Jorge Emmanuel Martínez Pérez

Expediente 9/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
9/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
27/09/2021

Partes del expediente

  • Jorge Emmanuel Martínez Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el oficio enviado por el Actuario adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, al cual adjunta los autos originales del juicio de amparo 9/2021 y copia certificada del testimonio pronunciado en el amparo en revisión 79/2021, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra de la sentencia dictada por este Juzgado, de cuyo contenido se advierte que resolvió: PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *******, contra el acto reclamado de la autoridad señalada como responsable, precisados en el resultando primero de esta ejecutoria. Acúsese recibo, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y glósese el cuaderno de antecedentes. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente en que se actúa es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por haberse negado la protección constitucional. Mientras que, el original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en cita. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el expediente principal y depurar el original del cuadernillo incidental, lo cual, deberá constar en el acuerdo de desincorporación. De igual manera, según lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo General Conjunto en cita, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción dentro del término de seis meses. Una vez cumplido el término de seis meses a que se refiere el primer párrafo del citado artículo, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir dicho incidente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, se califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos, para que conste como legalmente corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase al Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, informando el contenido del proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, relativo a la admisión a trámite el recurso de revisión interpuesto por el quejoso *******, en contra de la sentencia dictada en los autos del juicio de amparo 9/2021, el cual se registró en el referido tribunal como amparo en revisión 79/2021, de lo cual toma conocimiento este órgano jurisdiccional. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta, signado por el quejoso *******, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, se le tiene interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, y 89 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente expediente, es decir, que obren la totalidad de las constancias de notificación de las partes, tanto de la sentencia, como del recurso de revisión, previa apertura del cuaderno de antecedentes, remítanse dentro del plazo de tres días, al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, los autos originales de este juicio y la impresión del escrito de expresión de agravios, para la substantación del recurso hecho valer; sin que sea necesario remitir copia de ésta para el Agente del Ministerio Público Federal de adscripción, toda vez que se correrá traslado con ella a la representación social federal adscrito a este juzgado y ambos pertenecen a una institución indivisible, de modo que aquél debe considerarse sabedor del recurso por medio de la Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado. Apoya lo anterior la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con número de registro 2006419, de la Décima Época, visible en el libro 6, Mayo de 2014, tomo III, página 2116, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de cuyo rubro y texto se lee lo siguiente: RECURSO DE REVISIÓN. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO ENTREGAR AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL LA COPIA DEL ESCRITO DE AGRAVIOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El artículo 89 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1936 (abrogada), establecía que en el trámite de la revisión, el Juez de Distrito debía remitir al Tribunal Colegiado de Circuito el expediente, el escrito de agravios original y la copia correspondiente al Ministerio Público Federal. Por su parte, el artículo 89 de la ley de la materia publicada en el mismo medio de difusión el 2 de abril de 2013 establece que el órgano constitucional de primer grado distribuirá las copias del escrito de agravios entre las partes y, una vez integrado el expediente, lo remitirá al tribunal revisor con el escrito original de agravios. Así pues, a diferencia de la norma abrogada, la vigente ya no dispone que el juzgador a quo remitirá al ad quem una copia de los agravios para el Ministerio Público; por el contrario, establece que distribuirá las copias entre las partes, género que incluye a la representación social; por tanto, a él corresponde entregar la del escrito relativo. No es óbice a lo anterior que los órganos jurisdiccionales de amparo de primer y segundo grados tengan adscritos a sendos agentes ministeriales, pues el Ministerio Público Federal es una institución indivisible, de modo que debe considerársele sabedor del recurso si se le comunica su interposición a través del que esté adscrito al juzgado de primera instancia. Adicionalmente, deberá permitirse el acceso al expediente electrónico al tribunal que conozca del recurso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que tal vinculación le permita substanciar del recurso de revisión interpuesto, ello, en términos del ordinal 39 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno el Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el treinta y uno de julio de dos mil veinte. Notifíquese; haciéndolo por correo electrónico a la representante social de la adscripción, y; por oficio, a la autoridades responsable y tercero interesado; remitiéndoles copia del pliego de agravios. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  4. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 9/2021-III, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El catorce de enero de dos mil veintiuno, en el módulo de presentación de Demandas, de Recursos, de Promociones, de Expediente Electrónico y de Notificaciones, del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se recibió la demanda de amparo promovida por el apoderado legal de *******, la cual fue turnada a este juzgado ese mismo día, misma que se radicó bajo el consecutivo 9/2021-III. En ese aspecto, la parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Magistrado de la Primera Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, residente en esta ciudad, a quien reclamó lo siguiente: 1.- La resolución de fecha 09 DE DICIEMBRE DE 2019, emitida por el C. Lic. *******, Magistrado de la Primera Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, dentro del Toca número *******, derivada del recurso de apelación interpuesto por la Agente del Ministerio Público, la C. *******, adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Servicio Público y el Adecuado Desarrollo de la Justicia, de la Fiscalía General del Estado, Zona Norte, en fecha 05 de octubre de 2020, en contra del decreto de sobreseimiento por prescripción, dictado por el C. Lic. *******, Juez de Control de este Distrito Judicial Bravos, en fecha 01 de octubre de 2020. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1°, 16, 17 y 20, apartado A, fracciones IV y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 111 y 114 del Código Penal del Estado de Chihuahua. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante proveído de quince de enero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención legal correspondiente, y; se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la que, previo diferimiento, se desahogó al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, en virtud que se reclaman actos provenientes de una autoridad judicial cuya ejecución tiene lugar en el territorio donde ejerce jurisdicción este tribunal. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94 y 103 fracción I, de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo y 107, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo reforman, modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda, así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama al Magistrado de la Primera Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, residente en esta ciudad, la resolución de nueve de diciembre de dos mil veinte, dictada dentro del toca penal *******, en la que revocó la diversa determinación de uno de octubre de dos mil veinte, emitida por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, a través de la cual se había decretado el sobreseimiento de la causa penal *******, por prescripción de la acción penal. Es aplicable al caso, el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, el Magistrado de la Primera Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, residente en esta ciudad, manifestó ser cierto el acto que se le reclama, toda vez que el nueve de diciembre dos mil veinte, emitió sentencia dentro del Toca penal *******, en la que revocó la diversa determinación de uno de octubre de dos mil veinte, emitida por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, a través de la cual se había decretado el sobreseimiento de la causa penal *******, por prescripción de la acción penal y para tal efecto remitió copia certificada de dicha resolución. Probanza a la cual se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2°. Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia 305 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, quinta época, tomo VI, parte SCJN, página 206, registro 394261, del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente y de orden público, lo aleguen o no las partes, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, esta Juzgadora advierte que, en el caso, no se actualiza la existencia de alguna causa de improcedencia, ni que las partes la hubieran alegado, lo cual impone el análisis del fondo del asunto. QUINTO. Análisis de la determinación combatida. Como aspecto previo, es necesario acotar que al quejoso *******, le resulta el carácter de imputado; por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, al analizar el acto reclamado se suplirá la queja de resultar deficiente, lo cual no implica que obligadamente deba concederse el amparo solicitado, sino sólo verificar que el orden constitucional no haya sido vulnerado por el acto reclamado, en aras del respeto de la garantía de legalidad y certeza jurídica. Los conceptos de violación que se hace valer, mismos que se tienen aquí reproducidos por economía procesal, resultan infundados, aún suplidos en su deficiencia, acorde al contenido del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Para acreditar lo anterior, es preciso señalar que, respecto a la figura de la prescripción de la acción penal, los artículos 105, 106, 108, 111, 113 y 114, del Código Penal del Estado de Chihuahua, establecen lo siguiente: 105. Efectos y características de la prescripción La prescripción es personal y extingue la pretensión punitiva y la potestad de ejecutar las penas y las medidas de seguridad, y para ello bastará el transcurso del tiempo señalado por la ley. Los delitos de extorsión; tráfico de influencias, previsto en el artículo 265; cohecho, en el supuesto que prevé el artículo 269, fracción II; peculado, en la hipótesis señalada en el artículo 270, fracción II; concusión, de acuerdo con el artículo 271, fracción II; homicidio calificado; tortura, y enriquecimiento ilícito, de acuerdo con el numeral 272; así como aquéllos previstos en los artículos 171, 172, 173, 174, 175, 178 y 184 de este Código, cometidos en contra de personas menores de edad o de las que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de resistirlo, son imprescriptibles. 106. Prescripción de oficio o a petición de parte La resolución en torno de la prescripción se dictará de oficio o a petición de parte. 108. Plazos para la prescripción de la pretensión punitiva Los plazos para la prescripción de la pretensión punitiva serán continuos; en ellos se considerará el delito con sus modalidades y se contarán a partir de: I. El momento en que se consumó el delito, si es instantáneo; II. El momento en que cesó la consumación, si el delito es permanente; III. El día en que se realizó la última conducta, si el delito es continuado; IV. El momento en que se realizó el último acto de ejecución o se omitió la conducta debida, si se trata de tentativa; y V. El día en que el Ministerio Público haya recibido el oficio correspondiente, en los casos en que se hubiere librado orden de reaprehensión o presentación, respecto del procesado que se haya sustraído de la acción de la justicia. Artículo 111. Prescripción según el tipo de pena La pretensión punitiva respecto de delitos que se investigan de oficio prescribirá: I. En un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad, incluidas las modalidades del delito cometido, pero en ningún caso será menor de tres años. Esta regla se aplicará cuando la pena privativa de la libertad esté señalada en forma conjunta o alterna con otra diversa. II. En un año, si el delito se sanciona con pena no privativa de la libertad. 113. Necesidad de resolución o declaración previa Cuando para ejercitar o continuar la pretensión punitiva sea necesaria una resolución previa de autoridad jurisdiccional, la prescripción comenzará a correr desde que se dicte la sentencia irrevocable. Si para deducir la pretensión punitiva la ley exigiere previa declaración o resolución de alguna autoridad, las gestiones que con ese fin se practiquen dentro de los términos señalados en el artículo 111 de este Código, suspenderán la prescripción. Artículo 114. Interrupción de la prescripción La prescripción de la pretensión punitiva se interrumpe con la aprehensión del imputado o su comparecencia ante la autoridad judicial, si en virtud de la misma queda a su disposición. El plazo de prescripción volverá a correr, a partir del día en que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, si se encuentra privado de libertad. Fuera de esta circunstancia, volverá a correr en un plazo igual al de la medida cautelar impuesta; si la misma no estuviera determinada en tiempo, será en un plazo de cuatro meses. Si no se hubiese decretado medida cautelar, el plazo volverá a correr a partir de su última comparecencia ante la autoridad que procesalmente lo tuviera a su disposición. De los anteriores artículos se tiene que la prescripción es personal y extingue la pretensión punitiva y la potestad de ejecutar las penas y las medidas de seguridad, y para ello bastará el transcurso del tiempo señalado por la ley; asimismo, que la resolución en torno de la prescripción se dictará de oficio o a petición de parte. De igual forma, que los plazos para la prescripción de la pretensión punitiva serán continuos; en ellos se considerará el delito con sus modalidades y se contarán a partir de: I. El momento en que se consumó el delito, si es instantáneo; II. El momento en que cesó la consumación, si el delito es permanente; III. El día en que se realizó la última conducta, si el delito es continuado; IV. El momento en que se realizó el último acto de ejecución o se omitió la conducta debida, si se trata de tentativa; y V. El día en que el Ministerio Público haya recibido el oficio correspondiente, en los casos en que se hubiere librado orden de reaprehensión o presentación, respecto del procesado que se haya sustraído de la acción de la justicia. En el mismo sentido, establece que la pretensión punitiva respecto de delitos que se investigan de oficio prescribirá: I. En un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la libertad, incluidas las modalidades del delito cometido, pero en ningún caso será menor de tres años, y; II. En un año, si el delito se sanciona con pena no privativa de la libertad. En esa misma tesitura, se prevé que cuando para ejercitar o continuar la pretensión punitiva sea necesaria una resolución previa de autoridad jurisdiccional, la prescripción comenzará a correr desde que se dicte la sentencia irrevocable, así como que, si para deducir la pretensión punitiva la ley exigiere previa declaración o resolución de alguna autoridad, las gestiones que con ese fin se practiquen dentro de los términos señalados en el artículo 111 de este Código, suspenderán la prescripción. Aunado a lo anterior, se establece que cuando para ejercitar o continuar la pretensión punitiva sea necesaria una resolución previa de autoridad jurisdiccional, la prescripción comenzará a correr desde que se dicte la sentencia irrevocable. Si para deducir la pretensión punitiva la ley exigiere previa declaración o resolución de alguna autoridad, las gestiones que con ese fin se practiquen dentro de los términos señalados en el artículo 111 de este Código, suspenderán la prescripción. Finalmente, se estipula que la prescripción de la pretensión punitiva se interrumpe con la aprehensión del imputado o su comparecencia ante la autoridad judicial, si en virtud de la misma queda a su disposición. Plazo que volverá a correr, a partir del día en que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, si se encuentra privado de libertad. Fuera de esta circunstancia, volverá a correr en un plazo igual al de la medida cautelar impuesta; si la misma no estuviera determinada en tiempo, será en un plazo de cuatro meses. Si no se hubiese decretado medida cautelar, el plazo volverá a correr a partir de su última comparecencia ante la autoridad que procesalmente lo tuviera a su disposición. Atento a lo antes expuesto, en el presente caso, de la videograbación de la audiencia celebrada el uno de octubre de dos mil veinte, ante el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, dentro de la causa penal *******, la agente del Ministerio Público formuló imputación en contra del aquí quejoso por el hecho que la ley señala como delito de uso de documento falso, previsto y sancionado por el artículo 330, párrafo segundo, en un grado de intervención en calidad de autor, de conformidad con lo dispuesto el numeral 21, fracción I, cometido a título de dolo en términos del numeral 18, fracción I, delito de carácter instantáneo conforme al ordinal 17, fracción I, todos del Código Penal del Estado de Chihuahua. Ahora, el delito por el cual formuló imputación el representante social, en su artículo 330, el Código Penal del Estado de Chihuahua, establece una penalidad de seis meses a tres años de prisión a quien para obtener un beneficio o causar un daño, haga uso de un documento falso o alterado o haga uso indebido de un documento verdadero, expedido a favor de otro, como si hubiere sido expedido a su nombre, o aproveche indebidamente una firma o rúbrica en blanco; ilícito cuyo término medio aritmético es de un año, siete meses y quince días, sin embargo, atendiendo a la regla establecida en el numeral 111, fracción I, del citado ordenamiento sustantivo, debe ser de tres años. Precisado lo anterior, se tiene que de la audiencia de uno de octubre de dos mil veinte, una vez escuchada a la agente del Ministerio Público formular imputación y solicitar la vinculación a proceso del imputado, narrando los datos de prueba con que se cuenta en la carpeta de investigación, el defensor particular del mismo realizó la manifestación siguiente: A consideración de esta defensa, o en primer término, quisiera manifestar que esta defensa considera que la pretensión punitiva de la cual tiene el monopolio la representación social está prescrita, esto de conformidad con la interpretación simultánea del artículo 105 del código punitivo estatal el cual, bueno pues nos describe qué es la prescripción, a su vez el artículo 108 del mismo ordenamiento legal en su fracción I, y según con la formulación de imputación que se le hizo a mi representado la prescripción o el plazo para la prescripción empieza a contar a partir de que el delito es instantáneo y se le acaba de formular imputación a mi representado, precisamente de conformidad con el numeral 17, fracción I, del citado ordenamiento legal, en la misma tesitura el numeral 114 del Código Penal, manifiesta que la prescripción de la pretensión punitiva se interrumpe con la aprehensión del imputado o su comparecencia ante la autoridad judicial que es el caso que nos ocupa se está compareciendo hasta el día de hoy primero de octubre del año dos mil veinte, entonces si hacemos un conteo del tiempo transcurrido desde que se presume se pudo haber cometido el hecho ilícito que fue del 26 de mayo del año dos mil diecisiete hasta lo que manifiesta el Código Penal respecto a la comparecencia ante la autoridad judicial del imputado pues estamos ciertos de que la temporalidad para que la representación social pudiera ejercer la pretensión punitiva pues fenecía el 26 de mayo del año dos mil diecisiete, perdón del año dos mil veinte, es decir hace cinco meses aproximadamente, eso en un primer argumento respecto a la prescripción y para dar mayor soporte o luz jurídica al argumento vertido, me permito hacer referencia a la tesis jurisprudencial número 2017018 de los Tribunales Colegiados de Circuito, de la Décima Época [.] Asimismo, en contraargumento la representación social realizó la manifestación siguiente: Obviamente no consideramos con lo manifestado por la defensa, en primer lugar me hago cargo en lo referente a la prescripción si bien es cierto el día de hoy el delito como lo comenta la defensa está prescrito, sin embargo, esta representación social solicitó la formulación de imputación en fecha once de marzo de dos mil veinte, lo hicimos solicitamos audiencia inicial a través de un oficio de número *******, al momento en que nosotros solicitamos la formulación de imputación no se encontraba prescrito el delito ya que lo presentamos en fecha once de marzo y el delito, los hechos fueron del veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, por lo que estábamos en tiempo a fin de llevar a cabo la audiencia inicial y no dejemos de lado que este tribunal suspendió labores su señoría a partir de si mal no recuerdo o si no sáqueme de la duda el acuerdo que emitió el Consejo de la Judicatura fue en fecha dieciséis o diecisiete de marzo debido a la pandemia que nos acontece por lo cual se suspendieron labores por parte de este tribunal y aunado a que el Ministerio Público no tiene injerencia en la agenda del tribunal para que se nos dé fecha antes de que prescriba el delito entonces consideramos de que no tiene la razón la defensa en cuanto a la prescripción, tan es así que nosotros pusimos a disposición de este tribunal al imputado a través de la solicitud de formulación de imputación antes de que el delito estuviera prescrito [.] En el mismo sentido, en uso de la voz nuevamente la defensa del imputado manifestó lo siguiente: [.] en cuanto al primer argumento de la representación social, respecto a la prescripción de que en fecha once de marzo de este año haya presentado una solicitud de audiencia inicial, bueno pues manifestar que el numeral 114 del código punitivo estatal es claro al decir que la prescripción se interrumpe con la aprehensión del imputado o la comparecencia o su comparecencia ante la autoridad judicial no existe un hecho o un supuesto que diga que con un escrito inicial de solicitud de audiencia se interrumpa la prescripción entonces por una cuestión de seguridad jurídica y legalidad bueno pues se debe de atender a los supuestos que atiende el numeral 114 del Código Penal del Estado y sí, si bien es cierto hubo una interrupción de plazos por un acuerdo más o menos sí fue por esas fechas que manifiesta la señorita agente del Ministerio Público de marzo de este año pues también es cierto que a partir del día primero de julio por diverso acuerdo de la judicatura estatal se reactivaron todos los plazos, desde mayo empezaron a correr algunos términos y ya de forma general a partir de día primero de julio de este año [.] Escuchadas las partes, el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, resolvió lo siguiente: [.] solicitando la agente del ministerio público que se vincule a proceso al señor *******, a quien el ministerio público le ha imputado la comisión del hecho que la ley señala como delito de uso de documento falso, esta resolución tiene que ver en los siguientes términos siendo el día de hoy el primero de octubre del año dos mil veinte, y escuchadas las partes y visto para resolver la situación jurídica en que debe de continuar el señor *******, considerando lo siguiente, el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que ninguna detención de autoridad judicial puede exceder del plazo de setenta y dos horas a partir de que el indiciado es puesto a disposición sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso aunque en este caso el señor ******* no se encuentra detenido si materialmente vaya se considera a disposición de la autoridad jurisdiccional precisamente para la formulación de la imputación y para resolver sobre su situación jurídica por eso cobra vigencia la norma en análisis, los requisitos de que dispone este artículo para el dictado de este proveído de esta naturaleza es que en este auto se verificará el delito o el hecho que se le impute al acusado o al indiciado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y también los que establezcan que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Por su parte en lo conducente el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 316 establece los requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso, en el cual se señala que el Juez de Control a petición del agente del Ministerio Público dictará el auto de vinculación a proceso siempre que se haya formulado imputación lo que en el presente caso ha sucedido, toda vez que el agente del Ministerio Público hizo la precisión o formulación de la imputación de los hechos y de las personas que declaran y cuya información puede utilizar en contra del señor indiciado tan es así que no pidieron ninguna precisión todo quedó claro tanto al defensor como al señor ******* sobre la imputación realizada, que se haya otorgado al imputado la oportunidad de declarar, evento que también se llevó a cabo durante esta audiencia haciendo uso de su derecho el señor ******* de guardar silencio, el diverso requisito del artículo 316 establece que de los antecedente de la investigación expuestos por el agente del Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, se entenderá que existen o que obran datos que establecen que se ha cometido ese hecho que la ley señala como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, finalmente la fracción IV del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece como otro requisito el que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito en esta tesitura es que este juzgador considera razonable, atendible y procedente la solicitud que hace el defensor en cuanto a que se declare la extinción de la acción penal por prescripción del presente asunto toda vez que considero procedente dicha solicitud y declararla de oficio sin necesidad de entrar al análisis de los antecedentes de investigación expuesto para acreditar el hecho que la ley señala como delito o la probabilidad de que el indiciado participó en esa comisión atendiendo a las siguientes consideraciones, partiendo de la fracción IV del artículo 316 y tomando en consideración que, en efecto, el artículo 92 el Código Penal del Estado de Chihuahua, establece que la pretensión punitiva se extingue cuando, fracción IX, opere la prescripción, en esta tesitura es sabido que la prescripción extingue la acción penal y para que opere basta el simple transcurso del tiempo como se hizo valer en esta audiencia en los términos del artículo 114 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en principio el artículo 105 habla de los efectos y características de la prescripción que es personal, extingue la pretensión punitiva y para ello basta el transcurso del tiempo señalado en la ley, partiendo de esta premisa jurídica considerando también lo dispuesto en el artículo 106 que habla de que la prescripción es de oficio o a petición de parte, en este caso el defensor está solicitando se declare esta causa en esa tesitura establece el artículo 108 los plazos para la prescripción de la pretensión punitiva que son continuos y en ellos se considerará las modalidades del delito o del hecho que la ley señala como delito, los plazos para la prescripción y de la potestad de ejecutar penas y medidas de seguridad serán continuas y correrán al día siguiente aquel en el que en este caso es una potestad para ejecutar las penas la que establece el artículo 108 y el artículo 111 establece que la pretensión punitiva respecto de delitos que se persiguen de oficio prescribirá, fracción I, en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de libertad incluidas las modalidades del delito pero en ningún caso será menor a 3 años y finalmente verificando el marco jurídico por el cual se sustenta esta decisión, el artículo 114 habla de la interrupción de la prescripción estoy hablando de los artículos previstos sobre la prescripción en el Código Nacional de Procedimientos Penales luego de haber visto los previstos en el Código Penal, perdón, estoy analizando los artículos del Código Penal del Estado de Chihuahua, en esta parte el artículo 114 habla de la interrupción de la prescripción y establece que la prescripción de la pretensión punitiva se interrumpe con la aprehensión del imputado, con su comparecencia ante la autoridad judicial si en virtud de la misma queda a su disposición, en esa tesitura es que de acuerdo con la formulación de la imputación que se hizo al señor *******, que se establece que el día veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, aproximadamente a las diez horas con diez minutos el licenciado ******* en su calidad de apoderado legal de la parte actora dentro del expediente número *******, llevó a cabo en la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, siendo en esta autoridad que bajo protesta de decir verdad exhibió un certificado médico falso signado por el doctor *******, por medio del cual hizo constar la incapacidad médica de la trabajadora *******, en lo conducente esa parte de la formulación de la imputación permite dejar en claro en qué momento se consumó el hecho que ha sido imputado en este caso, es decir, el día veintiséis de mayo de dos mil diecisiete aproximadamente en la mañana y en estas circunstancias analizando lo dispuesto en el artículo 330 en donde también el Ministerio Público clasifica el hecho que la ley señala como delito en el segundo párrafo, el primer párrafo habla a quien para obtener un beneficio o causar un daño falsifique o altere un documento público o privado con independencia del resultado obtenido se le impondrán de tres a seis años de prisión y de cien a mil días de multa, tratándose de documentos públicos y de tres meses a seis años tratándose de prisión, perdón, tratándose de documentos privados, de tres meses a seis años de prisión y cincuenta a quinientos día de multa tratándose de documentos privados, entonces el término medio aritmético de entre seis meses y tres años, lo serían un año siete meses, no obstante en cuanto a la regla prevista específicamente acerca de la prescripción dice que esta nunca será inferior a tres años, tiempo que hasta el momento ha transcurrido, sin perder de vista el argumento que hace la agente del Ministerio Público en el sentido de que en el caso operó una situación extraordinaria, la pandemia COVID-19, que en efecto suspendió los plazos procesales desde el diecinueve de marzo de dos mil veinte hasta el treinta de junio de dos mil veinte, estos plazos fueron suspendidos precisamente, obedeció esa suspensión a las necesidades de establecer medidas de prevención para evitar la propagación del COVID-19 de la pandemia mundial por disposiciones de las autoridades de salud, tanto mundiales como nacionales y estatales y el lapso en el cual se interrumpieron los plazos comprendió precisamente del diecinueve de marzo al día último de junio tal como lo dispuso Consejo de la Judicatura del Estado de Chihuahua, de tal forma que el diecinueve de marzo de dos mil veinte habían transcurrido dos años y diez meses y en ese momento este juzgador considera que debe interrumpirse el plazo, se suspenden los plazos, pero se reanudan a partir del primero de julio, entonces, diecisiete de julio, al diecisiete de agosto han transcurrido once meses del tercer año, antes de llegar al tercer año y al diecisiete de septiembre han transcurrido doce meses, a esta fecha entonces han transcurrido el plazo de la prescripción descrito de tres años, mínimo de tres años, que correspondería al delito de uso de documento falso por el cual se formuló imputación descrito en el artículo 330, del Código Penal aplicable en esa tesitura entonces considerando, reitero, lo dispuesto en el artículo 114 que habla acerca de la interrupción, las únicas dos causa para interrumpir la prescripción descritas en el artículo comentado, se interrumpe con su comparecencia ante la autoridad judicial, una vez que ha comparecido ante la autoridad judicial es cuando se interrumpe, no obstante el plazo ya había transcurrido para que operara la prescripción y en esa tesitura es que este juzgador considera que ha operado esta causa de extinción de la acción penal aspecto que si bien es cierto también es razonable la información aportada por el Ministerio Público en el sentido de que se interrumpieron los plazos durante ese tiempo pero los mismos se reanudaron mediante proveídos públicos que fueron publicados en el periódico oficial del estado que fueron del conocimiento público y la comparecencia del señor imputado hasta este momento ya es extemporánea toda vez que la pretensión punitiva se ha extinguido por prescripción por las razones ya comentadas los motivos señalados y los fundamentos también invocados en el caso se resuelve de dos mil veinte las diez horas con diez minutos [.] Expuesto lo anterior, como se dijo, los conceptos de violación expuesto por la parte quejosa son infundados, sin que se advierta deficiencia de la queja que suplir, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Refiere el quejoso que, ante la omisión de la representación social de debatir en juicio los argumentos expresados por su defensa en relación a la prescripción de la causa penal de origen, la responsable indebidamente subsanó dichas omisiones cuando al no haber realizado manifestación alguna al respecto precluyó su derecho de hacerlo; asimismo señala que el revisor determinó ilegalmente que operaba en favor del Ministerio Público la suplencia de la queja. Tales conceptos de violación resultan infundados. Lo anterior es así, en virtud de que, como quedó establecido en párrafo precedentes, al momento en que el defensor particular del imputado (aquí quejoso) manifestó que en la causa en que se actuaba se encontraba prescrito el ejercicio de la acción penal, al concederle el uso de la palabra el Juez de origen a la representante social, esta sí realizó argumentos tendentes a controvertir tal solicitud, como son los siguientes: Obviamente no consideramos con lo manifestado por la defensa, en primer lugar me hago cargo en lo referente a la prescripción si bien es cierto el día de hoy el delito como lo comenta la defensa está prescrito, sin embargo, esta representación social solicitó la formulación de imputación en fecha once de marzo de dos mil veinte, lo hicimos solicitamos audiencia inicial a través de un oficio de número *******, al momento en que nosotros solicitamos la formulación de imputación no se encontraba prescrito el delito ya que lo presentamos en fecha once de marzo y el delito, los hechos fueron del veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, por lo que estábamos en tiempo a fin de llevar a cabo la audiencia inicial y no dejemos de lado que este tribunal suspendió labores su señoría a partir de si mal no recuerdo o si no sáqueme de la duda el acuerdo que emitió el Consejo de la Judicatura fue en fecha dieciséis o diecisiete de marzo debido a la pandemia que nos acontece por lo cual se suspendieron labores por parte de este tribunal y aunado a que el Ministerio Público no tiene injerencia en la agenda del tribunal para que se nos dé fecha antes de que prescriba el delito entonces consideramos de que no tiene la razón la defensa en cuanto a la prescripción, tan es así que nosotros pusimos a disposición de este tribunal al imputado a través de la solicitud de formulación de imputación antes de que el delito estuviera prescrito [.] Por tanto, contrario a lo manifestado por el quejoso, la representación social controvirtió los argumentos realizados por la defensa tendentes a solicitar la prescripción del ejercicio de la acción penal. Asimismo, de una revisión completa de la resolución que se combate, esta juzgadora no advierte manifestación alguna realizada por el Magistrado responsable en el sentido de que debe operar en favor del Ministerio Público la suplencia de la queja, por lo que tal aseveración resulta falaz. Por otro lado, refiere el quejoso que indebidamente el Magistrado responsable determinó que era obligatorio para el Juez de Control el criterio jurisprudencial 152/2005, en atención a que en materia penal no es factible aplicar la ley por analogía, ya que en el caso el artículo 114 del código punitivo del estado, es muy claro en cuanto a las causales que interrumpen la prescripción. Lo antes expuesto resulta infundado. Lo anterior es así, toda vez que el Magistrado responsable correctamente estableció que la consignación (solicitud del Ministerio Público para celebrar la audiencia inicial) sí interrumpe la prescripción de la acción penal, invocando de manera acertada las jurisprudencias 152/2005 y 63/2008, las cuales, como bien lo estableció resultan aplicables al caso en concreto al abordar aspectos que se encuentran inmersos en la legislación penal sustantiva aplicada, específicamente, en su artículo 114, el cual establece la interrupción de la prescripción a raíz de la orden de aprehensión y la puesta a disposición del imputado ante el Juez de la causa. Asimismo, en atención a que como correctamente refirió el Magistrado responsable, el desahogo de la formulación de la imputación implica la presencia del imputado ante la autoridad judicial y con ello se actualiza el supuesto de interrupción previsto en el artículo 114 de la ley sustantiva del estado de Chihuahua; además, como bien lo estableció el revisor, en el momento en que el Ministerio Público peticionó a la autoridad judicial audiencia para el desahogo de la formulación de la imputación, se judicializó la investigación; por tanto, el Ministerio Público realizó actos idóneos para el ejercicio de la acción penal que es un acto tendente a la persecución del delito. Aunado a lo antes expuesto, como bien lo señaló el Magistrado, los criterios jurisprudenciales referidos en párrafos que anteceden, resultan obligatorios a las autoridades jurisdiccionales, puesto que versan sobre supuestos en los que se dirimen cuestiones idénticas como son aquéllos en que se interrumpe la prescripción de la acción penal, además de que, como bien lo refiere dicho revisor, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. Lo anterior, ya que la sola solicitud de la audiencia para formular la imputación obliga a individualizar al imputado, a su defensor, si lo ha designado, y se indica el delito, lo que constituye el inicio del ejercicio de la acción penal y, por tanto, es presupuesto procesal indispensable para que el Ministerio Público materialice el ejercicio de la acción penal a través de la acusación, por ser una clara intención de su ejercicio, lo que es acorde con lo previsto en el citado artículo 211, en su penúltimo párrafo. Además de que, no puede desconocerse que al igual que la actuación de la "consignación", la indicada solicitud constituye el momento en el que se hacen del conocimiento del Juez los resultados de la investigación inicial y que se consideran bastantes para formular la imputación; por tanto, no debe sancionarse al Ministerio Público por un tiempo que es ajeno a su función constitucional, lo que sería tanto como sostener que el derecho prescribe mientras se ejerce. Por otro lado, esta juzgadora comulga con el Magistrado responsable en el sentido de que en la fecha en que el Ministerio Público solicitó al Juez de Control (once de marzo de dos mil veinte), señalara fecha para llevar a cabo la audiencia inicial con citación del imputado a efecto de formularle imputación, no se encontraba prescrita la acción penal de los hechos que dieron origen a la de la causa *******, instruida en contra de *******, por el delito de uso de documento falso previsto y sancionado por el artículo 330, párrafo segundo, del Código Penal del Estado de Chihuahua, en virtud de que como bien lo manifestó el revisor, si el evento delictivo se cometió el veintiséis de mayo de dos mil diecisiete y el representante social, el once de marzo de dos mil veinte, solicitó a la autoridad judicial fijara fecha para la celebración de la audiencia inicial en la cual formularía imputación al aquí quejoso, es claro que el lapso de tres años que la ley establece para que prescriba ese injusto penal, no había transcurrido. En otro orden de ideas, resulta correcto lo determinado por el Magistrado responsable en cuanto a la contestación que realiza al agravio expresado por el aquí peticionario de amparo en el sentido de que en el caso no resulta aplicable al caso en concreto la porción normativa del artículo 114 del Código Penal del Estado de Chihuahua, que establece que la prescripción se interrumpe con la aprehensión o comparecencia del imputado ante la autoridad, en virtud de que, el primero de los supuestos no se actualiza en atención a que en la causa en estudio no se giró orden de captura alguno; asimismo, que con la petición realizada por el ministerio público se interrumpió el cómputo de la prescripción. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 152/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, febrero de dos mil seis, página 84, registro 176054, que estatuye lo siguiente: ACCIÓN PENAL. LA CONSIGNACIÓN INTERRUMPE SU PRESCRIPCIÓN. Si se considera que el ejercicio de la acción penal se inicia con la consignación, resulta incongruente estimar que ésta no interrumpe la prescripción de la acción penal, toda vez que sería tanto como estimar que el derecho prescribe mientras se ejerce. En efecto, no puede estimarse que tal acción se extinga al iniciar su ejercicio, pues la prescripción se da ante la inactividad (no ejercicio) del Ministerio Público respecto al derecho de persecución del cual es titular. Así, la prescripción sólo se configurará por no ejercerse la acción penal y se interrumpirá con el inicio de su ejercicio, esto es, con la consignación. Si bien el artículo 137 del Código de Defensa Social del Estado de Puebla no señala de manera expresa, como sí lo hace respecto a la aprehensión, que la consignación interrumpe la prescripción, ello obedece a que tal precepto está referido al momento en que ya puede procederse a la detención de conformidad con el artículo 109 del mismo ordenamiento legal, esto es, una vez que ya se ha hecho la consignación, acto este último con el que, como quedó apuntado, inicia el ejercicio de la acción penal, el cual, si bien forma parte de la averiguación previa, lo cierto es que interrumpe la prescripción de la acción penal, pues es un acto tendente a la persecución del delito. De igual forma, la jurisprudencia 1a./J. 63/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, enero de dos mil nueve, página 428, registro 168072, de rubro y texto siguientes: PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL TRATÁNDOSE DE DELITOS CULPOSOS COMETIDOS CON MOTIVO DEL TRÁFICO DE VEHÍCULOS. EL TÉRMINO DE SEIS MESES CONTENIDO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 82 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE JALISCO OPERA ÚNICAMENTE EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y SE INTERRUMPE CON EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. Si se atiende a dicho precepto, a la exposición de motivos que originó su reforma publicada en el Periódico Oficial de la entidad el 12 de junio de 2003 y a las etapas que integran el procedimiento penal en el Estado de Jalisco, se advierte que el término para que opere la prescripción de la acción penal se interrumpe con la consignación de la averiguación previa a la autoridad jurisdiccional, aun sin detenido, toda vez que si en ese momento el Ministerio Público ejercita inicialmente la acción, no es dable afirmar que su derecho prescribe mientras lo ejerce, pues la prescripción se actualiza ante su inactividad; esto es, al consignar la averiguación previa, el agente del Ministerio Público realiza actos tendentes a cumplir con su función y ello no puede considerarse como inactividad. Por otra parte, el artículo 85 del Código Penal para el Estado de Jalisco establece que la prescripción se interrumpe con la captura del indiciado, sin embargo, dicho supuesto se refiere al momento en que es procedente llevar a cabo su detención, esto es, una vez que el Ministerio Público ejerció la acción penal y consignó la averiguación previa, de manera que este precepto se refiere a una etapa posterior a la consignación. En ese sentido, tratándose de delitos culposos cometidos con motivo del tráfico de vehículos, el término de seis meses contenido en el segundo párrafo del artículo 82 del Código mencionado opera únicamente en la averiguación previa y se interrumpe con el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, y una vez consignado el expediente ante el juez de la causa, el término para que opere la prescripción es el previsto en el artículo 85 del citado código. Así como la jurisprudencia PC.XVII. J/28 P (10a.), sustentada por el Pleno del Decimoséptimo Circuito, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 81, diciembre de dos mil veinte, tomo II, página 1285, registro 2022573, de contenido siguiente: PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. SE INTERRUMPE CON LA SOLICITUD DEL MINISTERIO PÚBLICO DE AUDIENCIA PARA FORMULAR LA IMPUTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron si el Ministerio Público interrumpe la prescripción de la acción penal, cuando solicita audiencia para formular la imputación, o bien, la interrupción sólo se logra con la aprehensión del imputado o con su comparecencia ante la autoridad judicial, si en virtud de la misma queda a su disposición, y llegaron a conclusiones diferentes, ya que uno sostuvo que se interrumpe porque se puede considerar como una consignación ante el Juez de Control en la que se ejercita la acción penal, mientras que el otro implícitamente resolvió que la interrupción ocurre con la aprehensión del imputado o con su comparecencia ante la autoridad judicial. Criterio jurídico: El Pleno del Decimoséptimo Circuito considera que conforme al artículo 276 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua (vigente hasta el 12 de junio de 2016), la sola solicitud de la audiencia para formular la imputación obliga a individualizar al imputado, a su defensor, si lo ha designado, y se indica el delito, lo que constituye el inicio del ejercicio de la acción penal y, por tanto, es presupuesto procesal indispensable para que el Ministerio Público materialice el ejercicio de la acción penal a través de la acusación, por ser una clara intención de su ejercicio, lo que es acorde con lo previsto en el artículo 211, penúltimo párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que la referida solicitud interrumpa el plazo genérico de prescripción establecido en el artículo 105 del Código Penal del Estado de Chihuahua, independientemente de la forma en que se realice. Justificación. Lo expuesto es así, pues no puede desconocerse que al igual que la actuación de la "consignación", la indicada solicitud constituye el momento en el que se hacen del conocimiento del Juez los resultados de la investigación inicial y que se consideran bastantes para formular la imputación. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. LXXXI/2019 (10a.), de título y subtítulo: "EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL. LA FORMULACIÓN DE LA ACUSACIÓN CORRESPONDE AL FISCAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 21, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.", determinó que el ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público y se materializa en la acusación; por tanto, no debe sancionarse al Ministerio Público por un tiempo que es ajeno a su función constitucional, lo que sería tanto como sostener que el derecho prescribe mientras se ejerce. En tal hipótesis -interrupción de la prescripción-, el plazo para prescribir nuevamente empezará a contar a partir de que el Ministerio Público reciba el oficio de aprehensión, reaprehensión, presentación o cualquiera de los supuestos previstos en el segundo párrafo del artículo 114 del Código Penal Estatal, el cual sólo podrá interrumpirse con la aprehensión del imputado o con su comparecencia ante a la autoridad judicial, si en virtud de la misma queda a su disposición. Esta interpretación es acorde con el objeto del proceso penal, consagrado en el artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, sobre la base de las consideraciones expuestas, al resultar infundados los conceptos de violación esgrimidos, y al no advertirse violación a los derechos humanos y sus garantías, en perjuicio del quejoso *******, ni deficiencia de la queja que deba ser suplida, menos aún violación manifiesta de la ley generadora de indefensión, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. Se niega la protección de la Justicia de la Unión a *******, respecto del acto y autoridad precisados en el considerando segundo de la presente resolución, por las consideraciones expuestas en el diverso quinto de la misma. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

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