Jorge Estrada Rodríguez

Expediente 43/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 17 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
43/2019
Año
2019
Actuaciones
17
Última actuación
09/05/2019

Partes del expediente

  • Jorge Estrada Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia emitida el dieciséis de abril de dos mil diecinueve, en que se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicho auto HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de destrucción. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  2. Principal

    SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de abril de dos mil diecinueve. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 43/2019-VI, promovido por Jorge Estrada Rodriguez. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, el veinticinco de enero del año en curso, turnado a este Juzgado, en esa misma data, ***********, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Primero Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, y otras autoridades. SEGUNDO. Tramitación de la demanda. Mediante proveído de veintiocho de enero de la presente anualidad, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación y se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se emplazó a la tercera interesada y se señalaron hora y fecha para la audiencia constitucional, la que previos diferimientos, se llevó a cabo conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. TERCERO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estima violados. La parte quejosa señala como derechos violados los contenidos en los artículos 1°, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, en virtud que se reclaman actos provenientes de una autoridad administrativa cuya ejecución tiene lugar en el territorio donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo reforman, modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclama a los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo Civil por Audiencias, Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores, así como al Jefe del Registro Público de la Propiedad, todos del Distrito Judicial Bravos, lo siguiente: Todo lo actuado en el Juicio Oral Ordinario Civil 103/2017, promovido por AVELINA RUVALCABA VILLALOBOS, contra el *********** representada por su albacea definitivo ***********, ***********, por conducto de su albacea ********* y ENCARGADO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO; ante la falta de su llamamiento al referido asunto. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente, el cual será estudiado enseguida. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Los Jueces Primero, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno y Décimo Civil por Audiencias, Oficiales Notificadores y Ministros Ejecutores, así como el Jefe del Registro Público de la Propiedad, todos del Distrito Judicial Bravos, al rendir su respectivo informe justificado negaron los actos reclamados por el quejoso. Lo anterior, sin que la parte quejosa aportara pruebas tendentes a desvirtuar tales negativas, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro 917818, que estatuye lo siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. La Juez Segundo Civil Provisional por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, al rendir su informe justificado negó los actos que se le reclamaron, argumentado que ese tribunal no se encontró registro en el que Jorge Estrada Rodriguez, sea parte. Sin embargo, la referida juez provisional, comunicó a este juzgado que en el Juicio Oral Ordinario Civil 103/2017, promovido por *********, contra el ********** Y/O SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE ********** representada por su albacea definitivo ***********, **********, por conducto de su albacea ********** y ENCARGADO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, el catorce de noviembre de dos mil dieciocho se dictó sentencia definitiva, en la cual se declaró que Avelina Ruvalcaba Villalobos había adquirido la propiedad, por haber operado a su favor la prescripción positiva del bien inmueble ubicado en la calle Ixcoatl número 7180, fraccionamiento Del Real, de esta ciudad; adjuntando para tal efecto copia certificada del aludido juicio. Por tanto, se desvirtúa la negativa de la responsable y se tiene por cierto el acto reclamado ante esta instancia. Documentales que cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública, en ejercicio de sus funciones. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a tales documentos, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, registro 394182, que dice lo siguiente: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia 305 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, quinta época, tomo VI, parte SCJN, página 206, registro 394261, del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. QUINTO. Improcedencia. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la quejosa es constitucional o no. Es decir, la improcedencia va a motivar que el juzgador federal no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Constitución, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por nuestro Más Alto Tribunal, la que se analiza en forma profunda de acuerdo con el texto del artículo 62 de la ley en cita. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal, previo estudio del fondo de la constitucionalidad del acto reclamado, se inclina, por ser una cuestión de orden público, a profundizar sobre la causa de improcedencia que se estima actualizada. Es aplicable la jurisprudencia 158, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal del País visible en las página 262, parte VIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de mil novecientos ochenta y cinco, registro 395571, que establece lo siguiente: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. En el caso, el suscrito resolutor determina que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en la que se establece lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] A partir de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio del dos mil once, con entrada en vigor a los ciento veinte días de su publicación (cuatro de octubre de dicha anualidad), se advierte que el artículo 107, fracción I, prevé que el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada que aduzca: a) ser titular de un derecho, o; b) contar con un interés legítimo individual o colectivo, dichos supuestos fueron recogidos por la actual Ley de Amparo. El interés jurídico tiene una connotación diversa a la del interés legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Corrobora lo anterior, la tesis aislada 2a. LXXX/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, septiembre de dos mil trece, Tomo 3, Materia Común, con registro 2004501, de rubro y texto: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Precisado lo anterior, procede analizar si en el presente juicio los quejosos se ubican en alguna de las hipótesis señaladas para promover el presente juicio, es decir, si la conducta de la autoridad responsable es susceptible de causar perjuicio o privar de un beneficio al gobernado sea de manera directa o indirecta, generando así su interés jurídico (la afectación a un derecho subjetivo) o interés legítimo (la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico). Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia III.4o.(III Región) 17 K (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, el viernes veinticuatro de enero de dos mil catorce, Décima Época, con registro 2005381, que dice: INTERÉS JURÍDICO E INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. CARACTERÍSTICAS DEL MÉTODO CONCRETO QUE DEBE UTILIZAR EL JUEZ PARA SU DETERMINACIÓN. Del texto del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de octubre de 2011, se advierte que la intención del Constituyente es continuar en el juicio de amparo con la tutela del interés jurídico y agregar al ámbito de protección el interés legítimo, los cuales tienen diversos alcances, pues el primero requiere, para su acreditación, el perjuicio de un derecho subjetivo del cual es titular el agraviado; en cambio, el segundo comprende únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, y proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto a la norma que establezca el interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo cual supone que el quejoso pertenece a ella; en ese contexto, dichas figuras están referidas u orientadas a cuestiones de legitimación en la causa, pues en ambas se pretende la protección de derechos bajo modalidades distintas, pues reconocer la tutela de dichos intereses a nivel constitucional, sólo tiene por efecto posibilitar, en el interés jurídico, la protección de los derechos subjetivos individuales directos y, en el legítimo, aquellos de grupo o individuales indirectos. A partir de las anteriores premisas el Juez, en función del caso concreto, determinará si se está o no en presencia de un supuesto donde deba analizar el interés jurídico o el legítimo, es decir, el método concreto consiste en atender a la condición legal del sujeto frente al acto calificado de transgresor de sus derechos para precisar cuál es su pretensión, lo que se logra mediante la revisión de la demanda en su integridad, las pruebas, la naturaleza jurídica del acto reclamado e, incluso, de la autoridad responsable, dado que estos factores, conjuntamente, influyen para determinar cuál interés busca protegerse; por ejemplo, si se reclama de una autoridad la orden, ejecución, desposeimiento y embargo de un vehículo de motor en el procedimiento administrativo en materia aduanera, cuya propiedad el quejoso adujo probar con documentos específicos, como la factura con su traducción por ser de procedencia extranjera, este planteamiento permite advertir que se reclama la afectación a un interés jurídico, dada la protección pretendida al derecho de propiedad sobre el automotor. Por tanto, a partir de la diferencia de los intereses descritos, no se está en posibilidad de examinar la afectación de los dos en torno a un acto reclamado, en tanto uno excluye al otro, dado sus particulares orientación y finalidad, sin ser dable perfilar el estudio en sede constitucional por la vía del interés legítimo sólo porque así lo refiere el quejoso, pues ello equivaldría a desnaturalizar la función del órgano jurisdiccional en su calidad de rector del juicio. También, sirve de apoyo la jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/4 (10a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, abril de dos mil trece, Tomo 3, Materia(s): Común, con registro 2003293, del tenor siguiente: INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa. La parte quejosa reclama todo lo actuado en el Juicio Oral Ordinario Civil 103/2017, promovido por **********, contra el ********* Y/O SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE *********** representada por su albacea definitivo **********, ***********, por conducto de su albacea ********** y ENCARGADO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO; ante la falta de su llamamiento al referido asunto. El acto que reclama es de aquellos que pueden engendrar una situación jurídica concreta en perjuicio de los gobernados, al ser de esos que con su emisión afectan a la persona o su patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, por ello, se estima que el juicio de amparo es procedente respecto de este tipo de actos, puesto que la acción constitucional de amparo únicamente puede promoverse por la parte que acredita le perjudica el acto, en términos del párrafo cuarto de la fracción I del artículo 5º de la ley de la materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 168/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 170500, publicada en la página doscientos veinticinco, tomo XXVII, enero de dos mil ocho, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. Por las razones expuestas, se infiere que para la promoción del presente juicio, la parte solicitante debió demostrar la afectación a su interés jurídico durante el transcurso del presente asunto, pues en el caso, no aplica la promoción del juicio por interés legítimo. Ahora, el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente, no inferirse con base en presunciones y la carga de demostrarlo fehacientemente corresponde a la quejosa; por ello, el tribunal de amparo se encuentra obligado a analizar las probanzas con las que se pretenda demostrarlo por ser una cuestión de orden público la procedencia del juicio de amparo. Cobra vigencia, la jurisprudencia 293, formulada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de País, publicada en la página doscientos cuarenta y dos, tomo VI, Octava Época, del citado apéndice, compilación al dos mil, con registro 917827, que señala: INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones. Asimismo, la jurisprudencia diversa 1/2002, pronunciada por la aludida Primera Sala, visible en la página 15, tomo XV, Novena Época, febrero de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 187777, que dispone: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. Sentado lo precedente, es conveniente precisar que de las constancias remitidas por la responsable, mismas que conforman el sumario se desprende que en el Juicio Oral Ordinario Civil 103/2017, promovido por ************, en contra del *********** Y/O SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE ********** representada por su albacea definitivo **********, **********, por conducto de su albacea *********** y ENCARGADO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, el catorce de noviembre de dos mil dieciocho se dictó sentencia definitiva, en la cual se declaró que Avelina Ruvalcaba Villalobos había adquirido la propiedad, por haber operado a su favor la prescripción positiva del bien inmueble ubicado en la calle Ixcoatl número 7180, fraccionamiento Del Real, de esta ciudad; adjuntando para tal efecto copia certificada del aludido juicio. Como se ve, la parte quejosa es tercero extraña stricto sensu al Juicio Oral Ordinario Civil 103/2017, promovido por **********, en contra del ********** Y/O SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE *********** representada por su albacea definitivo **********, ***********, por conducto de su albacea ********** y ENCARGADO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO. De manera que, dado que el promovente del amparo es ajeno al Juicio Oral Ordinario Civil 103/2017, promovido por **********, en contra del *********** Y/O SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE *********representada por su albacea definitivo **********, ***********, por conducto de su albacea *********** y ENCARGADO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, lo actuado en la misma, no le depara perjuicio a su esfera de derechos, y al no causarle un agravio personal y directo, el juicio de amparo es improcedente. Asimismo, por cuanto hace a los derechos que aduce tener sobre el inmueble materia del litigio y que pretende le sean respetados, el accionante del amparo tampoco acredita de forma fehaciente la afectación a su interés jurídico. Como se estableció, en el caso, la parte solicitante del amparo debe acreditar el perjuicio o afectación que resienta en su esfera jurídica, de manera personal y directa, con la ejecución de los actos reclamados, para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a demandar su tutela, lo cual se traduce como el interés jurídico que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, considera para determinar la procedencia o improcedencia de la controversia constitucional planteada. En ese entendido, un acto específicamente, puede engendrar una situación jurídica concreta en beneficio o en perjuicio de una o varias personas en relación con la formación, modificación o extinción de una relación de derecho, por tanto, cuando con su emisión produce un acto jurídico que afecta a uno o varios individuos, en su persona o patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, el juicio de amparo es procedente, y en contrario sentido, cuando por su sola emisión no afecta la esfera jurídica del particular, el juicio de amparo es improcedente, puesto que la acción constitucional de amparo contra actos jurisdiccionales únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, en términos del artículo 5o. fracción I, párrafo cuarto, de la ley de la materia. Ilustra la consideración anterior, la jurisprudencia número 854, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 582, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en 1995, cuyo rubro y texto son los siguientes: INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Cabe destacar en este apartado que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que:  Es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho como manifestación de un derecho, esto es, siempre y cuando dicho poder de hecho tenga una causa u origen que lo faculte a usar, disfrutar y disponer de la cosa, ya sea a título de poseedor originario o derivado, pues la simple posesión material de un bien no es la posesión jurídica a que alude la legislación civil y, por ende, no puede ser tutelada por la garantía de audiencia a que se refiere el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  En caso de que la posesión que se aduce no se encuentre sustentada en un título respaldado por alguna figura jurídica o precepto legal que genere ese derecho, los juzgadores de garantías deberán sobreseer en el juicio por falta de interés jurídico, en términos de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo.  No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título tienen efectos exclusivos en el juicio de amparo, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. Ahora, debe traerse a colación que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional ostentándose como tercera extraña estricto sensu al no haber sido parte en Juicio Oral Ordinario Civil 103/2017, promovido por **********, en contra del ********** Y/O SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE *********** representada por su albacea definitivo **********, **********, por conducto de su albacea ********** y ENCARGADO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO. Bajo esas premisas, si en el caso concreto, el amparista reclama todo lo actuado en el Juicio Oral Ordinario Civil 103/2017, promovido por **********, contra el ********** Y/O SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE ********* representada por su albacea definitivo **********, **********, por conducto de su albacea *********** y ENCARGADO DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO; argumentando que desde el mes de mayo del año dos mil posee el inmueble ubicado en Ixcoatl número 7180, fraccionamiento Del Real, de esta ciudad, en virtud de un contrato de compraventa verbal celebrado con **********, por la cantidad de ***********; es inconcuso que ese suceso no afecta su interés jurídico, debido a que, como ya se dijo, aunque ésta resienta de manera indirecta, mediata o inmediata, alguna lesión o afectación, por grave que pudiera parecer, la parte quejosa debe ser considerada como simple ocupante por no tener un derecho que derive de un título justo. Por tanto, es posible concluir, que con la sola manifestación de haber celebrado un contrato de compra-venta verbal, no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo; por ende, se actualiza la causa de improcedencia examinada, por lo que, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, en términos de los numerales 61 fracción XII y 63, fracción V, de la legislación reglamentaria en consulta. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 63, fracción V, 64, 65, 73, 74, y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Jorge Estrada Rodriguez, contra las autoridades responsables y acto reclamado precisados en el considerando segundo, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y quinto de la presente resolución. NOTIFÍQUESE. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ************. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de marzo de dos mil diecinueve. Glósense a sus autos para que obre como legalmente corresponda el escrito y anexo de cuenta; y en atención a su contenido téngase a la tercera interesada **********, apersonándose al presente juicio, en términos del artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; asimismo, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ******** de esta ciudad. Por otra parte, téngasele formulando alegatos, sin perjuicio de hacer relación de los mismos al momento de celebrarse la audiencia constitucional, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de la materia. Finalmente, se tiene como autorizada en términos restringidos del artículo 12, de la Ley de Amparo, a la licenciada ***********, por encontrarse no registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado David César Aranda González, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Elizabeth Ortiz Sánchez. Doy fe.*cnv

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de marzo de dos mil diecinueve. Vistas las constancias de cuenta, téngase a las Actuarias Judiciales adscritas informando la imposibilidad de realizar el emplazamiento ordenado dentro del presente juicio a la tercera interesada ******* en el domicilio ubicado en ******* y *******, ambos de esta ciudad, por los motivos expuestos en las mismas. En consecuencia, se comisiona a la Actuaria Judicial de la adscripción, a fin de que se constituya en el domicilio ubicado en *******, en esta ciudad; a fin de que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción I, inciso b) y 27, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, emplace a juicio a la tercera interesada, corriéndole traslado con copia simple del escrito inicial de demanda y haciéndole saber la fecha y hora de la audiencia constitucional relativa al presente asunto. A fin de dar margen a que se integren debidamente al procedimiento la totalidad de las partes procesales, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy, y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, para su celebración. Notifíquese y personalmente a la tercera interesada. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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