Jorge Eduardo Torres Sanchez
Expediente 311/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 19 actuaciones registradas, la última del 23 de julio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 311/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 23/07/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Jorge Eduardo Torres Sanchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Ciudad Juárez Chihuahua; veintitrés de julio de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de seis de julio del presente año, en la cual se sobresee en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción IV del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse las constancias relativas a su otorgamiento. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado Emiliano López Pedraza, ante al Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Yasmin Jiménez Vega. Doy fe.
- Principal
En ciudad Juárez Chihuahua a seis de julio de dos mil quince. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 311/2015-III, promovido por **********, contra actos del Fiscal General del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido en este Juzgado el veintitrés de abril de dos mil quince, el quejoso **********, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra actos de las autoridades denominadas al Fiscal General del Estado, Director General Jurídico de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Jefe de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, Jefe del Departamento de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Departamento Jurídico y de Normatividad del Estado de Chihuahua, Jefe del Departamento de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, con residencia en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, Secretario de Seguridad Pública Federal, Secretario de Gobernación y Comisión del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con sede en México, Distrito Federal, y Jefe del Cereso Estatal Número Tres de la Dirección de Seguridad y Custodia Penitenciaria de la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, con residencia en esta ciudad, a quienes les reclamó: IV.- ACTOS RECLAMADOS: a) Cualesquier orden que hayan emitido para que el suscrito sea trasladado del Centro Preventivo y de Reinserción Social Estatal número tres (3) residente en Ciudad Juárez a cualesquier otro Centro Preventivo y de Reinserción Social en el Estado o fuera de él; c) El cumplimiento que pretenden dar a cualesquier orden para que el suscrito sea trasladado del Centro Preventivo y de Reinserción Social Estatal número tres (3) residente en Ciudad Juárez a cualesquier otro Centro Preventivo y de Reinserción Social en el estado o fuera de él. SEGUNDO. Derechos constitucionales que la parte quejosa estima violados. La parte quejosa señala como derechos violados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 18 y 20 de la Carta Maga Nacional. TERCERO. Tramitación de la demanda. Mediante proveído de veintitrés de abril del dos mil quince, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables sus informes con justificación, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se señalaron hora y fecha para la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgador Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en vigor, así como al Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama un acto en materia administrativa que tiene ejecución dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este juzgador. SEGUNDO. Fijación de la litis. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que el accionante del amparo reclama, la orden de traslado y su ejecución. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de dos mil cuatro, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Subdirector del Centro Penitenciario en representación del Coordinador Jurídico del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, con residencia en esta ciudad, Supervisor Estatal de Amparos, Traslados y Derechos Humanos en ausencia del Director de Ejecución de Sentencias y Medidas Judiciales en el Estado, con residencia en Chihuahua, Chihuahua, Director General de Procedimientos Constitucionales en ausencia del Comisionado Nacional de Seguridad (denominación correcta de la señalada por el quejoso como Secretario de Seguridad Federal), y Secretario de Gobernación, ambos residentes en México, Distrito Federal, Director General Jurídico de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, por sí y en sustitución del Fiscal General del Estado, Jefe del Departamento Jurídico y de Normatividad de la Fiscalía Especializada de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, con residencia en Chihuahua, Chihuahua y Titular de la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos en representación del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en México, Distrito Federal, al rendir sus respectivos informes justificados solicitado a las autoridades precisadas en el resultando primero de la presente, negaron categóricamente los actos que les atribuye el accionante del amparo, sin que la parte quejosa haya aportado pruebas tendientes a desvirtuar tal negativa, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo VI, mil novecientos diecisiete- dos mil, Materia común, página 236. INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por **********, contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero de esta resolución. Notifíquese.
- Incidental
SE DICTA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA MEDIANTE LA CUAL SE NIEGA LA SUSPENCIÓN DEFINITIVA QUE SOLICITÓ EL QUEJOSO.
- Principal
DESE VISTA A LAS PARTES CON EL CONTENIDO DEL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, PARA QUE MANIFIESTEN LO QUE A SU INTERÉS JURÍDICO CONVENGA.
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