Jorge Rodolfo Osorio Martínez

Expediente 571/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 18 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
571/2023
Año
2023
Actuaciones
18
Última actuación
21/09/2023

Partes del expediente

  • Jorge Rodolfo Osorio Martínez y Otros.
  • Jorge Rodolfo Osorio Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    PRAL. 571/2023 MESA 2* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de septiembre de ********************. 1. Causa ejecutoria la sentencia. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada en audiencia celebrada el catorce de agosto del año en curso, firmada y autorizada el veintiocho de agosto siguiente, en la que, por una parte, se sobreseyó en este juicio de amparo y, por otra, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales ********************, sin que se hubiese interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de mérito; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2. Publicación de sus datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de esa resolución sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 3. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu) y 17 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ********************, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Destino y archivo reciente. Ahora, por haberse negado a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), de ese Acuerdo General, este expediente es CONSERVABLE; por tanto, una vez transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la fecha de este proveído, procédase a lo dispuesto en primer párrafo del artículo 17 del acuerdo mencionado. 5. Archivo reciente. Se comunica a las partes que, en atención a lo dispuesto en el artículo 17 del multicitado acuerdo, este expediente será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es conservable, en atención a lo previsto en el artículo 34 del citado acuerdo general. 6. Integración de notificaciones al expediente electrónico. Se ordena al (la) actuario (a) de la adscripción verifique que las notificaciones generadas en este expediente, hayan sido integradas al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 7. Documentos exhibido por la parte quejosa. No obstante que la parte quejosa exhibió: a) Copia certificada del acta de nacimiento de ********************. b) Dos recetas médicas fechadas el ********************. c) Copia certificada de la carta factura de fecha ********************, emitida por ********************,********************, relativa al vehículo de motor marca ********************, modelo ********************, con número de serie ********************y número de motor ********************, expedida a favor del aquí quejoso ********************. Se hace de su conocimiento que, si a sus intereses conviene, por escrito podrá solicitar su devolución, sin que ello pueda realizarse de oficio, toda vez que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ********************, no prevé la obligación de los órganos jurisdiccionales de emitir el acuerdo requiriendo a las partes para que acudan a recoger las documentales relativas. 8. Incidente de suspensión. De la certificación de cuenta se advierte que este asunto se tramitó con incidente de suspensión, en el que se reservó proveer sobre el archivo del cuaderno incidental; por tanto, en razón de la firmeza de la sentencia de amparo, provéase lo correspondiente en esa pieza incidental. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Incidental

    INC. 571/2023 MESA 2* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Estado de autos. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que mediante proveído dictado en esta fecha en el expediente principal del que deriva este incidente de suspensión causó ejecutoria la sentencia ahí emitida y se ordenó su archivo, lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. 2. Archivo del expediente. Ante ello, como en este incidente no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14 y 17 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. 3. Destino (único cuaderno original). Se comunica a las partes que, por haberse concedido la medida cautelar definitiva a la parte quejosa, este expediente es conservable, en términos del artículo 17, fracción III, inciso b), del mencionado Acuerdo General; por ello, una vez que transcurran tres años a partir de la fecha en que se ordena el archivo, será transferido en términos del mencionado numeral. 4. Instrucción a Secretaría. Se ordena al (la) actuario (a) de la adscripción verifique que las notificaciones generadas en este expediente, hayan sido integradas al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA (AVISO) PRAL. 571/2023 MESA 2* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de septiembre de ********************. 1. Causa ejecutoria la sentencia. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia dictada en audiencia celebrada el catorce de agosto del año en curso, firmada y autorizada el veintiocho de agosto siguiente, en la que, por una parte, se sobreseyó en este juicio de amparo y, por otra, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales ********************, sin que se hubiese interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia de mérito; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2. Publicación de sus datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de esa resolución sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 3. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu) y 17 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ********************, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4. Destino y archivo reciente. Ahora, por haberse negado a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, con fundamento en el artículo 17, fracción III, inciso a), de ese Acuerdo General, este expediente es CONSERVABLE; por tanto, una vez transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la fecha de este proveído, procédase a lo dispuesto en primer párrafo del artículo 17 del acuerdo mencionado. 5. Archivo reciente. Se comunica a las partes que, en atención a lo dispuesto en el artículo 17 del multicitado acuerdo, este expediente será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es conservable, en atención a lo previsto en el artículo 34 del citado acuerdo general. 6. Integración de notificaciones al expediente electrónico. Se ordena al (la) actuario (a) de la adscripción verifique que las notificaciones generadas en este expediente, hayan sido integradas al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 7. Documentos exhibido por la parte quejosa. No obstante que la parte quejosa exhibió: a) Copia certificada del acta de nacimiento de ********************. b) Dos recetas médicas fechadas el ********************. c) Copia certificada de la carta factura de fecha ********************, emitida por ********************,********************, relativa al vehículo de motor marca ********************, modelo ********************, con número de serie ********************y número de motor ********************, expedida a favor del aquí quejoso ********************. Se hace de su conocimiento que, si a sus intereses conviene, por escrito podrá solicitar su devolución, sin que ello pueda realizarse de oficio, toda vez que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ********************, no prevé la obligación de los órganos jurisdiccionales de emitir el acuerdo requiriendo a las partes para que acudan a recoger las documentales relativas. 8. Incidente de suspensión. De la certificación de cuenta se advierte que este asunto se tramitó con incidente de suspensión, en el que se reservó proveer sobre el archivo del cuaderno incidental; por tanto, en razón de la firmeza de la sentencia de amparo, provéase lo correspondiente en esa pieza incidental. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL. 571/2023 MESA 2* Sentencia. Visto, para resolver el juicio de amparo número 571/2023; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. 1.1. Mediante escrito presentado el doce de junio de dos mil veintitrés en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, turnado en la misma fecha a este órgano jurisdiccional, registrado el trece del mismo mes y año, ********************, por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos reclamados y autoridades responsables que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. 1.2. Derechos fundamentales vulnerados. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. En auto de fecha catorce de junio del año en curso, con la demanda de amparo, se ordenó formar expediente electrónico, se registró con el número 571/********************, se admitió a trámite, se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito, quien no formuló pedimento, se pidió de las autoridades señaladas como responsables su informe justificado y se citó a la audiencia constitucional. Tercero. Denominación correcta de una autoridad responsable. En proveído de diecinueve de junio de este año se estableció que la denominación correcta de la autoridad señalada como "Policía Vial Municipal del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca", lo es "director de Movilidad del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca"; por lo que se ordenó reexpedir el oficio respectivo, con la denominación correcta, para los efectos legales procedentes. Cuarto. Requerimiento de ampliación de la demanda de amparo. El trece de julio de dos mil veintitrés se requirió a la parte quejosa, para que, en el término legal a que se refiere el artículo 111 de la Ley de Amparo, manifestara si ampliaba la demanda de amparo respecto a la complementación en la fundamentación y motivación que del acto reclamado realizó en su informe justificado, la autoridad responsable encargado del despacho de la Dirección de Movilidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil del Municipio de Oaxaca de Juárez. Ante el incumplimiento a dicho requerimiento, en el plazo concedido, en acuerdo de once de agosto del año que transcurre se declaró precluido su derecho para hacerlo. Quinto. Audiencia constitucional. Previos los trámites relativos, se llevó a cabo la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 50 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el Acuerdo General 3/2021, que adiciona el primero (3/2013), publicado en el aludido medio de difusión oficial, el veintidós de abril de dos mil veintiuno, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa y los actos se reclaman a autoridades residentes en Oaxaca de Juárez, Oaxaca; lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. Segundo. Fijación de la litis constitucional. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, se establece que los actos reclamados por la quejosa y por los cuales se realizará el análisis relativo, consisten en: Orden de privación de su vehículo de motor marca ********************, modelo ********************, número de serie ********************y número de motor ********************. Que atribuye al: a) Presidente Municipal del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. b) Secretario de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Y su ejecución al: c) Director de Movilidad dependiente de la Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca (denominación correcta de la señalada como Policía Vial Municipal del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca). Tercero. Inexistencia del acto reclamado respecto de dos autoridades responsables. Las autoridades responsables 1) presidente Municipal de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por conducto de la síndica Municipal y 2) secretario de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a través del jefe de la Unidad Jurídica, al rendir su respectivo informe justificado, negaron la existencia del acto que se les atribuye, sin que la parte quejosa haya objetado o aportado prueba alguna que desvirtúe dicha negativa, no obstante, su conocimiento. En esas condiciones, procede sobreseer en este juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, en la jurisprudencia número 284, consultable en la página 236, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, publicada con el rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. - Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Existencia de los actos reclamados. La diversa responsable, encargado del despacho de la Dirección de Movilidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil del Municipio de Oaxaca de Juárez, negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, esa negativa se desvirtúa y se tiene por cierto ese acto, dado que de la documental que remitió como justificación a su informe, con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°., se desprende que un elemento de su corporación emitió un acta de infracción al aquí quejoso, preimpresa, con logotipo y nombre de la Dirección de Movilidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil del Municipio de Oaxaca de Juárez; asimismo, trasladó y depositó el vehículo de su propiedad al corralón oficial a través de Grúas ********************, Arrastres y Maniobras. Quinto. Causal de improcedencia. Examinada la existencia del acto reclamado, se impone analizar la procedencia del juicio constitucional, por ser de orden público y de estudio preferente, ya sea que se cuestione por alguna de las partes o se realice de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. El encargado del despacho de la Dirección de Movilidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil del Municipio de Oaxaca de Juárez aduce que el quejoso no acredita su interés jurídico. La causal de improcedencia propuesta se estima infundada, puesto que la actuación de la autoridad responsable y su materialización generan un agravio real y directo al quejoso. En el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado la privación de un vehículo de su propiedad; para demostrar su interés jurídico exhibió como prueba copia certificada de la carta factura de fecha veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, emitida por JEJU, sociedad anónima de capital variable, relativa al vehículo de motor marca ********************, modelo ********************, con número de serie ********************y número de motor ********************, expedida a favor del aquí quejoso ********************; documental que valorada en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimiento Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es suficiente para acreditar el interés jurídico del agraviado, ya que se advierte que el acto reclamado se ejecutó respecto de un automotor de su propiedad; por lo que, se estima, sí cuenta con interés jurídico para la promoción de esta instancia constitucional. Asimismo, dicha responsable alega que se actualiza la causa de improcedencia a que alude el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, aduciendo que la parte quejosa no agotó el recurso previsto por la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca. Es dable establecer que el medio al que se refiere ese ordenamiento legal remite al juicio contencioso administrativo previsto en aquélla, del que ya sentó criterio jurisprudencial el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en el sentido de que aquél establece mayores exigencias a las señaladas por la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto impugnado, por lo que constituye una de las excepciones al principio de definitividad previsto en la citada fracción XX; así que, contrario a lo que esgrime la responsable, el quejoso no se encuentra obligado a recurrir la infracción previo a acudir a este juicio de amparo. Ese criterio es el contenido en la jurisprudencia XIII.2º.C.A. J/1 A (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, visible en la página 2368, Libro 74, Enero de 2020, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2021383, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA LEY DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO DE OAXACA, ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LOS SEÑALADOS EN LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, POR LO QUE NO DEBE DESECHARSE LA DEMANDA DE AMPARO O SU AMPLIACIÓN EN EL AUTO INICIAL, CON EL ARGUMENTO DE QUE PREVIAMENTE DEBE AGOTARSE AQUÉL. Una de las excepciones al principio de definitividad, previsto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, consiste en que la ley que rija el acto reclamado establezca la existencia de un juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto de autoridad, en el que se suspendan sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los previstos en dicho ordenamiento para conceder la suspensión definitiva. Al respecto, el numeral 215, fracción III, de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca establece mayores exigencias que las señaladas en la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto impugnado, al disponer como requisito que con la ejecución de éste se generen al solicitante daños y perjuicios de difícil reparación; elemento que no está previsto en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Por tanto, al actualizarse la excepción señalada, la causal de improcedencia del juicio constitucional no es manifiesta e indudable, en términos del artículo 113 de la misma ley, por lo que la demanda de amparo o su ampliación no debe desecharse en el auto inicial con el argumento de que es necesario promover, previamente, el juicio contencioso administrativo." Además, el acta de infracción que originó la privación del vehículo de motor que reclama el aquí quejoso tuvo como fundamento, esencialmente, los artículos 85 y 86, fracción XXXIII, del Reglamento de Vialidad para el Municipio de Oaxaca de Juárez; ordenamiento que en su artículo 153 establece la procedencia del recurso administrativo establecido en el Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez. Los numerales 227 y 232 de este último ordenamiento legal establecen: "ARTÍCULO 227.- Los actos o resoluciones de carácter no fiscal dictados por las Autoridades Municipales, podrán ser impugnados por los particulares mediante la interposición del recurso de revocación cuando consideren que sus derechos están siendo afectados. El recurso de revocación se interpondrá por el interesado dentro de un plazo de ocho días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación o ejecución del acto reclamado, ante la propia Autoridad que lo haya dictado o realizado, quien a su vez remitirá a la Sindicatura el escrito de interposición del recurso de revocación y anexos que lo acompañen a más tardar al tercer día siguiente de su recepción, adjuntando los autos del expediente original del cual derivó el acto recurrido, para su admisión, trámite y resolución, para que surta sus efectos legales, deberá ser aprobada en sesión de Cabildo." "ARTÍCULO 232.- La interposición del recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado, siempre y cuando: I. Lo solicite expresamente el recurrente y no se siga perjuicio al interés social o se contravenga disposiciones de orden público. Entendiéndose por esto los siguientes supuestos. Entendiéndose por esto los siguientes supuestos: a. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; b. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; c. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; d. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; e. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas; f. Se Impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; y g. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico. II. Sea procedente el recurso; III. No se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; y IV. No se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garanticen éstos para el caso de no obtener resolución favorable." De los citados preceptos se aprecia que si bien el recurso de revocación suspende los efectos del acto combatido con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo, y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva; sin embargo, no se establece de manera clara el plazo para el otorgamiento de tal suspensión; es así, ya que una vez interpuesto el recurso ante la autoridad que emitió o realizó el acto, ésta lo remitirá a la Sindicatura a más tardar al tercer día siguiente de su recepción para su admisión, lo que evidencia que puede ser hasta el tercer día que se proveerá sobre la suspensión del acto impugnado; por tanto, en el caso, se actualiza uno de los supuestos de excepción para la procedencia del juicio de amparo. Es de destacarse que el tema relativo a la falta de un plazo determinado para que la autoridad se pronuncie sobre la suspensión del acto impugnado y que ello actualiza un caso de excepción al principio de definitividad, ya ha sido analizado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.144/2015 (10a.) que aparece en la página 1113, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo II, Materias: Común, Administrativa, Décima Época, Registro Digital 2010357, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. ES INNECESARIO AGOTAR LA INCONFORMIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, AL ACTUALIZARSE UNA EXCEPCIÓN AL CITADO PRINCIPIO. El artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el juicio de amparo será procedente contra actos de autoridades distintos de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que será necesario agotar los medios de defensa, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa, con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que se establece para conceder la provisional. De tal suerte que si en el recurso de inconformidad previsto en el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en relación con el diverso 70, no se establece de manera específica el plazo para que la autoridad que conoce del recurso se pronuncie respecto de la suspensión provisional solicitada, dejando a las partes en estado de inseguridad jurídica, y sin la certeza de que ello ocurrirá en un plazo no mayor al de 24 horas que al efecto prevé la Ley de Amparo, no es necesario agotar dicho recurso antes de promover el juicio de amparo indirecto, de ahí que no se actualice el supuesto de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo." Por ende, si la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha determinado que, tratándose de la suspensión en un medio ordinario de defensa, si en la ley no se establece de manera específica el plazo para que la autoridad se pronuncie respecto de la suspensión solicitada, se deja a las partes en estado de inseguridad jurídica y sin la certeza de que ello ocurrirá en un plazo no mayor al de veinticuatro horas, por lo que no es necesario agotar dicho recurso antes de promover el juicio de amparo indirecto. Al no existir diversa causa de improcedencia propuestas por las partes o que se advierta de oficio, procede entrar al estudio del asunto planteado. Sexto. Conceptos de violación. La parte quejosa vertió diversos conceptos de violación, mismos que no se transcribirán literalmente, al no existir disposición de la Ley de Amparo que obligue hacerlo, ni se le deja en estado de indefensión; atento a la jurisprudencia 2ª./J.58/2010, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 830 del tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 164618, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Séptimo. Estudio de fondo. El quejoso señala, esencialmente, que el acto reclamado vulnera sus derechos fundamentales de legalidad y previa audiencia reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud que, aduce: a) No se le ha seguido un juicio previo ante la autoridad judicial competente en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y se funde y motive la causa legal del procedimiento; aunado a que, previo a trasladar su vehículo al encierro, debió realizarse la infracción correspondiente. b) Se viola en su perjuicio el artículo 16 constitucional, debido a la falta de fundamentación y motivación en la privación de su automotor. c) Se vulnera el interés superior de su hijo, aún infante, pues, señaló, en el interior de su vehículo se encontraban los medicamentos que le suministraba. Los reseñados argumentos son infundados e inoperantes, sin que exista la obligación legal de suplir la deficiencia de la queja, al no encontrarse en ninguno de los supuestos a que alude el artículo 79 de la Ley de Amparo. En relación al argumento de la parte quejosa, relativo a que la autoridad responsable no ha respetado la garantía de audiencia previa; en primer término, se precisa que los actos privativos son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, mientras que los de molestia son aquellos que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos. En ese sentido, se tiene que para los actos privativos, la Constitución Política Federal, en su artículo 14, exige que se cumplan con una serie de requisitos previo a que se emita éste, como lo son: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Por su parte, los actos de molestia, según lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, pueden ser emitidos siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. De las constancias que remitió la responsable como apoyo a su informe justificado, se advierte que el acto reclamado no se trata de un acto privativo, ya que éste deriva de la imposición de una sanción por la comisión de una infracción prevista en el Reglamento de Vialidad para el Municipio de Oaxaca de Juárez, esto es, la privación del vehículo que reclama el quejoso radicó en que un elemento de tránsito adscrito a la Dirección de Movilidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil del Municipio de Oaxaca de Juárez se percató que su automotor se encontraba estacionado en un lugar prohibido, violando, con ese actuar, lo dispuesto en los artículos 85, 86, fracción XXXIII, 90 y 132, fracción II, del Reglamento de Vialidad para el Municipio de Oaxaca de Juárez, por lo que se emitió una infracción con folio 27383-A. De lo anterior, se sigue que, con ello, no se está privando definitivamente al quejoso de un derecho, sino que sólo se le está restringiendo de manera provisional o preventiva con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos; por tanto, al tratarse de un acto de molestia, el derecho fundamental de audiencia se traduce en los medios de defensa que tiene a su alcance el agraviado para combatir el propio acto, pues, se insiste, la necesidad jurídica de que la audiencia sea previa al acto, se presenta únicamente cuando éste es considerado un acto privativo, característica que no se actualiza en el caso. Tampoco asiste la razón a la parte quejosa, al señalar que, previo a trasladar su vehículo al encierro, debió realizarse la infracción correspondiente; en virtud que, como se advierte de las constancias que remitió el director de Vialidad responsable, justipreciadas con anterioridad, con motivo de la falta administrativa contemplada en los artículos 85, 86, fracción XXXIII, del Reglamento de Vialidad para el Municipio de Oaxaca de Juárez, Rafael Crisanto Hernández, con número estadístico 64, adscrito a la Dirección de Movilidad dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil del Municipio de Oaxaca de Juárez levantó la infracción con folio 27383-A, en razón de que el quejoso estacionó en un lugar prohibido y no respetó señalamientos; además, trasladó su vehículo de motor al encierro oficial, por no encontrarse presente el propietario, acorde a lo previsto en el citado numeral 90 del Reglamento mencionado. De ahí lo infundado del primer concepto de violación que vertió el quejoso. La parte quejosa también aduce, en otro aspecto, que se vulnera en su perjuicio el artículo 16 constitucional, debido a la falta de fundamentación y motivación en la privación de su vehículo. En torno a satisfacer los requerimientos de adecuada fundamentación y motivación son, precisamente, los aspectos de fondo del acto en particular los que deben justificarse en su demostración, con base en la invocación de los preceptos que resulten aplicables, así como expresión de las causas especiales y razones particulares con las que se demuestre que existe adecuación entre el supuesto jurídico o normativo y el caso concreto. El acto aquí reclamado deriva de la imposición de una sanción por la comisión de una infracción prevista en el Reglamento de Vialidad para el Municipio de Oaxaca de Juárez, pues de las constancias que la responsable remitió como apoyo a su informe justificado, consistentes en la boleta de infracción con número de folio 27383-A y el oficio de traslado de vehículo al encierro "Primavera", se desprenden los hechos y fundamentos legales que dieron como resultado la determinación de retirar el vehículo de motor marca ********************, modelo ********************, número de serie ********************y número de motor ********************, y trasladarlo a un encierro para su resguardo; siendo éstos, a saber, los siguientes: a) Infracciona: Rafael Crisanto Hernández, con número estadístico 64, adscrito a la Dirección de Movilidad dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil del Municipio de Oaxaca de Juárez. b) Nombre del propietario o poseedor: No presente. c) Placas del vehículo: Sin placas, sin permiso. d) Número de serie: MB2PB2A20PM392439. e) Ubicación del lugar donde se cometió la infracción: Genaro V. Vásquez. f) Colonia y agencia: Díaz Ordaz, del municipio de Oaxaca de Juárez. g) Hora: 12:15. Día: 11. Mes: 06. Año: ********************. h) Características y tipo de vehículo: automóvil: camioneta particular, marca Hyundai, tipo ********************, color ********************. i) Faltas administrativas contempladas en el Reglamento de Vialidad para el Municipio de Oaxaca de Juárez: Estacionarse en lugar prohibido, artículos 85 y 86, fracción XXXIII. j) Medio de traslado de la unidad de motor articulo 90 y 132., particular ********************. k) Motivación: Estacionarse en lugar prohibido, no respetó señalamientos. l) Fundamentación: Con fundamento en los artículos 14, 16, 21, 113, fracciones II y III, inciso h, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, tercer párrafo y 113 fracción, II y III, inciso h), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Oaxaca; 182, fracción IV, 184 y 188, de la Ley de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez, distrito del Centro, Oaxaca, para el ejercicio fiscal 2022; 1, 6, 16, fracción II, 18, fracción VIII, 26 fracción VII, 85, segundo párrafo, 86, 90, fracción II, 116, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 137, 139, 149 y 156 del Reglamento de Vialidad para el Municipio de Oaxaca de Juárez. Conforme al artículo 86, 59 y 132, fracciones XXXIII, IV Y II, del Reglamento Vial Municipal m) Se hace del conocimiento del infractor que tiene 8 días hábiles para interponer el recurso de revocación en contra de la presente, en términos del artículo 150 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, en relación con los artículos 227 del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Oaxaca de Juárez Vigente y 153 del Reglamento de Vialidad para el Municipio de Oaxaca de Juárez y de conformidad con los artículos 143 y 16 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, es procedente el Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, en el término de 30 días contados a partir del día siguiente al que surta efectos su notificación, el pago efectuado dentro de los 15 días siguientes contado a partir de la fecha del levantamiento de la presente tendrá derecho a un 30% de descuento por pronto pago, de acuerdo a lo establecido en el artículo 182, fracción IV, de la Ley de Ingresos del Municipio de Oaxaca de Juárez. n) Firma de quien infracciona: Rúbrica. Bajo esa óptica, se obtiene que los preceptos aplicables al caso a fin de que la autoridad responsable actuara en el sentido en que lo hizo (retirar y trasladar el vehículo a un encierro), son los artículos 85 y 86, fracción XXXIII, así como 90, fracción II, y 132, fracción II, del Reglamento de Vialidad para el Municipio de Oaxaca de Juárez, cuyo texto normativo es del tenor siguiente: "ARTÍCULO 85.- Los vehículos podrán estacionarse en la vía pública, solamente en los lugares permitidos, cuando no se obstruya la circulación, dentro de los horarios y días autorizados. Los vehículos a los que se refiere el artículo 21, inciso A, fracción II, deberán estacionarse en batería y respetando las formalidades del párrafo anterior. En el caso de los vehículos en cuestión, excedan en longitud a 1.70 m, podrán estacionarse en forma paralela a la guarnición. Los vehículos estacionados en lugar prohibido, que signifiquen peligro u obstruyan la circulación, serán retirados por la grúa y trasladados al corralón correspondiente, salvo que se presente el conductor y proceda al retiro del vehículo, debiendo el Policía Vial, formular la infracción correspondiente. Si el conductor se rehúsa a retirar el vehículo, se procederá a su traslado. Debiendo realizar para su liberación los pagos respectivos." "ARTÍCULO 86.- Queda prohibido el estacionamiento: (.) XXXIII. En los demás lugares que determine la Comisaría de Vialidad y donde exista señalamiento restrictivo." "ARTÍCULO 90.- La Comisaría de Vialidad, podrá retirar con cargo de grúa, pensión y sanciones a que se hayan hecho acreedores los propietarios de los vehículos, en los siguientes supuestos: I. Abandonados en la vía pública, para el efecto se considerará abandonado un vehículo cuando éste permanece estacionado por más de cinco días, y II. Estacionados en lugar prohibido, doble fila, o cuando obstruya la circulación y no se encuentre el conductor". "ARTÍCULO 132.- Los Policías Viales procederán a la detención de cualquier vehículo, remitiéndolo de inmediato a disposición de la Comisaría de Vialidad, quien deberá resguardarlo para garantizar su conservación y la guarda de los objetos que en él se encuentren y será trasladado al corralón oficial cuando: [. II. Cuando al vehículo le falten ambas placas o el documento que justifique la omisión". De dichos preceptos legales se desprende la facultad con la que cuentan los policías viales de la Dirección de Movilidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil del Municipio de Oaxaca de Juárez, para retirar de la vía pública los vehículos que se estacionen en un lugar prohibido, no respeten señalamientos y no se encuentre el conductor; mediante el servicio de grúa, remitiéndolos al corralón oficial. Como se ve, como se adelantó, resulta infundado el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa, pues, contrario a lo que se argumenta, sí existen fundamentos legales que facultan a la autoridad responsable para actuar en el sentido en que lo hizo, y ésta se ajustó a los requisitos previstos en los citados preceptos normativos, fundando y motivando las razones de su proceder. Es inoperante el motivo de disenso en el que el agraviado refiere que se vulnera el interés superior de su hijo, aún infante, pues, señaló, en el interior de su vehículo se encontraban los medicamentos que le suministraba; ello, debido a que existe la imposibilidad jurídica de que se concreticen o produzcan los efectos restitutorios del amparo que al efecto se decretara, puesto que aun y cuando tuviera que declararse fundado ese concepto de violación, no podría exigirse a la responsable le permita extraer los medicamentos especificados en las recetas médicas fechadas el siete de junio de dos mil veintitrés, en aras de proteger la salud del infante quejoso; puesto que el veintiuno de junio último fue entregado dicho automotor al aquí agraviado ********************. En esa tesitura, ante lo infundado e inoperantes de los conceptos de violación aducidos, sin queja deficiente que suplir, procede negar la protección constitucional que solicita el quejoso ********************, por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales ********************contra la orden de privación de su vehículo de motor marca ********************, modelo ********************, número de serie ********************y número de motor ********************; que atribuye al director de Movilidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil del Municipio de Oaxaca de Juárez. Octavo. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la resolución ejecutoriada sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado legalmente, con apoyo, además, en los artículos 1°, fracción I, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo; se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales ********************contra el acto reclamado al a) presidente Municipal del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca y b) secretario de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistente en la orden de privación de su vehículo de motor marca ********************, modelo ********************, número de serie ********************y número de motor ********************; en términos del considerando tercero de esta sentencia. Segundo. La Justicia Federal no ampara ni protege al quejoso ********************, por propio derecho y en representación de su menor hijo de iniciales ********************contra la privación del referido automotor, que atribuye al director de Movilidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil del Municipio de Oaxaca de Juárez; en términos del considerando séptimo de esta resolución. Tercero. En su oportunidad dese cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió el juez Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Conste

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