para todas las autoridades y funcionarios integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado de Oaxaca, así como para todos los empleados al servicio de unas y otros. Artículo 95.- Las resoluciones dictadas por la Junta de Arbitraje, no admitirán recurso alguno y serán cumplidas desde luego por las autoridades correspondientes, encargándose la Junta de vigilar su cumplimiento. El Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría de Finanzas del Estado y el Municipio se atendrá a ellas para ordenar el pago de sueldos, indemnizaciones y demás que se deriven de las mismas resoluciones. Para los efectos de este artículo, la Junta de Arbitraje, una vez pronunciada la resolución, la pondrá en conocimiento de todas las personas y autoridades interesadas". De dichos preceptos se colige que la junta tiene la obligación de proveer la eficaz e inmediata ejecución de sus resoluciones en términos de los artículos 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal, ya que los laudos deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, de donde la responsable tiene la obligación legal de velar por el cumplimiento inmediato de los mismos. En el caso, la parte quejosa reclama que hasta el momento no se ha logrado la ejecución del laudo de catorce de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral *****, pues se ha omitido dictar acuerdo relativo a la reinstalación y requerimiento de pago en ese juicio natural. Al respecto, de las constancias que obran en el citado expediente y que remitió la autoridad responsable, identificadas como tomos anexos I y II, se advierte que: El catorce de marzo de dos mil diecinueve se dictó el laudo condenatorio contra el Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, en el cual se le condenó a la reinstalación, pago de salarios caídos, salarios retenidos y vacaciones. El tres de mayo de dos mil veintiuno se dictó el auto de ejecución de laudo, en el cual se señaló el veintidós de junio de dos mil veintiuno para llevar a cabo la diligencia de reinstalación y requerimiento de pago, la cual no pudo desahogarse debido a que el actuario de la Junta responsable no pudo comparecer por las razones que expuso en la razón actuarial de esa misma fecha, como se advierte del acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintiuno. El veintinueve de junio de dos mil veintiuno nuevamente se señaló el cinco de julio de dos mil veintiuno a efecto de llevar a cabo la diligencia de reinstalación y requerimiento de pago, la cual tampoco pudo desahogarse, como se advierte del acuerdo de once de agosto de dos mil veintiuno. En autos de once de agosto y diecinueve de octubre de dos mil veintiuno se señaló el veinticinco y veintiséis de octubre de dos mil veintiuno para llevar a cabo la diligencia en comento respecto a los quejosos en este juicio. El catorce de junio de dos mil veintidós nuevamente se señaló el veintinueve de junio de ese mismo año a efecto de llevar a cabo la diligencia de reinstalación y requerimiento de pago, sin que a la fecha se haya podido lograr el mismo; siendo esta la última actuación en el expediente natural respecto a los quejosos en este juicio de amparo. Como se ve, la Junta responsable en diversos autos señaló hora y fecha para el desahogo de la diligencia de reinstalación y requerimiento de pago, a fin de lograr la ejecución del laudo de catorce de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral *****; sin embargo, a la fecha no se ha logrado el cumplimiento total del laudo; además, posterior al auto de catorce de junio de dos mil veintidós la junta responsable no ha realizado diversos requerimientos a fin de lograr el cumplimiento de la resolución ya referida, siendo que ha transcurrido aproximadamente un año y tres meses, sin que volviera a pronunciarse respecto a la ejecución del laudo. De ahí que al no existir constancias que acrediten que con posterioridad a las actuaciones realizadas desde junio de dos mil veintidós haya señalado fecha y hora para el desahogo de la diligencia de reinstalación y requerimiento de pago en el expediente laboral ***** a fin de ejecutar el laudo dictado en ese juicio, es inconcuso que existe una violación al artículo 17 constitucional, que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, que no podría ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo. SÉPTIMO. Efectos del amparo. En consecuencia, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto que: La Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca: Emita acuerdo en el que se señale fecha y hora para la reinstalación de los aquí quejosos y requerimiento de pago, así como ordene notificar con la debida anticipación el auto correspondiente al Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. Ordene al Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca que, a la brevedad, cumpla con la condena establecida en su contra en el laudo de catorce de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral *****. Dentro de los plazos previstos en la legislación aplicable, realice todas las gestiones necesarias para que la parte condenada cumpla con el laudo dictado en el expediente *****; debiendo agotar todas las medidas y apercibimientos necesarios para lograr el cumplimiento total del laudo. El actuario de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca: Cumpla con todas las gestiones necesarias que le sean ordenadas para lograr el cumplimiento total del laudo dictado en el expediente *****. OCTAVO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: PRIMERO. La Justicia Federal ampara y protege a 1) *****, 2) *****, 3) *****, 4) *****, 5) *****, 6) *****, 7) *****, 8) *****, 9) *****, 10) *****, 11) *****, 12) *****, 13) *****, 14) *****, 15) *****, 16) *****, 17) *****, 18) *****, 19) *****, 20) *****, 21) *****, 22) *****, 23) *****, 24) ***** y 25 *****, contra el acto reclamado a la 1) Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicios de los Poderes del Estado de Oaxaca y 2) actuario adscrito a dicha Junta, consistente en la falta de ejecución del laudo de catorce de marzo de dos mil diecinueve en el juicio laboral *****, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando sexto, y para los efectos precisados en el diverso punto séptimo, de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy trece de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.

  3. Principal

    PRAL 734/2023 MESA 6 Vistos para resolver el juicio de amparo 734/2023, de este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido el treinta y uno de julio de dos mil veintitrés en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, y turnada a este órgano jurisdiccional en la misma fecha, 1) *****, 2) *****, 3) *****, 4) *****, 5) *****, 6) *****, 7) *****, 8) *****, 9) *****, 10) *****, 11) *****, 12) *****, 13) *****, 14) *****, 15) *****, 16) *****, 17) *****, 18) *****, 19) *****, 20) *****, 21) *****, 22) *****, 23) *****, 24) ***** y 25 *****, a través de su apoderado legal, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra un acto de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicios de los Poderes del Estado de Oaxaca y de otra autoridad; que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. La parte quejosa narró los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, e invocó como derecho fundamental vulnerado los contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En proveído de uno de agosto de dos mil veintitrés se registró la demanda de amparo con el expediente 734/2023, y se previno a la parte quejosa en los términos ahí referidos. Por escrito de cuatro de agosto de este año la parte quejosa dio cumplimiento a dicha prevención y en auto de siete de agosto del año en curso se admitió la demanda de amparo, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; además, se ordenó emplazar como tercero interesado al Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, el que quedó emplazado el nueve de agosto de este año y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 61, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza laboral y el acto se reclama a autoridades residentes en un lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Con base en lo anterior, se arriba a la conclusión que, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, así como de las constancias que integran el juicio, se advierte que la parte quejosa reclama: De la 1) Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicios de los Poderes del Estado de Oaxaca y 2) actuario adscrito a dicha Junta: La falta de ejecución del laudo de catorce de marzo de dos mil diecinueve en el juicio laboral *****. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia(s) Común, tomo XI, abril de 2000, página 32, registro digital 192097, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir el informe justificado, las autoridades responsables, 1) presidenta y 2) actuario de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, aceptaron los actos atribuidos. Circunstancia que queda acreditada con las constancias que anexó la junta responsable relativas al juicio laboral ***** al rendir el informe justificado, y a la cual se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo. CUARTO. Causal de improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, al haberse analizado y valorado previamente todas las constancias que conforman este juicio, se concluye que no se actualiza alguna causa de improcedencia obvia y objetiva que deba estudiarse de oficio, ni se advierte que las partes hubieran hecho valer alguna, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. QUINTO. Concepto de violación. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, en aras de salvaguardar el principio de economía; máxime que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello; como así lo ilustra la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, página 830, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SEXTO. Estudio de fondo. Son fundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, en los cuales plantea que el acto reclamado vulnera en su perjuicio el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues hasta el momento no se ha logrado la ejecución del laudo de catorce de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral *****, pues se ha omitido dictar acuerdo en el que se señale fecha y hora para el desahogo de la diligencia de reinstalación y requerimiento de pago en ese juicio natural. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil". El citado precepto establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Estos cuatro atributos concernientes a la administración de justicia han sido explicados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 (registro digital 171257) del rubro siguiente: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES". El mencionado artículo consagra el derecho público subjetivo de acceso a la justicia, estableciendo a favor de los gobernados los siguientes principios: a) Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. b) Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. c) Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, d) Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Por otra parte, los numerales 1º y 96 de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca disponen: "Artículo 1o.- La presente Ley es de observancia general para todas las autoridades y funcionarios integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado de Oaxaca, así como para todos los empleados al servicio de unas y otros. Artículo 95.- Las resoluciones dictadas por la Junta de Arbitraje, no admitirán recurso alguno y serán cumplidas desde luego por las autoridades correspondientes, encargándose la Junta de vigilar su cumplimiento. El Gobierno del Estado por conducto de la Secretaría de Finanzas del Estado y el Municipio se atendrá a ellas para ordenar el pago de sueldos, indemnizaciones y demás que se deriven de las mismas resoluciones. Para los efectos de este artículo, la Junta de Arbitraje, una vez pronunciada la resolución, la pondrá en conocimiento de todas las personas y autoridades interesadas". De dichos preceptos se colige que la junta tiene la obligación de proveer la eficaz e inmediata ejecución de sus resoluciones en términos de los artículos 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal, ya que los laudos deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, de donde la responsable tiene la obligación legal de velar por el cumplimiento inmediato de los mismos. En el caso, la parte quejosa reclama que hasta el momento no se ha logrado la ejecución del laudo de catorce de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral *****, pues se ha omitido dictar acuerdo relativo a la reinstalación y requerimiento de pago en ese juicio natural. Al respecto, de las constancias que obran en el citado expediente y que remitió la autoridad responsable, identificadas como tomos anexos I y II, se advierte que: El catorce de marzo de dos mil diecinueve se dictó el laudo condenatorio contra el Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, en el cual se le condenó a la reinstalación, pago de salarios caídos, salarios retenidos y vacaciones. El tres de mayo de dos mil veintiuno se dictó el auto de ejecución de laudo, en el cual se señaló el veintidós de junio de dos mil veintiuno para llevar a cabo la diligencia de reinstalación y requerimiento de pago, la cual no pudo desahogarse debido a que el actuario de la Junta responsable no pudo comparecer por las razones que expuso en la razón actuarial de esa misma fecha, como se advierte del acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintiuno. El veintinueve de junio de dos mil veintiuno nuevamente se señaló el cinco de julio de dos mil veintiuno a efecto de llevar a cabo la diligencia de reinstalación y requerimiento de pago, la cual tampoco pudo desahogarse, como se advierte del acuerdo de once de agosto de dos mil veintiuno. En autos de once de agosto y diecinueve de octubre de dos mil veintiuno se señaló el veinticinco y veintiséis de octubre de dos mil veintiuno para llevar a cabo la diligencia en comento respecto a los quejosos en este juicio. El catorce de junio de dos mil veintidós nuevamente se señaló el veintinueve de junio de ese mismo año a efecto de llevar a cabo la diligencia de reinstalación y requerimiento de pago, sin que a la fecha se haya podido lograr el mismo; siendo esta la última actuación en el expediente natural respecto a los quejosos en este juicio de amparo. Como se ve, la Junta responsable en diversos autos señaló hora y fecha para el desahogo de la diligencia de reinstalación y requerimiento de pago, a fin de lograr la ejecución del laudo de catorce de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral *****; sin embargo, a la fecha no se ha logrado el cumplimiento total del laudo; además, posterior al auto de catorce de junio de dos mil veintidós la junta responsable no ha realizado diversos requerimientos a fin de lograr el cumplimiento de la resolución ya referida, siendo que ha transcurrido aproximadamente un año y tres meses, sin que volviera a pronunciarse respecto a la ejecución del laudo. De ahí que al no existir constancias que acrediten que con posterioridad a las actuaciones realizadas desde junio de dos mil veintidós haya señalado fecha y hora para el desahogo de la diligencia de reinstalación y requerimiento de pago en el expediente laboral ***** a fin de ejecutar el laudo dictado en ese juicio, es inconcuso que existe una violación al artículo 17 constitucional, que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, que no podría ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo. SÉPTIMO. Efectos del amparo. En consecuencia, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto que: La Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca: Emita acuerdo en el que se señale fecha y hora para la reinstalación de los aquí quejosos y requerimiento de pago, así como ordene notificar con la debida anticipación el auto correspondiente al Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca. Ordene al Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca que, a la brevedad, cumpla con la condena establecida en su contra en el laudo de catorce de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral *****. Dentro de los plazos previstos en la legislación aplicable, realice todas las gestiones necesarias para que la parte condenada cumpla con el laudo dictado en el expediente *****; debiendo agotar todas las medidas y apercibimientos necesarios para lograr el cumplimiento total del laudo. El actuario de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca: Cumpla con todas las gestiones necesarias que le sean ordenadas para lograr el cumplimiento total del laudo dictado en el expediente *****. OCTAVO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: PRIMERO. La Justicia Federal ampara y protege a 1) *****, 2) *****, 3) *****, 4) *****, 5) *****, 6) *****, 7) *****, 8) *****, 9) *****, 10) *****, 11) *****, 12) *****, 13) *****, 14) *****, 15) *****, 16) *****, 17) *****, 18) *****, 19) *****, 20) *****, 21) *****, 22) *****, 23) *****, 24) ***** y 25 *****, contra el acto reclamado a la 1) Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicios de los Poderes del Estado de Oaxaca y 2) actuario adscrito a dicha Junta, consistente en la falta de ejecución del laudo de catorce de marzo de dos mil diecinueve en el juicio laboral *****, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando sexto, y para los efectos precisados en el diverso punto séptimo, de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy trece de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.

  4. Principal

    P 734/2023, mesa 6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Se agrega oficio. Agréguese el oficio firmado por la presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, mediante el cual informa la fecha señalada para que tenga verificativo la ratificación de convenios entre las partes; además, remite copia certificada de las constancias posteriores a la emisión del laudo dictado en el expediente ********************. 1.1. Prueba. Por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene la referida copia certificada como prueba documental de la junta responsable; misma que se desahoga en razón de su propia naturaleza. 2. Se forma tomo anexo II. Dada la voluminosidad de la documental remitida por la autoridad oficiante y a fin de facilitar el manejo de este juicio, se ordena formar el tomo anexo II relativo a este juicio de amparo, que queda a disposición de las partes para su consulta en este Juzgado, respetando el folio, rúbrica y entresello correspondientes. 3. Disposición del tomo anexo. Se precisa a las partes que el tomo anexo antes referido se encuentra disponible en el expediente electrónico de este juicio, motivo por el cual podrán consultarlo a través de esa plataforma; sin embargo, en caso de tener alguna imposibilidad de consultarlo a través de ese medio, podrán acudir físicamente en las instalaciones de este juzgado sito en el edificio del Poder Judicial de la Federación, con sede San Bartolo Coyotepec. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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