Jorge Terra Ventura
Expediente 681/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 681/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Jorge Terra Ventura
Actuaciones
- Principal
PRAL681/2020 MESA 7 $ San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de noviembre de dos mil veinte. Firmeza del desechamiento de demanda. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de cuatro de noviembre de dos mil veinte, por el cual se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha determinación. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la resolución relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Archivo. Considerando que en auto de cuatro de noviembre de este año se desechó la demanda de amparo y en esta fecha queda firme tal resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu) y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Destino. Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, en términos de los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.
- Principal
pral.681/2020 mesa 7-b $ San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de noviembre de dos mil veinte. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo recibida el treinta de octubre del año en curso, en el buzón judicial ubicado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y turnada a este órgano jurisdiccional el tres de noviembre de este año, promovida por ***, por propio derecho, contra un acto de la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca, en la que reclama derechos fundamentales de las personas, en específico, el de acceso a la información pública; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 681/2020. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Causal de improcedencia. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se procede a analizar la promoción inicial constitucional, de la que se advierte la existencia de una causal que la hace notoriamente improcedente. Acto reclamado. El quejoso señala como acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, la falta de contestación a su escrito presentado el veintiuno de octubre de dos mil veinte, ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 55/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 227, Tomo VIII Agosto de 1998, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Novena Época, Registro 195745, de rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." Cabe citar que la manifestación de la parte quejosa tiene pleno valor probatorio en términos de los artículos 95, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte que, en efecto, con fecha veintiuno de octubre de dos mil veinte presentó un escrito ante la autoridad que señala como responsable, Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, ocurso en el que solicitó información sobre los impuestos que declaró. Ahora, en el caso, se actualiza el supuesto de improcedencia previsto en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 1o de dicha ley. "ARTÍCULO 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley. ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Los preceptos invocados prevén la procedencia del amparo contra normas generales, actos u omisiones de autoridad. Así, se considera que el acto reclamado consiste en un hecho voluntario y positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu), imputable a un órgano del Estado o un particular que tenga facultades cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De ahí que no todos los hechos que el gobernado estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los actos de autoridad, esto es, aquellos que afectan de manera unilateral la esfera jurídica de la parte quejosa y si se impuso contra y sobre la voluntad de ésta; además, si de acuerdo con su naturaleza, se debe considerar si puede exigirse su cumplimiento. De no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos que no son de autoridad. Por su parte, el derecho de petición consagrado en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo titular es el gobernado en general, se traduce en la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito que adopta específicamente el carácter de petición, por medio de la cual el Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados tienen como obligación el dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado les eleve, en el término previsto en la ley relativa. Sin embargo, si no existe regulación expresa sobre el término en que debe acordarse, debe acudirse a una disposición que asemeje material y sustancialmente la función de resolver una solicitud de tal naturaleza y el dictado de su resolución, es decir, ante esa laguna debe operar la integración analógica, de modo que se hagan extensivas las reglas básicas al caso semejante, atento al principio que establece que "donde existe la misma razón debe regir la misma disposición". En el caso concreto, el quejoso presentó su escrito el veintiuno de octubre de dos mil veinte ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca, por el que solicitó información sobre los impuestos que declaró de forma electrónica, sin que hasta la fecha en que presentó la demanda de amparo, treinta de octubre del año en curso, le hubieren dado respuesta. Por su parte, los artículos 1, 2, fracción V, 52 y 57, del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca, ley que rige la materia del acto reclamado, señalan: "TÍTULO SEGUNDO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CAPÍTULO PRIMERO DE LA REPRESENTACIÓN DE y Municipios, Dependencias, Órganos Autónomos, Organismos Públicos Descentralizados Estatales y Municipales, Fideicomisos Públicos Federales, Estatales o Municipales, y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, quedan obligados a pagar contribuciones salvo que las leyes los exceptúen expresamente. Las personas que de conformidad con las leyes fiscales no estén obligadas a pagar contribuciones, únicamente tendrán las otras obligaciones que establezcan en forma expresa las propias leyes. A los actos y procedimientos administrativos de naturaleza fiscal previstos en este Código no les serán aplicables las disposiciones contenidas en la Ley de "Artículo 57. Las promociones o instancias, así como las peticiones que formulen los interesados a las autoridades fiscales deberán ser resueltas en un plazo de treinta días hábiles; transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió negativamente e interponer mientras no se dicte la resolución, los medios de defensa a que tiene derecho, en cualquier tiempo posterior a dicho plazo. Cuando la autoridad requiera al promovente para que cumpla los requisitos que hubiere omitido en su promoción, o proporcione los elementos necesarios para resolver, éste contará con un término de diez días para cumplir dicho requerimiento. En este caso, el plazo para que las autoridades fiscales resuelvan, comenzará a correr desde que el requerimiento haya sido cumplido. En caso que no se dé cumplimiento al requerimiento en el plazo señalado se tendrá por no presentada la promoción o instancia respectiva". De ahí que la autoridad cuenta con el término de treinta días hábiles para pronunciarse sobre la pretensión del aquí quejoso presentada el veintiuno de octubre de dos mil veinte, en relación con la solicitud de que se le informe sobre los impuestos que declaró de forma electrónica. Pero como el quejoso promovió demanda de amparo el treinta de octubre de este año, es obvio que únicamente han transcurrido siete días hábiles desde que presentó su petición, por lo que no ha transcurrido el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído; de ahí que no existe acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de amparo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 113 en relación con los artículos 61, fracción XII, y 107, fracción VII, de la Ley de Amparo, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desecha, de plano, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por Jorge Terra Ventura, respecto del acto consistente en la falta de contestación a su escrito presentado ante la Secretaría De Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca el veintiuno de octubre de dos mil veinte. Se invocan en apoyo a lo anterior las tesis cuyos datos de localización, rubro y texto son del tenor siguiente: "Novena Época Registro: 201387 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Página: 890 DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." 4. Exhortación a la parte quejosa para continuar la tramitación del juicio en línea mediante el uso de su Firel o e.firma (antes Fiel). Con apoyo en los artículos 22, 22 y 29 del Acuerdo General 21/2020, reformado en su vigencia por el 25/2020, se exhorta a la parte quejosa para que continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL) u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal; lo que podrá llevar a cabo en cualquier momento. 5. Precisión. Hágase del conocimiento del promovente que respecto a cuestiones relativas a la a) atención al público en general, b) funcionamiento de buzones judiciales, c) publicación en listas, d) tramitación de asuntos promovidos físicamente y e) desahogo de actuaciones presenciales, deberá estarse a lo indicado en el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, reformado en su vigencia por el 25/2020. 6. Domicilio y autorizados. Debido a que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir todo tipo de acuerdos y notificaciones, los estrados de este Juzgado; con fundamento en los artículos 26, fracción III y 27, fracción III, de la Ley de Amparo, las notificaciones personales que le correspondan en este asunto, hágansele mediante lista de acuerdos, como así lo ilustra la tesis XXII.1o. 22 K. publicada en la foja 1067 del tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: 6.1 No ha lugar a realizar notificaciones vía correo electrónico, únicamente como medio de comunicación no procesal. La parte quejosa proporciona un correo electrónico a fin de recibir notificaciones, sin embargo, hágase de su conocimiento que la Ley de Amparo no prevé el correo electrónico como medio para tal efecto; y en términos del artículo 22, fracción II, del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado en su vigencia por el diverso 25/2020, dichos medio de comunicación (correo electrónico) puede ser utilizado únicamente para establecer comunicación no procesal y brindar la atención necesaria, debido a la situación de contingencia sanitaria en que se encuentra el país. Contrario a la notificación por correo electrónico, la Ley de Amparo prevé en la fracción IV, del artículo 26, las notificaciones por vía electrónica, mediante el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. 7. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, de acuerdo a sus propias funciones, supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos. 8. Autorización para firmar comunicaciones oficiales. Se faculta al (la) secretario (a) de guardia o al (la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado para que firme los oficios y copias autorizadas necesarias para la debida notificación de las determinaciones que se emitan en este expediente. 9. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esas determinaciones, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 10. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa
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