Jorge Williams Aguilar Espinoza
Expediente 783/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 783/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 29/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Jorge Williams Aguilar Espinoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
pral.783/2021 mesa 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada en la audiencia constitucional de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, engrosada el treinta siguiente, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso *** sin que lo hubiesen hecho. Firmeza de la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. Oposición para publicación de datos personales. Como la tercera interesada *** se opuso a la publicación de sus datos personales, será considerada tal circunstancia para el caso de que algún interesado requiera de información de este expediente, mediante el procedimiento respectivo; además, se ordena realizar la versión pública de la sentencia ejecutoriada, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Archivo del expediente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu), 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. Destino y archivo reciente. Al haberse negado a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del multicitado acuerdo general, este expediente es depurable; por tanto, será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, dentro de los noventa días siguientes este órgano jurisdiccional depurará el expediente y, una vez terminado el proceso de depuración se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en la carátula del expediente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno. Instrucción a Secretaría. Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, para que verifique a) que en la carátula obre la leyenda referida en párrafos precedentes (depurable) y b) que tanto en el expediente electrónico como en el impreso se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad, hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del acuerdo general multicitado. Devolución de disco. Finalmente, como de la certificación de cuenta se advierte que en esta Secretaría obra un disco compacto en formato DVD certificado, que remitió la autoridad responsable juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, como justificación a su informe; por tanto, se ordena su devolución mediante oficio, toda vez que carece de objeto su permanencia en este Juzgado. Notifíquese; vía electrónica a la parte quejosa y a la tercera interesada
- Principal
SENTENCIA. Visto, para resolver el juicio de amparo 783 2021 y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el veintiuno de julio de dos mil veintiuno en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, remitido el veintidós de julio del año en curso, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, Jorge Williams Aguilar Espinoza, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que se precisarán en la parte considerativa de esta sentencia. En el escrito de demanda, el quejoso invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 261, 263, 265, 316, fracción III del Código Nacional de Procedimientos Penales; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de veintitrés de julio de dos mil veintiuno se formó el expediente impreso y electrónico, se registró la demanda de amparo con el número 783 2021 y se admitió, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que le asiste a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó emplazar a juicio en su carácter de terceros interesados a 1) Alicia García Jiménez (víctima del delito) y a la 2) agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos contra la Mujer por Razón de Género; quienes se apersonaron mediante escritos glosados en los proveídos de treinta de julio y cuatro de agosto de dos mil veintiuno, respectivamente; además, en el citado acuerdo de treinta de julio de este año se estimó innecesario el emplazamiento de la licenciada Shirley Verenice Cruz Colmenares asesora jurídica de la víctima, en virtud de que esta última señaló a la primera como su autorizada en este juicio de amparo. Audiencia constitucional. Después de los diferimientos de diecinueve y treinta y uno de agosto del año en curso, la audiencia constitucional se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 50 y 56 de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con los Acuerdos Generales 45/2016 y 46/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el primero que reformó el diverso Acuerdo General 3/2013, del mismo Pleno, ya que el acto reclamado versa sobre la materia penal y fue dictado por una autoridad residente dentro del territorio donde este Juzgado de Distrito en materia mixta ejerce jurisdicción, máxime que las consecuencias del acto reclamado tienen verificativo dentro del mismo territorio. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En ese sentido, del análisis de las constancias de autos se advierte que la parte quejosa reclama del juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, el auto de vinculación a proceso dictado el once de julio de dos mil veintiuno en la causa penal 590/2021. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, al rendir informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado, lo que justificó con el disco versátil digital que contiene el registro de audio y video de la audiencia de comunicación de imputación inicial de seis de julio de dos mil veintiuno, y ampliación de término constitucional de once del mismo mes, con el índice cronológico; así como la copia del registro escrito del auto de vinculación a proceso dictado el once de julio de este año en la causa penal 590/2021. Constancias que alcanzan valor probatorio pleno, al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197, 202 y 210 A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2 y la jurisprudencia 43/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD) SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL" CUARTO. Oportunidad. Como ya se mencionó, el acto reclamado en este juicio de amparo es el auto de vinculación a proceso emitido el once de julio de dos mil veintiuno en la causa penal 590/2021 resolución que fue notificada a Jorge Williams Aguilar Espinoza en esa misma fecha, en presencia de sus defensores particulares. Por tanto, en términos de los numerales 82, fracción I, inciso a) y último párrafo, en relación con el 84, del Código Nacional de Procedimientos Penales, la notificación personal surtió efectos el día siguiente (12/07/2021) Así, de conformidad con los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo, el término de quince días para presentar la demanda de amparo transcurrió del trece de julio al dos de agosto de dos mil veintiuno, sin contar los días sábados y domingos que intermediaron, por ser inhábiles de conformidad con el numeral 19 de la Ley de Amparo. Luego, si la demanda de amparo se depositó el veintiuno de julio del año en curso en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, es inconcuso que resulta oportuna. QUINTO. Causa de improcedencia. Las partes no hicieron valer causas de improcedencia, ni de oficio se advierte que se actualice alguna de las hipótesis previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo; por ello, se procederá al análisis de los conceptos de violación formulados por el quejoso. SEXTO. Antecedentes. De la reproducción del contenido del disco remitido por la autoridad responsable se advierte lo siguiente: 1. El seis de julio de dos mil veintiuno la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género comunicó imputación a Jorge Williams Aguilar Espinoza, como probable responsable en la comisión del hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, cometido en agravio de Alicia García Jiménez, previsto por los artículos 404 y 404 bis, y sancionado por el 405, párrafos primero y tercero, del Código Penal vigente en el Estado (00:21:30 a 00:28:23 Carpeta A1 p01). Los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación (carpeta A1 p01) son: (00:28:43 00:37:00) Denuncia de la víctima Alicia García Jiménez, realizada el veinte de mayo de dos mil veintiuno, en la que declaró que: En febrero del año dos mil dieciocho comenzó a vivir en unión libre con el ahora imputado estableciendo su primer domicilio en San Sebastián Tutla, en donde vivieron aproximadamente un año, de ahí cambiaron su domicilio al fraccionamiento La Noria, en la calle Mitla. El veintiocho de abril del año en curso se cambiaron al domicilio ubicado en calle Zaachila, número 104 1, del Fraccionamiento San José La Noria, Centro, de la Ciudad de Oaxaca. Hasta el momento no han procreado hijos. Al iniciar a vivir en "unión libre con el ahora imputado, ocho meses después, éste comenzó a agredirla verbalmente, diciéndole que estaba mal de su cabeza, que era "una pendeja" y así siguieron posteriormente, la violencia aumentó a empujones y jalones de cabello por parte del imputado. En el mes de diciembre del año dos mil dieciocho, sin recordar la fecha exacta, pero fue aproximadamente entre el veinticuatro y veinticinco del mismo mes, cuando vivían en San Sebastián Tutla el imputado la empujó sobre una colchoneta que tenían para dormir, la pateó en su estómago e incluso, dijo, que sospecha que cuando este hecho aconteció ella se encontraba embarazada, ya que posteriormente se puso mal de salud, acudió al médico y éste le refirió que había abortado, porque su matriz ya no se "veía virgen" También refirió que en el mes de enero del año dos mil diecinueve le bajaron coágulos de sangre y tuvo mucho dolor. En otra ocasión, en la que también vivían en San Sebastián, discutió con el imputado cuando era media noche, la sacó "descalza a la calle, en donde se quedó más o menos una hora y, después de ese tiempo, el imputado le abrió la puerta; así las agresiones iban en aumento, pero finalmente el imputado, después de agredirla, se justificaba pidiéndole perdón, por eso ella regresaba con él. En un inicio ella no denunció ese contexto de violencia, por vergüenza y porque había llegado al acuerdo que ya iban a estar bien y que le iban a "echar ganas a su relación", pero eso no era cierto, puesto que el imputado nuevamente la agredía, la jalaba del cabello, la empujaba e incluso en varias ocasiones la corrió de su domicilio, pero después se arrepentía, le pedía perdón y nuevamente regresaba. Que una vez en la que vivían en la calle Mitla, cuando el imputado la arrastró por todo el pasillo de la casa hasta la puerta diciéndole que la iba a sacar, le dijo que así se tenía que ir, que estaba mal de su cabeza y que las discusiones que tenían en su relación eran por culpa de ella. Que el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, cuando eran aproximadamente las cinco de la mañana, se encontraba durmiendo en su domicilio donde vivía con el imputado, ubicado en calle Zaachila, número ciento cuatro guion uno, fraccionamiento San José La Noria, en el centro de la ciudad de Oaxaca; en ese momento, el imputado, su concubino, se despidió de ella, diciendo que se iba a trabajar, ella le dijo que estaba bien, cuando su concubino se fue ella le mandó mensaje diciéndole que a dónde iba, porque una noche antes, una compañera de su concubino le dijo que ella iba a ir sola a investigar, entonces el imputado le contestó y le dijo que se levantara para que viera que si se iba a ir a trabajar, para eso ya eran las cinco de la mañana con once minutos, a lo que ella le contestó que tuviera un lindo día, pero a los pocos minutos que le mandó este mensaje, el imputado regresó al cuarto donde ella se encontraba durmiendo, estaba acostada viendo a la pared, cuando el imputado llegó, le quitó la cobija, la jalo de su brazo derecho, hacia la orilla de la cama, diciendo que se levantara de la cama, así como estaba desnuda para que viera que si se iba a trabajar, la levantó de la cama "jaloneándola la llevó a la puerta del departamento, entonces ella le dijo que así desnuda no iba a salir y trató de regresarse a su recámara, pero el imputado la volvió a jalonear, la tiró sobre la cama, después que la tiró ella se sentó a la orilla de la cama diciéndole que se calmara, en ese momento le dio un golpe con su palma abierta sobre su oído izquierdo, el cual comenzó a zumbarle, que a consecuencia de eso, ella refiere que al día que presentó la denuncia no escuchaba bien, de ahí el imputado le dio una cachetada entre su cabeza y su mejilla del lado derecho, la volvió a empujar sobre la cama y se subió encima de ella, comenzó a ahorcarla apretándole el cuello con sus dos manos y de ahí la soltó porque se dio cuenta de que ella ya no podía respirar, empezó a jalarla de su cabello con sus dos manos, ella trataba de quitárselo de encima, pero él le comenzó a pellizcar y apretar sus dos pechos y sus dos pezones con sus manos, ya que refiere la víctima que él sabe que eso a ella le duele mucho, trató de quitárselo nuevamente de encima, después lo empujó con sus pies y subió sus pies para cubrirse, pero en ese momento el imputado le arañó su pantorrilla izquierda, después le entró una llamada a él y eso fue lo que evitó que siguiera agrediéndola. Después, refirió que le mandó un mensaje a su amigo Juan Carlos, diciéndole que se comunicara con ella, pero no se comunicó, de ahí se vistió y se fue a checar si su concubino ya se había ido de la casa. Además, refiere que su concubino tiene cerca una academia, también subió a ese lugar donde su concubino da los cursos para ver si ya se había retirado del lugar, de ahí empezó a buscar sus documentos y se acostó y se puso a buscar cuartos en renta, cuando a la media hora su concubino regresó y le preguntó qué estaba haciendo, ella le dijo que nada y puso su teléfono a un lado, entonces le dijo que ya había regresado para ver cómo estaba; que de hecho escuchó que iba con su amiga Lorena, quien llegó con él a su departamento, ya que ahí mismo trabajan. Refiere la víctima que ahí el imputado le dijo que se arrimara, ella se arrimó, se acostó junto a ella y comenzó a pedirle perdón, diciendo que lo disculpara, que no sabía lo que le había pasado, que lo sentía mucho, lo que le molestaba era que no le creyera que iba a trabajar, que él trataba de estar bien, pero que eso le molestaba y que ella no lo apoyaba, le preguntó que qué iba a decidir, si se quedaba o se iba, pero que él le prometía que no la volvería a agredir. Posteriormente, la víctima refiere que por esa circunstancia de violencia decidió salirse del domicilio en el que vivía con el imputado y se fue a vivir con un familiar. (00:37:00 00:37:52 Carpeta A1 P01) Dictamen médico de lesiones, con número 1330, emitido el veinte de mayo del año en curso, por la perito médico doctora Maria Elena Rojas Ramírez. (00:39:17 00:39:32 Carpeta A1 P01) Dictamen psicológico emitido el veinte de mayo de dos mil veintiuno, por la licenciada en psicología Claudia Ivon Morales Gurrión. (00:44:53 00 49 00 Carpeta A1 P01) Acta de inspección realizada en el lugar de los hechos por el agente Estatal de Investigaciones Juan Carlos Martínez Hernández, al que compaña un CD que contiene fotografías. (00:49:05 00:49:27 Carpeta A1 P01) Entrevista realizada por el citado agente Estatal de Investigaciones a la testigo Irma García Jiménez (hermana de la víctima), el veinticuatro de mayo del año en curso. (00:53:32 00 54 14 Carpeta A1 -P01) Entrevista realizada por el mencionado agente Estatal al testigo Juan Carlos Díaz Hernández (compañero de trabajo de la víctima), realizada el veinticinco de mayo del año en curso. (00:56:16 00:57:40 Carpeta A1 P01) Oficio 219001410100/1 4/civil penal/1263/2021, firmado por el licenciado Everardo Jaime Casas López, jefe del Departamento Contencioso de la Jefatura Delegacional de Servicios de Salud, mediante el cual remite copia certificada en dos fojas del expediente clínico electrónico formado por la atención prestada a la víctima, la primera, es una nota médica emitida el veinticuatro de mayo del dos mil veintiuno, por el doctor Luis Enrique Apak Sandoval, en el cual el diagnóstico es traumatismo oído, y, la segunda, es un resumen clínico. (00:58:28 00:59:30 Carpeta A1 P01) Oficio 219001410100/1 4/civil penal/1355/2021, firmado por el citado jefe de departamento, mediante el cual remite en una foja copia certificada de la nota inicial de servicios de urgencia, firmada por el médico Gutiérrez Amador Armando Leonel, de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. (01:22:28 01:24:54 Carpeta A1 P01) Por su parte, la defensa del imputado solicitó realizar un contra interrogatorio a testigos, peritos y víctima, de nombres: Alicia García Jiménez (víctima). María Elena Rojas Ramírez (perito médico). Claudia Ivon Morales Gurrión (perito psicóloga) Juan Carlos Martínez Hernández (agente Estatal de Investigaciones). Irma García Jiménez (hermana de la víctima). Juan Carlos Díaz Hernández (compañero de trabajo). Everardo Jaime Casas López. Yanira García González. Luis Enrique Apak Sandoval. Manuel Angulo Vásquez. Vanessa Melissa González Pérez. Armando Leonel Gutiérrez Amador. Mientras que en la audiencia de ampliación de término constitucional la defensa ofreció los siguientes datos de prueba (carpeta A2 P01) (00:15:13 00:15:22 Carpeta A2 P01) La declaración del imputado Jorge Williams Aguilar Espinoza. (00:15:26 00:16:12 Carpeta A2 P01) Dos entrevistas de Ninfa Lorena Hernández Mateo y Guadalupe Chávez Espinoza, de siete de julio de dos mil veintiuno. (00:16:44 00:19:43 Carpeta A2 P01) Documentales 1) Meta peritaje en materia de psicología forense de diez de julio de dos mil veintiuno, emitido por Migdalia Castillejos Bustamante, 2) meta peritaje médico de nueve de julio de dos mil veintiuno, emitido por doctora Coral Márquez Rodríguez, médico cirujano, 3) dictamen en perfil psicológico de Jorge Williams Aguilar Espinoza, emitido el diez de julio del año en curso, por Migdalia Castillejos Bustamante, 4) resumen de proceso terapéutico de la pareja conformada por Jorge Williams Aguilar Espinoza y Alicia García Jiménez, de nueve de julio de este año, emitido por el licenciado en psicología Armando Rafael Geminiano Tamayo. (00:19:47 00:22:28 Carpeta A2 P01) Otros medios de prueba, una memoria USB Kingston que contiene carpetas digitales denominadas 1) lesiones en cara con tres fotografías, 2)capacitación con diecisiete fotografías, 3) solicitud de matrimonio con tres fotografías, 4) fotos casa con doce fotografías y 5) "relación de pareja", misma que a su vez contiene cuatro subcarpetas, denominadas 2018, 2019, 2020 y 2021, que contiene dieciséis fotografías. (00:41:10 00:43:48 Carpeta A2 P01) No obstante la solicitud de la defensa de realizar el interrogatorio a testigos, peritos y víctima, el día de la celebración de la audiencia de ampliación del término constitucional únicamente solicitaron el contra interrogatorio de la víctima Alicia García Jiménez y Juan Carlos Díaz Hernández. (00:45:45 01:01:59 Carpeta A2 P01) Contra interrogatorio a la víctima. (00:00:13 00:00:40 Carpeta A2 P02) Desistimiento del testigo Juan Carlos Díaz Hernández. Con la valoración de los citados datos de prueba el once de julio de dos mil veintiuno se vinculó a proceso al quejoso Jorge Williams Aguilar Espinoza, por el hecho que la ley señala como el delito de VIOLENCIA FAMILIAR, cometido en agravio de la víctima Alicia García Jiménez (02 25 30 02 26 30 Carpeta A2 P03) Determinación que constituye el acto reclamado. SÉPTIMO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación que se encuentran contenidos en la demanda de amparo, se tienen por reproducidos sin necesidad de su transcripción; como así lo ilustra la jurisprudencia 2a J. 58/2010, XXXI, mayo de 2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, visible a página ochocientos treinta, Novena Época, con número de registro No. 64618, de rubro siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. OCTAVO. Estudio de fondo. El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen: Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I Se haya formulado la imputación II Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. Como se ve, los preceptos invocados del Código Nacional prevén como requisitos de forma y fondo para el pronunciamiento del auto de vinculación a proceso: Requisitos formales. 1 Que se haya formulado imputación. 2 Que se haya dado al imputado la oportunidad de declarar. 3 Que se dicte dentro del término de setenta y dos horas a partir de que el imputado sea puesto a disposición del juez o dentro del término prorrogado término que puede prolongarse a ciento cuarenta y cuatro horas a petición del imputado o su defensor Requisitos de fondo. 4. Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Entonces, para el correcto dictado de un auto de vinculación a proceso, es menester que obren en la audiencia de formulación de la imputación los datos relativos al lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se cometió un hecho que la ley señale como delito y que exista probabilidad en su participación por parte del indiciado. Esto es, para la emisión de esa determinación no se requiere la acreditación de los elementos objetivos, normativos y subjetivos del tipo penal, pues sólo debe atenderse a que el hecho o hechos materia de la imputación están contemplados en la ley como delito y, de ser así, si existen datos que evidencien la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Así también, el artículo 16 constitucional establece como requisitos para que el auto de vinculación a proceso incida válidamente en la esfera jurídica del gobernado, que se encuentre debida y suficientemente fundado y motivado, para que la persona contra quien se dirige esté en aptitud de comprender a cabalidad el contenido de tal acto y, en esa medida, tenga la posibilidad jurídica de enderezar una defensa adecuada contra el mismo, si decide impugnarlo. En ese contexto, se procede a determinar si el auto de vinculación a proceso reclamado reúne los requisitos indicados 1. Que se haya formulado imputación Dicho requisito se encuentra satisfecho pues en la audiencia de seis de julio de dos mil veintiuno la agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Contra la Mujer por Razón de Género formuló imputación a Jorge Williams Aguilar Espinoza, como probable responsable en la comisión del hecho que la ley señala como delito de violencia familiar, cometido en agravio de Alicia García Jiménez, ilícito previsto por los artículos 404 y 404 bis, y sancionado por el 405, párrafos primero y tercero, del Código Penal vigente en el Estado (00 21 30 a 00 28 23 Carpeta A1 p01). 2. Que se haya dado al imputado la oportunidad de declarar. El segundo de los requisitos también se encuentra colmado, ya que en la aludida audiencia de seis de julio de dos mil veintiuno, una vez que le fueron explicadas las prerrogativas que tiene como procesado, y asistido de sus defensores particulares, se le dio la posibilidad de declarar, a lo que expresó que no era su deseo hacerlo (00:26:20 00:27:27 Carpeta A1 P01). 3. Que el auto de vinculación a proceso se dicte dentro del término de 72 horas a partir de que el inculpado sea puesto a disposición del Juez de Control o dentro de la duplicidad de dicho término, a petición de la defensa o imputado. Este requisito se desprende también del artículo 19 constitucional, pues ninguna detención ante autoridad judicial puede exceder de setenta y dos horas, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso; con excepción de que el imputado o su defensor soliciten la duplicidad de dicho plazo constitucional. Así, en la audiencia inicial que tuvo lugar el seis de julio de dos mil veintiuno, el imputado y sus defensores solicitaron que se resolviera su situación jurídica dentro del término constitucional (01 20 50 Carpeta A1 01), es decir, dentro de las setenta y dos horas siguientes al momento en que fue puesto a disposición del juez; motivo por el cual se fijaron las once horas del once de julio de dos mil veintiuno para la audiencia de término constitucional (00 22 55 Carpeta A1 P01). Dentro del plazo constitucional, en la fecha y hora indicadas, se declaró abierta la audiencia en la que se resolvió la situación jurídica del imputado, vinculándolo a proceso el once de julio de dos mil veintiuno por el delito de violencia familiar. 4. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Al resolver sobre la vinculación a proceso del imputado, el juez responsable sostuvo, en esencia, que la hipótesis fáctica del Ministerio Público sí se desprende de los datos de prueba expuestos por la representante social al solicitar la vinculación a proceso; los cuales fueron abordados por el juez responsable en los términos siguientes 1° Declaración de la víctima Alicia García Jiménez, de veinte de mayo de dos mil veintiuno Le reconoció valor probatorio, pues destacó que de tal declaración se desprenden datos importantes como 1) La existencia de un domicilio donde cohabitaba Alicia García Jiménez con el quejoso Jorge Williams Aguilar Espinoza 2) La relación de concubinato que tenía con Jorge Williams Aguilar Espinoza, toda vez que vivieron de manera conjunta en diversos domicilios 3) Los hechos acontecidos aproximadamente a las cinco horas del diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, pues afirmó que recibió por parte del imputado, jaloneos, golpes, cachetadas, presión en el cuello a modo de asfixia, le lastimó la pantorrilla izquierda. 2° Diligencia de inspección realizada por el agente Estatal de Investigaciones Juan Carlos Martínez Hernández, y fotografías tomadas en el lugar de los hechos Le reconoció valor probatorio, ya que describió el lugar donde probablemente ocurrieron los hechos, a saber, calle Zaachila, número 104 1, del Fraccionamiento San José La Noria, Centro, de la Ciudad de Oaxaca; información que se adminicula y corrobora con la declaración del imputado y de la víctima. 3° Entrevistas realizadas por el mismo agente estatal de investigaciones, a los testigos Irma García Jiménez hermana de la víctima y Juan Carlos Díaz Hernández compañero de trabajo de la misma Les reconoció parcialmente valor probatorio, ya que el juez de control destacó que ambos son testigos de referencia y que su dicho únicamente robustece lo afirmado por la víctima respecto a la relación entre ella y el imputado sin que el juez concediera valor probatorio a la información que ambos testigos proporcionaron sobre hechos que ocurrieron el diecinueve de mayo del año en curso, debido a que no presenciaron o vivieron de manera directa los hechos, pues únicamente reiteraron lo que les manifestó la víctima. 4 Dictamen médico de lesiones emitido el veinte de mayo del año en curso, por la perito médico María Elena Rojas Ramírez Le reconoció valor probatorio, pues precisó el juez de Control que el dicho de la víctima, en relación con las lesiones, no es un dato aislado, porque sí se corrobora con el dictamen médico, con el cual se establecieron las lesiones que sufrió la víctima. 5 Información médica expediente clínico electrónico, nota médica nota inicial de servicios de urgencia) Le reconoció valor probatorio. En este aspecto, el juez de Control indicó que lo dicho por la víctima y lo dictaminado por la perito médico encuentra respaldo también en las notas emitidas por los médicos Luis Enrique Apak Sandoval y Gutiérrez Amador Armando Leonel, pues no obstante que esa atención fue el veinticuatro de mayo de este año con posterioridad a los hechos, de las mismas se advierten valoraciones médicas que culminaron con determinar la existencia de lesiones en la víctima, específicamente un traumatismo en el oído (traumatismo ótico, probable ruptura timpánica) de ahí que sí era posible notar la correlación entre todos esos medios de prueba ofertados por la representación social. 6 Y en relación con el diverso dato de prueba que ofreció el Ministerio Público, consistente en el dictamen psicológico emitido el veinte de mayo de dos mil veintiuno por la licenciada en psicología Claudia Ivon Morales Gurrión, que realizó a la víctima La autoridad responsable no le otorgó valor probatorio. Ello, debido a que, como bien lo determinó, a pesar de haberse realizado por una experta en la materia, ese dictamen tiene relación directa con la salud emocional de la víctima, de ahí que no resultaba útil para establecer el hecho, toda vez que la representación social, al realizar la calificación jurídica, no calificó el hecho en el aspecto de violencia psicoemocional, sino en el de violencia física; por tanto, en razón del tipo de calificación jurídica, dicho dato de prueba no resultó útil. Lo que se estima apegado a derecho, en razón que los datos de prueba vertidos por la agente del Ministerio Público fueron valorados correctamente por el juez de Control responsable, de manera libre y lógica; toda vez que asignó libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos de prueba, explicando y justificando con claridad su valoración, con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los datos, con fundamento en el numeral 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así, se considera que, de conformidad con los artículos 259 y 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los mismos son idóneos, congruentes y pertinentes para establecer, razonablemente, la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del ahora quejoso, pues se advierten los parámetros suficientes para establecer el modo, tiempo y lugar de la comisión del delito que se imputa al quejoso, en probabilidad de participación. Y, precisamente, al continuar con la audiencia de ampliación de término constitucional, el juez responsable determinó que, hasta ese momento, los hechos acreditados por el Ministerio Público sí se subsumen en el tipo penal que la fiscal estimó actualizado, esto es, el previsto en los artículos 404 y 404 Bis, fracción I, del Código Penal vigente en el Estado, que establecen Artículo 404. Violencia familiar, es toda acción u omisión, dirigida a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica, sexual, o contra los derechos reproductivos, dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo activo tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad, afinidad, legal, concubinato, noviazgo, relaciones de convivencia o mantenga o haya mantenido una relación similar con la víctima. Artículo 404 Bis. Para los efectos del presente capítulo los tipos de violencia familiar son los siguientes: I Violencia Física Toda agresión en la que se utilice cualquier objeto o arma, o se haga uso de alguna parte del cuerpo, para sujetar o lesionar físicamente a otro; así como el uso de sustancias para inmovilizarle, intentando contra su integridad física, y que tienen por objeto lograr su sometimiento o control y con el resultado o riesgo de producir lesión física, interna, externa o ambas Para su acreditación, refirió acertadamente el juez responsable que es menester la actualización de tres elementos, que son: 1 Una acción dirigida a agredir de manera física a la víctima. 2 Que esa violencia se realice dentro o fuera del domicilio familiar. 3 Que entre el activo y la víctima exista o haya existido una relación, en el caso, de concubinato. En esa tesitura, el primero de los requisitos se encuentra colmado, tal como lo advirtió el juez de Control responsable; primordialmente con la declaración que realizó la víctima, pues destacó que aproximadamente a las cinco de la mañana del diecinueve de mayo del año en curso, en el domicilio ubicado en calle Zaachila, número 104 1, del Fraccionamiento San José La Noria, Centro, de la Ciudad de Oaxaca, se cometió la conducta de que por medio del uso de la fuerza, el ahora quejoso jaló a la víctima, le dio una cachetada entre su cabeza y su mejilla, le dio un golpe con la palma de la mano en el oído izquierdo, jaló su cabello y le lastimó la pantorrilla información que fue respaldada por el dictamen médico y las notas médicas que fueron aportadas. El segundo requisito también se cumple, pues los hechos acontecieron dentro del domicilio familiar de la víctima e imputado; como así fue precisado por la víctima, en relación con lo dicho por el imputado y los testigos, los cuales coincidieron en indicar que víctima e imputado habitan en el domicilio ubicado en la calle Zaachila, número 104 1, del Fraccionamiento San José La Noria, Centro, de la Ciudad de Oaxaca. Y en relación al tercer requisito, igualmente se satisface, pues de acuerdo a la misma narrativa y a los datos de prueba, sí se puede concluir la existencia de una relación de concubinato, porque así lo refiere la propia víctima al señalar que desde febrero del año dos mil dieciocho comenzaron a cohabitar en San Sebastián Tutla, Oaxaca, cambiando en dos ocasiones de casa a otro sitio, y que, en el momento de los hechos, su relación de pareja tenía como domicilio la calle Zaachila, número 104 1, del Fraccionamiento San José La Noria, Centro, de la Ciudad de Oaxaca; lo que se concatena con lo dicho por el imputado y los testigos. En cuanto a la probable participación, dijo el juez responsable que también quedó colmado tal requisito, pues existió un señalamiento directo de la víctima contra el imputado, en cuanto a que el día diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, aproximadamente a la hora ya precisada, realizó la conducta que se le imputa. Finalmente, de conformidad con el artículo 14 del Código Penal del Estado de Oaxaca, indicó el juez de Control responsable que no se actualizó alguna de las causas de exclusión del delito que ahí se mencionan. Razones todas por las que consideró justificada la existencia del delito de violencia familiar, y la probabilidad de que Jorge Williams Aguilar Espinoza intervino en su comisión por lo cual dictó auto de vinculación a proceso en su contra. Conclusión que se estima ajustada a derecho, fundada y motivada con suficiencia, ya que, como quedó reseñado, en estricto acatamiento de la facultad que le confiere el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez de Control responsable valoró cada dato de prueba y los analizó en su conjunto, justificando en todo momento los motivos de su determinación, pues especificó qué se obtenía de cada uno de ellos y de qué forma servían para acreditar el hecho imputado, y los relacionó en la audiencia. Por eso, se comparte la consideración del juez de Control responsable, en el sentido de que existen datos que establecen que se cometió un hecho que la ley señala como delito de violencia familiar y la probabilidad de que Jorge Williams Aguilar Espinoza lo cometió. En ese contexto, el análisis de los conceptos de violación formulados por el quejoso, en relación con las constancias de autos, conduce a determinar que los mismos devienen infundados, como ahora se evidenciará. Primero. Alega el quejoso que la valoración que realizó el juez de Control responsable respecto de los datos y medios de prueba incorporados por la defensa, fue incorrecta, deficiente, imprecisa y omisa, lo que afirma debido a que: 1 Al valorar la entrevista que fue practicada a Ninfa Lorena Hernández Mateo, solamente le concedió valor probatorio a lo narrado por la ateste respecto a la relación de pareja que existió entre imputado y víctima no así a las circunstancias que narró haber presenciado el diecinueve de mayo del año en curso. 2 El juez responsable no tomó en consideración que todas las lesiones que describió la víctima en su denuncia, no se corresponden con las que fueron certificadas por la perito médico; además que no existió material fotográfico de las lesiones certificadas. 3 Asimismo, pasó desapercibido que la víctima acudió a laborar con normalidad el día de la agresión 19/05/2021) en un turno de veinticuatro horas, sin que exista información de que haya recibido atención médica o medicamentos para contrarrestar posibles molestias además que no existe entrevista de compañeros de trabajo de la víctima que corroboren las lesiones o molestias que pudo sufrir el día de los hechos. 4 Respecto a la entrevista que le fue practicada al doctor Guadalupe Chávez Espinoza, aduce el quejoso que fue erróneo negarle valor probatorio por considerar que tenía el deber de guardar el secreto profesional, ya que la información interrogada ya había sido dada a conocer por la víctima en su denuncia. 5 Por otra parte, en relación con el metaperitaje médico, el juez de Control le negó erróneamente valor probatorio, por considerar que en su elaboración no se tuvo a la víctima, cuando lo correcto era otorgarle valor, en virtud de haber sido un contra dictamen sobre la correspondencia entre las lesiones narradas por la víctima y las certificadas por la perito médico. Dichas alegaciones, como se anticipó, resultan infundadas, toda vez que, como acertadamente lo estimó el juez responsable, no era dable otorgar valor probatorio a la entrevista realizada a Ninfa Lorena Hernández Mateo, en virtud de que la testigo no presenció o vivió los hechos de manera directa, ya que si bien afirmó encontrarse dentro del domicilio sito en ubicado en calle Zaachila, número 104 1, del Fraccionamiento San José La Noria, Centro, de la Ciudad de Oaxaca, también refirió que se encontraba en un lugar diverso al en que se cometió la conducta (habitación dentro de la academia de psicología del imputado), pues indicó que ella estaba aproximadamente a ocho metros de distancia de la habitación a la que ingresó el imputado, donde dormía la víctima. Además, el hecho de que la testigo no haya percibido algún ruido, grito, llanto o queja, aun estando a ocho metros aproximadamente del lugar en el que ocurrieron los hechos, no le resta credibilidad al dicho de la víctima; ya que estimar lo contrario, sería tanto como afirmar que la ausencia de ruidos o quejidos implica la ausencia de agresión física y que ello es suficiente para considerar que la testigo presenció la conducta desplegada. Por otra parte, el quejoso pretende que se determine erróneo haber concedido valor probatorio al dictamen médico de lesiones, pues dice que el juez responsable no consideró que las lesiones que fueron certificadas por la perito médico no son todas las que describió la víctima en su denuncia además que no existió material fotográfico de las lesiones certificadas. En el mismo sentido, alega el quejoso que debió concederse valor probatorio al metaperitaje médico, pues no era necesario tener a la vista a la víctima, porque ese contra interrogatorio tenía la finalidad de demostrar la discrepancia entre las lesiones certificadas por la perito médico y las que dijo haber sufrido la víctima el día de los hechos. Tampoco le asiste razón en este aspecto, pues, como lo indicó la responsable, quedó demostrada la violencia física, sin que pueda desacreditarse únicamente mediante la exigencia de certificar todas las lesiones narradas por la víctima es decir, el hecho de que la perito médico haya certificado únicamente los eritemas y equimosis visibles en ese momento en el cuerpo de la víctima, no le resta valor probatorio a su dicho; y bajo ese tenor, mediante el dictamen solo se busca demostrar la existencia de un elemento del tipo penal, pero no prejuzga en relación a todas las lesiones que dijo sufrir la víctima, pues ese aspecto puede llegar a ser materia de debate o de prueba en la etapa correspondiente del procedimiento penal. Y en relación a la ausencia de fotografías, de ese dictamen pericial, si bien asiste razón al quejoso en el punto de que las mismas no fueron ofrecidas, lo cierto es que ello no impide adminicular el dictamen con las notas emitidas por los médicos Luis Enrique Apak Sandoval y Gutiérrez Amador Armando Leonel, con las cuales es posible acreditar las lesiones que presentaba la víctima, particularmente la afectación en el oído izquierdo derivado de un golpe que dijo haber recibido por parte de su pareja; lo anterior, resulta suficiente para determinar que, de conformidad con el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la autoridad responsable sí valoró los datos de prueba con base en una apreciación conjunta de los demás elementos probatorios. También en torno a la ausencia de fotografías, carece de razón el quejoso al invocar diversos protocolos que, dice, ilustran los aspectos que debieron valorarse para la debida emisión del dictamen, entre ellos, el Protocolo para la Procuración de Justicia Especializada a Niños, Niñas y Adolescentes en el Estado de Oaxaca" y el Protocolo de Atención Especializada con Perspectiva de Género de Víctimas de Violencia Sexual de la Subprocuraduría de Delitos con Razón de Género y del Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Oaxaca Lo anterior, porque los Protocolos invocados no son vinculantes y, por tanto, no tienen valor normativo para fundar una decisión jurisdiccional, pues solamente constituyen una herramienta para quienes ejercen dicha función. En apoyo a lo anterior, se cita tesis 1a CCLXIII 2014 10a emitida al resolver el amparo directo en revisión 3169/2013, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro ocho, julio de dos mil catorce, tomo I, página 162, Décima Época, registro 2006882, de rubro "PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE INVOLUCREN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EMITIDO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO ES VINCULANTE Y POR TANTO NO TIENE VALOR NORMATIVO PARA FUNDAR UNA DECISIÓN JURISDICCIONAL, PERO CONSTITUYE UNA HERRAMIENTA PARA QUIENES EJERCEN DICHA FUNCIÓN Por su parte, en relación con la mecánica de las lesiones, es decir, cómo se produjeron, refiere el quejoso que en el dictamen pericial médico se omitió dicho dato sin embargo, tal aspecto (que no fue debatido ante la autoridad responsable) no le impedía, en esa etapa procesal, considerar como indicio suficiente la información del dictamen para relacionarlo con otras pruebas. En efecto, no debe pasar por alto que el auto de vinculación a proceso reclamado fue emitido únicamente con base en los datos de prueba aportados, al encontrarse la causa penal de origen en una etapa de preliminar de investigación, motivo por el cual, no se requiere la aportación de elementos o medios de prueba en sí. Se explica lo anterior, en el hecho de que, según el numeral 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los datos de prueba son referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Mientras que los medios o elementos de prueba son toda fuente de información que permite reconstruir los hechos, respetando las formalidades procedimentales previstas para cada uno de ellos. Por lo anterior, la supuesta deficiencia sostenida por la parte quejosa, por sí sola, es insuficiente para determinar que el juez responsable no debió tomar como dato de prueba el dictamen en medicina, pues, se reitera, al realizar el ejercicio de ponderación de todos los datos de prueba en su conjunto estableció de manera razonable la existencia del hecho delictivo y la probable participación del imputado, bajo el método de libre apreciación; actuación que se estima suficiente para sostener el auto de vinculación dictado en su contra. En otro aspecto, aduce el peticionario de amparo que demostró ante el juez de Control que la víctima acudió a laborar de manera normal el día en que ocurrieron los hechos, y que no se acreditó que ella haya tenido afecciones con motivo de las lesiones que, según, él le ocasionó, ni tampoco se probó que hubiera requerido atención médica o la compra de medicamentos; sin embargo, tal aseveración resulta una mera consideración subjetiva, sin sustento real u objetivo, pues parte del hecho de considerar que una afectación física impide a forzosamente el desarrollo de las actividades laborales, o que, necesariamente, requiere atención médica; consideración que este órgano jurisdiccional no comparte. Ahora, respecto a la entrevista del médico Guadalupe Chávez Espinoza (ofrecido como dato de prueba por la defensa) el juez responsable no le concedió valor probatorio, toda vez que en la misma se vertió información derivada de la atención médica de índole sexual brindada a la víctima, lo cual forma parte de la vida personal de ésta; por tanto, era necesario su consentimiento para que tales circunstancias pudieran ser valoradas en la audiencia, tal y como lo establece el artículo 362 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se considera acertada la determinación del juez responsable, pues, efectivamente, en términos del artículo 362 del Código Nacional de Procedimientos Penales son inadmisibles los testimonios de personas que, respecto del objeto de su declaración, tengan el deber de guardar secreto con motivo del conocimiento que tengan de los hechos en razón de su profesión, tales como los médicos, como en el caso ocurrió sin que sea impedimento que la aquí tercera interesada haya vertido su información personal, de índole sexual, al rendir su declaración, toda vez que lo hizo de forma personal, mientras que la intervención de Guadalupe Chávez Espinoza en el proceso, es en su carácter de médico de la víctima y, con su testimonio, se ventilan detalles de la salud personal de la víctima; con la precisión de que la única excepción a la regla del invocado numeral 362 se actualiza cuando el testigo es liberado por la víctima del deber de guardar secreto lo que, en el caso, no ocurrió. Máxime que los aspectos relativos a la vida sexual entre el imputado y la víctima, y la atención que, en su momento, le brindó dicho médico, no fueron cuestiones que el juez de Control responsable atendiera para la emisión del auto de vinculación a proceso reclamado de ahí que se reitere lo infundado del alegato del quejoso. Segundo Aduce el quejoso que el juez de Control equivocadamente estimó que se actualizó un estereotipo, al aducir su defensa que la víctima tenía que haberse defendido, por ser policía y recibir capacitación en defensa personal y manejo de armas. En ese alegato tampoco le asiste razón al quejoso, debido a que el juez responsable de manera apegada a derecho prescindió de considerar un juicio de estereotipo, que únicamente clasifica a las personas a partir de grupos sociales a los que pertenecen o, como en el caso acontece, a personas que se dedican a una actividad determinada; es decir, fue correcto prescindir de considerar que, por el solo hecho de pertenecer a un grupo policiaco, la quejosa habría podido repeler una agresión física o que podía y o debía reaccionar mediante una conducta especifica de defensa. Así, no puede admitirse que por el hecho de ser policía se le debe restar credibilidad al dicho de la denunciante. Tercero En otro apartado, dice el quejoso que le causa agravio el pronunciamiento que el juez de Control realiza, al considerar que el tipo penal de violencia familiar, previsto en los artículos 404 y 404 Bis, fracción I, del Código Penal para el Estado de Oaxaca, no exige una violencia sistemática; es decir, afirma, que lo correcto es sí exige este tipo de violencia sistemática, que requiere una conducta constante o reiterada por parte del sujeto activo para lograr el sometimiento o control de la víctima. Dicho concepto de violación deviene también infundado, toda vez que, como lo refirió el juez responsable, con la sola declaración que realizó la víctima se apreció que aproximadamente a las cinco de la mañana del diecinueve de mayo del año en curso, en su domicilio familiar ubicado en calle Zaachila número 104-1, del Fraccionamiento San José La Noria, Centro, de la Ciudad de Oaxaca, se cometió en su contra agresión física por quien era en ese momento su pareja; en tanto que, contrario a lo que afirma el quejoso, los numerales 404 y 404, Bis, fracción I, del Código Penal en el Estado de Oaxaca no requieren que la violencia tenga que ser sistemática o reiterada, pues claramente prevén que basta una sola acción u omisión que lesione físicamente al otro; de modo que no es preciso esperar diversas agresiones para que exista el objeto de sometimiento o control. Estimar lo contrario implicaría el absurdo de requerir a una víctima que, para actualizar el tipo penal, deba sufrir agresiones constantes, reiteradas o sucesivas, para entonces verificar una hipótesis de acto abusivo recurrente dirigido a dominar Sin que el criterio invocado por la parte quejosa sirva de apoyo a su argumentación registro digital 170986 de rubro VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. LA PLURALIDAD DE ACTOS REITERADOS Y SUCESIVOS LO CONFIGURA COMO UN DELITO PLURISUBSISTENTE Y NO CONTINUADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA lo anterior, en virtud de que es una tesis aislada que no resulta de observancia obligatoria para este Juzgado, de acuerdo al artículo 217 de la Ley de Amparo; ni tampoco se estima orientadora, por abordar delitos diversos de dos legislaciones que, en el tema de estudio, no guardan similitud entre sí que permita abordarlo mediante un punto de vista analógico. Cuarto. Los datos aportados para sustentar la solicitud de vinculación a proceso son insuficientes para tener por corroborado el hecho típico y la probable responsabilidad que exige el tipo penal de violencia familiar en su vertiente de violencia física. El mencionado concepto de violación deviene infundado, pues, como se precisó con antelación, los datos de prueba ofrecidos por la agente del Ministerio Público fueron valorados correctamente por el juez responsable, de manera libre y lógica además, se estima que los mismos son idóneos y pertinentes para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del ahora quejoso, por las razones expuestas en este considerando. En ese sentido, como lo determinó el juez responsable, al menos hasta esa etapa procesal, existe la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso, realizó el hecho delictivo en los términos precisados en la resolución combatida; pues no debe perderse de vista que para la emisión de un auto de vinculación a proceso, no se exige la formalización de las pruebas, sino únicamente que los datos de prueba aportados establezcan el hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, atendiendo a su grado de certeza; en virtud de que no existe la necesidad de que se aporten y, en su caso, valoren pruebas que cumplan con determinado estándar, las cuales están reservadas para ofrecerse durante la etapa intermedia y desahogarse en el periodo correspondiente al juicio oral, para ser valoradas en la sentencia. Entonces, de lo expuesto es posible concluir que el auto de vinculación a proceso reclamado cumple con los elementos de forma y fondo que debe contener, mismos que quedaron reseñados y, aunado a ello, al emitirse el acto reclamado se advierte que se valoraron las exposiciones formuladas por la representación social, sin formalización de las pruebas, ya que únicamente se requirió que los datos de prueba aportados establecieran el hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1a J 35/2017 10a con número de registro 2014800, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, de rubro y texto siguiente: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones comprobar por "establecer" y cuerpo del delito por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito, entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley Consecuentemente, ante lo infundado de los conceptos de violación y sin que exista queja deficiente que suplir, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por Jorge Williams Aguilar Espinoza. NOVENO. Publicación de datos personales. Como la tercera interesada Alicia García Jiménez se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a fin de proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, se ordena la publicación de la sentencia en versión pública, sin que sea visible algún dato personal de la mencionada tercera interesada, pero procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, y obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 1, 77, 119 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege al quejoso Jorge Williams Aguilar Espinoza, contra el auto de vinculación a proceso de once de julio de dos mil veintiuno, dictado por el juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, en la causa penal 590/2021 en términos del considerando octavo de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hoy, treinta de septiembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores de este Juzgado.
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PRAL.783/2021 MESA 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Diferimiento de audiencia constitucional. Visto el estado que guardan los autos del expediente electrónico, se advierte que en proveído de veintitrés de agosto de este año se agregó el informe justificado de la autoridad responsable, juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca; determinación que se notificó a la parte quejosa el veinticinco de este mes, y a la tercera interesada el veintisiete siguiente, mediante la vía electrónica. Por tanto, es evidente que no media la anticipación mínima de ocho días prevista en el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que dichas partes procesales se impongan del contenido del informe justificado y de la prueba exhibida por la autoridad responsable. En consecuencia, no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para hoy, de ahí que se difiere y, para tal efecto, se fijan las ONCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Forma de notificación. Efectúese la notificación de este proveído por medio de lista a las autoridades responsables y a la agente del Ministerio Público de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, sin necesidad de que se envíen oficios relativos, al tratarse de una determinación de mero trámite. Notifíquese; y electrónicamente a las partes que corresponda.
- Principal
pral.783/2021 mesa 5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. Informe justificado. Incorpórese a los autos el oficio firmado por la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en este municipio, mediante el cual remite la misiva que erróneamente envió a su Juzgado el juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, con un disco anexo; por tanto, se provee: Téngase al referido juez de Control rindiendo informe justificado; con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus derechos convenga. Prueba de la autoridad responsable. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable el disco compacto certificado que, según su dicho, contiene el registro de audio y video de la audiencia de comunicación de imputación inicial de seis de julio de dos mil veintiuno, y ampliación de término constitucional de once del mismo mes, con el índice cronológico; así como la copia del registro del auto de vinculación a proceso dictado el once de julio de este año en la causa penal 590/2021. Probanza que se desahoga en razón de su propia naturaleza, y será valorada en el momento procesal oportuno. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que contiene, la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". Consulta de disco compacto. Debido a la modalidad de trabajo remoto implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación (lo que dificulta la consulta de las constancias que integran el expediente físico y de los discos y anexos exhibidos por las partes procesales), se precisa que se procederá a la reproducción del disco descrito con anterioridad, tan pronto las labores lo permitan; sin perjuicio de que, en caso de advertirse que el disco no se pueda reproducir, se realice el requerimiento conducente en su oportunidad. Resguardo del disco y disposición. Toda vez que no es posible la digitalización del disco, dada su naturaleza, se hace del conocimiento de las partes que aquél no formará parte del expediente electrónico y se resguardará en la secretaría de este Juzgado; no obstante, se deja a su disposición para su consulta, en términos de los artículos 21, 22 y 23 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se puntualiza que, para la consulta respectiva, deberán observarse los lineamientos establecidos para la atención al público en el acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado en su vigencia por el diverso 9/2021 (generación de cita para ingresar al órgano jurisdiccional mediante código QR), con motivo de las medidas implementadas en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia sanitaria por el virus COVID-19. Notifíquese.
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